OPINIÓN
¿Democracia sin sociedad?

Comuna México, por Benjamín Mora Gómez //
Hace unos días pude ver un video en que un hombre de más de 90 años debió comparecer ante un juez en Estados Unidos, acusado de exceder la velocidad permitida al conducir su auto. Explicó que él no maneja a altas velocidades y que usa su auto sólo cuando es necesario, y que el día de los hechos había llevado a su hijo, con discapacidad y con más de 60 años de edad, a que le practicaran un examen de sangre.
El juez, conmovido le reconoció seguir siendo un padre al cuidado hijo ya grande y sobreseyó el caso por ser un hombre ejemplar. Ésta ha sido la más bella experiencia que he conocido de justicia con sentido humano. En la vida necesitamos más casos así.
He tenido la oportunidad de vivir de muy cerca la entrega con que miles de mujeres y hombres transforman –verdaderamente transforman- las vidas de niños con algún síndrome o con parálisis cerebral, de mujeres violentadas por quien ellas esperaban ser amadas, de mujeres extraordinarias en sus trabajos pero que reciben salarios muy menores por ser mujeres, de migrantes comprometidos consigo mismos y sus familias para darles un mejor futuro, de voluntarios que donan horas de vida en causas que nos humanizan, de jóvenes limpiando playas y bosques, de hombres y mujeres que levantan la voz por quienes nadie escucha, de hombres y mujeres que nos han dado certeza en las elecciones y limpieza en el ejercicio de gobierno… y así hasta donde, hace tiempo y aun hoy, se veía y ve como normal el ser injusto, indolente, abusivo, delictivo. Sin embargo, me duele reconocer que toda esa gran labor queda reducida a un “fifí” o a un descrédito infundado y arrebatado desde la inconciencia y las ocurrencias nacidas del miedo.
Hoy nos enoja que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya ordenado no apoyar a las organizaciones de la sociedad civil desde el gobierno y que el presupuesto del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) esté sin ejercerse; sin embargo, no es el primer presidente ni su gobierno el primero en actuar de manera tan soez y temerosa; pero sí es el primero en declarar enemigas de su gobierno y de él mismo a las organizaciones de la sociedad.
Si bien, con Enrique Peña Nieto, los presupuestos del Indesol se redujeron año con año desde el propio Congreso de la Unión; hoy, simplemente no se ejercerá lo autorizado.
Allan Kardec decía que, para comprender ciertas cosas es menester poseer facultades que, lamentable y obviamente, no tienen la mayoría de nuestros políticos, entre ellas la de la humildad y la seguridad personal. Muchos de nuestros políticos poco saben y entienden menos.
Andrés Manuel López Obrador debería reinventar su manera de concluir sus formas de pensar. Juega a dirimir sus conflictos de gobierno en los medios, aunque solo en ellos se quede y pierda.
Hoy, en que el presidente López Obrador se atreve a pedir al gobierno norteamericano cambiar su constitución en materia de acceso a armas, bien le valdría comprender y aceptar que ello nunca sucederá por petición suya, como tampoco logrará que extraditen a Patrick Crusius, el asesino de El Paso, Texas, pues también mató a ciudadanos norteamericanos y es deseable que ellos primero lo juzguen además de que sus leyes son más severas, sus cárceles más seguras y sus jueces más firmes. Sería suicida para el gobierno de Trump caer en tan pueriles peticiones.
En cambio, el presidente de México sí podría acercarse a organizaciones ciudadanas norteamericanas pro migrantes, que luchan en contra de la Segunda Enmienda y defensoras de los derechos humanos, para conocer sus causas, estrategias y logros, y sumarse a ellas. Si algo podrá cambiar en Estados Unidos será desde la sociedad de los Estados Unidos, y quizá, desde el Partido Demócrata, y jamás de los jamases, desde AMLO y sus noches de fiebre y delirio.
No he escuchado a nadie del gobierno federal explicar los hechos de El Paso desde su trasfondo psicosocial, es decir, desde las causas y consecuencias de las acciones y percepciones que tienen los individuos sobre sí mismos y los otros en tanto miembros de diferentes grupos sociales, y se han quedado en la superficialidad del análisis del discurso de odio que identifica a Donald Trump. No, desde ahí nada cambiará porque ni siquiera imaginan la posibilidad de llegar a comprender y alterar la representación cognitiva de cada persona y grupo, así como de los otros en tanto miembros de una misma sociedad.
Los análisis del discurso de Trump se limitan a creer que todo es igual sin deshojarlo de los estereotipos sobre los grupos exógenos y las minorías, la estereotipia como proceso cognoscitivo de atribuir ciertas características a las personas sobre la base de su pertenencia a tales categorías, los prejuicios como las actitudes derogatorias hacia una persona debido a su pertenencia a determinada categoría social y la discriminación o exclusión, en términos macro sociales, como aquel complejo sistema de relaciones entre los grupos sociales que produce y reproduce desigualdades en el acceso a recursos como salud, ingreso económico, educación, propiedad, etc.
