OPINIÓN
El fracaso de la política en Jalisco
Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Me queda claro que el mundo, México y Jalisco viven una situación extraordinaria por el tema de la pandemia de COVID19 y que obliga al gobierno y a todo mundo a hacer replanteamientos en nuestra forma de actuar, de convivir y en especial en cuanto a nuestra actividad económica, ya que las medidas de aislamiento a todos nos ha pegado, a unos más o menos que a otros.
En cuanto a nuestros gobernantes, su responsabilidad es tomar las mejores decisiones, en este caso, lo prioritario es salvaguardar la salud de la colectividad.
Obvio que para lograrlo se requieren recursos, presupuesto, dinero y la salud debe ser la prioridad, lo cual obliga a que nuestros gobernantes procedan a hacer ajustes en el gasto que manejan ya que lo que era importante en octubre o noviembre de 2019, desde marzo esto cambió y requiere reorientar el presupuesto.
El Gobierno de Jalisco que encabeza el ingeniero Enrique Alfaro se adelantó a lo que veía venir con la epidemia y tomó una serie de medidas, permitiendo que la curva en Jalisco se aplane, que los casos de contagio se presenten a menor velocidad que otras regiones del país, por lo cual tuvo la necesidad de hacer uso de recursos para poder instrumentar las medidas que consideró que eran necesarias.
Sin embargo, es la forma como ha manejado los recursos lo que se le critica. Prefirió la opacidad por la transparencia y rendición de cuentas. Primero hizo uso de un crédito de corto plazo para cubrir necesidades y apoyar a micros y pequeños negocios con un préstamo quirografario de 1000 millones de pesos, después pidió otros 600 millones de pesos, y después más.
Al parecer abrió un hoyo en las finanzas estatales, dicen los que saben que traen en el baile 5 mil millones de pesos, lo que lo llevó a pedir un nuevo crédito de 6,200 millones de pesos que desconocemos cuál será su destino, porque la información que tenemos es difusa, poco clara, que habla de la forma desaseada como éste crédito fue aprobado, como un cheque en blanco, que se puede gastar como se quiera, haciéndose modificaciones al presupuesto que pareciera un soberano desorden, sin ton ni son y que fue aprobado a ojos cerrados por la aplanadora que significa la alianza entre MC y el PAN.
El tener que comprar votos y fracturar partidos para sacar adelante una votación quedará registrado en la historia política de Jalisco como un capítulo vergonzante. Dicen que la política es el arte de comer sapos, tragar culebras y al mismo tiempo sonreír, pues fue prácticamente lo que obligaron a hacer al diputado Ricardo Rodríguez, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, a quien le tocó defender la deuda y el dictamen.
EL DESASEO
En mi vida como periodista jamás había visto tamaño desaseo en el otorgamiento de un crédito y en las facultades que se otorga al ejecutivo. El objetivo de todo esto fue darle recursos al Gobernador. Y en esta trama participaron una diversidad de actores que se le acomodaron para hacer lo que éste quisiera: Por un lado, una Comisión de Reactivación Económica de Jalisco, formada por los dirigentes de las cúpulas empresariales entregadas completamente al gobierno estatal, con los sindicatos, academia y una tercera parte de burócratas del Estado. El vocero de esta mesa es el ex presidente de Coparmex, Mauro Garza Marín, nombrado secretario técnico y que le correspondió legitimar el préstamo y seguramente dentro de ese juego de complicidades entre políticos y empresarios, será recompensado por el poder político al que le sirve con alguna candidatura importante, al tiempo veremos el porqué de ese entusiasmo que le imprimió este dirigente patronal que se ha postrado ante el poder. Ojalá nos equivoquemos, pero hay un olor raro que nos llega.
Otro espacio del desaseo político se dio en la cooptación de votos para lograr la mayoría calificada en el Congreso del Estado. Y allí se metieron hasta la cocina, convenciendo a la diputada de Morena, Patricia Meza, no sólo de dar su anuencia al crédito, sino hasta cambiarse de camiseta. Si bien dos de los tres votos de Grupo Universidad rechazaron el crédito, cómo convencieron al diputado perredista Gerardo Quirino Velázquez de quemarse apoyando la deuda, ¿fue un acuerdo previo entre las partes para proteger la imagen de la Universidad de Guadalajara, deslindándose públicamente de quedar marcado de ser cómplice de esta deuda histórica que impone Enrique Alfaro con la complicidad de los legisladores del PAN?
La zanahoria del presupuesto estatal para los ayuntamientos fue utilizada al decirles a los alcaldes opositores -los pocos que quedan- que presionaran a sus diputados para que dieran el voto favorable, para así asegurarles que estuvieran en el programa de obra pública e infraestructura del Gobierno del Estado. Fue una coacción total.
De igual forma se vio también la operación de la maquinaria del poder, llevando a los medios de comunicación a plegarse para apoyar al crédito, como lo muestran las portadas de varios medios que callaron o minimizaron el tema, con una muy buena operación. Varios espacios de los pocos periodistas críticos que quedamos también se están cerrando, lo cual muestra el talante autoritario de un gobierno que viene por todo, una señal ominosa y que lamentablemente las empresas ceden a cambio de conservar la pauta publicitaria que reciben del Gobierno del Estado.
Hemos presenciado un espectáculo de la política completamente alejado del discurso y narrativa que los adlátares de Movimiento Ciudadano que ventilan en el Congreso de la Unión, criticándole al Presidente López Obrador la forma autoritaria de ejercer el poder, cuando aquí en Jalisco es una copia de ese autoritarismo que impone su fuerza, sin mediar argumentos, ‘porque soy el poder y porque lo puedo imponer’.
Así es como se está haciendo la política en Jalisco. Pareciera que el reloj no sólo se detuvo, sino que se atrasó 40 años en la historia. ¡Qué pena!
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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