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MUNDO

La guerra del agua: Cuando la fuente de la vida se convierte en oro líquido

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Por María Luisa Ramos Urzagaste //

Se dice que las futuras guerras serán por el agua, pero lo cierto es que hoy ya se libera una lucha entre la apropiación del agua por parte de las transnacionales, frente a millones de ciudadanos que no tienen acceso al líquido elemento. Es una lucha entre la codicia del lucro privado y el derecho humano al agua de millones de ciudadanos.

Si bien es cierto que hay suficiente agua dulce en el planeta, el problema es que su distribución no es la adecuada ni la más justa.

El 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para el riego y solo el 10% se destina al abastecimiento de agua potable para la ciudadanía.

Según la ONU, 3 de cada 10 personas en el mundo carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura.

En cuanto a América Latina y el Caribe, más de un tercio no tiene acceso al agua «gestionada de forma segura».

Alrededor del líquido elemento se disputan grandes intereses y se generan conflictos como los que viven muchos países como HondurasArgentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, etc. Al otro lado del mapa mundial, Palestina, la República Democrática del Congo, son países donde el acceso al agua hace la diferencia entre la vida y la muerte.

EL AGUA ES UN DERECHO HUMANO

Luego de intensos esfuerzos, el año 2010, Bolivia junto a otros países logró que la Asamblea General de la ONU reconociera explícitamente que «el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos».

A los países les queda claro que deben buscar soluciones al problema. Para ello los Gobiernos ejecutan diferentes esquemas. Pero la preocupación surge cuando los Parlamentos y Gobiernos buscan ‘transferir’ a la empresa privada la responsabilidad que le toca asumir al Estado.

EL CASO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en El Salvador más del 40% de sus habitantes vive en situación de pobreza.

Los datos que publica el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales son aún más lapidarios puesto que «más de 1,5 millones de personas no tienen acceso al agua y el 75% de las grandes industrias carecen de sistemas de tratamiento de aguas servidas».

El 90% de los ríos del país están contaminados por vertidos domiciliares sin tratamiento y casi el 60% de la población rural no tiene acceso al agua.

A esta calamitosa situación se suma que la mora en el pago del servicio fue tan alta, que en enero de 2019, el entonces presidente Sánchez Cerén exoneró a los usuarios en mora, de los intereses moratorios y los recargos por pago  extemporáneo, permitiéndoles obtener la reconexión del vital líquido.

Durante su gestión Sánchez Cerén promovió una reforma constitucional al artículo 69 de la Constitución Política del Estado de El Salvador, para garantizar el derecho humano al agua y la alimentación. Dicha iniciativa incluso contó con el apoyo de la ONU, pero la oposición no lo permitió.

UN DERECHO HUMANO INCOMPATIBLE CON EL INTERÉS PRIVADO

La sociedad salvadoreña en su conjunto entiende que es vital resolver el problema, por ello el Congreso lleva ya varios años buscando aprobar una Ley de Aguas.

Si bien el actual anteproyecto define que «el derecho humano al agua y el saneamiento es fundamental e irrenunciable», no obstante, lo que preocupa a la población es la posible privatización del sector mediante la creación de un ‘ente rector’ o figura similar, con participación de las empresas privadas.

La Procuraduría de El Salvador lamentó la propuesta de conformar una Junta Directiva de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con participación del sector privado. Argumenta que, por la naturaleza de ese sector, su objetividad puede estar gravemente comprometida.

Según la Alianza contra la privatización del Agua «se trata de un proyecto exclusivo para las clases altas de nuestro país» por tanto se hace necesario frenar este matrimonio declarado entre empresa privada y Estado que atenta contra el agua, el medio ambiente y la vida.

Otro aspecto que genera preocupación son los permisos que podría otorgar el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

INFORMAR MEDIANTE UN CARTELITO

El artículo 70 del anteproyecto propone que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá autorizar a particulares a través de un permiso, el uso o aprovechamiento del agua y «solo en casos excepcionales se hará divulgación pública sobre el proyecto en cuestión, y los posibles afectados tendrán 10 días para reaccionar».

Se dispone además que, en los casos excepcionales, se haga una publicación nacional en la prensa y además «por medio de un cartel». Dicho anuncio de cartel deberá ser fijado en las Alcaldías Municipales correspondientes. 

¿Se imagina usted a padres, madres, campesinos, trabajadoras de maquilas, estudiantes, vigilando a diario las alcaldías para enterarse de si han colgado algún cartelito por ahí, que le signifique a la larga, riesgo de enfermedades e incluso su vida?

