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OPINIÓN

El peligro del daltonismo social

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Educación, por Isabel Venegas //

Ya estamos de nuevo en las escuelas desde nivel superior, medio superior y ya hasta los peques de preescolar pudieron iniciar el ciclo escolar en educación básica. Arrancamos el 2019-“B” o 2019-2020 y con ello volvemos a las matemáticas y a la ciencia, volvemos a cobrar conciencia de la importancia de hacer uso tanto de la razón, como de la emoción. ¿Recuerdas que hablábamos sobre la necesidad de revisar el caso de la estadística y las encuestas, para ver el por qué elementos científicamente probados, últimamente dan señas de estar fallando? o por lo menos esa es la lectura que se está dando coloquialmente.

Decíamos entonces que, para el caso de la situación electoral era importante retomar los esfuerzos que se habían hecho en el pasado de nuestro país, en el sentido de la formación ciudadana para que con incentivos concretos se forjara más la idea de compromiso político, a fin de “obligar” a participar con el sufragio de su voto. Recordarás que en promedio un 60% había participado en las últimas elecciones, lo que arroja un importante 40% que no nos deja ver su posicionamiento durante el transcurso de las campañas electorales, son los llamados “indecisos”, que al final terminan por decidir que no harán nada.

Dentro del 60% que sí participa durante la jornada electoral, está un importante sector que no le dice al encuestador la verdad. No se anima a opinar o revelar el nombre del partido o candidato de su elección por miedo a ser criticado, por las represalias de algún patrón o líder territorial que pueda enterarse que no está a favor de cualquiera de las promesas que supuestamente le redituarían después, es decir, en ciertos sectores se mantienen algunos mecanismos de control de autoridad con figuras que se equiparan a la del capataz o al del mayordomo de la hacienda en la era pre-revolucionaria.

Ya sea por acciones coartadas por cacicazgos o por la nueva postura de decir lo “políticamente correcto” amén de no estar de acuerdo con eso, mucha gente opina una cosa pero hace otra; además de eso debemos apuntar que hay una gran diferencia que en estadística puede confundir a la hora de hacer la lectura de los resultados; una cosa son los elementos fácticos y otra son los estudios de percepción. Pongamos de ejemplo el caso de la pobreza. Hay indicadores concretos que hablan sobre los avances o retrocesos en el combate a la marginación, aunque en ese sentido, también hay que estar revisándolos frecuentemente porque el concepto de “necesidad” también va evolucionando.

Considerando la información que tenemos a este momento, y teniendo en cuenta estos datos como hechos concretos, tangibles y medibles, veamos lo que presenta el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en su reporte del 2018. Si bien es cierto que su tarea es la de revisar la efectividad que los programas que implementa el gobierno para mitigar los problemas más graves de la población, finalmente ese es el ente que tienen los datos más certeros de cuánta gente en nuestro país sigue careciendo de lo más elemental. Su lema es que “lo que se mide se puede mejorar”.

La mayoría coincide en que el mejor mecanismo para abatir los problemas de fondo de la ciudadanía es la educación. Los principales programas de gobierno han incidido en ese aspecto y desde la mirada del CONEVAL el reporte indica que entre el 2008 y el 2018, el rezago educativo pasó de ser del 21.9% al 16.9%.

En términos generales la población no pobre y no vulnerable logró incrementarse, pasando del 18.7% al 21.9%, es decir, ahora son 27.4 millones de personas los que están en esa franja que va dando más posibilidad a la estabilidad generacional. Los que estaban en la condición de pobreza extrema pasó de ser un 11% a un 7.4%. También las categorías de “población en situación de pobreza” y la de “vulnerable por carencias sociales” decrecieron. La única que se incrementó es la “vulnerable por ingresos” lo cual parece ser positivo porque es un paso de evolución adquisitiva.

