Connect with us

OPINIÓN

El INE, efervesencia y claroscuros

Publicado

el

Getting your Trinity Audio player ready...

Opinión, por Pedro Vargas Avalos //

La lucha del pueblo mexicano y mejor dicho de sus ciudadanos, por hacer que su voto cuente y se cuente bien, ha sido larga y dificultosa.

En la lejana época prehispánica, los indígenas solo recurrían al sufragio cuando de elegir un gobernante se trataba (según el caso, Tlatoani o Huey (gran) Tlatoani), pero participando en ese proceso de votación exclusivamente algunos de los más notables.

La conquista cambiaría aquel elitista sistema, pero lastimosamente su inicio fue anómalo: Hernán Cortés recurrió al voto para constituir el primer Ayuntamiento que hubo en lo que hoy es nuestra patria (Villa Rica de la Vera Cruz, 22 de abril de 1519), pero todo estuvo manipulado por el hombre fuerte de la invasión hispana que era él. El fin era amparar su irregular situación y alentar sus desbocadas ambiciones. El sufragio y por desgracia los ayuntamientos, nacían con vicios y contrahechuras.

La Constitución de Cádiz de 1812 trajo un soplo renovador en lo que atañe a votos, ciudadanos, ayuntamientos y órganos de gobierno. Pero su vigencia fue muy breve, ya que el déspota Fernando VII, monarca ibérico de pésimos recuerdos lo echó abajo. Por fortuna en la vieja Nueva España (y consiguientemente en nuestra Nueva Galicia, entonces ya conocida como Intendencia de Guadalajara y hoy Jalisco) prendió la libertad y germinó la independencia en 1821. Con ello, no obstante la efímera mancha del iturbidismo, el voto de los pueblos se impuso y surgió la República Federal, los Estados libres y soberanos, ambos con su división tripartita de poderes y, como cereza del pastel, los ayuntamientos. La base de elección de unos y otros fue el voto libre y secreto, aunque eso sí, con limitaciones como el domicilio, saber leer y escribir, gozar de buenos antecedentes, poseer determinada edad y a veces, tener cierta capacidad económica.

Durante todo el siglo XIX, con algunas variaciones, ese sistema imperó, implementando los comicios el gobierno y por tanto, dejando mucho que desear: en su limpieza al organizarlos y aún más en su credibilidad al computar resultados. Esto hizo que hubiese inconformidad ciudadana, la cual fue creciendo hasta que estalló la Revolución maderista (1910), con el lema de “Sufragio Efectivo. No reelección” pregonado por el apóstol Francisco I. Madero. El viejo dictador Díaz dimitió y en comicios de genuina democracia, en 1911 el pueblo jubilosamente eligió Presidente de la República el señor Madero.

Pero los votos seguían constreñidos por los principios de la Constitución de 1857, así que urgió se reformara esa Carta Política y en los hechos, se generó nueva Constitución Política por el Congreso Constituyente de Querétaro, que arrancando en 1916, culminó en 1917. El sufragio ahora sí sería universal y secreto, con mínimos cuanto necesarios requisitos de ciudadanía. Sin embargo, la organización de los procesos electorales los siguió tutelando el gobierno, (por medio de Juntas Empadronadoras, Computadoras, Colegios Electorales o Comisiones Federales) por lo que sobrevivieron los negros antecedentes del manoseo de urnas, conteo tramposo, y por tanto, resultados parciales y en consecuencia, ilegítimos.

Tras los episodios de 1946 y 1953 en que la mujer adquirió derechos de sufragio, y entre otros movimientos (estudiantil de 1968 y la Corriente Democrática en 1987), por fin se creó el Instituto Federal Electoral (1990) y tras difícil tránsito, se logró sacudir al poder Ejecutivo (que vía el Secretario de Gobernación, lo presidía) para ser realmente autónomo en 1996.

Ahora sí, siendo organismo ciudadano y libre, podría transparentar las elecciones, recuperar la confianza y credibilidad, promover la participación de los mexicanos en los procesos democráticos y asegurar la equidad y orden en las campañas políticas para elegir legisladores y gobernantes. Los Estados legislarían en sus ámbitos de competencia para lograr esos mismos objetivos en su jurisdicción. Todo parecía que por fin lo político-electoral marcharía como miel sobre hojuelas.

