OPINIÓN
Fuerza Social y la CATEM
De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //
Que yo recuerde, nunca antes un partido político que aún no cuenta con el registro oficial correspondiente, ha despertado el interés de la opinión pública como sucede con Fuerza Social por México, que a nivel local dirigirá Rubén Vázquez.
Para entender este peculiar fenómeno, hay que comprender primero el contexto en el que ocurre lo anterior. En Jalisco las expresiones partidistas experimentan condiciones que les impide permear en el ánimo del gran elector. Mientras que por un lado vemos cómo Morena continúa atorado por el intervencionismo de actores que atentan contra la dignidad de sus afiliados y simpatizantes, el PRI aún no se repone del knockout que sufrió. Y aunque en sus filas hay quienes tratan de levantarlo de la lona, lo cierto es que el Revolucionario Institucional atraviesa por el peor momento de su historia. Vaya, apenas y se le siente el pulso.
De igual manera, si miramos hacia el Partido Acción Nacional, las cosas no pintan mejor. El blanquiazul en realidad se convirtió en un satélite de la aristocracia naranja; es tan notoria su alianza con Movimiento Ciudadano y la sumisión casi total a las órdenes emitidas desde el gobierno estatal, que resulta bastante complicado distinguir las diferencias entre ellos. Lo cierto es que los panistas de rancio abolengo viven una frustración tremenda, ya que jamás hubieran imaginado una abyección en extremo penosa.
Algo que no es menor, es el hecho de que el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México, sostienen su presencia en comunidades y municipios gracias al apego a sus reglas y el respeto a sus liderazgos, por cierto, muy definidos. En la militancia de ambos, queda claro que la Coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-Verde) les abrirá amplias posibilidades no solo para refrendar sus registros, sino para ampliar su membresía y presencia a partir del proceso electoral que se avecina. De ahí que no será extraño que en cuanto ceda la emergencia sanitaria, incrementen su activismo, en virtud de que tendrán voz y voto en la selección de candidaturas e integración de planillas.
Es así que Fuerza Social por México, partido que nacerá de las entrañas de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), que dirige a nivel nacional Pedro Haces Barba, jugará un rol trascendente en el 2021.
Y es que honor a quien honor merece, Rubén Vázquez –todavía secretario general de la CATEM en Jalisco- ha descifrado los nuevos tiempos. A pesar de su larga trayectoria en el otrora partidazo, parece haber tomado nuevos bríos y está consolidando equipos de trabajo con una mística de integración y colaboración efectiva.
Yo no sé si a Fuerza Social le dará como para obtener el triunfo en alguno de los municipios metropolitanos, pero de lo que sí estoy seguro es que en diversas regiones de la entidad será uno de los protagonistas en la siguiente jornada electoral.
Ahora bien, en cuanto a la CATEM, también es oportuno hacer algunos apuntes. De acuerdo a la información que ya trascendió, el 1 de junio próximo, Alfredo Barba Mariscal, asumirá la dirigencia local de esta organización. Por supuesto que los desafíos que enfrentará el ex alcalde de Tlaquepaque son mayúsculos.
Como ya lo adelantó, uno será redimensionar la representación del sindicalismo con una orientación más solidaria: “hay un buen número de trabajadores que no son atendidos por los líderes sindicales obsoletos que solo les interesa cobrar cuotas y dejan al desamparo a los trabajadores, será momento de hacer valer la nueva Ley Federal del Trabajo en Jalisco y atender a tanto trabajador que no se le escucha”.
También tiene ante sí la tarea de hacer valer la representatividad de esta central obrera y ocupar los espacios que le corresponde en comités y comisiones en dependencias federales, estatales y municipales.
Mención aparte es la que se refiere a la participación que tendrá esta Confederación en las postulaciones a cargos de elección popular, pues como es sabido, la CATEM es aliada de la Cuarta Transformación que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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