LA CARGA DE LA PRUEBA CAE EN LOS POSIBLES AFECTADOS

Más aún, el artículo 85 propone que, en el caso de los proyectos grandes, los afectados deberán exponer «razones de hecho y de derecho para no conceder la autorización» y deben adjuntar «las pruebas que tengan en su poder o señalando donde se encuentran, si estas existieren».

Al leer esto uno se pregunta, ¿y dónde está el Estado? ¿Por qué deben ser los ciudadanos de a pie, quienes deban demostrar la inviabilidad de un proyecto? ¿acaso no es el Estado el llamado a buscar el bienestar de sus ciudadanos AL?

Estas son apenas algunas pinceladas, que justifican claramente la preocupación de la gente.

CHILE Y BOLIVIA, DOS ANTÍPODAS

En febrero de 2000, el entonces presidente y exdictador de Bolivia Hugo Banzer, azuzado por el Banco Mundial, privatizó el servicio de suministro de agua a Cochabamba. Bolivia ese tiempo vivía uno de los momentos históricos más nefastos por la imposición del modelo neoliberal que solo dejó pobreza y debilitó al Estado.

El contrato de privatización del agua fue adjudicado a un consorcio multinacional. Poco después, surgieron quejas sobre el aumento de las tarifas del agua, que se incrementaron hasta llegar a un 300%.

El pueblo cochabambino organizado logró la anulación del contrato de privatización en una movilización conocida como «la guerra del agua«.

Con tal nefasta experiencia, el pueblo boliviano el año 2009 aprobó en la nueva constitución política que «el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo”.

La carta fundamental de Bolivia define que los recursos hídricos en todos sus estados, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y que cumplen una función social, cultural y ambiental, por tanto «no podrán ser objeto de apropiaciones privadas».

EN CHILE LA PROPIEDAD DEL AGUA FUE PRIVATIZADA

La Constitución Política adoptada en 1980 durante la dictadura de Pinochet, define el agua como un bien privado y no como un derecho humano, al otorgar «la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes» donde «los derechos de los particulares sobre las aguas, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos».

El código de aguas de Chile indica que el derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él y puede ser incluso hipotecado.

Como resultado de ésta política, según el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, las empresas estatales y municipales cubren un 4,3% de los servicios de agua potable, mientras que las empresas privadas manejan el 95,7% del mercado.

Según la misma fuente, la falta de prevención en la garantía del derecho humano al agua potable significó, en los últimos años, cortes significativos de ese servicio para los usuarios.

Por su parte, el movimiento por la defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente (MODATIMA) afirma que «el agua no es, ni puede continuar siendo una mercancía, por tanto no debe continuar privatizada, ni dejada al arbitrio de las especulaciones del mercado».

La lucha por hacer valer el derecho humano al agua es tortuoso para los activistas sociales que se manifiestan por la necesidad de recuperar y defender el agua.

¿ESTADOS AL SERVICIO DE LAS COMPAÑÍAS TRANSNACIONALES?

Lo que ocurre actualmente en Chile como en El Salvador debe servir de espejo y alerta por lo que pueda suceder o ya está sucediendo en muchos países donde pretenden privatizar el agua.

La privatización, a menudo, es presentada como la única forma de hacer más eficiente la prestación de algún servicio o la administración y explotación de algún recurso.

Este no debería ser el caso del agua, pues al tratarse de un derecho humano, es completamente impropio ‘delegar’ su gestión o su propiedad a la empresa privada.

Cuando el Estado se desentiende de sus obligaciones frente a sus ciudadanos, y transfiere o delega sus deberes al sector privado, este último, por su naturaleza, lo que hará es convertir a los ciudadanos en clientes, y el agua en una mercancía.

El ser cliente significa que, si la persona no tiene capacidad de pago, pierde el derecho al servicio. Así de simple. Es cuestión de estar dentro o fuera del mercado. Estar ‘fuera del mercado» implicará mayor pobreza, enfermedades y muerte.

En la lógica de apropiación privada del agua subyace una cruda verdad, que en términos económicos se denomina «demanda inelástica«, entendida como aquella demanda de mercado que no sufre variación,  a pesar de que el precio del producto se eleve.

Esto ocurre con la demanda del agua, por el hecho de ser un elemento vital para la vida que no tiene sustitutos. Esta característica proporciona a las compañías privadas la certeza de que su requerimiento no disminuirá, incluso si los ingresos de la familia bajan o si el precio se incrementa.

Es justamente por esta razón que la responsabilidad de los Estados en la protección de la vida y los derechos de sus ciudadanos es mayor y no debe ser transferida a terceros. Son los Estados los que deben buscar ser eficientes y justos.

