OPINIÓN
2021, la tormenta que viene
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
El presente es un año que se veía mal desde su inicio y al terminar el primer semestre uno diría que no puede verse peor, sin embargo, aún podemos esperar dosis fuertes de adversidad. Esta situación no es privativa de México, es difícil que algún país pueda excluirse de los efectos de una pandemia prolongada, la diferencia estribará en cuáles de ellos tienen las condiciones para soportarlos mejor o superarlos en corto plazo y lamentablemente no es el nuestro uno de los mejores.
Las políticas exhibidas hasta hoy, no muestran que el gobierno federal vaya a ser un impulsor del crecimiento para revertir las perspectivas económicas desfavorables. Decrecimiento esperado del 10.5 por ciento del PIB, desempleo, falta de ingresos en el gobierno y en las familias, incertidumbre y desconfianza en las políticas gubernamentales, criminalidad creciente y desafiante, instituciones debilitadas por la austeridad indiscriminada, pandemia persistente, elecciones en medio país y economía internacional también en reconstrucción, es un escenario borrascoso.
El Fondo Monetario Internacional indicó que la incertidumbre en los precios del petróleo y los efectos del COVID, obligarían a realizar ajustes en el gasto público, al igual que la deuda pública y la de las empresas, contraída en moneda extranjera, tendrían un impacto negativo en el crecimiento y prolongar la recesión. Por otra parte, el recurrente apoyo financiero a Pemex, el declive sustancial de los ingresos públicos, más lo que Moody’s llama “un ambiente de políticas menos predecibles” por la implementación de decisiones conflictivas que minan la confianza del inversionista, son factores que inciden en la posibilidad de una muy lenta recuperación.
Es evidente que el gasto público ya se ajustó, como lo predijo el FMI y que el gobierno no tiene los recursos, ni la disponibilidad, para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas en su recuperación tras la pandemia, así como también que la inversión pública al estar concentrada en proyectos específicos no generará empleos de calidad, con lo que la herramienta gubernamental para mejorar el ingreso radica básicamente en las cuotas de asistencia social a segmentos específicos. En materia de empleo, durante la pandemia hasta abril se habían perdido 2.1 millones de empleos formales y 10.4 millones informales (INEGI), y según CONEVAL 14 millones han caído en pobreza alimentaria. Es natural que debido a esto, los indicadores de consumo hayan caído y que en consecuencia el ingreso del gobierno baje al percibir menos IVA, IEPS e ISR, disminuyendo así las posibilidades de inversión pública productiva.
La desconfianza de los inversionistas no indica que los niveles de empleo se vayan a recuperar prontamente y el acuerdo de libre comercio T-MEC, no implica necesariamente más inversión y cuando mucho restablecerá plazas suspendidas pues el clima de desconfianza persiste.
Esos son los grandes nubarrones, no todos, la inseguridad y la presencia cada vez más desafiante de cárteles y organizaciones criminales, sigue propiciando inestabilidad, así como la impredecible actitud institucional ante la inversión privada. En razón de ello, la inversión de largo plazo no habrá de llegar, pero sí la especulativa que exige un retorno rápido, grandes rendimientos.
El presidente ha anunciado en su reciente informe, que para apoyar la recuperación económica de los más pobres, a las pequeñas empresas y negocios familiares se han entregado un millón 278 mil créditos y que a finales del año estarán llegando a 4 millones, medida insuficiente en monto (25 mil pesos) y en cantidad para la recuperación, y no hay indicios de ninguna otra política específica para la recuperación.
Es tiempo de que el gobierno reconozca estas insuficiencias y que evalúe racionalmente lo que puede y lo que debe hacer. El temporal que estamos viviendo en este año, se verá magnificado el próximo, pues la pandemia no habrá de parar y los recursos que tiene para que este país recupere el dinamismo económico son muy limitados, ya en mayo los ingresos presupuestales están un 23% abajo respecto al año anterior.
No es cuestión solo de recursos económicos, ya insuficientes, sino también de política económica enfocada al crecimiento. Fortalecer las empresas productivas del Estado, CFE y PEMEX, no nos llevará a incrementar el empleo o el nivel de ingreso de los trabajadores, que es la forma de combatir la desigualdad, no a fuerza de dádivas y subsidios.
En las condiciones en que está la economía nacional y con las políticas actuales, lo único que puede ofrecer el gobierno es que seamos felices con lo que nos quede, mientras no piense con seriedad, en la necesidad de desplazar sus viejas convicciones por mejores políticas económicas y financieras. No se trata de liberales vs conservadores, sino de generar las condiciones para que los mexicanos tengan acceso a satisfactores y bienes en la medida de su esfuerzo y trabajo. Ya tendrá ocasión el gobierno de regular la ganancia excesiva y reducir la desigualdad del ingreso, lo importante es que los mexicanos tengan empleo y haya consumo para que la economía prospere, de lo contrario, la irritación social que los llevó al poder puede revertirse.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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