OPINIÓN
Hacia cambios de actitudes sociales: La economía del comportamiento y los “empujoncitos” ante COVID
Educación, por Isabel Venegas //
Cuando hablamos de la educación como la herramienta perfecta para lograr una transformación real y profunda de la sociedad, se debe considerar también su posibilidad de ser el mecanismo por el cual se perpetúan las formas limitantes y reproductivas de sociedades injustas.
El reto de la educación es constante, se debe estar repensando todos los días, a todas horas y desde todos los ángulos; es tan poderosa su actuación, como peligroso su ejercicio en tanto que la persuasión se confunde con la manipulación, la motivación con el condicionamiento y la formación con la reglamentación.
Hoy no se trata solamente de buscar mejores formas para seguir trabajando en las escuelas, sino que también es necesario revisar cómo se impacta en la construcción de nuestras formas de entendimiento, cómo se gestiona el conocimiento y de la capacidad que se ha ido madurando en cuanto a los modos de procesar la información, porque de ello dependen nuestras interpretaciones, las decisiones que tomamos tanto en lo formal como en lo informal.
Hace unos días El Financiero presentó un análisis que relacionaba el número de fallecimientos en México provocados por el coronavirus y la educación: en el 71% de los casos el nivel de estudios era tan solo de primaria o menos. Ciertamente hay un vínculo entre ese dato y un nivel socioeconómico que vincula con carencias en muchísimos sentidos, privaciones que tienen a su vez una forma determinante en los modos de concebir al mundo.
De entrada en un juicio minimalista pensamos que cada ser humano pretende su preservación, no busca la muerte y que cualquiera preferiría optar por los modos más seguros en lugar de exponerse a riesgos innecesarios; sin embargo hemos visto una cantidad mayor de personas dispuestas a salir en zonas de alto contagio, sin usar cubrebocas incluso a pesar de que haya campañas regalando ese instrumento de muy bajo costo. La clave tal vez esté en la forma de leer el mundo, una interpretación de fenómenos del pasado que apunta a la desacreditación de las instituciones, “el coronavirus no existe, eso es una mentira del gobierno”. No se necesita ser de cierta clase social, tener más o menos dinero para protegerse, no es solo un tema de motivaciones, sino de la interpretación de los acontecimientos, aunque finalmente parece que el pensamiento estructurado que proporciona la escolaridad faculta para actuar más moderadamente.
Visto desde los ojos de la economía como la ciencia que estudia los modos de aprovechar los recursos que se tienen, estimar variables a futuro, considerar escenarios de posibilidades y buscar siempre potenciar las oportunidades, es que aparecen teorías que tratan de ser más comprensivas de los fenómenos sociales. Propuestas como las de la “economía del comportamiento” si bien no son nuevas, hoy toman fuerza y son reconsideradas porque ya se sabe que los recursos no son solo materiales, que la mayor parte de la riqueza surge de la creatividad y de la inventiva que radica en los recursos humanos. Tan solo en los últimos 20 años, la economía del país ha crecido en el sector de servicios, ese impacto significa un crecimiento que está en virtud de potenciar la capacidad y la creatividad de los mexicanos, pero que también tienen mucha relación con la formación y el entrenamiento para seguir indicaciones y prepararse ante las adversidades. Desgraciadamente en cuanto a la pandemia, parece que preferimos ir en la dirección opuesta, es decir, atender la emergencia con medidas de normatividad, más reglas, multas y sanciones.
Recientemente la cámara de comercio presentó un estudio en el que se mostraba la relación entre los tianguis, puestos informales relacionados con el sector alimenticio y la coincidencia con las zonas de contagio en el área metropolitana. La desatención a estos puntos de alto contacto, que no tienen posibilidad para la sana distancia y que continúan operando con equipos y espacios de alta complicación para la limpieza y desinfección, contrastan con las dinámicas que la industria restaurantera ha ido adaptando a su locales: primero mantuvieron negocios cerrados, luego buscaron mantener su servicio a domicilio, más tarde implementaron una serie de medidas para conseguir el “distintivo” coordinado por el del Plan Jalisco para la reactivación económica.
Sería interesante saber cuántos comerciantes del sector informal ni siquiera se enteraron de estas políticas y cuántos le dieron una lectura equivocada; asumieron que por ser de la rama alimenticia no tenían necesidad de cerrar sus locales, no vieron pasar el cambio, no han hecho una evaluación de sus áreas potenciales de riesgo y de mejora. Finalmente como sociedad estamos dejando pasar (tanto vendedores como consumidores) la oportunidad de ver un cambio fundamental en nuestras modos de organización.
La triangulación de la información hoy nos permite pensar desde la urgencia a resolver sin quitar la mirada del horizonte y de cómo nos visualizamos para el futuro. Al parecer las medidas represoras han llegado a su límite, cada vez más se nota el desgaste de los cuerpos policiacos, de inspección y vigilancia, enfrentarlos ante la activación del “botón de emergencia” resulta tan peligroso como poco eficiente. Es claro que el gobierno tiene la intención de proteger a los ciudadanos a pesar de los mismos ciudadanos, y debido a eso es que la polarización ya no sabe hasta dónde vale la pena correr riesgos. Una alerta que depende de dos indicadores que median entre la vida y la muerte: Si el nivel de contagios llega a los 400 casos por cada millón de habitantes o la ocupación en camas de hospital llega al 50 %, se activará el botón y eso significaría parar gran parte de las actividades durante 14 días.
¿Con qué policías se lograría eso? ¿Con cuántos inspectores se tendría que contar para llevarlo a cabo? Ya hemos pasado anteriormente por episodios parecidos, y parece que solo se fortalecen las dinámicas de corrupción y subjetividad. Tal parece que la posibilidad se orienta más hacia la sugerencia: ¿Cómo se puede “motivar o persuadir” para que los ciudadanos prefieran prácticas más sanas? Está visto que los sesgos que determinan nuestras decisiones tienen que ver con la lectura que le damos a la información, y las políticas públicas son la oportunidad para promover herramientas eficientes que impacten en las voluntades.
Pequeños “empujoncitos” que los psicólogos, economistas y los educadores piensan que son mucho más efectivos que seguir considerando leyes y normativas. Incluso los abogados ya tienen tiempo mirando al mundo desde la perspectiva de la justicia alternativa, incidiendo sobremanera a través de la mediación y el diálogo. Motivadores que pueden volverse a la larga más profundos, significativos y permanentes.
Si sabemos que la vinculación entre cada clúster de contagio está relacionada con los tianguis y los puestos de comercio informal en esas zonas, más significativo sería el ejercicio de promoción de actividades estratégicas que ayudaran en tres sentidos: promover la instauración de dinámicas más limpias y ordenadas, acercar ejercicios que ayuden a promover esos negocios hacia modelos de empresa cada vez más exitosos y por último, encaminar a fortalecer la cultura del ahorro y la previsión.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa venegas@hotmail.com
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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