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La guerra del agua: Cuando la fuente de la vida se convierte en oro líquido

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Por María Luisa Ramos Urzagaste //

Se dice que las futuras guerras serán por el agua, pero lo cierto es que hoy ya se libera una lucha entre la apropiación del agua por parte de las transnacionales, frente a millones de ciudadanos que no tienen acceso al líquido elemento. Es una lucha entre la codicia del lucro privado y el derecho humano al agua de millones de ciudadanos.

Si bien es cierto que hay suficiente agua dulce en el planeta, el problema es que su distribución no es la adecuada ni la más justa.

El 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para el riego y solo el 10% se destina al abastecimiento de agua potable para la ciudadanía.

Según la ONU, 3 de cada 10 personas en el mundo carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura.

En cuanto a América Latina y el Caribe, más de un tercio no tiene acceso al agua “gestionada de forma segura”.

Alrededor del líquido elemento se disputan grandes intereses y se generan conflictos como los que viven muchos países como HondurasArgentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, etc. Al otro lado del mapa mundial, Palestina, la República Democrática del Congo, son países donde el acceso al agua hace la diferencia entre la vida y la muerte.

EL AGUA ES UN DERECHO HUMANO

Luego de intensos esfuerzos, el año 2010, Bolivia junto a otros países logró que la Asamblea General de la ONU reconociera explícitamente que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”.

A los países les queda claro que deben buscar soluciones al problema. Para ello los Gobiernos ejecutan diferentes esquemas. Pero la preocupación surge cuando los Parlamentos y Gobiernos buscan ‘transferir’ a la empresa privada la responsabilidad que le toca asumir al Estado.

EL CASO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en El Salvador más del 40% de sus habitantes vive en situación de pobreza.

Los datos que publica el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales son aún más lapidarios puesto que “más de 1,5 millones de personas no tienen acceso al agua y el 75% de las grandes industrias carecen de sistemas de tratamiento de aguas servidas”.

El 90% de los ríos del país están contaminados por vertidos domiciliares sin tratamiento y casi el 60% de la población rural no tiene acceso al agua.

A esta calamitosa situación se suma que la mora en el pago del servicio fue tan alta, que en enero de 2019, el entonces presidente Sánchez Cerén exoneró a los usuarios en mora, de los intereses moratorios y los recargos por pago  extemporáneo, permitiéndoles obtener la reconexión del vital líquido.

Durante su gestión Sánchez Cerén promovió una reforma constitucional al artículo 69 de la Constitución Política del Estado de El Salvador, para garantizar el derecho humano al agua y la alimentación. Dicha iniciativa incluso contó con el apoyo de la ONU, pero la oposición no lo permitió.

UN DERECHO HUMANO INCOMPATIBLE CON EL INTERÉS PRIVADO

La sociedad salvadoreña en su conjunto entiende que es vital resolver el problema, por ello el Congreso lleva ya varios años buscando aprobar una Ley de Aguas.

Si bien el actual anteproyecto define que “el derecho humano al agua y el saneamiento es fundamental e irrenunciable”, no obstante, lo que preocupa a la población es la posible privatización del sector mediante la creación de un ‘ente rector’ o figura similar, con participación de las empresas privadas.

La Procuraduría de El Salvador lamentó la propuesta de conformar una Junta Directiva de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con participación del sector privado. Argumenta que, por la naturaleza de ese sector, su objetividad puede estar gravemente comprometida.

Según la Alianza contra la privatización del Agua “se trata de un proyecto exclusivo para las clases altas de nuestro país” por tanto se hace necesario frenar este matrimonio declarado entre empresa privada y Estado que atenta contra el agua, el medio ambiente y la vida.

Otro aspecto que genera preocupación son los permisos que podría otorgar el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

INFORMAR MEDIANTE UN CARTELITO

El artículo 70 del anteproyecto propone que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá autorizar a particulares a través de un permiso, el uso o aprovechamiento del agua y “solo en casos excepcionales se hará divulgación pública sobre el proyecto en cuestión, y los posibles afectados tendrán 10 días para reaccionar”.

Se dispone además que, en los casos excepcionales, se haga una publicación nacional en la prensa y además “por medio de un cartel”. Dicho anuncio de cartel deberá ser fijado en las Alcaldías Municipales correspondientes. 

