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OPINIÓN

El peligro del daltonismo social

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Educación, por Isabel Venegas //

Ya estamos de nuevo en las escuelas desde nivel superior, medio superior y ya hasta los peques de preescolar pudieron iniciar el ciclo escolar en educación básica. Arrancamos el 2019-“B” o 2019-2020 y con ello volvemos a las matemáticas y a la ciencia, volvemos a cobrar conciencia de la importancia de hacer uso tanto de la razón, como de la emoción. ¿Recuerdas que hablábamos sobre la necesidad de revisar el caso de la estadística y las encuestas, para ver el por qué elementos científicamente probados, últimamente dan señas de estar fallando? o por lo menos esa es la lectura que se está dando coloquialmente.

Decíamos entonces que, para el caso de la situación electoral era importante retomar los esfuerzos que se habían hecho en el pasado de nuestro país, en el sentido de la formación ciudadana para que con incentivos concretos se forjara más la idea de compromiso político, a fin de “obligar” a participar con el sufragio de su voto. Recordarás que en promedio un 60% había participado en las últimas elecciones, lo que arroja un importante 40% que no nos deja ver su posicionamiento durante el transcurso de las campañas electorales, son los llamados “indecisos”, que al final terminan por decidir que no harán nada.

Dentro del 60% que sí participa durante la jornada electoral, está un importante sector que no le dice al encuestador la verdad. No se anima a opinar o revelar el nombre del partido o candidato de su elección por miedo a ser criticado, por las represalias de algún patrón o líder territorial que pueda enterarse que no está a favor de cualquiera de las promesas que supuestamente le redituarían después, es decir, en ciertos sectores se mantienen algunos mecanismos de control de autoridad con figuras que se equiparan a la del capataz o al del mayordomo de la hacienda en la era pre-revolucionaria.

Ya sea por acciones coartadas por cacicazgos o por la nueva postura de decir lo “políticamente correcto” amén de no estar de acuerdo con eso, mucha gente opina una cosa pero hace otra; además de eso debemos apuntar que hay una gran diferencia que en estadística puede confundir a la hora de hacer la lectura de los resultados; una cosa son los elementos fácticos y otra son los estudios de percepción. Pongamos de ejemplo el caso de la pobreza. Hay indicadores concretos que hablan sobre los avances o retrocesos en el combate a la marginación, aunque en ese sentido, también hay que estar revisándolos frecuentemente porque el concepto de “necesidad” también va evolucionando.

Considerando la información que tenemos a este momento, y teniendo en cuenta estos datos como hechos concretos, tangibles y medibles, veamos lo que presenta el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en su reporte del 2018. Si bien es cierto que su tarea es la de revisar la efectividad que los programas que implementa el gobierno para mitigar los problemas más graves de la población, finalmente ese es el ente que tienen los datos más certeros de cuánta gente en nuestro país sigue careciendo de lo más elemental. Su lema es que “lo que se mide se puede mejorar”.

La mayoría coincide en que el mejor mecanismo para abatir los problemas de fondo de la ciudadanía es la educación. Los principales programas de gobierno han incidido en ese aspecto y desde la mirada del CONEVAL el reporte indica que entre el 2008 y el 2018, el rezago educativo pasó de ser del 21.9% al 16.9%.

En términos generales la población no pobre y no vulnerable logró incrementarse, pasando del 18.7% al 21.9%, es decir, ahora son 27.4 millones de personas los que están en esa franja que va dando más posibilidad a la estabilidad generacional. Los que estaban en la condición de pobreza extrema pasó de ser un 11% a un 7.4%. También las categorías de “población en situación de pobreza” y la de “vulnerable por carencias sociales” decrecieron. La única que se incrementó es la “vulnerable por ingresos” lo cual parece ser positivo porque es un paso de evolución adquisitiva.

En contraste con los datos que arroja el CONEVAL, el “Frente a la pobreza, Acción Ciudadana” presentó hace dos años una encuesta nacional referida a la percepción sobre el ejercicio de derechos. El resultado es que el 95% de la ciudadanía entrevistada, manifestaba una fuerte preocupación por la dimensión de la pobreza en nuestro país.

Los datos que arroja también dicen que: el 66.8% piensa que el problema es “muy grave”, junto a un 27.9% que opinaron “grave”, es decir, sumando esas dos categorías tenemos un 94.7% que no ve un avance en la reducción de la carestía social de manera objetiva. En esa misma encuesta el 66% se mostró pesimista en cuanto a que sea posible superar la pobreza en menos de 10 años, el 41% dijo que es “poco factible” y el 24.4% dice que “no es factible”, en tanto que los compromisos de México ante la Organización de las Naciones Unidas, fue atender el problema, atendiendo los Objetivos del Desarrollo Sostenible, con fecha límite el 2030. Los resultados que la encuesta del Frente a la pobreza también permitieron ver que a más escolaridad crece el pesimismo en la creencia de que se podrá resolver el problema social.