Pero de nueva cuenta el diablo se entrometió: los partidos políticos, que viven alejados de los intereses populares, se adueñaron del IFE y se repartieron como pastel al organismo, otorgándose cuotas y danto al traste con la transparencia, equidad y confianza: el resultado fueron las tramposas elecciones federales de 2006, de pésimo recuerdo y luego, para acabarla de amolar, en 2014, en contundente estacazo centralista, la partidocracia que señoreaba la vida nacional aliada al putrefacto gobierno peñanietista, transformaron al IFE en Instituto Nacional Electoral, que es el hoy INE. Los gobiernos estatales ni pío dijeron ante ese zarpazo antifederalista, con lo que confirmaron su agachonismo desvergonzado.

En el INE actual priva la omnisciencia (ellos interpretan la ley a su gusto y modo, como cuando reeligen al Secretario Ejecutivo, antes de tiempo y en segunda vez, que está prohibida); los grandes sueldos (mayores que el presidente de la república, contraviniendo la Constitución), el derroche administrativo (menospreciando al presupuesto de egresos federal) y hacen gala de insolente alejamiento del pueblo (como cuando el presidente del INE y su Secretario Ejecutivo se mofaron de los indígenas), todo lo cual lo hace aparecer como una ínsula en nuestro sistema jurídico-político.

Ahora está en efervescencia por la elección de cuatro Consejeros que han de iniciar el 4 de abril; al respecto existen muchos claroscuros. Los partidos políticos vencidos avasallantemente en los comicios pasados, exigen lo que en su tiempo no concedieron: que el nombramiento de esos funcionarios sea imparcial, transparente, apartidista, etc., etc., lo cual ellos en su momento lo resolvieron con el sistema impúdico de cuotas: tantos para el PRI, tantos para el PAN y de consolación para los vociferantes perredistas, uno. A los demás ni los veían ni los oían.

Preguntados los ciudadanos, en varias encuestas, manifiestan que muy poco saben del INE y que eso sí, confianza no le tienen. El presidente del árbitro electoral, Lorenzo Córdova, olvidando el adagio de “dime que presumes y te diré que careces”, pide que quienes resulten nombrados sean los más aptos, a efecto de salvaguardar comicios limpios en condiciones de equidad y certeza. Ojalá así sea, para bien de la democracia y de los mexicanos.

Continuar Leyendo
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

JALISCO

Año de la Mujer Indígena: Promesas vs silencio en la Comunidad Indígena de Mezquitán

Publicado

el

-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac 

Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.

En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.

Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.

Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.

Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?

UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS

El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.

Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.

Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.

Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.

Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.

Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.

Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.

Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.

Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.

CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD

El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.

Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.

Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.

No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.

Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.

MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER

La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.

Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.

Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.

Continuar Leyendo

JALISCO

El expediente que ocultan de Eli Castro

Publicado

el

– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

Por más vueltas que se le quiera dar, hay casos en los que el poder se exhibe en su versión más burda, más vulgar, más ofensiva. Tal es el caso de la señora Eli Castro, personaje de escasa trayectoria profesional —pero al parecer de relaciones estrechas con el poder—, quien durante semanas se mantuvo oculta en las nóminas y pasillos del SIAPA sin que nadie pudiera explicar a ciencia cierta qué hacía ahí, quién la nombró, bajo qué criterios fue contratada y, sobre todo, por qué ocupaba un puesto como «asesora técnica» sin tener un perfil técnico.

En estos tiempos de administración de la opacidad, cuando la transparencia es una palabra que se usa solo como adorno en los discursos oficiales, bastó con que se asomara el escándalo para que el Gobierno de Jalisco aplicara su fórmula favorita: «Ya hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía Anticorrupción». Esa frase, que en otros países podría representar un paso hacia la rendición de cuentas, en Jalisco se ha convertido en la coartada perfecta para esconder todo lo que no quieren explicar. Detrás de esa frase se apagan los focos, se cierran los archivos y se invoca el silencio.

Pero el caso de Eli Castro no nació en SIAPA. Su historia con el gobierno jalisciense viene de tiempo atrás. Concretamente con las administraciones emecistas, la referencia es del año 2019, cuando la Secretaría de la Hacienda Pública, entonces encabezada por Juan Partida Morales -Si, el mismo funcionario que fue el administrador gubernamental de Enrique Alfaro durante su gobierno de Guadalajara y el gobierno de Jalisco y hoy director de IPEJAL-, decidió firmar con ella un contrato por la nada despreciable suma de 379 mil 170 pesos. El motivo: brindar apoyo administrativo y emitir opinión jurídica. Así, tal cual, como si se tratara de una abogada constitucionalista o de una analista con doctorado en administración pública.