¿Se imagina usted a padres, madres, campesinos, trabajadoras de maquilas, estudiantes, vigilando a diario las alcaldías para enterarse de si han colgado algún cartelito por ahí, que le signifique a la larga, riesgo de enfermedades e incluso su vida?

LA CARGA DE LA PRUEBA CAE EN LOS POSIBLES AFECTADOS

Más aún, el artículo 85 propone que, en el caso de los proyectos grandes, los afectados deberán exponer “razones de hecho y de derecho para no conceder la autorización” y deben adjuntar “las pruebas que tengan en su poder o señalando donde se encuentran, si estas existieren”.

Al leer esto uno se pregunta, ¿y dónde está el Estado? ¿Por qué deben ser los ciudadanos de a pie, quienes deban demostrar la inviabilidad de un proyecto? ¿acaso no es el Estado el llamado a buscar el bienestar de sus ciudadanos AL?

Estas son apenas algunas pinceladas, que justifican claramente la preocupación de la gente.

CHILE Y BOLIVIA, DOS ANTÍPODAS

En febrero de 2000, el entonces presidente y exdictador de Bolivia Hugo Banzer, azuzado por el Banco Mundial, privatizó el servicio de suministro de agua a Cochabamba. Bolivia ese tiempo vivía uno de los momentos históricos más nefastos por la imposición del modelo neoliberal que solo dejó pobreza y debilitó al Estado.

El contrato de privatización del agua fue adjudicado a un consorcio multinacional. Poco después, surgieron quejas sobre el aumento de las tarifas del agua, que se incrementaron hasta llegar a un 300%.

El pueblo cochabambino organizado logró la anulación del contrato de privatización en una movilización conocida como “la guerra del agua“.

Con tal nefasta experiencia, el pueblo boliviano el año 2009 aprobó en la nueva constitución política que “el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo”.

La carta fundamental de Bolivia define que los recursos hídricos en todos sus estados, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y que cumplen una función social, cultural y ambiental, por tanto “no podrán ser objeto de apropiaciones privadas”.

EN CHILE LA PROPIEDAD DEL AGUA FUE PRIVATIZADA

La Constitución Política adoptada en 1980 durante la dictadura de Pinochet, define el agua como un bien privado y no como un derecho humano, al otorgar “la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes” donde “los derechos de los particulares sobre las aguas, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.

El código de aguas de Chile indica que el derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él y puede ser incluso hipotecado.

Como resultado de ésta política, según el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, las empresas estatales y municipales cubren un 4,3% de los servicios de agua potable, mientras que las empresas privadas manejan el 95,7% del mercado.

Según la misma fuente, la falta de prevención en la garantía del derecho humano al agua potable significó, en los últimos años, cortes significativos de ese servicio para los usuarios.

Por su parte, el movimiento por la defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente (MODATIMA) afirma que “el agua no es, ni puede continuar siendo una mercancía, por tanto no debe continuar privatizada, ni dejada al arbitrio de las especulaciones del mercado”.

La lucha por hacer valer el derecho humano al agua es tortuoso para los activistas sociales que se manifiestan por la necesidad de recuperar y defender el agua.

¿ESTADOS AL SERVICIO DE LAS COMPAÑÍAS TRANSNACIONALES?

Lo que ocurre actualmente en Chile como en El Salvador debe servir de espejo y alerta por lo que pueda suceder o ya está sucediendo en muchos países donde pretenden privatizar el agua.

La privatización, a menudo, es presentada como la única forma de hacer más eficiente la prestación de algún servicio o la administración y explotación de algún recurso.

Este no debería ser el caso del agua, pues al tratarse de un derecho humano, es completamente impropio ‘delegar’ su gestión o su propiedad a la empresa privada.

Cuando el Estado se desentiende de sus obligaciones frente a sus ciudadanos, y transfiere o delega sus deberes al sector privado, este último, por su naturaleza, lo que hará es convertir a los ciudadanos en clientes, y el agua en una mercancía.

El ser cliente significa que, si la persona no tiene capacidad de pago, pierde el derecho al servicio. Así de simple. Es cuestión de estar dentro o fuera del mercado. Estar ‘fuera del mercado” implicará mayor pobreza, enfermedades y muerte.