Bien podríamos relacionar los niveles de ansiedad y el impacto en la salud emocional de nuestra comunidad, la cual arroja un abrumador 90% pesimista ante el ejercicio de los gobiernos en su función de respetar los derechos humanos de las personas. Esto implica un riesgo muy grande al desacreditar a la institución de cualquier color, pero que da posibilidades de que haya cada vez más organización social y comunitaria, siempre y cuando se reflexione en esto porque de lo contrario podríamos estar ante una nueva revolución que nos emocione por lograr el derrocamiento de los actuales “poderosos” para volver a empezar a construir instituciones de las ruinas,… como quien dice, nos encanta partir de ceros.

Deberíamos repensar (sobre todo, quienes hemos tenido la oportunidad de elevar el grado académico) nuestros niveles de pesimismo sin dejar la criticidad, es que aquí hay dos puntos de contraste, la posibilidad de provocar un pensamiento positivo carente de elementos, como discurso de campaña que hace que un gran sector de la población ponga su confianza en programas sociales que no resuelven en nada la pobreza de nuestro país; pero por otro, ser tan negativos como para no ver que sí ha habido avances y que en nuestras propias manos está la transformación, ya sea para exigir un cambio a las políticas gubernamentales o para desarrollar posibilidades de cambio real por lo menos en nuestro entorno.

Un pensamiento crítico implica analizar la realidad separada de nuestros sentimientos y prejuicios, permitirnos el contraste frecuente entre lo que podemos contabilizar y lo que nuestros sentidos nos dicen. Recuerda que la imagen que nuestros ojos perciben no es siempre como el objeto es en realidad.

Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar

E-mail:isa venegas@hotmail.com

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OPINIÓN

Un país lleno de tumbas

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Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

¿Hasta dónde llegará la sangre derramada por todos los confines del país?

México, oficialmente no está en guerra, pero los saldos de muertes violentas, no tienen fin…no tendrán fin ni a corto ni mediano plazo, todo lo contrario.

En dos sexenios, encabezados por los Presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, entre homicidios y desaparecidos, suman 300 mil vidas apagadas. ¿Qué son 300 mil vidas? Si lo comparamos con un país en guerra como fue el caso de Irak -ocupación de Estados Unidos- entre el 2003 y el 2011 se estima que murieron 601 mil personas directamente por la violencia y de acuerdo a estimaciones realizadas por organizaciones de derechos humanos, de las cuales el 14%, 91,700 fue por atentado suicidas; el 57%, por arma de fuego, más de 373 mil, y un 20%, más de 137 mil, por ataques aéreos.

Durante el primer año del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la violencia no encuentra freno, sino todo lo contrario. Al terminar el 2019 serán cerca de 35 mil los homicidios registrados en el país y si esa constante se mantiene -en los dos sexenios que le han antecedido, tienden a aumentar año con año- llegaríamos al cerrar el 2024 a 210 mil homicidios y que sumados a los 300 mil de los últimos 12 años, llegaríamos a los 500 mil pérdida de vidas en 18 años.

Sí, 500 mil pérdidas de vida. ¡Es una barbaridad!

El sexenio de Peña Nieto cerró con 14% más homicidios que el de Felipe Calderón, conforme a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre enero y noviembre del 2018 fueron asesinados un promedio de 94 personas en México por día, esto es 4 asesinatos por hora.

Los 35 mil homicidios como seguramente cerraremos el año en todo el país vendrá a imponer marca histórica.

El gobierno de la 4T ha señalado que no hará uso de la fuerza del Estado para pacificar el país. El Presidente López Obrador ha señalado que hay que resolver el problema social para que México logre la paz y la reconciliación. Tiene parte de razón, pero el encontrarle solución pueden pasar décadas y hasta siglos, y tal vez no se logre disminuir la desigualdad, porque abatirla, es imposible. Requerimos a un Presidente mas terrenal, más realista.

Ya pasó el primero de seis años de un gobierno y a juzgar por los resultados, esa actitud cristiana de ofrecer la mejilla a los criminales, en vez de combatirlo con la fuerza del gobierno y la ley en la mano, no sirve de nada.

Al mismo tiempo, tenemos el funcionamiento de la Guardia Nacional que en el tercer tercio de este año, empezó su operación, con problemas presupuestales muy críticos, por la premura que se tuvo para que ya se hiciera presente en el país. Esperamos que la Guardia Nacional se asiente en el 2020.