 

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Medio Oriente es un polvorín: Se agrava la tensión Israel-Irán

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Actualidad, por Por Alberto Gómez R. //

Los precios internacionales de los commodities se han disparado en las últimas semanas, especialmente del sector energético y los metales preciosos, como reacción al incremento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, que probablemente lleve el precio del barril de petróleo a los 100 dólares o más ante el incremento de ataques entre Israel e Irán.

La madrugada del sábado 13 de abril, Irán lanzó una ofensiva sin precedentes con aviones no tripulados y misiles contra Israel, un ataque de represalia ampliamente anticipado como respuesta a los ataques israelíes contra objetivos iraníes, como el bombardeo a la embajada de Irán en Damasco, Siria, una doble violación al derecho internacional y a la soberanía de ambas naciones.

El papa Francisco lanzó el domingo (14 abril) un «llamado urgente» contra «una espiral de violencia» susceptible de «arrastrar a Medio Oriente a un conflicto aún mayor», tras el ataque de Irán contra Israel. «Lanzo un llamado urgente para que cese cualquier acción que pueda alimentar una espiral de violencia que podría arrastrar a Medio Oriente a un conflicto aún mayor», declaró el líder religioso después de su tradicional oración dominical en público, en la plaza de San Pedro del Vaticano.

Una escalada bélica en Medio Oriente tendría repercusiones significativas en la economía mundial debido a la importancia estratégica de la región en la producción y el suministro de energía, así como a su impacto en los mercados financieros globales y el comercio internacional, trayendo consecuencias como:

  • Aumento de los precios del petróleo: El Medio Oriente es una importante región productora de petróleo, y cualquier conflicto en la región podría interrumpir la producción y el transporte de petróleo, lo que podría llevar a un aumento de los precios del petróleo a nivel mundial. Esto afectaría a la economía global, aumentando los costos de energía para empresas y consumidores, y podría desencadenar una desaceleración económica.
  • Volatilidad en los mercados financieros: Las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente pueden generar volatilidad en los mercados financieros globales. Los inversores tienden a volverse más cautelosos en tiempos de incertidumbre geopolítica, lo que puede llevar a una venta masiva de acciones y otros activos financieros considerados riesgosos. Esto podría afectar negativamente a los mercados de valores y de bonos en todo el mundo.
  • Impacto en el comercio internacional: El Medio Oriente es un importante centro de comercio internacional, y cualquier conflicto en la región podría interrumpir las rutas comerciales y el transporte marítimo. Esto afectaría el comercio internacional, causando retrasos en la entrega de bienes y aumentando los costos de envío. Además, la incertidumbre resultante podría llevar a una disminución en la inversión y el comercio global.
  • Aumento de la inestabilidad regional: Una escalada bélica en el Medio Oriente podría conducir a una mayor inestabilidad en la región, lo que podría tener repercusiones humanitarias y económicas a largo plazo. La inestabilidad política y social podría desencadenar flujos de refugiados, aumentar las tensiones étnicas y religiosas, y socavar la estabilidad de los países vecinos, lo que a su vez podría tener impactos económicos negativos en la región y más allá.

Adicional a lo anterior, el riesgo velado de una conflagración a gran escala -incluso nuclear-se acerca rápidamente a materializarse, ya que la injerencia de los países occidentales liderados por Estados Unidos y sus aliados de la OTAN sólo complican el escenario.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha convocado a los embajadores de Reino Unido, Alemania y Francia para protestar por su “postura irresponsable” al declarar su apoyo incondicional a Israel frente al ataque sin precedentes con cientos de drones y misiles balísticos encabezado por Teherán.

En un comunicado, el Gobierno iraní ha declarado a los tres embajadores que lo ocurrido esta pasada noche es una represalia al ataque contra el Consulado de Siria en Damasco, que Teherán atribuye a Israel.

Estados Unidos y la OTAN siguen abriendo nuevos frentes bélicos en una escalada de tensiones geopolíticas sin precedentes, que impactan no sólo en el ámbito político internacional sino en la economía global, apenas en recuperación luego de la pandemia del coronavirus.

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Crisis diplomática, ¿provocada por quién?

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Opinión, por Miguel Ángel Anaya Martínez //

México y Ecuador son dos países que comparten muchas cosas; el idioma y la herencia mestiza son algunos de los componentes de la relación entre ambos países. El vínculo de estos estados comenzó desde 1830, luego de que se dividió la Gran Colombia que incluía las naciones de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela.

