OPINIÓN
El impacto Padilla-Alfaro alcanza a la rectoría de la UdeG
Grupo Universidad, compartirá el poder con enrique alfaro
Para algunos de los miembros del CGU que gustan ver más allá de un simple sexenio, lo que ocurrió ahí no fue solo un cambio generacional, sino podría considerarse como el principio del fin de la era de Raúl Padilla López como el mandamás de la máxima casa de estudios de Jalisco por más de 30 años.
Por Mario Ávila ///
Con todos los riesgos que implica, por primera vez en 30 años el líder absoluto de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, habrá de compartir el poder con el gobernador del Estado Enrique Alfaro Ramírez. Esta es la lectura que se le da a la elección de Ricardo Villanueva Lomelí como rector general de la máxima casa de estudios para el período 2019-2025.
Dos eran los candidatos que punteaban en las preferencias de los miembros del Consejo General Universitario, Ricardo Villanueva Lomelí y Alberto Castellanos “El Cone”, sin embargo la noche previa al día de la elección, el rector del CUCEA y presidente del equipo de futbol de los Leones Negros, fue bajado de la contienda y su carta de declinación a la candidatura de rector, amaneció en la mesa presídium del CGU.
Ya con el camino libre, Villanueva Lomelí arrasó con más del 60% de los votos, por lo que no hubo necesidad de recurrir a una segunda ronda de votación, que se habría dado solo en el caso de que nadie hubiera obtenido más del 50% de los votos.
Lo cierto es que el voto de calidad se pudo haber emitido desde Casa Jalisco y eso significa que ha funcionado de manera cabal el acuerdo de colaboración que pactaron Raúl Padilla López y Enrique Alfaro Ramírez y que no solo significó un pacto político con fines estrictamente electorales, ya que los respaldos han rebasado la fecha del 12 de julio del 2018
De entrada la alianza Padilla-Alfaro se dio en Jalisco de cara al proceso electoral apoyando ambos la candidatura presidencial de Ricardo Anaya, aspirante de la alianza Por México al Frente, al tiempo que el PRD fue puesto a disposición de Alfaro, para que en Jalisco se pactara una coalición parcial, a fin de que el partido naranja se fortaleciera con el PAN y el PRD principalmente en aquellos rincones de Jalisco en donde era indispensable la unión para vencer al PRI y a los candidatos de Morena.
Así las cosas Raúl Padilla obtuvo para el PRD hasta tres diputaciones con Mara Robles, Enrique Velázquez y Quirino Velázquez, obtuvo la candidatura plurinominal a diputado federal de Tonatiuh Bravo Padilla y la senaduría suplente Clemente Castañeda para Alberto Galarza “El Rojo”.
Por ello hoy a cambio se habrá de compartir la Rectoría de la UdeG en la persona de Ricardo Villanueva, quien si bien tiene sus orígenes en el seno del Grupo UdeG al grado de haber sido uno de los presidente de las FEU, también es cierto que mucha de su fidelidad y estimación la tiene en la familia del gobernador, en concreto con la tía del mandatario María de la Salud Ramírez Frushier, quien fue su mecenas en la campaña para la residencia de la FEU a inicios del presente siglo y después con Enrique Alfaro, ante casi se podría decir que perdió por default en la elección 2015 a la alcaldía de Guadalajara.
INCOMODIDAD Y HASTA MOLESTIA ENTRE UNIVERSITARIOS
Una escena que llamó mucho la atención durante la sesión del Consejo General Universitario, se dio al momento de que cada consejero pasaba a emitir su voto y fue en concreto cuando se mencionó el nombre del rector del CUCEA, Alberto Castellanos, quien se levantó de su asiento en el Paraninfo, caminó por el pasillo central, subió al estrado, recibió la papeleta, emitió su voto, depositó la hoja en la urna y al dirigirse a la mesa del presídium le dio la mano al vicerector, Carlos Iván Moreno Arellano y cuando esperaban el mismo gesto de cortesía, se quedaron con la mano tendida el rector y el secretario general, Miguel Ángel Navarro y Alfredo Peña Ramos.
El gesto no pasó desapercibido, todo quedó ahí, en la molestia que causó el hecho de que horas antes de la elección se le exigiera que no habría de participar en el proceso electoral, pero la molestia más evidente se manifestaba al momento en el que tenía que declarar públicamente a los medios de comunicación en las entrevistas, diciendo que había declinado a sabiendas en aras de la unidad y a sabiendas de que los apoyos no le favorecían para alcanzar el triunfo.
La misma molestia se reflejó en la actitud del director de los Hospitales Civiles, Héctor Raúl Pérez Gómez y algunos de los consejeros del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, toda vez que un día antes de la celebración de la elección, también tuvo que declinar a su participación por los mismos motivos expuestos por Alberto Castellanos.
Lo cierto es que todo habrá de quedar en expresiones como las de los ex candidatos y sus simpatizantes que tienen un asiento en el CGU, ya que en la práctica 24 horas después de efectuada la elección de Ricardo Villanueva, se decretó que había habido “un proceso limpio”.
Esto ya que de acuerdo con los tiempos marcados en la convocatoria, los participantes podrían impugnar el resultado con un recurso de revisión ante la Comisión Especial Electoral, a más tardar el día hábil siguiente a la elección, es decir, el pasado 7 de febrero. La Comisión Especial Electoral se reunió ese día, y no se presentó ningún recurso, por lo tanto, queda consolidado el proceso.
RELEVO GENERACIONAL
La molestia de algunos integrantes del Consejo General Universitario por haber bajado de la contienda a Alberto Castellanos, significaba más que un simple descuerdo por la llegada de Ricardo Villanueva a la Rectoría General de la UdeG, en el fondo la inconformidad es mucho más profunda y tiene que ver con el hecho de que a partir de este sexenio, el poder en la universidad ya no será absoluto y ya no le pertenecerá de manera exclusiva al Grupo Universidad, hoy lo habrán de compartir con el gobernador de Jalisco y con implicaciones mucho más serias que se podrían interpretar más allá del simple hecho de un acuerdo de colaboración entre Padilla y Alfaro.
Mucho se habló en los discursos, en los análisis, en las reacciones, del cambio de generación que implica la elección de Ricardo Villanueva, argumentando que con ello se ponía fin a la era de los rectores que habían llegado al máximo cargo en la universidad después de haber sido presidentes del órgano estudiantil oficial, es decir terminaba la era de los rectores de la FEG y llegaba la era de los rectores de la FEU.
Sin embargo para algunos de los miembros del CGU que gustan ver más allá de un simple sexenio, lo que ocurrió ahí no fue solo una cambio generacional, sino podría considerarse como el principio del fin de la era de Raúl Padilla López como el mandamás de la máxima casa de estudios de Jalisco por más de 30 años y a su vez la llegada, en principio compartiendo el poder a través del nuevo rector, del liderazgo que podría suplir al “licenciado” en un futuro no muy lejano, en manos del ahora gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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