En contraste con los datos que arroja el CONEVAL, el “Frente a la pobreza, Acción Ciudadana” presentó hace dos años una encuesta nacional referida a la percepción sobre el ejercicio de derechos. El resultado es que el 95% de la ciudadanía entrevistada, manifestaba una fuerte preocupación por la dimensión de la pobreza en nuestro país.

Los datos que arroja también dicen que: el 66.8% piensa que el problema es “muy grave”, junto a un 27.9% que opinaron “grave”, es decir, sumando esas dos categorías tenemos un 94.7% que no ve un avance en la reducción de la carestía social de manera objetiva. En esa misma encuesta el 66% se mostró pesimista en cuanto a que sea posible superar la pobreza en menos de 10 años, el 41% dijo que es “poco factible” y el 24.4% dice que “no es factible”, en tanto que los compromisos de México ante la Organización de las Naciones Unidas, fue atender el problema, atendiendo los Objetivos del Desarrollo Sostenible, con fecha límite el 2030. Los resultados que la encuesta del Frente a la pobreza también permitieron ver que a más escolaridad crece el pesimismo en la creencia de que se podrá resolver el problema social.

Bien podríamos relacionar los niveles de ansiedad y el impacto en la salud emocional de nuestra comunidad, la cual arroja un abrumador 90% pesimista ante el ejercicio de los gobiernos en su función de respetar los derechos humanos de las personas. Esto implica un riesgo muy grande al desacreditar a la institución de cualquier color, pero que da posibilidades de que haya cada vez más organización social y comunitaria, siempre y cuando se reflexione en esto porque de lo contrario podríamos estar ante una nueva revolución que nos emocione por lograr el derrocamiento de los actuales “poderosos” para volver a empezar a construir instituciones de las ruinas,… como quien dice, nos encanta partir de ceros.

Deberíamos repensar (sobre todo, quienes hemos tenido la oportunidad de elevar el grado académico) nuestros niveles de pesimismo sin dejar la criticidad, es que aquí hay dos puntos de contraste, la posibilidad de provocar un pensamiento positivo carente de elementos, como discurso de campaña que hace que un gran sector de la población ponga su confianza en programas sociales que no resuelven en nada la pobreza de nuestro país; pero por otro, ser tan negativos como para no ver que sí ha habido avances y que en nuestras propias manos está la transformación, ya sea para exigir un cambio a las políticas gubernamentales o para desarrollar posibilidades de cambio real por lo menos en nuestro entorno.

Un pensamiento crítico implica analizar la realidad separada de nuestros sentimientos y prejuicios, permitirnos el contraste frecuente entre lo que podemos contabilizar y lo que nuestros sentidos nos dicen. Recuerda que la imagen que nuestros ojos perciben no es siempre como el objeto es en realidad.

Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar

E-mail:isa venegas@hotmail.com

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El Constituyente de Alfaro

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Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

¿Jalisco requiere de un Constituyente que de vida a una nueva Constitución o requiere un nuevo Pacto Social? ¿Deben ir juntos con pegado o puede haber Pacto Social sin nueva Constitución?

¿El problema de la ineficacia de un gobierno, se deriva de un marco jurídico deficiente o de la mala aplicación de las leyes? ¿Es un problema de leyes o es un problema de incapacidad? ¿Son los mejores perfiles los que forman parte del gobierno o son en su mayor parte cuadros relacionados con el grupo gobernante, donde se da cumplimiento a compromisos políticos, de negocios, de caprichos y de egos?

El gobierno que tenemos a juzgar por los resultados es completamente ineficiente. Simplemente si le damos una ligera revisada al aparato de seguridad y justicia, veremos que no funciona en base a lo que nos indican las matemáticas, conforme al entender que me dio el dador de vida. Veamos esta información que publicó El Informador en su edición de este pasado sábado 14 de septiembre y usted saque sus conclusiones:

Entre enero y agosto del presente año se han documentado 109 mil 161 carpetas de investigación en Jalisco, reporta la Fiscalía General del Estado, principalmente robos en todas sus modalidades. Las cifras son altas (entre un 9 y 20 por ciento en comparación a otros años) si comparamos que en los años completos de 2013, 2014 y 2015 se registraron 101 mil, 91 mil y 95 mil denuncias por afectaciones de la delincuencia, respectivamente”.

