OPINIÓN
Brecha generacional
Opinión, por Luis Manuel Robes Naya //
No tiene que ver solamente con la edad el que exista una barrera generacional en sociedades en construcción como la nuestra, sino en la manera de procesar y comprender el pensamiento y las actitudes de los jóvenes y los mayores.
Con la llegada al poder de Carlos Salinas de Gortari, México dio un salto generacional que desplazó a una clase política hecha en el pragmatismo y el conocimiento de una sociedad que había sido predominantemente rural y que se tornaba más urbana e industrializada, para dar paso a una camada de políticos jóvenes, con estudios en universidades extranjeras, calificados entonces como tecnócratas, que desplazaron a la clase política, donde brillaban varios que hoy integran el gabinete presidencial, o colaboran directamente en los primeros niveles.
A diferencia de las condiciones actuales, esa brecha no se abrió por la vía electoral, sino por la lectura del cambio social hecha por la clase gobernante, en un escenario donde el problema económico era determinante y necesario encauzar la economía en el escenario mundial. La recuperación económica se dio pero no sin costos ni uniformemente, la desigualdad existente en el México posrevolucionario, dio paso a otros tipos de desigualdad, y los niveles de ingreso determinaron una nueva composición social.
El Siglo XXI hizo más evidente la desigualdad, sin embargo, no fue ella la que indujo la vuelta generacional que estamos experimentando, sino la exigencia de la sociedad para que se resolvieran problemas tangenciales a la economía, como la inseguridad, la impunidad, la corrupción y el alejamiento de la autoridad con la sociedad y su demanda de justicia.
Lo irónico, peculiar y hasta paradójico es, que pareciera que el salto generacional fue dado en retroceso, a juzgar por la edad de los gobernantes y por la recuperación de las políticas asistencialistas y con mayor presencia del estado en la rectoría económica, propias de los años setenta y ochenta. Es paradójico, porque quien puso en el poder a esta generación, desplazada en los años noventa, fueron los jóvenes. En la elección del 2018, los jóvenes entre 18 y 29 años que votaron, el 46.5 % lo hizo por López Obrador, así como el 45.9 de los votantes entre 30 y 49 años. (Mitofsky Encuestas de Salida).
Debe preocupar o llevar cuando menos a reflexionar que, según encuesta publicada por El Financiero el día 20 de junio el respaldo mayoritario con el que inició esta administración se haya polarizado y que ahora, solo un 37 por ciento apoye la transformación que enuncia este gobierno y otro tanto igual la rechace, mientras un 25 se muestra neutro. La encuesta no muestra las razones del rechazo, pero debiera inquietar al régimen, que este desacuerdo con la transformación se manifieste mayoritariamente en segmentos que apoyaron; según la encuesta referida los jóvenes entre 18 y 29 años, el 46% está en contra y solo el 31 a favor de la transformación, mientras que los que tienen entre 30 y 49 años el 39 está a favor y el 37 en contra, solo los adultos de 50 y más otorgan un 42% de apoyo.
Estos números muestran, además de la polarización que ha provocado, que hay una mala lectura de la intención del votante al ponerlos en el gobierno, y que están haciendo su propia interpretación para llevar a cabo acciones y proyectos que apuntan más a un revanchismo ideológico que a un diseño de futuro. La generación de 60 y más, acompañada de algunos discípulos, toma revancha de la generación que los desplazó e impone una visión dicotómica de país que responde más a su delirio de equipararse a momentos decisivos de la historia, que a la realidad social donde conservadores y liberales son anacronismos demagógicos.
Entonces, ¿Para que la 4T? ¿Para dirimir disputas generacionales y perpetrar una revancha ideológica clasista? ¿Para involucrar a la sociedad en una pugna artificial e inexistente entre liberales y conservadores, pobres y ricos, mientras las demandas reales del electorado siguen sin atenderse? La lucha anticorrupción solo existe en el discurso, la inseguridad crece, la economía retrocede y la justicia aplica solo a los divergentes.
Es evidente que la carga ideológica que se está imprimiendo a la 4T no es compartida ni por los jóvenes ni por los que tienen más escolaridad, así lo muestran los estudios, y no es porque no sean nacionalistas o sean conservadores y “fifís”, sino porque tienen conceptos diferentes de cómo quieren que sea su país. La visión gubernamental está polarizando a la sociedad imponiendo un modelo que media nación no comparte y que está cancelando las opciones reales de desarrollo para una juventud que no puede resignarse a vivir del asistencialismo.
El salto generacional inadvertidamente fue hacia atrás y la sociedad lo está notando, lo grave es, que esta generación revanchista, imponga su visión con artificiales mayorías conseguidas con el uso del poder, tal como en sus tiempos, cuando Mario Vargas Llosa nos calificó como la dictadura perfecta.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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