Si todo esto no se entiende ni imagina entonces jamás se podrán cambiar las condiciones de nuestros hermanos migrados ni el discurso de odio podrá terminar.
Vendría bien al presidente, al canciller Ebrard y a la secretaria Sánchez Cordero, hacerse responsables del fondo de sus palabras y superar las formas, que son, obvio es, muy superficiales e ignorantes de lo real. Solo entonces sabrán darle cause a su política persecutoria de los migrantes centroamericanos que, en la sumisión del gobierno mexicano a los antojos de Trump, subyace a la personalidad autoritaria del presidente norteamericano, quien impone patrones migratorios punitivos, controladores y opresivos alimentando impulsos socialmente inaceptables en nuestra tradición internacionalista.
Pero para que todo ello cambie para bien, antes Andrés Manuel tendría que dejar de ser Andrés Manuel, el presidente terco del que él se enorgullece y abrirse a las otredades lejanas de su 4T, sobre todo a la sociedad civil organizada, sin la cual, la democracia se antoja imposible.
E-mail: benja_mora@yahoo.com
JALISCO
Contratación bajo investigación

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //
De los problemas que actualmente enfrenta el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), el escándalo por la contratación de la conductora de televisión Eli Castro, un personaje polémico que se mantiene en circunstancias similares la mayor parte del tiempo, demuestra una vez más que la política se desvía sin duda del objetivo que debería tener: el bienestar, la transparencia y la calidad de los servidores públicos.
Es muy lamentable que, ante el aumento injustificado de las tarifas de un sistema de agua potable, también saliera a la luz un tema tan desagradable que opaca el servicio público y la política. Este hecho carece de justificación y evidencia corrupción y opacidad.
En este sentido, lo que toca es analizar la intervención de los entes públicos encargados de esclarecer este bochornoso episodio, que afectará la imagen pública del partido que hoy gobierna Jalisco. Será lógicamente imposible justificar que la conductora tenga el perfil para ocupar el cargo de asesora técnica y que la manera de haber llegado a él fue bajo absoluta transparencia y control.
Por lo tanto, que esté en la nómina del SIAPA con un salario de alto rango, comisionada sin asistir, y que argumente públicamente que su caso es un asunto de resentimiento social, por ser una persona que consigue lo que se propone, es un tema delicado que evidencia prácticas de corrupción.
En este contexto, habrá que estar atentos a la intervención de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco. Las declaraciones de la conductora, involucrada en escándalos mediáticos, también sugieren abiertamente que está a un par de años de jubilarse, tras más de 27 años como servidora pública. Esto resulta enormemente dudoso y podría demostrar que, desde hace más dos décadas, ha estado en las nóminas del servicio público por conocidos en la política.
Entonces, tendríamos que analizar los escándalos de Pensiones del Estado de Jalisco para determinar si esta será una «pensión dorada» para alguien que, presuntamente, nunca fungió como servidora pública. Sería imposible asistir a trabajar y tener dos o tres empleos más; en términos laborales, hablaríamos de incompatibilidad de jornadas laborales.
Por lo tanto, podríamos estar ante la figura coloquialmente llamada «aviadora» —término que se le da a quien cobra en el servicio público, pero no trabaja—. Esta situación es lo más denigrante que puede tener un gobierno en funciones.
En Jalisco, contamos con un Sistema Estatal Anticorrupción, del cual se desprende la Fiscalía Anticorrupción, que anunció que abrió una investigación de oficio por la contratación de Eli Castro. El caso de la contratación de Eli Castro en el SIAPA es un claro ejemplo de cómo la corrupción y la opacidad socavan la confianza pública y desvían los recursos que deberían destinarse al bienestar de la ciudadanía.
Más allá de la legalidad de la contratación en sí, lo verdaderamente preocupante es la aparente falta de transparencia en el proceso y la ausencia de un perfil técnico idóneo para el puesto de asesor técnico. Esto, sumado a las declaraciones de la propia conductora sobre sus años de «servicio» y una posible «pensión dorada», pinta un panorama alarmante de prácticas arraigadas en el sistema político y público.
La intervención de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco es crucial en este punto. No solo debe investigar a fondo las denuncias de nepotismo y posibles desvíos de recursos, sino que también tiene la obligación de comunicar los hallazgos de manera transparente y abierta a la sociedad.
Es imperativo que se apliquen las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables, tanto a la persona que cobró posiblemente sin trabajar, como a quienes permitieron y facilitaron esta situación.