Luego en la misma nota se precisa:

Sin embargo, la probabilidad de que el delito se denuncie y se esclarezca en Jalisco es de apenas el .6%, revela el Índice Estatal de Fiscalías y Procuradurías 2019, elaborado por la organización Cero. La entidad se ubica en la antepenúltima posición en la probabilidad de esclarecimiento de un ilícito en México”.

Baja California es el Estado con mayor probabilidad de esclarecer un delito (3.4%), mientras que Guerrero es el de menor efectividad (0.2%), cuatro centésimas de punto más abajo que Jalisco que tiene 0.6%.

Preguntaba en mi página de Twitter, a propósito de esta situación, qué pasaría si la Fiscalía del Estado desapareciera, ¿cambiaría nuestra situación? ¿Nos convertiríamos en la jungla con la ley de la selva? ¿O la ley de la selva es la que impera cuando el Estado, como responsable de ofrecernos seguridad está totalmente rebasado, como figura inoperante o en esas condiciones somos los ciudadanos los que tenemos que organizarnos para ser venos vulnerables ante aquellas personas que imponen su ley, con las armas y las organizaciones poderosas que han creado y que tienen mayor fuerza que el gobierno?

Hugo René Ruiz Eparza Hermosillo, ex diputado local y ex alcalde de Lagos de Moreno del PRI, dio algunos datos interesantes ante mi pregunta a propósito de la violencia e inseguridad que se vive en aquella región alteña: “El día que en lugar de 5 haya 35 agencias del ministerio público por región o en lugar de 10 o 15 policías investigadores haya 150 o 200 policías investigadores bien capacitados por región y en lugar de 1 o 2 juzgados haya 10 juzgados, ese día las cosas mejorarán”.

Se tiene que invertir fuerte en procuración y administración de justicia y hacer un plan a 10 años. Es inadmisible que por cada región del estado haya solamente 5 ministerios públicos y un grupo de policía investigadora para atender miles de denuncias”, añade Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo.

Entonces, echarle la culpa a una ‘Constitución vieja y obsoleta, a leyes inoperante’, creo que aquí no cabe, cuando los responsables de procurar e impartir la justicia, no hacen lo correspondiente, porque el presupuesto que les programan es insuficiente o lo tienen mal distribuido.

Entrevistamos al diputado Héctor Pizano, entusiasta promotor de la Refundación Alfarista, del Constituyente y dice estar convencido que este escenario de impunidad y de gobierno reprobado que tenemos en materia de seguridad y justicia, vendrá a cambiar con nuevas leyes. Así lo argumenta:

Requerimos una revisión a fondo de lo que es el estado de derecho en Jalisco, soy partidario que lo pongamos en la mesa de discusión, es lo más sano que le puede pasar a Jalisco y eso no distrae a nadie (…) Yo no soy policía, no soy fiscal, no soy juez, soy legislador, hago lo que me toca, no distraemos a nadie de su función por hacer este proceso”.

Hay que empezar por esta revisión, el por qué hay tanta impunidad y se es tan ineficiente. ¿Es un tema de leyes o es un tema de personas y de capacidad, un tema de corrupción?

En el tema de la Refundación Alfarista, Pizano lo encuadra en la necesidad de construir “Un nuevo Pacto Social”, que pienso que sí es necesario, más que el buscar crear una nueva Constitución, para ello -como bien afirma Mariana Fernández- el Congreso del Estado es un Constituyente permanente.

