OPINIÓN
Corrupción en la 4T
Metástasis, por Flavio Mendoza //
Por más que el discurso del Presidente Andrés Manuel López Obrador trate de decretar todos los días que es diferente y que terminó con la corrupción, sus acciones a diario demuestran lo contrario, pero quiero partir desde las siete definiciones que da la Real Academia Española:
1.- Alterar y trastocar la forma de algo. El Presidente ha alterado la aplicación de la propia Constitución en el país, por ejemplo, como Presidente electo se pronunció por una “consulta popular” fuera del marco legal con repercusión directa en las decisiones de políticas públicas y dichas consultas continuaron, la más reciente sobre la cancelación del proyecto de inversión de Constellation Brands, o el memorándum que ordenó a la SEP a dejar de aplicar lo establecido en el Artículo Tercero Constitucional, cancelando procesos legales en el sistema educativo, hasta la alteración fragante para cambiar de un minuto a otro el contenido del Diario Oficial de la Federación, contra todo debido proceso y lo más reciente un decreto que es contrario a los propios acuerdos internacionales, para quedarse con el monopolio del sector energético, pese a que diplomáticos advirtieron sobre la afectación directa a proyectos con inversiones cuyas afectaciones se calculan en miles de empleos.
2.- Echar a perder, depravar, dañar o pudrir algo. Con deciciones como la cancelación de proyectos, que han hechado a perder inversiones millonarias en Texcoco, así como otros proyectos que no cumplen con las medidas de impacto ambiental que podrían echar a paerder desde reservas naturales hasta inversiones millonarias. Funcionarios que han manifestado su depravación social a través del ejercicio del poder que implica el uso de las instituciones para atacar a detractores y defender al Presidente o su gabinete, la promoción personal a partir del uso del aparato oficial lo ha hecho hasta el propio Presidente en la carta de créditos de IMSS, confirmado en la sentencia del tribunal en la materia.
3.- Sobornar a alguien con dádivas o de otra manera. La mayoría de contratos para adquisición o construcción son asignados de manera directa, el caso Bartlett, no sólo por lo que se conoció sobre asignaciones a sobreprecio a su hijo, sino por lo más reciente que publicó el periodista Carlos Loret de Mola, quien da a conocer sobre las cuestionadas propiedades del emporio inmobiliario de la familia y cuyo usufructo tuvo vínculo con el Presidente, arrendada a su partido, su casa de transición y vendida posteriormente a Morena.
Pero tampoco quiero dejar pasar las palabras del propio presidente en una entrevista para FORO donde destaca que el nuevo procedimiento “moderno” en términos “tecnocráticos” fue usar el presupuesto público, creando un ambiente artificial de prosperidad dando ayudas personalizadas y obtener los votos. En otras palabras, las dádivas que se entregan es para mantener la fe y votos, lo mismo que actualmente se hace en las políticas populistas de la 4T.
4.- Pervertir a alguien. Con base en el propio concepto de la palabra, tanto se vicia con malas doctrinas como con ejemplos las costumbres de este país, pues ahora debemos aspirar a tener unos zapatos y ropa como suficiente, se pretende adoctrinar en que la felicidad es estar bien consigo mismo, hasta los títulos son lujos baratos para el Presidente, si estás a favor de él hoy es lo correcto, si no, eres parte de la corrupción.
5.- Hacer que algo se deteriore. En nuestro país se ha abusado de las instituciones y el poder, pero en estos momentos se comienzan a deteriorar a las instituciones, además de la civilidad y el orden público. El deterioro alcanza a las estructuras sociales, México vive un gobierno que todo lo polariza y lo divide como nunca antes en la historia. Un objetivo claro es deteriorar la opinión pública con censura, estigmatización y linchamiento, quizá así solo quede la versión del oficialismo (lo que diga su dedito).
6.- Incomodar, fastidiar e irritar. El Presidente supo ser oposición, pero quizá nunca pensó en salir de ese confort, desde un púlpito presidencial se dedica a fastidiar a quienes él cree son sus adversarios. Pero, además, sus decisiones han irritado a la economía, que parece dentro de poco tendrá respuesta en repercusiones que el propio Presidente ha previsto.
7.- Oler mal. Definitivamente 30 millones de votos no son sinónimo de eficacia o eficiencia, ni la mejor decisión, no le dan sus otros datos, un gobierno de improvisaciones, manotazos, imposiciones, que pretenden decretar la felicidad del pueblo, legitimar su elección y que les de o permita la continuidad. Los números dicen lo contrario, se expide un hedor a fracaso, a decepción, a traición a la democracia, huele a descomposición social, a violencia ascendente y descarnada, apesta a ineptitud, incongruencias y ocurrencias que provocarán un fracaso económico, de salud, educación y bienestar en el país, una crisis integral.
Twitter: @FlavioMendozaMx
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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