Después de aquella ruptura, México reconoció y estableció relaciones diplomáticas con Ecuador en junio de 1830 y en 1837, abrió un consulado en Guayaquil, que posteriormente se convirtió en su primera misión diplomática en América del Sur. Así la importancia histórica de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

El vínculo entre las dos naciones se ha tensado durante los últimos años. En 2021 en la república ecuatoriana fue electo un gobierno de derecha, desde el inicio del mandato las diferencias con el gobierno mexicano (que dice ser de izquierda) han sido evidentes. Ecuador ha emprendido una cruzada contra la corrupción de gobiernos anteriores y estos, han acusado que son víctimas de una persecución política.

La noche del viernes 5 de abril, la policía ecuatoriana ingresó a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, acusado de corrupción y a quien el gobierno mexicano le concedió asilo político luego de que Glas ingresara a la embajada desde diciembre pasado. Esta acción provocó una grave crisis diplomática entre ambos países.

¿De qué tamaño es este acto? ¿realmente es tan grave? ¿es correcto que el gobierno ecuatoriano haya allanado la embajada mexicana en Quito? ¿qué repercusiones tendrá?

Bueno, vayamos por partes. El convenio de Viena, firmado por varios países entre ellos México y Ecuador, en su artículo 22 sobre relaciones diplomáticas dice:

Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión.” Por otro lado, señala: “Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución.” Evidentemente, hay una violación flagrante del estado ecuatoriano a dicho convenio.

¿Qué llevó a tomar esta medida al gobierno de Ecuador? Primero habría que recordar quien es Jorge Glas, ex vicepresidente del gobierno de Rafael Correa de 2013 a 2017. En diciembre de 2017, Glas fue condenado a seis años de cárcel por la trama de corrupción con la firma petrolera brasileña Odebrecht. ¿Le suena el nombre? En 2022 obtuvo su libertad condicional.

En 2023 Glas fue acusado nuevamente, esta vez por el delito de peculado, derivado de esto, el exvicepresidente solicitó asilo político a México y mientras esto sucedía se refugió en la embajada mexicana, mientras tanto Ecuador anunció que le negaría salir del país por la obvia posibilidad de fuga. Glas y Correa dicen ser víctimas de persecución política de los conservadores de aquel país.

Así que el caso es complejo, tenemos a un exvicepresidente sentenciado por el caso de corrupción con la firma petrolera que también tuvo sus “queberes” en México, tenemos a una embajada que recibió al imputado para protegerlo de lo que han llamado “persecución política de la derecha”, tenemos a un gobierno mexicano que decidió defender al acusado pues sostiene que los políticos de derecha hacen guerra sucia contra los de la izquierda, y, finalmente, tenemos a un gobierno ecuatoriano que se pasó por donde quiso el tratado internacional. Escenario complejísimo.

El presidente López Obrador se encuentra ante un panorama difícil de resolver, pues a solo semanas de la elección presidencial, abre un frente internacional derivado de proteger a un exfuncionario ecuatoriano acusado de los mismos delitos y con las mismas empresas, por los que el gobierno de México tiene imputados a exfuncionarios locales, ¿contradictorio? sí.

Por otro lado, la irrupción en la embajada de México es inadmisible, es un acto que no se puede dejar pasar pues es una transgresión del territorio nacional, viola tratados internacionales, debilita la imagen del Estado mexicano y pone en duda que el gobierno federal pueda defender lo que le corresponde. Así las cosas. Esperemos más reacciones locales e internacionales, esta historia está lejos de acabar.

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Un mundo en balance: La responsabilidad individual en la lucha contra el cambio climático

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A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

En un mundo cada vez más interconectado y consciente de los desafíos ambientales que enfrentamos, la reflexión sobre nuestra relación con el medio ambiente se vuelve cada vez más apremiante.

El cambio climático, en particular, se ha convertido en una de las mayores amenazas para la estabilidad y la prosperidad futura de nuestro planeta. Como señaló Bill Gates en su libro «Cómo evitar un desastre climático», estamos en un momento crítico en el que nuestras acciones individuales y colectivas pueden marcar la diferencia entre un futuro sostenible y uno marcado por la devastación ambiental.

La analogía del libro de Gates nos recuerda que, al igual que en la vida, enfrentamos decisiones cruciales que determinarán el curso de nuestro futuro. Así como una decisión mal informada o negligente puede llevarnos al desastre en el ámbito personal, nuestras acciones, o la falta de ellas, pueden tener consecuencias catastróficas en el medio ambiente. Por eso imperativo reconocer el poder que tenemos como individuos para influir en el destino de nuestro planeta y asumir la responsabilidad que conlleva.