Por otro lado, aunque el gobernador Enrique Alfaro logró sacar adelante que el Congreso le autorice la creación de un nuevo Constituyente, no pasa por el mejor momento para impulsar un nuevo Pacto Social, su imagen está muy desdibujada, cuando su estilo de gobernar no ha sido precisamente ni tolerante, ni amigable, sino todo lo contrario. Si quiere cambiar la percepción que se ha ganado de autoritario, tiene que empezar por bajarle dos rayitas a su tono de hablar, el estilo de los manotazos y de la imposición que ha mostrado con las mujeres, con el tema de las Villas Panamericanas, el transporte, entre otros, poco abona para sentar a los jaliscienses en algo que sí es necesario como construir un nuevo Pacto Social, que insisto, es necesario, pero para ello no se requiere una nueva Constitución. Es mi humilde opinión, pero habrá que escuchar a la gente, qué opina, qué quiere y en consecuencia decidir sobre estos temas que son de fondo.

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OPINIÓN

Acuerdos ilegales e ilegítimos en Palacio Nacional

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Metástasis, por Flavio Mendoza //

El Presidente de la República presumió el acuerdo que realizó con la CNTE, principalmente habló al respecto del ingreso, pues ahora en la ley se establecerá que todos los egresados de las Escuelas Normales Públicas tendrán en automático una plaza docente de base al egresar de la carrera, pero, ¿esto beneficia a todos?

Incluso se atrevió a comparar al magisterio con los militares y hasta pidió que alguien “de los expertos” le expliquen por qué los cadetes con el grado de subteniente obtienen una plaza base en automático en el servicio militar y los maestros no, agregó que incluso debería ser lo mismo con los médicos. La educación militar es facultad exclusiva de la SEDENA, no se puede estudiar en ninguna otra parte y después ingresar al servicio militar, es decir, cuentan con su propio sistema educativo militar, como sucede con otros servicios para las fuerzas armadas, como su propio sistema de salud, seguridad social e incluso tribunales.

La educación militar implica toda una vida de disciplina y dedicación a la institución, los procesos de selección para ingresar a estudiar desde el bachillerato o la licenciatura tiene un proceso en el que se considera la valoración completa del perfil, exámenes de conocimientos que incluyen cultural, de inglés, médico, de capacidad física y psicológico, mientras en la educación normal solo es examen general de conocimientos y psicométrico en algunos casos. La exigencia para el ingreso a la formación militar tiene que ver con el objetivo que persigue su sistema educativo, pues los cadetes desde su formación en los campos de concentración llamados colegios, juran lealtad no sólo a la patria y sus leyes, sino a sus mandos superiores, no pueden dedicarse a otra cosa una vez que deciden ingresar, el ejercito mexicano es el segundo mas grande de Latinoamérica y entre los 30 mas grandes del mundo, no admite más alumnos de los que requiere incorporar en activo.

La formación docente puede ser en escuelas normales públicas, pero éstas no tienen la capacidad de atención a la demanda, también aquí hay miles de rechazados, quienes tienen que buscar otra ruta de formación y que no necesariamente serán ingenieros agroalimentarios o ambientales, las únicas carreras de las 2 nuevas Universidades Benito Juárez con una sola oferta educativa y solo en 3 municipios de Jalisco, lo que pondría en desventaja a los que por lugar, tiempos o incapacidad de matricula tienen que pagarse sus estudios y hasta trabajar al mismo tiempo para sostenerlo, lo que podría ser una exclusión y hasta violación de garantías constitucionales al impedirles participar en los procesos de admisión.

Pero además, al establecer que todas las vacantes serán asignadas a los egresados de las normales públicas, se está contradiciendo a la propia constitución, el artículo 3ro, recientemente reformado por iniciativa del Presidente, dice que para la admisión se debe concursar en igualdad de condiciones para los aspirantes, además de violentar el derecho a la promoción de quienes ya están en el servicio docente para el incremento de horas, no sólo a quienes ya están en activo y no son egresados de normales, sino porque no habría plazas por jornada u hora para la promoción al entregarlas “todas, como lo dijo el Presidente, a los egresados de las normales, “al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”, exceptos los acuerdos en palacio nacional del Presidente.

