OPINIÓN
Diagnóstico errado
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
Cuando el diagnóstico parte de apreciaciones imprecisas o superficiales, lo más seguro es que las soluciones sean insuficientes e ineficaces. Se puede coincidir en que en México la desigualdad es el origen de la irritación social y que su presencia duele porque no se puede ser insensible ante la abultada cantidad de pobres y la muy pequeña porción de ricos.
Sin embargo, tratar de mejorar el ingreso a través de subsidios para los sectores vulnerables suena más a demagogia que a solución. Igualmente si solo se ataca buscando elevar el salario en una sociedad donde la población económicamente activa la mayor parte se desempeña en la informalidad.
En esas circunstancias impulsar el crecimiento de la economía en su conjunto es la mejor receta, pero en las políticas públicas seguidas en este año no se observan acciones que puedan lograrlo. Por el contrario, la contracción del gasto público por una política de austeridad radical e indiscriminada y la contención del gasto para controlar la corrupción evita que la inversión gubernamental impulse el crecimiento, y por otra parte, los criterios estatistas en el sector energético restringen la participación de capital privado.
El Presidente y algunos integrantes de su gabinete parecen tener un conflicto serio con el capital y contra quienes lo acumulan. Cierto es que en México esta acumulación se da en muy pocas manos, 16 multimillonarios, según considera el subgobernador del Banco de México Gerardo Esquivel en su estudio “Desigualdad extrema en México” elaborado para Oxfam México y asegura que el 10 por ciento más rico de México concentra el 64 por ciento de la riqueza total del país.
Son cifras que escandalizan y evidencian la enorme desigualdad, pero no es combatiendo a este capital como se va a lograr una mejoría en el ingreso de los demás, que es la única forma de reducir esta ominosa brecha. Combatir la corrupción, en su modalidad de contubernio entre capital y gobierno ayuda a que estas fortunas no crezcan en la forma acelerada como lo han hecho desde finales del siglo XX, pero difícilmente coadyuvará a que exista un crecimiento que favorezca el incremento del ingreso del 90 por ciento de la sociedad.
Las acciones de la actual administración parecen haber funcionado en la primera parte, ya no se hacen negocios al amparo del gobierno, (al menos no se conocen nuevos hasta hoy), pero la medicina administrada con una carga ideológica un tanto rebasada por las condiciones de la economía internacional, ha provocado que otros capitales se repriman y frenen la inversión necesaria para el crecimiento.
Por otra parte, la inseguridad también influye para que el capital y los negocios cuenten con un clima favorable a la inversión y al crecimiento y ahí es donde se encuentra tal vez, la más notoria falla en el diagnóstico y por consecuencia en la estrategia que al parecer se ha diseñado, que parte de atender las causas de la violencia pasando a segundo plano la persecución de delincuentes y el ejercicio del poder del estado para restituir la paz y la tranquilidad en el territorio nacional.
No se puede coincidir totalmente con la aseveración presidencial de que es la miseria, la pobreza y falta de oportunidades lo que lleva al pueblo bueno a delinquir. Lo que ha acrecentado la violencia es la falta de castigo, se mata y se roba porque se puede hacer en total impunidad. Cierto es, que las estrategias anteriores desataron la violencia en el narcotráfico, porque no consideraron que esa actividad es como la Hidra mitológica y al cortar una cabeza surgen más en su lugar, pero también es cierto que nadie que se dedica al narcotráfico va a dejar de hacerlo para sembrar árboles frutales o maderables por cuatro mil pesos al mes y que va a dejar de haber jóvenes sicarios o narcomenudistas porque se les otorguen becas de tres mil quinientos pesos mensuales.
También en esto ha faltado profundidad en el diagnóstico y amplitud en la visión de las alternativas. Regiones enteras del país han frenado su desarrollo por la falta de crecimiento económico y obligado a sus jóvenes a buscar alternativas o en el narcotráfico o en la emigración. Es enorme la cantidad de hectáreas ociosas o rentadas a empresarios o corporaciones, porque ya no hay agricultores jóvenes, ellos dejan a sus padres el beneficio de la renta y se dedican a opciones más lucrativas que por desgracia el campo actualmente no ofrece.
En áreas urbanas, se gana más dinero lavando cristales en los cruceros que trabajando todo el día por el salario mínimo, por más que este crezca, y la informalidad, el comercio ambulante desplaza a las actividades comerciales fijas y establecidas y la autoridad lo permite y solapa porque está consciente de que no existen alternativas formales para ese ya muy amplio sector de la población. Ante esto, becas y subsidios son políticamente redituables pero no son las soluciones que México necesita.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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