Este episodio no solo afecta la imagen del SIAPA y del partido en el gobierno, sino que también erosiona profundamente la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Para recuperar esa seguridad, es fundamental que el Sistema Estatal Anticorrupción demuestre su efectividad y que se envíe un mensaje claro: la corrupción no será tolerada y aquellos que abusan de su poder para beneficio personal serán llevados ante la justicia. La calidad de los servidores públicos y la transparencia en la gestión son pilares de un buen gobierno, y este caso es una oportunidad para reafirmarlos.
NACIONALES
Que no son lo que son

Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
En el oficialismo, que incluye en este caso al gobierno, Poder Legislativo y partido, se han empeñado en no reconocer y negar lo que es evidente: la construcción de un Estado policial y la oficialización de la censura gubernamental atacando la libertad de expresión. La conversación se ha seguido en los medios públicos y privados con las voces del régimen negando y la oposición acusando la coartación de las libertades civiles.
Dos son los argumentos oficiales destacados; el primero es la necesidad que tiene el estado de combatir con mayor eficacia al crimen organizado y el segundo es que la oposición exagera para beneficiarse electoralmente y que en realidad ya todo está en la legislación y solo se adecua.
Se puede coincidir en que la presencia criminal se ha extendido territorialmente y diversificado en su actividad delictiva, así como también en que el Estado requiere mejores instrumentos para combatirla; y que bueno que así se piense, pues eso implica que el Estado retome su potestad del uso legítimo de la fuerza para mantener el orden y la observancia de la ley.
En lo que no se puede estar de acuerdo es en que para hacerlo tenga que convertir a toda la población en potenciales delincuentes, sospechosos solo por poseer teléfonos celulares o participar en redes sociales. Poco importa que digan que se requerirá una disposición judicial para escudriñar las vidas de particulares, cuando el nuevo poder judicial está poblado por incondicionales del régimen.
Aceptemos que la presencia criminal se ha extendido territorialmente y diversificado en su actividad delictiva, pero también que las competencias de las policías municipales y de los estados está severamente limitada por falta de recursos que la federación ha preferido destinar a la Guardia Nacional y a las fuerzas armadas, y que la expansión de los grupos delincuentes fue posible por la desidia y la indiferencia de las fuerzas federales dedicadas por seis años a solo hacer presencia y dar abrazos y no balazos, sin descontar la posible connivencia o complicidad de políticos, policías y gobernantes, tolerada con conveniente disimulo.
El giro de timón que ha tenido la estrategia gubernamental, persiguiendo y apresando delincuentes, no sabemos si obedece a una real voluntad de acabar con el problema o solo ha administrarlo en tanto baja la presión del gobierno estadounidense que ha exigido un combate a fondo de los grupos criminales y su asociación con los poderes del Estado. En todo caso, a pesar de los resultados estadísticos favorables, los carteles avanzan y controlan amplias franjas del territorio nacional y no se entiende cómo la censura y el uso faccioso y político de los datos personales puedan coadyuvar a detenerlos.
Se dice también que la nueva CURP con datos biométricos coadyuvará en la búsqueda de personas desaparecidas, así como unificar datos de la población para trámites y servicios. Esto implica un peligro adicional para la ciudadanía, porque conocemos la ineptitud del gobierno para manejar este volumen de información con seguridad y secrecía, y no sería remoto, dada la penetración del crimen en las estructuras gubernamentales, que los datos personales cayeran en malas manos.
Sin embargo, podríamos dar el beneficio de la duda y abonar las buenas intenciones del gobierno, si no fuera por la estructura totalitaria que se está construyendo alrededor.
El ogro filantrópico se ha venido construyendo sistemáticamente. Las bases se sentaron el sexenio anterior y no mintieron al decir que seguiría un segundo piso. Hoy el Estado subsidia y anestesia la pobreza, censura y cohesiona a medios y comentaristas, hizo ficción a la división de poderes, eliminó los órganos e instituciones autónomas e independientes y desnaturalizó a las fuerzas armadas garantes hoy de la seguridad pública.
Lo que queda por hacer es dominar, controlar y sujetar las libertades individuales para hacer imposible la disidencia.
En ese objetivo es donde encuadran todas estas reformas que presentan como útiles para recobrar la seguridad y hacer más efectiva la actuación de las fuerzas armadas utilizando las herramientas de la inteligencia y equipos cibernéticos. No existe en las leyes que han propuesto límite alguno para que el Estado utilice los datos personales para los fines que juzgue convenientes, sean en efecto para perseguir delincuentes o para presionar e intimidar a opositores o a simples ciudadanos.
Ejemplos recientes nos muestran el uso selectivo de la justicia, al menos en el Tribunal electoral en casos de violencia de género y no hay garantía de que esa conducta no se vuelva rutinaria en el régimen en configuración, especialmente cuando desde la tribuna presidencial se trata a los críticos como adversarios y a los opositores como traidores. El uso y abuso faccioso del poder es propio de tiranos, aunque digan que no lo son. La democracia es a partir de ahora, escenografía.