En la lógica de apropiación privada del agua subyace una cruda verdad, que en términos económicos se denomina “demanda inelástica“, entendida como aquella demanda de mercado que no sufre variación,  a pesar de que el precio del producto se eleve.

Esto ocurre con la demanda del agua, por el hecho de ser un elemento vital para la vida que no tiene sustitutos. Esta característica proporciona a las compañías privadas la certeza de que su requerimiento no disminuirá, incluso si los ingresos de la familia bajan o si el precio se incrementa.

Es justamente por esta razón que la responsabilidad de los Estados en la protección de la vida y los derechos de sus ciudadanos es mayor y no debe ser transferida a terceros. Son los Estados los que deben buscar ser eficientes y justos.

 

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La política diplomática “Lobo Guerrero”, ofensiva de China para proteger sus intereses en el mundo

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Política Global, por Jorge López Portillo //

Desde 2019 China ha intensificado una política diplomática más parecida a la de Estados Unidos y Rusia en tiempos de la guerra fría. Dicha estrategia ha sido llamada Lobo Guerrero (Wolf Warrior), que enmarca acciones públicas y llamativas que desde las redes sociales y claro, desde las políticas comerciales, promueven y protegen abiertamente el interés del gobierno chino al estilo imperialista con presiones personales y sanciones bilaterales a los políticos o países que rompen o confrontan sus intereses.

Wang Yi, ministro de Asuntos Exteriores de China dejó claro que su nueva política diplomática de “Wolf Warrior” -Lobo Guerrero-, será contestataria para defender “nuestro honor nacional y dignidad”…“tenemos agallas y valor”, dijo el máximo diplomático de dicho país, parafraseando la línea promocional que caracteriza a una popular serie de películas nacionalistas que sentencian… “aun a miles de millas de distancia, cualquiera que desafíe a China pagará”.

“Wolf Warrior” (Lobo Guerrero) se toma de una serie de películas chinas tipo “Rambo” y “Top-Gun” que desde el 2015 buscan promover y aumentar el nacionalismo a favor del Partido Comunista Chino en contraste con los valores y potencias occidentales, imitando lo que en su tiempo hicieran otras potencias a través de Hollywood, quienes hoy están más en la era de la globalización.

A partir de esta postura, los diplomáticos chinos sustituyen los largos “rollos” y toman acciones inmediatas desde Twitter, Facebook, Google y otras redes sociales hasta la aplicación de tarifas y restricción de visas en contra de los países que critican al régimen del Partido Comunista o al gobierno de dicho país; así fue el caso de Australia quien ahora enfrenta tarifas para exportar carne y vinos a China o Alemania que podría enfrentar tarifas para la exportación de sus autos, ambos a consecuencia de sus posturas a favor de investigar el origen del COVID-19 y la respuesta de la OMS.

HONG KONG EN LA ERA DEL “LOBO GUERRERO”

Durante el 2019 en este espacio hablamos de los crecientes incidentes y posibles repercusiones que tendría la aplicación de medidas contrarias al acuerdo que dio origen al emblemático e interesante acuerdo “un país, dos sistemas” por el que se daban garantías a los ciudadanos de Hong Kong –HK- durante 50 años a partir de su incorporación a China el 1 de julio de 1997. Según dicho acuerdo se respetarían sus libertades y forma de vida basados en el sistema democrático y de libertades del Reino Unido. El gobernador de dicha región es designado por elección pero bajo el “beneplácito” del Gobierno de Beijing, en ese sentido cada vez hay más ciudadanos que protestan contra la falta de democracia efectiva y contra nuevas leyes que desde China continental han ido limitando sus derechos, mismos que no gozan los demás ciudadanos del gigante asiático.

Hong Kong es un centro logístico y financiero y es una de las zonas más ricas del mundo, puente entre las economías de mercado del mundo y China. Las empresas basadas en esa ciudad-estado son tratadas con preferencia por los gobiernos de China y de Occidente, pero dicho trato podría cambiar en caso de que los gobiernos occidentales (EEUU, Unión Europea, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda) declaren que el trato original gracias al cual Inglaterra le entregó a China la soberanía sobre Hong Kong ha quedado disuelto.

