OPINIÓN
El macro compromiso de revivir el río de la muerte
Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Todo parece indicar que ante las fuertes presiones internacionales que se presentan en torno a la contaminación del río Santiago, llamado el “río de la muerte”, es posible que se pase de las palabras a los hechos y por fin la demagogia y la politiquería cedan su lugar a acciones responsables.
Se dio a conocer el pasado viernes 7 de febrero las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque fechada el 5 de febrero, a fin de que la población que vive al margen del río Santiago reciba atención médica adecuada y este río sea intervenido por el Estado. En el documento de la CIDH se precisa el alto riesgo que corre la población de los municipios de El Salto, Juanacatlán y las comunidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente y Mezcala del municipio de Poncitlán por la amplia gama de contaminantes que son arrojadas a las aguas del Santiago a las que están expuestas.
Con esta determinación de la CIDH la presión en primer término es para el Gobierno de Jalisco que tiene que prestar atención especial a la salud de estas poblaciones, donde han ido en aumento las enfermedades renales, de cáncer, malformaciones congénitas, entre otros males que ocasiona los agentes químicos.
Para que se lograra la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mucho tiene ver la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, directora del Instituto de Derecho Ambiental y catedrática de la Universidad de Guadalajara, quien no sólo le dio seguimiento al tema de la contaminación del río Santiago, sino que reunió la documentación y armó el documento jurídico que envío a este organismo internacional. Una labor ardua, persistente y que muestra el compromiso social que tiene la dotora Gutiérrez Nájera, que tanto incomoda a los soberbios personajes del poder que les irrita que se les critique por la omisiones e irresponsabilidades en que incurren, importándoles muy poco la salud de la población, como lo advertimos con la crisis sanitaria del dengue, culpando al cambio climático de ello y protegiendo la irresponsabilidad del titular de Salud.
Para que la CIDH dictara las medidas cautelares, mucho tienen que ver la lucha que han venido realizando grupos defensores de la población que ha sufrido severos daños en su salud, como las enfermedades renales y de cáncer que por cientos o miles en esas zonas ribereñas se han registrado desde décadas, sin que se tengan estudios certeros científicos que determinen qué elementos provocan estas epidemias.
LA MACRO EXCURSIÓN
Llama la atención que previo a las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se haya realizado la Macro-excursión a la que convocó el gobernador Enrique Alfaro, incluyendo la invitación a los molestos “opinólogos profesionales desinformados”, así como a los titulares de la CEDHJ que habían anunciado harían una segunda Macro recomendación por la contaminación del río Santiago, precisándoles que él no requiere comendaciones, porque ya sabe lo que tiene que hacer.
Nuestro gobernador Enrique Alfaro ya tiene su diagnóstico cuando afirma que el principal agente contaminador en el río Santiago “no son las grandes industrias, sino las granjas porcícolas”.
Recordemos que el primer gran compromiso del gobierno que encabeza Alfaro que asumió el 7 de diciembre del 2018, un día después de su toma de posesión, fue encabezar un acto político en Juanacatlán con su equipo para anunciar el plan integral de rescatar de la contaminación al río Santiago, considerado el más sucio del país.
Pero poco se habló durante los siguientes 12 meses de las acciones que estaba realizando su gobierno en torno al saneamiento del río Santiago. Ninguna de sus Coordinaciones, ni su jefe de gabinete, ni su secretario de Medio Ambiente, menos su secretario de Salud, tuvieron la sensibilidad para dar a conocer qué había sucedido con ese mega compromiso de Estado.
En la presentación de su primer informe de gobierno, lo que dio a conocer el gobernador Alfaro sobre las acciones, inversiones en torno al rescate del río Santiago pasó desapercibido al prevalecer el tema de la seguridad y los desaparecidos, como asunto dominante, junto con las polémicas que provoca por confrontarse constantemente con los periodistas y medios de comunicación como consecuencia de su piel tan delgada y la mecha tan corta que lo distingue.
VER PARA CREER
Bueno, por lo visto, las condiciones son las que están empujando porque se le entre al rescate del río Santiago, el pasado viernes la Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, Anna Bárbara Casillas, encabezó a un grupo de funcionarios jaliscienses que se reunieron con el titular de Semarnat, Victor Manuel Toledo, a quien se le presentaron los avances de “Revive Río Santiago”, con la estrategia integral para el saneamiento de la cuenca. El secretario Toledo expresó que la estrategia del Gobierno de Jalisco es muy completa y se convierte en referente para uno de los proyectos que la Semarnat está planteando, que es la recuperación de ríos.
O sea, el Gobierno Federal le entra al rescate, lo que es significativo, considerando que la gran contaminación del lago de Chapala, la genera la contaminación que está a lo largo de la cuenca del Lerma-Chapala-Santiago.
Ahora, esperamos que las acciones sustituyan a las palabras y todo esto se traduzca en revertir la contaminación de las aguas de esta cuenca e impacte positivamente en la salud de los pobladores.
Y algo muy importante, se tendrá que meter el acelerador en la atención de la población dañada por esta contaminación que ha sido ignorada por todos los gobiernos.
Ver para creer.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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