OPINIÓN
Adiós a la chancla: Habrá castigo para quien castigue
Educación, por Isabel Venegas //
La disciplina como un código de ordenamiento, significa la continuidad de un programa de acción en el que el objetivo es claro, y las metas quedan bien establecidas.
Por estos días, en la mayoría de las escuelas públicas se están llevando a cabo las reuniones de padres de familia para la entrega de calificaciones del primer periodo del ciclo escolar. Ya puedes imaginar la escena de papás y tutores sorprendidos porque no entienden cómo es que su niño sacó tan malos resultados, y enfrente los profesores desahogando la frustración de tres meses de trabajo en las aulas.
Muchos de esos maestros se ven tratando de ayudar, asesorar u orientar a los padres que dicen: ¡es que ya no sé qué hacer!, sobre todo si se sitúa en el espacio de educación básica, ni se diga en secundaria donde siguen siendo menores de edad, pero parece (para muchos papás) que sus hijos han crecido al punto que le tienen que pedir permiso para ir a hablar con sus docentes.
Hace casi 20 años, cuando yo daba mis primeras clases de matemáticas en secundaria en el Colegio Vallarta, una mamá se me acercó para preguntarme literalmente: Maestra, por favor dígame -¿Cómo hago para castigar a mi hijo? No hay nada con lo que yo lo pueda hacer que se porte bien-. Desde entonces me quedaba claro que los niños requieren un trato diferenciado y que a medida de irlos conociendo entiendes si necesita una motivación, un premio, o por el contrario orientar hacia el establecimiento de límites y del manejo del autocontrol. Al igual que la crítica a los libros de autoayuda, la receta no puede ser genérica.
En los años siguientes y con el auge de las redes sociales, vino una ola mediática en contra de la formación punitiva, de la aplicación del castigo. La chancla, el pellizco, el cinturonazo, el jalón de orejas,…, nada justificaba una agresión a la persona por encima de sus derechos como tal, máxime cuando es indefenso, un menor. No estamos hablando de aquellos que violentan nada más porque sí, que tienen un desorden mental y cuyo conflicto emocional los lleva a ofender y a violentar a cualquiera que se les atraviese (desde sus compañeros en la oficina, un desconocido en la calle, el amor de su vida, o sus hijos) ¡No, esa es otra cosa! se parece, se interrelaciona, pero no es, así que de ello hablaremos después.
La buena crianza implicó para muchos un choque cognitivo ¿Cómo le hago? Era tanto individual como colectivo porque cuando un cambio paradigmático de tal magnitud acecha, lo mejor es buscar un referente cercano que me permita afianzar que lo que yo creo está bien. Hace treinta o cuarenta años alguien decía “en Estados Unidos los hijos pueden demandar a sus padres si los castigan o les pegan, -a lo que otra comadre contestaba- por eso están, como están, todos locos”. Rosa Barocio, en su libro “Disciplina con amor”, cita:
«La prisa, la tecnología y tanta información en torno a la educación han afectado la confianza natural de todo padre para educar al hijo. Ante el miedo a lastimar o parecer autoritario, se tornan inseguros y consentidores, y el hijo, aún inmaduro, aprovecha y toma la delantera.»
El debate que se suele dar en las redes (más caricaturizado que con contenido), suele abordar el tema desde la necesidad de imponer límites, de marcar líneas de autoridad, de recuperar un esquema de valores, y justifica lo bien que estamos la generación que fuimos formados a base de la chancla y el castigo; sin embargo debemos analizar unos puntos en torno a la generación “X”:
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Son las personas nacidas a mediados de los 60 y 80s; generación puente entre los “baby boomers” (1946 y 1964) y los “millenials”
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Carece de una identidad que atienda la problemática propia; se dice que son la última generación en haber sido castigada por sus padres, pero la primera en serla por sus hijos.
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Es una generación que cuestiona la figura de autoridad de manera natural, según un documento de la American Management Association.
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Un conflicto con la imagen de autoridad que en gran parte se debió a la rigidez de sus antecesores, derivó en un esquema de vida mucho más individualista, una implicación que tiene qué ver con la depreciación a las instituciones.
En el Senado de la República desde abril de este año, se promovió una moción que ya fue dictaminada por la comisión de los derechos de la niñez y la adolescencia, para modificar el artículo 44, que a la letra dice: Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, la obligación primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coadyuvarán a dicho fin mediante la adopción de las medidas apropiadas.
Al que se añadiría el siguiente párrafo: Queda prohibido el uso del castigo corporal en todos los ámbitos, como método correctivo o disciplinario a niñas, niños o adolescentes.
Esta transformación social para muchos ha sido valiosa en el sentido de recuperar el seno de la familia como el lugar de protección y recreación del ser en plenitud, ese espacio al que puedes recurrir para retomar fuerzas y volver a salir a la vida reconstruido y reconfortado por encontrarte con los seres a los que amas; contrario a los que muchos enfrentaron como un lugar lleno de violencia, golpes, insultos y reclamos, que además se reproduce como un ciclo sin fin.
La Cámara del Senado, diputaciones, las directivas de las grandes empresas y de planteles educativos, etc., son quienes van encaminando la toma de decisiones en el colectivo, y ellos rondan en edades que los ubican entre el conglomerado de generación “X” o “BB”. Mientras subyace un conflicto con la autoridad, son ellos mismos quienes la ejercen y las nuevas generaciones terminan siendo confundidas con la contradicción.
Los nuevos paradigmas nos empujan al pensamiento de la autonomía y la autorregulación. Supondría entonces que los seres humanos podrían convivir de manera mucho más pacífica y ordenada si no se violentara su ser desde los primeros años de vida, pero la brecha generacional ha significado una falta de comunicación con lo cual se ha perdido gran parte de los datos que nos permitirían no caer en el lado opuesto, en el de una anarquía o una orfandad familiar e institucional. Hoy la figura de los padres vivos pero ausentes es determinante en un nuevo colectivo que no sabe del cariño, la compañía y el apoyo materno o paterno, aunque tampoco sabe de la chancla o la mirada fulminante de mamá.
La disciplina como un código de ordenamiento, significa la continuidad de un programa de acción en el que el objetivo es claro, y las metas quedan bien establecidas. Trabajar en la formación de los niños y niñas requiere de esa orientación para que ellos mismos puedan ir definiendo hacia dónde y hasta dónde quieren enfocar sus esfuerzos derivado de priorizar los valores: trabajo, educación, espiritualidad, comunidad, bien social, dinero, ocio, familia etc.
Este es un tema complicado y delicado, pero que debemos ir abordando desde la revisión del día a día. Cada que yo evito tener conflictos al interior de mi hogar y no pongo límites en la formación de mis hijos, soy pieza clave en la construcción de la jungla social en la que cada día nos volvemos más cavernarios y salvajes, pero si por el opuesto quiero enseñarle a fuerza de golpes y ofensas, seguramente también van a terminar replicando con otro más débil, o buscando relaciones insanas que les propicien el “si me pega, es porque me quiere”.
Sabiendo que todos hemos cometido -más, menos- errores en ese sentido, vamos a la recuperación de lo aprendido, y a la formación de una nueva comunidad, más sana, más en paz.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa venegas@hotmail.com
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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