La riqueza de Hong Kong es envidiable y dando honor a quien honor merece de los años ochenta a la fecha, el gobierno chino ha logrado un desarrollo económico que es la envidia de todos los demás países del mundo.

Al parecer el acuerdo político del Partido Comunista Chino en los 70´s fue dejar a los políticos ganar y estar a cargo del país, mientras que ellos dejaban a los inversionistas crear riqueza de la que ellos mismos se beneficiarían, logrando además abatir la pobreza y generar una clase media creciente. Lo que parece haber cambiado en los últimos años es que la súper potencia quiere hacer lo que todas las otras súper potencias han hecho en el pasado, que es imponer su dominio e intereses más allá de sus fronteras como parece ser el caso de las presiones chinas a varios países europeos, americanos, africanos y asiáticos y por supuesto acabar con los riesgos de disidencia que desde HK contaminan a la China continental.

A la fecha los gobiernos de EEUU, Canadá, Australia e Inglaterra han declarado que China rompió dicho acuerdo histórico, pero han dado pocos puntos específicos en el sentido de sus posibles acciones para sancionar a China o a Hong Kong por violentar el acuerdo ratificado por la ONU y que ahora parece estar por fallecer.

Inglaterra anunció que daría ciudadanía a la gente de la ciudad-estado que decida abandonar la región -hasta 3 millones de personas-; Estados Unidos indicó que analizaría medidas financieras en contra de empresas relacionadas con el gobierno chino que estén abusando del estado de excepción de HK, añadiendo que el trato comercial preferencial a favor de la Zona Económica Especial de Hong Kong dejaría de ser reconocido; también anunció que EUA restringirá visas a estudiantes chinos que puedan estar vinculados con espionaje así como antes la hacían CIA o la KGB.

Chris Patten, quien fuera el último gobernador británico de Hong Kong (1992-1997), acusó a China de traicionar a los hongkoneses y a Gran Bretaña por aprobar esta nueva Ley de Seguridad Nacional que abre la puerta para que protestantes o promotores de libertades sean tratados como terroristas y separatistas lo que además de ser una ley mordaza es una ley que sancionaría con cárcel a cualquier crítico que incomode a Beijing, además autoriza el envío de tropas tipo militares (que se usarían como policía) para reprimir cualquier protesta e incluso podría impedir hacer campaña a candidatos de partidos opositores al régimen central del Partido Comunista. Las protestas han ido creciendo exigiendo que se respete su derecho a la libertad.

En números Hong Kong tiene reservas internacionales por 431 mil millones de dólares y una calidad crediticia AA +; durante los últimos 25 años ha sido reconocida por tener el más alto nivel de libertades y garantías económico-jurídicas de la comunidad internacional, muy por arriba de Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Japón y otros, por lo que estos cambios podrían ser muy lamentables para el futuro económico de la región. En dicho índice México se ubica en la posición número 67.

La ciudad-estado tiene exportaciones anuales por 540j67 mil millones de dólares en comparación con 410 mil millones de dólares de México -aproximadamente-, esto a pesar de que nuestro país tiene una población 17 veces mayor. El territorio de la península e islas que forman Hong Kong es más pequeño que la Ciudad de México, su tamaño total total es de 1,108 Km2 mientras que nuestro país tiene 1,964,375 Km2.

Este avance ideológico político del Partido Comunista en China sobre las libertades en HK se da en medio de una pandemia que distrae al mundo quien se debate entre hacer caso a la OMS que ahora informa que las mascarillas sólo son necesarias cuando uno está enfermo o cuando uno está atendiendo a personas vulnerables en contradicción con lo que muchos países mandatan incluido el nuestro, como el uso obligatorio de mascarillas al salir a la calle sin importar si uno muestra o no síntomas relacionados con el COVID19.

INUSUALES COINCIDENCIAS

El conflicto chino en sus fronteras con India y el que tienen dentro del estado libre asociado de Hong Kong ha llevado a una coincidencia poco común entre la lideresa del Partido Demócrata en el Congreso de los EUA, Nancy Pelosi y el presidente Trmp, quienes públicamente y por escrito coincidieron en criticar y promover medidas para sancionar a China por sus avances en esas dos regiones.