UN AÑO DE PLAZO

¿Qué dice el Presidente sobre la realidad violenta que golpea al país en los tiempos de la 4T?

Tácitamente acepta la magnitud del problema cuando pide un año más de plazo.

Hay dos sucesos que este año han cimbrado a su gobierno por parte de los grupos criminales: por un lado “el culiacanazo”, que vino a exhibir el desorden que traen dentro del gabinete de seguridad que coordina el civil Alfonso Durazo, que se ha convertido en el funcionario más cuestionado de este gabinete, al no convencer su narrativa y justificaciones que ha brindado, no pocas contradictorias, en cuanto al operativo fallido en Sinaloa para detener a Ovidio Guzmán.

El segundo suceso trágico y macabro fue el que se registró en Bavispe, Sonora -en la frontera entre Sonora y Chihuahua- donde fueron asesinados 6 niños y 4 mujeres de la familia LeBarón, noticia que le dio la vuelta al mundo en los espacios estelares de los medios de comunicación.

En esas circunstancias, el Presidente de EEUU Donald Trump se atrevió a proponerle al gobierno de México ayuda para enfrentar la guerra a estos grupos criminales que han arrodillado y humillado al gobierno, lo cual inmediatamente fue rechazado por el Presidente López Obrador.

El gobierno de EEUU calificó el suceso en el que murieron ciudadanos americanos, como un acto terrorista y en esa tesitura, la administración se da la potestad de intervenir, de acuerdo a sus leyes imperialistas, justificando esas acciones de perseguir este tipo de actos estén dónde estén.

El Presidente mexicano hace alusión a la soberanía de México que debe ser salvaguardada al rechazar ayuda de Trump. ¿Debe cambiar México está posición que ha mantenido firme por décadas al no permitir la ayuda de un ejército extranjero participe en una acción de defensa del orden público? ¿Debería discutirse este punto? ¿De qué sirve la soberanía cuando el Estado es incapaz de ofrecer seguridad a sus ciudadanos, cuándo se impone la ley de la selva y la ley y el estado de derecho son letra muerta?

Lo cierto es que el gobierno de México por más que se esfuerce ha fracasado en la lucha contra los grupos criminales. 300 mil muertes en dos sexenios y 35 mil en este primer año, son números fríos y muy contundentes. ¿Esperaremos que en estos seis años se acumulen 200 mil más para llegar al medio millón de homicidios?

Ante esta terrible realidad, ¡Dios nos tome confesados!

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OPINIÓN

El triunfo de MC: La crisis en los medios

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De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //

Hace cinco años, un 22 de noviembre, en el Periódico Oficial de El Estado de Jalisco, se publicó la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios. Se trata de una norma vigente que impulsó el partido Movimiento Ciudadano –promovida por el actual senador Clemente Castañeda Hoeflich como presidente del poder legislativo local- y que supuestamente tiene como premisa básica (según lo enuncia su artículo 1 en el Capítulo Primero) lo que sigue: “Esta Ley es de orden e interés público, y tiene por objeto establecer reglas para el ahorro, gasto eficiente, racional y honesto que se deberá poner en práctica en el manejo de los recursos públicos de los sujetos regulados por la presente Ley”.

En ese tiempo yo era secretario general del extinto Cesjal, y fue justo desde las trincheras de ese organismo autónomo, al que por cierto tanto se atacó con falacias desde algunos espacios periodísticos, que se quiso dar la batalla contra la entrada en vigor de dicho mandato jurídico. ¿Por qué? Porque en realidad esta Ley escondía un propósito perverso que en su momento expliqué a algunos amigos columnistas, reporteros y directivos comerciales, pero que nadie se atrevió a denunciarlo.

Y es que la precitada Ley, en el Artículo 13, correspondiente al Capítulo III, mandata de forma textual: “Los gastos en publicidad y comunicación de los sujetos obligados, por concepto de tiempos en radio y televisión, pautas en Internet y redes sociales, así como los espacios en prensa escrita y cualquier otra erogación equivalente de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, no podrán rebasar el cero punto tres por ciento de su presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal correspondiente, con excepción de la difusión en materia de programas de protección civil, salud y seguridad pública. En el caso del Poder Ejecutivo del Estado el porcentaje señalado en el párrafo anterior se aplicará al conjunto de la Administración Pública Centralizada”.

Ya con la mira puesta en la conquista del Gobierno del Estado, con esta redacción era claro (el tiempo me dio la razón) que el quid de la construcción de un marco legal así contemplaba dos objetivos estratégicos para el alfarismo: el primero, mermar las finanzas de los medios de comunicación a través de una drástica reducción en los presupuestos destinados a la compra de publicidad institucional, con el fin de desaparecer los más que se pudiera y así disminuir la carga crítica de su gestión en caso de alcanzar la gubernatura.

