OPINIÓN
La epidemia más mortal que el coronavirus
Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
La epidemia del coronavirus ha sido muy buen pretexto para que los políticos que nos gobiernan se olviden de la enorme responsabilidad que tienen de regresar la paz y tranquilidad a nuestras calles, plazas, parques, colonias y ciudades. Es la violencia criminal 14 veces más letal en Jalisco que el mismo COVID-19.
Es una epidemia sumamente letal que pese a las promesas que han hecho estos políticos que nos gobiernan cuando eran candidatos y buscaban el voto ciudadano, no han cumplido y difícilmente cumplirán.
Los números fríos así nos lo indican: Durante los cuatro primeros meses de este año son cerca de 800 homicidios registrados en la entidad con un promedio mensual de 222 (227 en enero, 195 en febrero y 245 en marzo). En Jalisco tenemos una letalidad de 34 homicidios por cada 100 mil habitantes. En el país el primer lugar lo tiene Colima con 104.9, Baja California con 83, Chihuahua con 69.3, Guanajuato con 61.2, Morelos 53.5 y Yucatán es el más bajo con 1.5.
¿Qué tan efectivas han sido las estrategias que ha emprendido el gobierno de Jalisco que encabeza Enrique Alfaro para acotar y disminuir la ola criminal que golpea a la entidad desde que fue muerto por el Ejército y la Marina, Nacho Coronel en Lomas del Valle hace diez años?
Veamos qué nos dicen los números: en 2018, último año del gobierno priista que encabezó Aristóteles Sandoval se registraron 2,418 homicidios. En 2019, primer año de gobierno de Alfaro se registraron 2,672 asesinatos y la violencia criminal no la pueden frenar. Este domingo 10 de mayo se dio a conocer el hallazgo de cuando menos 25 cuerpos de personas en una fosa que estaba al interior de una finca en El Salto, además se localizaron cinco bolsas donde hay más restos humanos.
El pasado 15 de febrero el diario Mural dio a conocer de la localización de más de 500 indicios en cinco fosas clandestinas, localizadas en Lagos de Moreno, Jocotepec, en Tlajomulco, Zapopan y Tonalá.
¡QUÉ COMPITAN QUIÉN ES MEJOR!
Hemos visto que en el tema de la epidemia de Coronavirus el Gobernador de Jalisco se ha aplicado al cien y qué bueno que así haya sido, logrando hasta el momento buenos resultados al evitar que la enfermedad tan contagiosa se saliera de control. Para ello Enrique Alfaro ha encabezado el grupo multifactorial que se ha creado, donde no sólo se ha visto el tema sanitario, sino también el económico. De la misma forma ha elaborado numerosos videos en el que presume los resultados, lo que le sale en forma muy natural, diciendo que han hecho el trabajo mejor que los de México, mejor que López Gatell…
ALFARO DEBE ENCABEZAR GABINETE DE SEGURIDAD
Como me gustaría que esa enjundia y pasión que le imprime nuestro gobernador al tema del coronavirus, lo haga por igual con el tema de la violencia e inseguridad, que también arme los videos y compare los buenos resultados con otros estados, que presuma que aquí se enfrenta con valor y responsabilidad a los grupos criminales y que esa tasa de letalidad de 34 homicidios por cada 100 mil habitantes en dos años la bajen a la mitad y al final del sexenio estemos presumiendo tasas como las de Yucatán que son del 1.5 homicidios por cada 100 mil habitantes.
El Gobernador debe encabezar al Gabinete de Seguridad, auxiliado por el doctor Macedonio Tamez, Alfaro debe estar a la cabeza como jefe máximo de todos los integrantes del mismo, como jefe del Fiscal General, haciendo un seguimiento puntual a las estrategias. Y asumir este rol está más que justificado si consideramos que si COVID19 le ha quitado la vida a cerca de 50 personas en estos tres meses en Jalisco, la violencia criminal suma entre enero y este 10 de mayo cerca de 800 vidas, muchísimo más que este virus tan contagioso, pero no tal letal como el de esta epidemia violenta.
Por tratarse de una epidemia que roba tantas vidas, bien valdría la pena que Alfaro con su inteligencia, carácter, de hombre echado para adelante, pues que de la madre de todas las batallas por Jalisco para recuperar la paz y tranquilidad de los jaliscienses.
De su gestión han transcurrido ya 17 meses, estamos en el 18, tengamos presente que el tiempo transcurre muy veloz, que no se olvide que el principal problema de los jaliscienses se llama inseguridad y violencia, el tema de la epidemia del Coronavirus va a pasar, pero el de este flagelo que tanto lastima a las familias jaliscienses allí está y seguirá presente, tan solo los desaparecidos son cientos cada mes y cientos son las familias que les da tristeza, dolor y mucho llanto.
Ojalá el Gobernador reflexione sobre este planteamiento que aquí presento y se involucre al cien para enfrentar la epidemia más letal que sufre Jalisco y si logra bajar los índices de letalidad y con su liderazgo derrotamos a la violencia criminal, yo seré el primero en aplaudírselo.
¡Qué alegría nos daría que Jalisco con sus estrategias y programas lograra bajar la letalidad de homicidios como lo tiene Yucatán, 1.5 por cada 100 mil habitantes! Y entonces allí sí valdría compararnos con otros estados y presumir que Jalisco es muy chingón.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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