El fundador y director de Facebook Mark Zuckerberg, dijo que “esta es una guerra ideológica por el dominio de internet entre EUA y China”. Zuckerberg se dijo orgulloso de su país y de las libertades que gozan en comparación con China; también criticó la censura de Twitter a los mensajes de Trump, argumentando que ese tipo de empresas son únicamente plataformas de difusión que deben respetar el derecho de expresión sin editar las opiniones, por lo que no deben atribuirse funciones de policía.

Es extraño que Twitter no haya sancionado o corregido durante meses a Irán por pedir la desaparición de Israel o a China por repetir que el COVID19 había originado en Italia o en EUA. Joe Biden propuso desde enero cambios urgentes inmunidad que protege a esas gigantes de las redes sociales, pero muchos Twittes de Trump son poco pensados.

COVID-19 NO SE HABRÍA ORIGINADO EN EL “WET MARKET” DE WUHAN

Cuando el mundo está en sus propias crisis internas y la política global distraída por los posibles conflictos de Hong Kong, India y China se dio a la declaración del médico Gao Fu, director del Centro para la Prevención y Control de Enfermedades del Gobierno Chino, quien participó como orador al cierre de la reunión anual del Congreso Popular Chino; dijo claramente que ahora se sabía que el mercado de productos y animales (wet market) de Wuhan fue una víctima más del COVID-19 y que el virus había llegado a dicho mercado de otro lugar.

Es la primera vez que un alto oficial de dicho país admite que la versión oficial era errónea, así como lo habíamos comentado en este mismo espacio hace unas semanas en seguimiento a declaraciones del médico Ben Embarker de la propia OMS y de otros médicos que desde enero decían que esa versión era poco creíble por no haberse encontrado al paciente “cero” en dichas instalaciones. Esto sin contar con que hace unos días el propio instituto admitió haber destruido las primeras muestras del virus y de que la Universidad Victoria de Australia ha declarado que COVID-19 tiene un comportamiento “atípico” de contagio en seres humanos en comparación con los animales.

Todo esto mientras que las dos megapotencias se disputan el liderato para conseguir la vacuna contra el COVID-19 permitiendo a sus líderes consolidar su popularidad local e intercambiar favores en el contexto internacional. Por un lado, China indica que su vacuna es 99% efectiva y que la tercera fase se desarrollaría en Inglaterra -¿para poder entrar a dicho mercado?-. Las emperras inglesas, alemanas y norte americanas también tratan de concluir pruebas en septiembre y lanzar millones de dosis al mercado.

Ajustemos nuestros cinturones y veamos la aplicación de Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong que pondrá a EEUU y las potencias occidentales en su primer enfrentamiento global vs el “Lobo Guerrero”, en especial cuando casi todos los países dependen de los bienes que produce China porque cada país decidió “comprar el pescado en lugar de aprender a pescar”.

LA CARRERA ESPACIAL ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CHINA

En una era en la que China también invierte en su programa espacial más que todos los países sumados, el empresario Elon Musk logra primer vuelo tripulado de un cohete privado. ¡Felicidades! bajaron el costo de miles de millones de dólares por despegue que pagaba la NASA.

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MUNDO

Uso del Ejército Mexicano contra la delincuencia hasta 2024: Los expertos cuestionan a López Obrador

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Por Víctor Flores García //

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno de México debe dar marcha atrás al despliegue de tropas del Ejército para operaciones de seguridad pública hasta 2024, por graves riesgos de violaciones a los derechos humanos, que es contrario a las promesas que hizo en campaña el actual presidente, señalaron analistas y defensores de víctimas.

“La decisión evidencia un engaño del presidente Andrés Manuel López Obrador al electorado mexicano, pues como candidato construyó una narrativa crítica al Gobierno del entonces mandatario Enrique Peña Nieto (2012-2018) por tener a los militares en las calles, haciendo supuestas funciones de Policía”, dijo a Sputnik José Antonio Guevara, director ejecutivo de la independiente Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos.

Guevara, quien también integra el grupo de trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, recordó que, cuando se desempeñaba como líder de la oposición, López Obrador “condenó seriamente las graves violaciones de derechos humanos que las fuerzas militares cometieron en aquella época”

Hay abundantes discursos, entrevistas y vídeos del actual jefe del Ejecutivo cuestionando en particular la decisión de involucrar al Ejército y la Marina armada en la lucha contra el narcotráfico adoptada en 2006, cuando se desató una escalada de violencia que ha dejado cientos de miles de muertos.