NACIONALES
Nombramientos sin mérito

Opinión, por Iván Arrazola //
La discusión sobre si los cargos públicos deben asignarse con base en el mérito o la lealtad es tan antigua como la política misma. Se trata de una tensión permanente entre dos principios fundamentales: por un lado, el mérito, entendido como la selección de personas con competencias técnicas, experiencia comprobada y formación adecuada para desempeñar sus funciones con eficacia; y por el otro, la lealtad, asociada a la necesidad de los gobernantes de rodearse de personas de su confianza ideológica o personal para garantizar cohesión, control y ejecución política.
Si bien ambos criterios pueden coexistir en ciertas circunstancias, en la práctica se suele imponer uno sobre el otro, con consecuencias directas en la calidad del gobierno y en la percepción pública sobre la legitimidad de los nombramientos. En este sentido, vale la pena analizar dos casos recientes que han generado amplia polémica en México.
El reciente nombramiento de Hugo López-Gatell, exsubsecretario de Salud durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha generado una fuerte polémica. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, defendió su decisión señalando: “Yo reivindico a Hugo como un gran profesionista y creo que va a desempeñar un buen papel en la Organización Mundial de la Salud”. Sin embargo, no profundizó en los criterios específicos que motivaron su designación. Frente a las críticas, la presidenta ha atribuido los cuestionamientos a motivaciones políticas.
Desde una lógica institucional, este nombramiento resulta difícil de justificar bajo criterios de mérito. La gestión de López-Gatell durante la pandemia de COVID-19 fue severamente criticada por múltiples sectores sociales y médicos: desde la negativa inicial para recomendar el uso generalizado del cubrebocas, la falta de aplicación masiva de pruebas rápidas, la centralización opaca de la estrategia de vacunación, hasta su retórica polarizadora, como cuando llamó “golpeadores” a los padres de niños con cáncer que protestaban por el desabasto de medicamentos.
A pesar de que Sheinbaum defendió el nombramiento señalando su formación académica (es egresado de Johns Hopkins), lo cierto es que la percepción social de su desempeño es negativa. Informes independientes estiman que el número real de fallecimientos por la pandemia superó los 800 mil, muy por encima de las cifras oficiales que hablan de 300 mil muertes.
En este contexto, el nombramiento de López-Gatell no parece responder a una evaluación técnica o a un reconocimiento por resultados, sino más bien a un acto de lealtad política. Se premia a un aliado, se protege a una figura del obradorismo, aunque su desempeño haya sido profundamente cuestionado.
El segundo caso ilustra otra faceta del problema: el uso patrimonialista de los recursos públicos. Se trata de la comunicadora Eli Castro, quien recientemente fue exhibida por ocupar una plaza como asesora técnica en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en Jalisco, con un salario de más de 73 mil pesos mensuales. La polémica surgió a partir de una transmisión en vivo, en la que un ciudadano cuestionó sus capacidades técnicas para desempeñar el cargo.
En lugar de presentar credenciales técnicas, Castro se limitó a presumir su trayectoria en el gobierno, señalando que ha trabajado con diversas administraciones y que ha ocupado cargos en cada una de ellas, incluyendo el Consejo Estatal de Trasplantes, las Fiestas de Octubre y la entonces Secretaría de Vialidad. Concluyó su intervención afirmando con orgullo: “por eso estoy donde estoy”. En la misma transmisión, reconoció que estaba comisionada y no realizaba funciones técnicas, lo que agravó la controversia. El SIAPA, en respuesta, emitió un comunicado para deslindarse, afirmando que el contrato era temporal y que no se renovaría. El propio director del organismo señaló que las tareas de comunicación que Castro debía realizar ya las ejecutaba él mismo.
Este caso no solo revela una designación sin méritos técnicos, sino además una falta total de control institucional: la autoridad estatal no tenía conocimiento del nombramiento, y las explicaciones posteriores resultaron insatisfactorias. En un contexto de crisis hídrica en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con colonias que enfrentan desabasto, agua sucia y aumentos en las tarifas, el caso profundiza la desconfianza ciudadana hacia las autoridades responsables del servicio.
Ambos casos ejemplifican la arbitrariedad en el ejercicio del poder público y el debilitamiento del principio del mérito como criterio de selección. En el caso de López-Gatell, se premia a un funcionario sin rendición de cuentas por decisiones que costaron miles de vidas. En el caso de Eli Castro, se revela un uso discrecional de la nómina pública como si fuera propiedad privada del funcionario en turno.
Lo más preocupante es que, en ambos casos, el daño no se limita al escándalo mediático, sino que impacta directamente en la calidad de los bienes públicos: la salud y el acceso al agua, derechos fundamentales que hoy están en entredicho.
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