OPINIÓN
Atentado fallido
Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //
La violencia, la inseguridad y el crimen organizado en México, son sin duda cuestiones insuperables para nuestros gobiernos, no existen temas o situaciones que en el país se presenten que tengan mayor impacto ni accionar que los que tratan sobre crimen y violencia, ni una pandemia por coronavirus o los desatinos de los gobiernos y políticos, han logrado ser asuntos tan poderosos como las operaciones violentas del crimen organizado, el último ejemplo es impresionante atentado al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, no debemos dejar de lado que en Jalisco tiene contextos en materia de seguridad pública, nada alentadores, las fosas clandestinas, los desaparecidos y los niveles de inseguridad que ostentábamos son sin lugar a dudas el reflejo del país.
En este contexto habrá que analizar con seriedad, ¿cuál es la enfermedad social real que sufre nuestro país? Hasta donde el mexicano tiene normalizado el accionar violento del crimen organizado o sólo manejamos cierta tolerancia a vivir entre niveles de inseguridad irracionales para otros países, somos resistentes a los embates del crimen organizado y a la propia violencia que existe en nuestra cultura mexicana; en medio de una amenaza inminente del virus SARS-CoV-2 que también atenta contra nuestra vida, estabilidad social y económica, seguimos sufriendo de todos nuestros cánceres sociales, sin que los gobiernos puedan ejercer políticas públicas adecuadas para nuestros grandes males, en realidad todo lo ignoramos para seguir con una normalidad impuesta por la necesidad económica y política.
No somos una sociedad con la capacidad de resolver nuestros propios problemas y de esta manera el crimen organizado ha llegado a niveles insuperables e incontrolables, los discursos de los gobiernos respecto a la seguridad pública en materia ciudadana siguen en un formato muy usado de lucha vacía y promesas falsas, en lo que todo esto sucede en el país y en el Estado, los ciudadanos tenemos que vivir hoy entre la pandemia por Covid-19, la economía por los suelos, los discursos confusos, la inseguridad que vivimos y que no cambia aunque las promesas desde las campañas electorales se refuercen con gritos de reto y enfrentamiento, mismos que suenan muy dramáticamente actuados, entre tanto seguimos sin seguridad, en la incertidumbre de la pandemia y observando cómo no pueden con nada de lo que tienen como responsabilidad.
No resulta alentador, analizar que los combates contra el crimen organizado nunca han funcionado, sin importar el actor político ni el partido en el poder, el modus operandi de la delincuencia siempre ha sido más efectivo que las políticas públicas implementadas por los gobiernos, es un hecho que nuestro país sufre de extrema violencia y que vive en la manos de diversas bandas delictivas, no ha existido un personaje político o partido que de verdad combata sin simulación al crimen, por lo que lo sucedido en la Ciudad de México con el Jefe policial atacado de manera precisa pero parcialmente fallida, sea un motivo para que diversos actores políticos del país se cuelguen y se sumen buscando un reflector en materia de seguridad pública, en realidad contener un atentado no es haber ganado y combatir la delincuencia, es eso “contener” el embate del crimen organizado que mostró su presencia y operatividad, por lo que ofrecer como acto heroico el resistir a un ataque, no es razón suficiente para que las entidades federativas se unan a un discurso falso y protocolario.
Es necesario que la sociedad viva dentro de un marco de seguridad pública, gubernamental y política, la incertidumbre de diversas situaciones que hoy enfrentamos son graves y pueden tener consecuencias irreparables en lo individual y en lo social, ver a los gobiernos como lo que son y exigir lo que tienen que dar, analizar la política para diferenciarla de la politiquería y la simulación, también son nuestras responsabilidades, si las luchas sociales en realidad no existen, forjemos nuestra parte social al no normalizar el crimen, no tolerar la simulación en políticas públicas y responsabilizarnos de los gobiernos que elegimos bajo la falsa esperanza del cambio.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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