López Obrador emitió la semana pasada un decreto que autoriza a que las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y la Fuerza Aérea realicen durante cinco años tareas complementarias de seguridad pública con la flamante Guardia Nacional (GN), creada el año pasado e integrada fundamentalmente con militares.

El decreto señala de manera explícita que esta participación de las fuerzas militares se hará “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” a las de la Guardia Nacional e instruye para que los uniformados garanticen el respeto a los derechos humanos en sus operativos.

Pero el periodo “extraordinario” abarca hasta su último año del sexenio presidencial.

CRÍTICAS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

Las instrucciones del decreto presidencial son insuficientes para los principales organismos internacionales que velan por el respeto a las garantías fundamentales.

El temor de esas instancias es que, al continuar con los militares en las calles, vuelva el incremento de graves violaciones perpetradas por uniformados en verde oliva, que ejercen toda su capacidad letal y de destrucción.

Las tanquetas, jeeps artillados, helicópteros y aviones de guerra ya estuvieron en escena en los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012), violando la Constitución

Peña Nieto lanzó a los militares al combate mediante una polémica Ley de Seguridad Interior, promulgada en 2017 y declarada inconstitucional por la suprema Corte de Justicia en noviembre de 2018, pocos días antes de que asumiera el cargo López Obrador.

La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ya pidió al Gobierno que revise la decisión.

Esa instancia que encabeza Michelle Bachelet advierte que el decreto amparado en una reforma constitucional que dio vida a la Guardia Nacional militarizada, “no contiene información ni disposiciones que permitan evaluar su conformidad con los estándares constitucionales e internacionales”.

Guevara, quien ha representado a México en la sede de la ONU en Ginebra, cuestiona la redacción del decreto, que califica como “una orden vaga con subordinación inexistente, sin controles e inseguridad jurídica”.

“Es la culminación de un proceso de militarización que inició Felipe Calderón, fortaleció Peña Nieto y López Obrador constitucionaliza”, cuestionó Guevara, coautor del informe “Violencia y Terror: hallazgos sobre fosas clandestinas” de 2006 a 2017.

Por su parte, Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia, deploró que la estrategia viole la Constitución e ignore la legislación que la propia bancada oficialista aprobó el año pasado para dar vida a la GN.

“No sólo se viola el artículo constitucional número 2, sino que la disposición que creó la Guardia Nacional obliga a emitir una legislación que regulara la posible participación militar” en las calles, reveló Sánchez en una presentación de la postura de su organización.

Las entidades que encabezan Guevara y Sánchez integran un influyente colectivo de unas 300 organizaciones y expertos bautizado #SeguridadSinGuerra, que exige desde hace muchos años que los militares regresen a sus cuarteles.

López Obrador, que se define a sí mismo como un político de izquierda nacionalista, califica ahora a los militares como “pueblo humilde uniformado” y sorprendió aún más porque presentó su estrategia contra delincuencia como un lema pacifista: “abrazos, no balazos”.

Guevara subraya que López Obrador intentó maquillar el rostro de la guerra: “es una decoración legal, al despliegue militar contra la delincuencia organizada, que antes había criticado”.

Las cifras arrojan un saldo atroz a su primer año de Gobierno: en 2019 México registró un récord histórico de asesinatos, con más de 34.500 personas muertas, casi 100 cada día desde que comenzaron las cuentas oficiales en 1997.

A pesar de la inactividad económica durante la pandemia de coronavirus, el 19 de abril pasado México tuvo su día más sangriento este año: 105 asesinatos.

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Greenpeace cuestiona a México por cerrar el paso a energías limpias: Va en contra del Acuerdo de París

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Por Víctor Flores García //

(Sputnik) — La política de generación de energía eléctrica del Gobierno de México va en contra de los compromisos asumidos por el Estado en el Acuerdo de París, para reducción de gases de efecto invernadero, y cierra el paso a las energías renovables favoreciendo la quema de combustóleo, dijo un experto de Greenpeace.

Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático de la organización ecologista internacional, explica en una entrevista a Sputnik que las restricciones impuestas a la operación de empresas generadoras de energías eólica y fotovoltaica “obstaculizan el desempeño y cierran el paso a las energías renovables”.