¿Y cuál es la preparación académica de la contratada? El propio contrato, que le hicieron llegar a quien esto escribe, lo dice con claridad insultante: Eli Castro cuenta únicamente con estudios de secundaria. Ni una licenciatura, ni una cédula profesional, ni una especialidad. Y, aun así, el gobierno del estado decidió pagarle por emitir opinión jurídica. Como si en la Secretaría de la Hacienda Pública se hubieran quedado sin abogados, sin técnicos, sin funcionarios de carrera. Como si el presupuesto público se manejara como una bolsa personal para favorecer amigos o pagar favores.

Por si fuera poco, el periodista Pepe Toral destapó aún más esta cloaca en su cuenta en la red social X. Tras conocer el contrato, decidió hacer lo que el gobierno no hizo: pedir cuentas. Solicitó, por la vía de transparencia, los informes mensuales que la contratada debía entregar. Porque el contrato estipula —con toda claridad— que debía rendir informes mensuales sobre las actividades realizadas.

La respuesta que recibió Pepe Toral, ¡fue una joya del absurdo burocrático!: la Secretaría de la Hacienda Pública respondió que no tiene los informes, porque la contratada, en realidad, prestaba sus servicios en una dependencia distinta: el Instituto Jalisciense de Rehabilitación Social, más conocido como INJALRESO.

Pero esa respuesta es una tomadura de pelo lo que, en el caso de Pepe Toral, no es nada fácil. En ninguna parte del contrato revisado se establece que los informes puedan omitirse si la contratada es enviada a otra dependencia. Y mucho menos se menciona que INJALRESO sea la unidad responsable de vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. El gobierno no entregó al periodista Pepe Toral los informes, ni explicó su contenido, ni señaló si alguien los recibió. Y peor aún: no hay constancia de que alguien se los haya exigido.

Frente a la falta de informes, el periodista decidió ir más allá. Solicitó que se le informara cuáles fueron los entregables, los productos concretos, los resultados derivados de la contratación. Y aquí es donde el disparate alcanza dimensiones kafkianas.

La Secretaría de la Hacienda Pública le respondió —y cito textualmente— que no puede entregar los resultados de la contratación «por tratarse de un hecho futuro a realizarse». Repito: un contrato que se firmó y concluyó en 2019, hace seis años, es considerado por la autoridad como un hecho futuro. No una omisión, no una irregularidad, no una burla: un hecho que aún no ocurre.

¿Estamos ante una administración que no distingue entre pasado y futuro? ¿O simplemente ante una estructura de encubrimiento sistemático de irregularidades?

Como si no fuera suficiente, la Secretaría también se negó a entregar copia de los cheques emitidos a nombre de Eli Castro. Alegaron que la información puede consultarse en el portal de nómina. Y, en efecto, ahí aparecen dos pagos: abril y mayo de 2019. Pero el contrato establecía una duración de abril a diciembre de ese año.

La opacidad no es casual. Es un sistema. Es una práctica. Es una forma de gobierno. Porque el caso de Eli Castro no es el único, pero sí es un emblema. Un emblema de cómo se administra el dinero público con lógica de compadrazgo, de cómo se burlan los controles internos, de cómo se simulan funciones para justificar plazas, contratos, favores.

En el fondo, el caso no trata solo de una mujer sin preparación cobrando como asesora. Trata de un gobierno que no da explicaciones, de instituciones que no documentan, de fiscalías que callan y de una sociedad que, con frecuencia, se resigna. La pregunta ya no es si Eli Castro debía o no ocupar ese cargo. La pregunta es: ¿cuántos más como ella hay incrustados en el aparato público? ¿Cuántas nóminas están infladas con nombres que no trabajan, no entregan nada y nadie los supervisa?

La indignación no debería durar solo el ciclo de una noticia. Este tipo de casos amerita un seguimiento constante, una presión sostenida, una exigencia colectiva. Porque mientras se normalice que se contrate a una presentadora de música para emitir opiniones jurídicas, sin estudios, sin experiencia, sin rendición de cuentas, no habrá reforma administrativa que valga ni discurso de austeridad que resista.

Pero, lo terrible en este caso es que, el director del SIAPA sigue sin dar la cara y dar explicaciones. Juan Partida acostumbrado a distribuir pagos generosos a su personal de confianza después de su intento de madruguete en IPEJAL para subirse el sueldo él y sus cercanos, sigue ahí.

¿Saldrá Luis García Sotelo secretario de la Hacienda Pública de Jalisco a explicar este cochinero? O ¿Solo la dejará pasar?

Y mientras la señora Castro cobraba sin rendir cuentas, el gobierno silbaba hacia otro lado… como si la corrupción, cuando es propia, no apestara.

