OPINIÓN
Diplomacia, más que un oficio
Comuna México, por Benjamín Mora Gómez //
Reconozco los oficios diplomáticos y la piel dura ante las ofensas de la comitiva encabezada por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, en sus negociaciones con el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, en un ambiente por demás complejo y, a mi entender inicial, imposible de destrabar pues se estaba ante un Donald Trump que juega con el poder, la ofensa y la amenaza como sus tres estrategias preferidas de negociación e imposición. A Trump le encanta contaminar emocionalmente a sus relaciones y le es fácil sustraerse de lo correcto, aun y a pesar de ser el Presidente y jefe de Estado de EEUU y de estar ante un amigo y vecino, que es también su más importante socio comercial: México.
Ebrard estaba advertido y aun así se presentó a las negociaciones. En dos ocasiones, Mike Pompeo lo había dejado plantado, pero Ebrard no lo había entendido o estaba resignado… para el secretario de Estado norteamericano, el canciller mexicano no es, aun hoy, su igual ni es importante. Así lo veo.
El viaje a Washington parecía condenado al fracaso pues la negociación no sería sobre los aranceles sino por los migrantes y el narcotráfico. Creo que se recibió a la comitiva mexicana tan solo para dejar en claro que con Trump no se negocia, tan solo se cumplen sus mandatos y no se habla en el vacío que hay fuera de sus intereses. Para el gobierno de Trump, México no es necesario como lo afirmó en entrevista con la cadena Fox de TV.
Cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio respuesta al tuit amenazante del presidente Donald Trump, juzgué equivocado el modo y contenido de la carta de AMLO. Cuando decidió enviar a Ebrard sin cita ni agenda de discusión y sin incluir a los responsables de la seguridad de nuestra frontera sur y del combate a los narcotraficantes, también lo critiqué. Hoy reconozco que, aun sin todo ello, los resultados fueron buenos para ambas naciones.
Debo, sin embargo, señalar que las exigencias de Trump me eran entendibles pues las oleadas de migrantes centroamericanos hacia nuestra frontera norte fueron resultado de una decisión política permisiva y equivocadamente humanitaria del Gobierno federal mexicano orquestada desde la Secretaría de Gobernación. He sostenido que una frontera nacional con la porosidad como la nuestra con Guatemala, ni es frontera ni resguarda nuestra soberanía e insisto en que jamás la exigencia de orden fronterizo debió venir de un mandatario extranjero pues aquel, el orden fronterizo, es mandato constitucional que AMLO obvió y pareció no importarle. Por otra parte, debo manifestar que el indebido tráfico de drogas desde México hacia EEUU es total responsabilidad del Gobierno mexicano en sus tres órdenes. Donald Trump calcula que tal tráfico tiene un valor cercano a los 500 mil millones de dólares anuales. Algo de este tamaño no se hace posible sin el contubernio de decenas de muy altos funcionarios, incluidos algunos gobernadores, empleados de gobierno de alto nivel y de miembros de las fuerzas armadas y del orden público. Este problema es de mayor tamaño e impacto que el del robo de combustibles.
Celebro que la imposición de aranceles a nuestras exportaciones hacia EEUU se haya detenido, pero lamento que sean resultado de presiones de fuera para poner orden adentro y también lamento, profundamente, que algunos crean que el asunto está zanjado.
Trump está en campaña hacia su reelección y tiene en México como “al gran enemigo de América”, como el país que ha abusado de su América; el país que le ha robado millones de puestos de trabajo al llevarse cientos de empresas norteamericanas que él recuperará o al invadir al campo, la ciudad y las industrias de trabajadores ilegales que él expulsará; México es el país que mata a cientos de norteamericanos con drogas de mil efectos… ese es México en su delirante imaginación y lo será para Trump éste y el siguiente año, así que qué se negoció y qué se negociará en los días, semana y meses siguientes.
En diplomacia, el discurso se cifra y descifra desde un lenguaje encriptado. Hasta hoy, el discurso de respuesta a Trump, jamás encriptado de AMLO, se había quedado en la antesala de la levedad diplomática limitada por lo legal y lo ilegal. La cita en Tijuana, a la que AMLO nos convoca, me parece un giro interesante en su retórica, aunque solo importará a los mexicanos pues no tendrá efecto alguno en Trump, quien, por cierto, se olvida que vive en un Estado de Derecho que le obliga y limita; como nadie antes en la historia de EEUU, el presidente norteamericano abre nuevos frentes de conflicto con sus socios comerciales.
Sostengo que en materia de política comercial y de diplomacia, los objetivos deben definirse en razón del interés nacional y las alianzas binacionales deben estar sustentadas en tratados internacionales que sí se respetan. Hoy se logra un acuerdo, pero no por el camino que, idealmente, se debió seguir.
México ha resuelto, obligado, a reforzar su frontera sur, pero también debe hacerlo en su frontera norte para que no lleguen armas provenientes del mercado norteamericano, y debe reforzar las aduanas de sus puertos marítimos y puertos aéreos para que no se internen mercancías ilegales que compiten abusivamente con las nuestras y para que todo lo que se interne pague los impuestos debidos que fortalezcan nuestras finanzas públicas.
México debe asumir una postura menos permisiva hacia el uso y abuso de las drogas. Éste es un asunto y problema de salud y seguridad pública y no es solo un problema que a cada uno nos corresponde tomar o dejar en razón de nuestra libertad al decidir sobre nuestro cuerpo y mente. Es un asunto de Estado porque le toca al Estado mexicano atender, con recursos públicos, a quien ha perdido control de su adicción y se ha dañado emocional y físicamente. El reto del tráfico de drogas no se queda en una simple decisión personalísima de consumo o no, sino que crece hacia otros ámbitos que afectan a nuestro Estado de Derecho: Secuestros, cobro por derechos de piso, extorsiones, asesinatos por ajustes de cuentas, autogobiernos en los centros penitenciarios, complicidades desde oficinas de gobierno, apoyo a candidatos afines y asesinados los que no se sujetan a sus mandatos, desánimo en los inversionistas, fayuca, productos pirata, tráfico de personas, prostitución, pornografía infantil, tráfico de armas, tráfico de auto robados hacia el mercado internacional… Este no es un asunto sobre si la marihuana es más dañina o no que el cigarro o el alcohol. Es más profundo y de largo aliento. Dejemos de jugar al tío Lolo y hagamos gobierno.
Por forma diplomática, debió exigirse a Trump dejarse de meter en nuestros asuntos, pero por el fondo que contiene y el futuro que nos depara, arreglemos lo que hoy hace mal o deja de cumplir el gobierno. Que nuestro nacionalismo nos haga mejores en todos los sentidos, ante nosotros mismo, ante el mundo y ante la historia que todo lo exhibe. He insistido en que un nacionalismo efectivo no puede ser jamás visceral y hoy lo reitero.
E-mail: comunamexico@yahoo.com
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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