Lo que busca esa decisión política es “excluir la participación de privados y fortalecer la Comisión Federal de Electricidad [CFE, estatal]”, subraya.

Mediante dos instrumentos legales, uno emitido el 29 de abril por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), y un acuerdo ejecutivo de la Secretaría Federal de Energía, del viernes 15 de mayo, “se traza una política de generación energética que es una política pública de impedimento para las energías renovables”, con viento y luz solar.

La decisión, que ha sido presentada con matices tecnológicos, argumentando la necesidad de proteger el sistema eléctrico ante la baja demanda, por los cierres de actividades laborales y educativas ante la pandemia de COVID-19, “es una decisión bastante política, que no pasa mucho por el tema técnico”, argumenta el ambientalista.

El sector de la energía permaneció cerrado como un monopolio durante ocho décadas, tras la expropiación de compañías petroleras que dio nacimiento en 1938 a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) que fue un monopolio junto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Dos monopolios estatales, Pemex y la CFE en la generación de electricidad, se mantuvieron cerrados” a pesar de las reformas económicas que abrieron a este país al libre comercio con Norteamérica, hace 26 años.

Muchos sectores de la economía fueron aceptando la participación de compañías privadas, hasta que en 2014 entra en vigor la reforma energética que abrió finalmente el sector petrolero a firmas internacionales y el sector eléctrico a la generación de empresas privadas.

El actual partido gobernante, fundado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) “quedó excluido completamente de la discusión, con una base ideológica nacionalista muy fuerte, con intención de rescatar sectores del Estado en temas estratégicos”, explica el activista.

El problema de esa decisión, es que “pone en riesgo el cumplimiento de compromisos internacionales”, ratificados por México en París en 2015.

Ese pacto en el seno de las Naciones Unidas establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas, ante los efectos del calentamiento global, a partir de 2020.

Para 2021 México debe generar el 30% de energía con fuentes limpias, y en 2018 ese nivel era de apenas 23,2%.

COMBUSTÓLEO EN VEZ DE VIENTO Y SOL

López Obrador ha decidido un plan para abolir las exportaciones de petróleo, y ampliar la capacidad de refinación de crudo con una nueva refinería que costará 8.000 millones de dólares, para eliminar las importaciones del 70% de las gasolinas.

Ramírez explica que, “el sistema nacional de refinación es muy ineficiente: por cada barril de petróleo procesado, 30% se genera en residuos que es combustóleo”.

Aunque tecnológicamente la reconfiguración del sistema de refinación está en discusión, “mucho del combustóleo que ya no se usa en ninguna parte del mundo, será destinado a las plantas de energía eléctrica de la CFE”, afirma el ecologista.

El combustóleo es un residuo que antes se vendía a antiguos buques.

El responsable de Greepeace advierte sin embargo que, a principios de este año, “una regulación marítima prohibió el uso de combustóleo, por tener altas concentraciones de azufre”, lo que deja al estado mexicano ante un gran dilema.

Ese combustible, resultado de los residuos de la refinación de petróleo crudo “se ha utilizado como combustible para termoeléctricas, pero es muy contaminante, y muy ineficiente en términos de baja capacidad calórica, está en desuso desde hace varios años”, prosigue el experto. 

En ese punto se entrelaza la decisión de incrementar la explotación petrolera en yacimientos fósiles, con la intención de frenar las renovables y converge con la generación de electricidad con combustóleo.

México es el segundo país con menor proporción de energías renovables en su matriz eléctrica, solo después de Barbados, según las Naciones Unidas.

Las energías renovables generan menos de 10%, indica Ramírez.

Y el compromiso de México firmado en París es que para 2021 producirá 30% de energías limpias, 35% en 2024 y 43% en 2030.

Las nuevas políticas energéticas “contravienen los esfuerzos climáticos que ya eran mínimos”.

Y aclara: “No tenemos un interés particular, no importa cómo se genere la energía renovable, si es pública o privada”.

Pero lamenta que el Gobierno “promueve todas las oportunidades de inversión en proyectos fósiles [hidrocarburos] en vez de invertir en renovables”, a la luz del derecho a la salud, al medio ambiente sano y al desarrollo sustentable. 

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