En X @DEPACHECOS

 

Continuar Leyendo

NACIONALES

El rey ha muerto, la nostalgia vive

Publicado

el

-Opinión, Por Miguel Anaya

En política, nada se improvisa. Lo que parece una casualidad o un hecho totalmente fortuito, en la mayoría de las ocasiones tiene un trasfondo que deja un mensaje para aquellos que saben descifrarlo.

La política mexicana recicla sus figuras, usándolas para comparaciones y discursos, no para gobernar. Aquí, la popularidad supera al liderazgo y la acción

La célebre frase “el rey ha muerto, viva el rey” no solo representaba la transición inmediata de poder en la Francia medieval, sino también el principio de continuidad en el ejercicio del mando, incluso si el anterior había fracasado estrepitosamente. Y en México, aunque ya no hay tronos ni coronas (pero sí hay palacios), la lógica persiste: los viejos soberanos nunca desaparecen del todo, porque en tiempos de crisis política, incluso los caídos se vuelven útiles.

El caso reciente de Enrique Peña Nieto lo ilustra bien. Tras años de silencio, exilio dorado y memes de alto voltaje, el expresidente volvió a la conversación pública con declaraciones que fueron tomadas por muchos como un gesto de «normalidad». Lo que antes era escándalo hoy es nostalgia. Aquella Casa Blanca que provocó marchas y editoriales indignados hoy apenas ocupa un párrafo en la memoria colectiva. Aquellos muertos, los de Tlatlaya, Ayotzinapa, Tanhuato, los miles que desaparecieron bajo su sexenio, parecen haber sido arrastrados por el alud de nuevas tragedias más recientes, más frescas, más urgentes.

¿Peña regresó por nostalgia? ¿Por necesidad? ¿Por encargo? No lo sabemos. Lo que sí es claro es que su reaparición no es casual. Como dicta esa frase que se le atribuye a Félix Flores: “La política no es para el que le gusta, es para el que le entiende”. Y quien entiende la política sabe que cada palabra, cada aparición, cada silencio tiene una razón de ser. La política es un ajedrez, no un juego de dados.

En un escenario donde la clase política actual se ha desgastado tan rápidamente —por excesos, por improvisación o por arrogancia—, el terreno se vuelve fértil para que las figuras del pasado, incluso aquellas que parecían sepultadas por la historia, regresen al tablero. No porque hayan sido redimidas, sino porque no hay muchas más opciones con quién llenar el vacío. La orfandad de liderazgos reales, de estadistas con visión, obliga a echar mano de quien haya tenido al menos una figura reconocible. Aunque sea para recordar lo que no se debe hacer… o para sugerir que, después de todo, pudo haber sido peor.

La fragilidad de la memoria pública también juega su papel. El golpeteo mediático constante, la saturación informativa, la polarización política y el vértigo cotidiano que produce el México moderno han logrado que incluso las grandes tragedias se desvanezcan con rapidez. Lo que en otro país hubiera significado la cancelación vitalicia de una carrera política, aquí se transforma con el tiempo en una anécdota o un video en TikTok.

Y así, en plena era de la desmemoria funcional, un Peña Nieto puede volver al escenario, no como aspirante, sino como referente. Lo mismo puede pasar con otros nombres que hoy parecen impresentables, pero que mañana, si el desgaste lo permite, podrían ser reactivados para construir algún nuevo mito, servir de contrapeso o simplemente dar la cara cuando nadie más quiera hacerlo.

Porque, al final, la política mexicana no entierra del todo a sus muertos; los guarda, los recicla y los acomoda en la estantería de los recursos disponibles. Tal vez no para gobernar, pero sí para ser comparados, rehabilitados, usados. Porque en este país, donde a menudo se confunde popularidad con liderazgo y discurso con acción, lo importante no es lo que hiciste, sino con quién te comparan.

Y si el presente se descompone lo suficiente, incluso un pasado fallido puede parecer aceptable. El rey ha muerto. Viva el rey, aunque sea el mismo…

Continuar Leyendo

Copyright © 2020 Conciencia Pública // Este sitio web utiliza cookies para personalizar el contenido y los anuncios, para proporcionar funciones de redes sociales y para analizar nuestro tráfico. También compartimos información sobre el uso que usted hace de nuestro sitio con nuestros socios de redes sociales, publicidad y análisis, que pueden combinarla con otra información que usted les haya proporcionado o que hayan recopilado de su uso de sus servicios. Usted acepta nuestras cookies si continúa utilizando nuestro sitio web.

Verificado por MonsterInsights