OPINIÓN
Atentó contra la dignidad de Jiménez Espriú: La gran mentira de AMLO hirió la dignidad portuaria
Comuna México, por Benjamín Mora //
La maduración psicológica y el desarrollo espiritual hacen que la persona tome consciencia de sus palabras y acciones, aceptando la realidad de uno mismo ante los demás, de manera que podemos descubrir y asumir el verdadero sentido de nuestra existencia.
Durante los días de campaña electoral por la Presidencia de la República, alguien cercano a Andrés Manuel López Obrador, lo video grabó aceptando al engaño que conmueve al pueblo como parte de su estrategia política para acceder al cargo que deseaba. Este video se subió a internet y ahí muchos lo conocimos. Hoy, la misma estrategia de mentira y engaño es la que López Obrador utiliza para ampliar las dádivas a las fuerzas castrenses y ganar sus lealtades.
La determinación del Presidente Andrés Manuel López Obrador de entregar la administración portuaria a la Secretaría de Marina la pudo hacer sin necesidad de mentir ni atentar en contra de la dignidad del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, del director general de Puertos y Marina Mercante, Héctor López Gutiérrez, y de los cientos de trabajadores portuarios de todo México, pero no, lo hizo con saña, desde la mentira y la difamación, con la voluntad consciente de engañar al pueblo, de desprestigiar a su propia gente y desde lo más profundo de su inclinación demagógica.
López Obrador sabe, pues fue ampliamente informado por el propio ingeniero Jiménez Espriú, que las Administraciones Portuarias Integrales (APIs) no son responsables ni intervienen en la importación de absolutamente nada por los puertos que administran, y menos, son responsables del contrabando y la introducción ilegal droga al país, en especial desde China, y aun así lo señaló y usó de escudo a su falta de probidad y honor desde Manzanillo al anunciar que los puertos y las aduanas marítimas pasaban a la administración de la Secretaría de Marina. López Obrador engaña en ésta y en la mayoría de sus decisiones presidenciales de gran alcance como lo hizo en el caso del aeropuerto en Texcoco y la cervecera en Baja California. Es incapaz de asumir la responsabilidad total de sus actos; siempre encuentra a quién culpar y, entre ellos, su preferido es el pueblo bueno y sabio.
López Obrador vive en una realidad paralela; vive en su propia realidad: única e irrepetible, irracional e irreconocible, y siempre irreconciliable. Ordenó la liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán sabiendo que él es responsable de gran parte del trasiego de droga de México hacia Estados Unidos, en contra de quien hay una solicitud de extradición por el gobierno norteamericano, violentando los términos del tratado de la materia entre los dos gobiernos y ahora, con esta decisión anti portuaria, se da baños de pureza y dignidad, y se asume como paladín en el combate al contrabando de enervantes. No quiero pecar de indiscreto, pero a qué cartel de la droga le corresponde el contrabando desde Oriente y qué interés podrían tener los Guzmán. López Obrador lamentó la condena judicial de Joaquín “El Chapo” Guzmán para terminar su vida en un encierro total por sus crímenes demostrados y acreditados en contra del pueblo norteamericano. López Obrador, quien pide abrazos y no balazos en contra de los criminales, no tuvo misericordia hacia Javier Jiménez Espriú, Héctor López Gutiérrez y cientos de buenos trabajadores y trabajadoras que allanan caminos al buen comercio de México con el mundo; solo la tiene hacia los Guzmán.
No sé si López Obrador tenga una idea clara de los daños psicológicos que acarrean sus mentiras, pero es evidente que tampoco comprende la trascendencia de la verdad. Finge ser un hombre bueno, impoluto y probo cada mañana en medio de una gran hipocresía, separándose de quienes lo evidencian, llamándolos de mil maneras denigrantes, con la misma la irreflexión con que acusó de ser cómplice permisivo del narcotráfico a Jiménez Espriú y López Gutiérrez desde Manzanillo, Colima, ante los medios y excluyendo de su cónclave a los acusados.
Su ego es gigante. Primero está él y luego está él mismo, y nadie está a su lado en igualdad de dignidad. Teme al rechazo y por ello tardó en aceptar la renuncia de don Javier Jiménez Espriú. ¡Vaya calaña de señor! Este jueves pasado, al aceptar la renuncia de don Javier, López Obrador, se quiso justificar y grabó un video lastimoso. Pretendió racionalizar las causas de la renuncia digna y de gran hombría del ingeniero Javier Jiménez Espriú, a través de un mecanismo de defensa que claramente esconde los trastornos del pensamiento lópezobradorista como son la confabulación, la mitomanía y la pseudología fantástica, íntimamente relacionados con el funcionamiento de un deseo de construir la memoria colectica autobiográfica que le haga trascender en la historia, mintiendo para encubrir rasgos de sí mismo y de su vida que no quiere aceptar.
Insistió, en el video, que en los puertos hay corrupción y que a través de ellos entra contrabando y droga por lo que no basta con una buena administración de ellos, sino que se requiere de seguridad y protección, y por ello entra la Secretaría de Marina, es decir, volvió a echar la culpa a Jiménez Espriú de todo, castigando su buen nombre e imagen. Lo que faltó decir es que, la propia Marina Armada de México es quien ya vigila la seguridad de los puertos y que bastaba con fortalecer tal responsabilidad para lograr lo deseado sin violar el espíritu de la Carta Magna respecto de las fuerzas armadas.
Hoy, en el video, López Obrador demonizó una vez más a su secretario de Comunicaciones y Transportes desde la falsedad al declararlo permisivo en el contrabando y el trasiego de la droga por los puertos de México. López Obrador rompió así con los límites de lealtad hacia los suyos cuando los suyos han sido probos y honestos. López Obrador no fue así de grosero con Manuel Bartlett Díaz cuando se le acusó de falsear su declaración patrimonial.
Este es a quién Nathaniel Parish Flannery califica de demagogo incompetente en su artículo “President López Obrador is Failing México” y en el que lee “Constantly antagonizing and demonizing his political rivals and his critics in the media” (Constantemente antagonizando y demonizando a sus rivales políticos y sus críticos en los medios), publicado en Forbes el 1 de julio de 2020. Grave acusación: ¡DEMONIZANDO!
Nos enfrentamos ante un mentiroso consciente en una realidad que no puede ni quiere asumir y que busca anular la inteligencia social e inducir a la fantasía colectiva. Tenemos por delante, muchos días de engaños y desengaños. De peligros crecientes.
E-mail: benja_mora@yahoo.com
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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