OPINIÓN
A rezar, Rosario
Entre Nos, por Alfredo Ponce //
5 mil millones de pesos, son muchos motivos para que el pueblo se canse de los políticos. Son muchos pesos que deberían haber estado dedicados a sacar a los mexicanos de la pobreza y terminaron en los bolsillos de personas sin principios, algunos dicen que esos pesos, también fueron a dar a los fondos de campañas políticas.
No puede haber, mayor incongruencia en la vida publica de un país que usar los fondos del estado para enriquecerse, mientras se ve como sigue creciendo la pobreza en los sectores mas desprotegidos. Pero esto alcanza un tamaño gigantesco cuando, precisamente, son los encargados del “pomposamente” denominado desarrollo social, los que diseñan estrategias maquiavélicas para quitarle el dinero a los pobres.
LA ESTAFA MAESTRA
Mucho se ha rumorado siempre, que las dependencias que tradicionalmente se dedican al apoyo a los pobres y a diseñar estrategias para crear oportunidades a los mas desprotegidos, son en realidad las tapaderas” para crear y alimentar los proyectos políticos electorales de los sistemas que están en el poder. Sin embargo, siempre han sido bien cubiertas las evidencias. Ahora parece que las cosas se les salieron de control y desde los finales del sexenio pasado empezó a sonar el rio.
LA MÉCANICA
La triangulación en el manejo del dinero fue al parecer la forma de llevar a cabo el ilícito. La complicidad de por lo menos 8 universidades fue parte del mecanismo. La dependencia contrata a una universidad para que asesore o apoye en un proyecto determinado, pero ya está de acuerdo que contratará a una empresa fantasma para que realice los trabajos y se les pagará a esos supuestos proveedores, la cantidad determinada. Obviamente, la empresa que recibe el pago por los servicios no existe y el dinero va a parar de nuevo a los bolsillos de los políticos. La universidad también se queda con un dinerito, por su “honrosa participación”. De esta forma, se crearon mas de 100 empresas fantasmas y se robaron cuando menos 3 mil millones de pesos. Seguimos haciéndonos una pregunta lacerante: ¿Cuántos mexicanos podrían haber salido de la pobreza con ese dinero?
ROSARIO EN MEDIO
Por lo pronto, Rosario Robles nuevamente se pone en el escaparate indeseable de la nota roja. Es imposible pensar que con toda la experiencia política que tiene, no se haya dado cuenta del “magnicidio económico” que estaban llevando a cabo en un escritorio de su oficina. Por lo pronto, como dice la ley, todos somos inocentes hasta que lo contrario se pruebe.
LOS EXPERTOS EN SALUD OPINANDO
Increíbles las cosas que se ven. Ahora resulta que los que tuvieron en sus manos el manejo de la salud en México y que han dejado un rezago doloroso, se juntan para decirle al gobierno actual como se debe manejar el sistema de salud. Se les olvida que mas de 20 millones de mexicanos no tienen ningún acceso a los servicios de salud y mas de 50 millones no tienen acceso a servicios de segundo y tercer nivel y que ellos son los que han dejado esta herencia maldita. Defienden el seguro popular que debería ser la forma de acceso gratuito a los más necesitados, pero donde cobran cuotas de recuperación como si fueran hospitales privados y las infraestructuras son muy deplorables. Tampoco guardan ningún recato en observar que el sistema que defienden en toda la nación es una maravillosa forma de saqueo de las arcas públicas, si no lo creen, “que le rasquen a Jalisco”.
Hace mucha falta a los políticos la capacidad de auto evaluarse, ya que sus ejercicios en la administración pública, además de haber sido malísimos, después de que le fallaron a la nación, tienen el descaro de andar dando consejos que nadie les pidió y que si es cierto que saben tanto del tema, deberían haber tomado ellos mismos cuando eran “los meros meros” y se paseaban como príncipes por el país.
LEJOS DE LA GLORIA
De “zopetazo” nos llegó la noticia de la detención de Antonio Gloria, otrora político encumbrado del PAN en el estado. Resulta que está ligado a la compra con sobre precio de un millón y medio de dólares, de “una casita” que compraron en Chicago para representar al estado de Jalisco, todavía no entiendo para qué.
Sí parece extraño que con la incrustación de tantos panistas en el gobierno del Estado, suceda esta detención, pero a final de cuentas pareciera que las traiciones no son ajenas a los del partido azul, recuerden ustedes que hace no mucho tiempo un ex director del SIAPA cayó en desgracia y no fueron muchos los que metieron las manos por él. Recuerdo con aprecio a don Guillermo Reyes Robles, que hace mucho me enseñó que en la política se hacen amigos de mentiras y enemigos de verdad.
TERROR
Tragedia mundial, debería ser el que un fanático extremista, asesine a gente inocente en un supermercado, pero se vuelve mas serio el asunto, cuando el asesino declara que el quería matar mexicanos. ¿Quién está alimentando esa ideología de odio racista?
Hasta la próxima.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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