OPINIÓN
Alfaro le lee la cartilla a AMLO
Tercera Instancia, por Modesto Barros González //
El Gobernador Enrique Alfaro Ramírez se mostró cansado por la serie de desaires e imposiciones que ha hecho a su administración el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y decidió criticar y exigir mayor respeto a Jalisco.
En el discurso inaugural de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el sábado pasado, el mandatario estatal decidió hablarle claro a AMLO, a quien le reclamó sin decir su nombre que no quiere encarar los problemas con el pueblo y gobierno de Jalisco.
Se mostró cansado de la serie de recortes presupuestales y condicionamientos para el crecimiento de la entidad que gobierna EAR y lanzó un posible arreglo: “¿Expresar nuestras ideas nos pone en un escenario de confrontación con el Presidente de México? En Jalisco queremos ayudarle al Presidente a transformar a México, pero eso sólo puede lograrse si entendemos que el debate de las ideas fortalece a nuestra democracia, que lo nacional se construye también desde lo local”.
Por cierto el Presidente AMLO, en su fiesta de aniversario de gobierno utilizó 80 minutos de discurso y repitió casi lo mismo que ha dicho en otras ocasiones, pero de nueva cuenta pidió otro año para solucionar los graves problemas que tiene el país, lo que parece que lo ofrecido cuando asumió el cargo y que entonces dijo que necesitaría un año para mejorar, sin embargo no ha sido suficiente y ahora pide otro año y quién sabe si en un año pida otro más, hay que esperar qué pasa.
Por lo pronto el constante reclamo de mejorar la seguridad no lo ha cumplido, con todo y que puso en marcha su “flamante” y “poderoso” cuerpo denominado Guardia Nacional, la cual no ha podido conformar correctamente ente la negativa de algunos elementos de la Policía Federal, a los cuales no quieren liquidar y exigen la obligación que acepten el encuadramiento en ese agrupamiento que en su mayoría de personal está comisionado en cuidar a los migrantes extranjeros para que no lleguen más a la frontera norte.
Mientras el Primer Mandatario del País, impone sus “estrategias” de gobierno, en Jalisco, la población ha resentido la desaparición del Seguro Popular, lo cual ha propiciado que muchas personas han dejado de recibir atención médica y en forma extraoficial se dice que varios enfermos han perdido la vida por la falta de medicamentos o de atención hospitalaria, como ha ocurrido con los niños enfermos de cáncer.
Por fin AMLO, reconoció a regañadientes” que no se ha alcanzado el crecimiento económico, como tanto prometió que ocurriría casi de inmediato al asumir el cargo.
Hay que esperar qué repercusiones tendrá el discurso de Alfaro en la FIL, ya que es de muchos conocido que AMLO, es muy rencoroso y no le gusta que le critiquen o le reclamen sus determinaciones.
¡EN ESPERA DE ENFRIAMIENTO!
Tal parece que el Gobierno del Estado y los acaudalados empresarios que buscan “matar víbora en diciembre”, para enriquecerse con la compra y luego venta de los departamentos en lo que hace más de nueve años fueron el albergue de atletas y entrenadores, de los juegos panamericanos 2011, están esperando que se enfríen las cosas y lograr “convencer” al Presidente Municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, para cerrar la operación.
Tanto los presuntos compradores como el Ejecutivo Estatal y condueños, están al acecho para que en su momento puedan dar la “sorpresa” y dar el aviso oficial que hay nuevos propietarios del enorme inmueble y entonces poder iniciar la venta de los departamentos y lograr que se desarrolle un enorme complejo habitacional, sin importar los problemas que enfrentarán quienes compran y la zona donde están asentadas las viviendas.
No hay que descartar que en pocos días reciban su jugoso regalo navideño o de año nuevo quienes buscan adquirir y los actuales dueños, como el Ingeniero Francisco Javier Cornejo Reynoso e Iván Argüelles Sánchez, quien representa y maneja los millones de pesos del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), dinero que es de todos los empleados al servicio del estado y sus municipios.
Así que faltan pocos días para saber el destino que quieren hacerle a la Villa Panamericana, sin importar los daños que se lleguen a causar al convertirla en vivienda.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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