El cambio climático es un problema global que requiere soluciones a nivel individual, comunitario y gubernamental. Aunque las decisiones y políticas a nivel macro son fundamentales, no podemos subestimar el impacto de nuestras acciones cotidianas en el medio ambiente. Desde reducir nuestro consumo de energía hasta adoptar hábitos de consumo más sostenibles, cada elección que hacemos puede contribuir significativamente a la mitigación del cambio climático.

Una de las áreas donde los individuos pueden tener un impacto directo es en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto puede lograrse mediante la adopción de prácticas de transporte más sostenibles, como el uso del transporte público, la bicicleta o el compartir automóviles, así como la transición a fuentes de energía renovable en nuestros hogares y lugares de trabajo.

En el contexto de promover el uso de bicicletas como un medio de transporte sostenible, es esencial abordar la responsabilidad de las autoridades locales en la creación de infraestructuras adecuadas que faciliten su uso, especialmente durante condiciones climáticas adversas como las temporadas de lluvia.

Las autoridades locales desempeñan un papel crucial en la planificación urbana y el diseño de las calles y avenidas de una ciudad. En este sentido, es fundamental que consideren la integración de infraestructuras específicas para bicicletas en sus proyectos de desarrollo urbano.

De igual forma, nuestras decisiones de consumo también juegan un papel crucial en la lucha contra el cambio climático. Al optar por productos y servicios que sean ambientalmente amigables y éticamente producidos, estamos enviando una señal clara a las empresas y la industria de que la sostenibilidad es una prioridad para nosotros como consumidores. Esta demanda puede incentivar a las empresas a adoptar prácticas más sostenibles en toda su cadena de suministro.

La reducción del desperdicio también es fundamental en la lucha contra el cambio climático. La producción de alimentos, por ejemplo, es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. En ese orden de ideas, debe de existir un compromiso estructurado para efecto de reducir el desperdicio de alimentos y optar por opciones más sostenibles, como alimentos orgánicos y de temporada, para así poder reducir nuestra huella de carbono y ayudar a mitigar el cambio climático.

Es importante destacar que la responsabilidad individual no se limita solo a las acciones relacionadas con el consumo y el estilo de vida. También incluye la participación en la defensa del medio ambiente y la presión sobre los líderes y las instituciones para que tomen medidas audaces y efectivas contra el cambio climático.

La participación en movimientos sociales, la firma de peticiones y la participación en eventos de concienciación son formas importantes en las que los individuos pueden contribuir a generar un cambio significativo.

Si bien la responsabilidad individual es importante, también es necesario que los gobiernos locales desempeñen un papel activo en la promoción de la conciencia ambiental y la implementación de políticas que fomenten la sostenibilidad. Los gobiernos locales son la primera línea de defensa contra los impactos del cambio climático, ya que están más cerca de las comunidades y tienen un conocimiento más profundo de sus necesidades y desafíos únicos.

La participación de los gobiernos locales es crucial por varias razones. En primer lugar, tienen la capacidad de implementar políticas y programas que pueden tener un impacto directo en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la promoción de prácticas sostenibles. Esto puede incluir la promoción de sistemas de transporte público eficientes y accesibles, la creación de infraestructuras verdes y la implementación de incentivos fiscales para empresas que adopten prácticas sostenibles.

Además, los gobiernos locales son responsables de la planificación urbana y el desarrollo, lo que les brinda la oportunidad de integrar consideraciones ambientales en todas las etapas del proceso. Esto puede incluir la protección de áreas verdes y espacios abiertos, la promoción de edificios sostenibles y la implementación de políticas de gestión de residuos.

Al trabajar en conjunto con los ciudadanos, las empresas y otras partes interesadas, los gobiernos locales pueden crear un entorno propicio para la acción climática y facilitar la transición hacia una economía más sostenible y resiliente al clima. Además, al liderar con el ejemplo, pueden inspirar a otras comunidades y regiones a seguir su ejemplo y adoptar medidas similares.

En última instancia, la lucha contra el cambio climático requiere un enfoque multifacético que involucre la acción individual, comunitaria y gubernamental. Si cada uno de nosotros asume la responsabilidad de nuestras acciones y aboga por un cambio positivo en nuestras comunidades y sociedades, podemos marcar la diferencia en la lucha contra el cambio climático.

Al mismo tiempo, es imperativo que los gobiernos locales desempeñen su papel en la promoción de la conciencia ambiental y la implementación de políticas que fomenten la sostenibilidad a nivel local. Solo a través de un esfuerzo conjunto y coordinado podemos enfrentar con éxito los desafíos del cambio climático y construir un futuro más sostenible para las generaciones venideras.

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