El segundo -con un enfoque de negocio personal-, apropiarse de gran parte de dinero del erario destinado a gastos de promoción y difusión, a través de las empresas consultoras en comunicación INDATCOM, Euzen y La Covacha, a las que por la vía de la asignación directa, se les ha otorgado a la fecha cientos de millones de pesos, y de los que nadie conoce su uso y destino, porque en este asunto ni el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) le entra, por temor a que se le quite recursos.

Así pues, mientras que hoy vemos con pena la crisis económica por la que atraviesan algunas empresas de comunicación, en Casa Jalisco presumen el control editorial que se ejerce sobre algunos “líderes de opinión” y festejan el despido de profesionales del periodismo que no quisieron alinearse a la Refundación.

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Estructuras ocupacionales II

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Metástasis, por Flavio Mendoza //

Terminó Recrea Academy, evento que impulsó el Gobierno del Estado, particularmente el Secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, en el que se planteó sólo una cara de la moneda, la del ideal de lo que se quisiera para las escuelas de educación básica en el estado. Sin embargo, la otra cara que no se vio en ese evento son las más de 11 mil escuelas cuya realidad es el contraste de lo que se abordó ahí.

Las escuelas de educación básica en Jalisco, en su mayoría, tienen carencias en infraestructura física, de materiales didácticos o personal, sin duda el tema de las estructuras ocupacionales es un elemento fundamental para el buen funcionamiento de las escuelas y el cumplimiento de sus objetivos, pero para la autoridad educativa parece ser un tema sin importancia o relevancia, en Recrea Academy no se dio una sola conferencia dedicada a este tema o bien en los planes de desarrollo y proyectos ejecutivos del gobierno y la propia dependencia estatal.

Un claro ejemplo es la incongruencia para la prestación del servicio educativo, una obligación del estado para garantizar el derecho a la niñez de recibir educación pública, que derivado de los planes de expansión 2019 – 2020, la Secretaría de Educación Jalisco autoriza la creación y apertura de turnos vespertinos para la oferta del servicio en el nivel de Educación Secundaria, estableciendo incluso el número de grupos por grado que debe de atender en dicho nuevo turno para el plantel educativo, sin embargo no resuelve nada sobre la plantilla de personal que deberá atender la matricula correspondiente.

Es tanta la indiferencia, frivolidad e insensatez de la SEJ, que a través de oficios dirigidos a los Directores de las Escuelas, les dan la indicación de aperturar el servicio a la comunidad que demanda un derecho en las localidades, pero en el mismo oficio, del que tengo copia, le informan al directivo que “en cuanto al personal para atender dicho servicio, se atenderá en la medida de lo posible y de no ser así, será considerado en la programación detallada, sujeta a disponibilidad de recursos y a la priorización de necesidades del Estado”. Además de no definir la situación del directivo que les es útil para la apertura del turno vespertino, pero sin garantizar su situación laboral, pues le avisan que la dirección de dicho turno estará sujeta a la convocatoria que emita la propia Secretaría con base a la normatividad vigente.

El oficio muestra la crudeza con la que desde los escritorios la autoridad educativa toma las decisiones, sin importar prácticamente ni la educación de los niños ni las garantías laborales del profesorado, además de la seguridad y el buen funcionamiento del nuevo turno en el plantel escolar, la frivolidad de los funcionarios promueve y profundiza la crisis en materia educativa por la que atraviesa el país y estado, mientras en Recrea Academy se habla de escuelas con tecnología, personal suficiente y especializado, capacitación profesional de primer nivel e infraestructura física acorde, mientras la realidad de las escuelas todos los días mete en aprietos a los directivos que deben resolver con lo que pueden para no interrumpir el servicio y los procesos educativos a millones de educandos.

El Secretario de Educación en la entidad debe conocer la realidad de las escuelas, para que comience Recrea con el cumplimiento de lo que ya está establecido en la norma vigente del Sistema Educativo, para que, considerando ésta, pueda tener el verdadero diagnóstico que permita avanzar en materia educativa, antes de gastar millones en eventos de relumbrón, cuyo recurso podrían resolver sueldos anuales de personal que falta en las escuelas, ante este escenario, son pocas las voces que se atreven a denunciarlo, excluyendo incluso a la representación sindical, porque además este tema para directivos y supervisores se vuelve un problema dentro de su función en las que generalmente enfrenta sólos la insensibilidad de las autoridades educativas.

Twitter: @FlavioMendoza_

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