OPINIÓN
La estrategia fallida de seguridad en Jalisco
Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
La violencia y la inseguridad golpean sin misericordia a Jalisco ante un gobierno que parece un saco de boxeo que sólo recibe golpes sin tener capacidad de respuesta.
Durante la semana pasada dos sucesos se registraron que tuvieron impacto nacional e internacional. El secuestro masivo el pasado 18 de julio a la luz del día en Puerto Vallarta de un grupo de veinte turistas proveniente de la ciudad de León, Guanajuato, falleciendo un empresario ante las balas de los criminales, hecho que se convirtió en noticia internacional. El Diario Reforma el pasado sábado la destacó como nota principal en su portada.
Y ayer domingo, a través de redes sociales nos enteramos que el regidor de Morena en el Ayuntamiento de Tlaquepaque, Alberto Alfaro García, fue atacado a balazos en uno de los restaurantes más aclientados y prestigiados de la capital jalisciense ubicado por la Avenida Niños Héroes. Por fortuna el joven edil salvó la vida al recibir dos proyectiles en una pierna y en un brazo.
EL VALLARTAZO
Sobre el llamado “Vallartazo”, la Fiscalía de Jalisco había guardado absoluto silencio y hasta que el secuestro alcanzó a la opinión pública con la circulación de audios y videos, salió el Fiscal Gerardo Octavio Solís a presentar su posición sobre el particular, aclarando que como no existe denuncia sobre estas desapariciones ni en Jalisco, ni en Guanajuato, no podían intervenir, a excepción de la persona que fue asesinada y que formaba parte de este grupo, lo que sí están atendiendo.
El secuestro masivo perpetrado en Puerto Vallarta al parecer es autoría del cártel más poderoso del Occidente del país, trascendió que la mayoría de los levantados fueron dejados en libertad días después, aunque cuatro seguían retenidos.
JALISCO, LÍDER EN FOSAS Y DESAPARECIDOS
Estos hechos delictivos se registran en el contexto de la alta violencia que vive Jalisco, con más de 400 cuerpos que se han descubierto en el último año y medio en fosas clandestinas, lapso en el cual está al frente del gobierno Jalisco el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez.
Sin embargo, para nuestras autoridades estatales, Jalisco va bien en seguridad, conforme Alfaro lo viene presumiendo en los videos de redes sociales con número y estadísticas que pretenden convencernos que sus acciones y estrategias están dando resultados, destacando que los delitos patrimoniales se han reducido hasta en un 25%, que bien puede ser real, pero no por producto de las estrategias y acciones de su gobierno, sino derivado del confinamiento y disminución a la movilidad en el Estado como medida para acotar la epidemia del COVID19.
Afirma el Gobierno de Jalisco que los secuestros han bajado, que en 2015 fueron 37 y que entre enero y febrero van 3, sin embargo hay 445 casos denunciados de la privación ilegal de la libertad, o sea los llamados levantones, por lo que tendríamos cientos de casos más. Puede ser un asunto de terminología, pero lo real es que 445 personas han sido levantados al margen de la ley. ¿O cómo debemos llamarles?
Jalisco, lamentablemente, está en los primeros lugares nacionales de desapariciones, de cadáveres encontrados en fosas clandestinas. ¿Cómo se puede hablar así de paz y tranquilidad?
LA REESTRUCTURACIÓN OBLIGADA
Dicen que en el círculo cercano el Gobernador Alfaro acepta que la seguridad de Jalisco está en crisis, lo que lo trae muy estresado por lo que requiere el apoyo del Gobierno Federal, porque lo cierto es que los grupos criminales lo aplastan cuando se lo proponen, como es el caso de este accionar en Puerto Vallarta, donde ni las manos metieron los de seguridad del Ayuntamiento.
Alfaro el Gobernador ha dejado en claro que los cambios no los hará en atención a los periodicazos y lo que comenten los opinólogos y que entre más lo critiquen, más se sentará en su macho. Su ego y autoestima debe ser muy grande.
Si Alfaro es terco, más terca es la realidad y tarde o temprano tendrá que aceptar el desastre que existe en Jalisco en el campo de seguridad y que esta área requiere un cambio de fondo, por un lado requiere el apoyo del Presidente y del Gobierno Federal, y por otro, el tener un equipo de colaboradores eficaz, que le de resultados.
La salida del doctor Macedonio Tamez, fue una aceptación tácita que la Coordinación del Gabinete de Seguridad fue un fracaso, aunque por un tema de egocentrismo difícilmente el titular del Poder Ejecutivo públicamente lo aceptará.
La señal del inicio de la reestructuración y la señal de que está dispuesto a rectificar será cuando anuncie la salida del Fiscal Gerardo Octavio Solís. Todo mundo dice que este funcionario debe de irse. Tendrá que repetirse hechos tan sonados como los levantones en Puerto Vallarta o de otras regiones del Estado o que todos los días se presenten manifestaciones de familiares de desaparecidos en Casa Jalisco para que este señor abra los ojos y acepte la triste y dolorosa realidad que hay una estrategia fallida del Estado para ofrecer seguridad a los jaliscienses.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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