Y, falta que se den a conocer más acuerdos que se tomaron, por ejemplo, en otra petición establecían que los procesos de capacitación fueran voluntarios, lo que permitiría excluir de la evaluación diagnostica a los docentes, así como la promoción a través de los procesos que ellos quieren para el control de la asignación de plazas directivas y de supervisión de manera discrecional. Lo que celebró el Presidente como acuerdo, puede ser un grave retroceso para la educación de ser aprobada el próximo miércoles, fecha por cierto fuera del plazo constitucional, otra violación a la Constitución que en los tiempos de la 4T se dan naturalmente, se ningunea y subordina a los caprichos desde Palacio Nacional.

Twitter: @FlavioMendoza_

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Refundación, entre el horror y la fantasía

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De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //

Como si se tratara de un triunfo soñado, el gobierno naranja y varios de sus secuaces políticos, festejaron el hecho de que -por mayoría- el pleno del Congreso del Estado haya aprobado la creación de la figura del Congreso Constituyente, cuyo propósito consiste en generar las condiciones necesarias para discutir la elaboración de una nueva Constitución y así justificar una narrativa basada en la Refundación de Jalisco.

Lo odioso del caso, es que mientras algunos festejaban la votación que se dio en el Poder Legislativo, ese mismo día -11 de agosto- nos enterábamos que con un total de 119 bolsas con restos humanos en su interior, la Fiscalía daba por concluidas las labores de recuperación de cadáveres en un predio de La Primavera, conocido por los vecinos del lugar como el pozo de los muertos.

Así pues, lo anterior retrata con suma nitidez la realidad paralela en la que experimentan su vida los actores del poder público con respecto de la población en general. Mientras que ellos hacen todo lo posible por darle valor a un simple vocablo, por otro lado, hay miles de familias que mantienen la esperanza de encontrar a sus desaparecidos en alguna de las fosas que, semana con semana, se descubren a lo largo y ancho de nuestro territorio.

Por eso en este mismo espacio he comentado sobre la pertinencia de abordar el asunto de la refundación con mucha mayor responsabilidad. Si el anhelo del gobernador consiste en pasar a la historia como El Refundador, es necesario que considere algunas variables.

En primer lugar, si vamos a hablar de refundación, antes hay que explicar en qué consiste, ya que a la luz del nulo interés que despierta entre la gente, se afirma que se pretende construir un nuevo orden social y cambiar de fondo el estado de las cosas, de tal modo que decir eso o nada, es exactamente lo mismo.

De igual manera, sería muy saludable para los impulsores de esta visión egocéntrica, admitir que el ánimo de la ciudadanía no está como para tirarles rollos mercadológicos. Quienes insisten en asegurar que la refundación era una aspiración de los jaliscienses, ofenden la inteligencia de cualquiera. Basta con salir a la calle para enterarse de que el ciudadano común lo que desea es reencontrase con la tranquilidad, rogándole a Dios que la tragedia no vaya a alcanzar a sus seres queridos.

Las encuestas son muy claras. La administración actual está reprobada y no se ve cómo vaya a recobrar las simpatías perdidas. En todos los sondeos de opinión, la inseguridad, la corrupción y la ineficiencia, delinean su perfil ante los ojos del gran elector.

Tengamos presente que la refundación es un proceso, no un concepto publicitario, de ahí que se tenga que emplear con bastante cuidado. Es cierto, necesitamos trazar nuevas rutas para retornar a una zona de mejor convivencia colectiva, pero eso no sucederá con la fastidiosa repetición de dicha palabreja.

Si Alfaro y sus adeptos aceptan que el horror y la fantasía son dos extremos incompatibles de una sola realidad, quizás entonces la refundación de la que tanto hablan y nadie entiende, por fin adquiera sentido.

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