OPINIÓN
La violencia de los cárteles de la droga en Ciudad de México tiene historia

Por Daniel Emilio Pacheco //
Pensar que el atentado ocurrido al secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, es el inicio del desafío de los cárteles de la droga al Estado mexicano o en específico a las autoridades de la Ciudad de México, es un error.
La violencia llegó a la Ciudad de México en plena temporada navideña, la madrugada del 15 de diciembre de 2007. Felipe Calderón tenía ya un año con su guerra contra el narcotráfico.
Esa madrugada en las inmediaciones del aeropuerto, en bolsas de plástico, aparecieron las cabezas de dos empleados de Jet Service, una empresa de almacenamiento de carga aérea. Conocía la capital mexicana por primera vez, escenas que en la prensa se ubicaban en Ciudad Juárez o Tijuana.
Según las declaraciones de Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, miembro de la banda de los hermanos Beltrán Leyva, en las averiguaciones TLA/1/7422/2007/12-T y OTU/II/1950/2007
La muerte de Gerardo Santos Iglesias y Carlos Tapia Rosillo empleados de la empresa Jet Service, fue resultado del decomiso de más de media tonelada de cocaína por parte de la Policía Federal y de la administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria.
Los Beltrán Leyva en ese tiempo aliados de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ordenaron torturar y asesinar a los que consideraron responsables de que se confiscara esa droga en la empresa, pues con ello se dejó de surtir a los distribuidores de Tepito, causando pérdidas millonarias a la organización.
La Ciudad de México conocía por primera vez de la violenta reacción de los cárteles de la droga al perder mercancía o luchar por territorio. Los cuerpos de Carlos y Gerardo aparecieron más tarde en el Estado de México.
Las autoridades de la Ciudad de México propiciaron el crecimiento de los cárteles de la droga el 18 de mayo de 2010, cuando a las 15:00 horas un aproximado de 100 hombres bajaron de autobuses foráneos y empezaron a ocupar esquinas en el barrio de Tepito. Las calles de Ferrocarril de Cintura, Hortelanos, Panaderos, Mineros y Hojalateros fueron tomadas de forma visible por estos sujetos que portaban como identificación visible gorras negras, lentes y cangureras. Los autobuses se quedaron esperando con los motores encendidos en el Eje 1 Norte.
Según la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/112/2010 Édgar Valdez Villarreal alias “La Barbie”, admitió haber organizado una junta con los principales distribuidores de drogas en Tepito, con el propósito de unificar a los grupos y familias que dominaban el barrio.
La reunión duró unas seis horas, con recesos aderezados con una comida y brindis, el 18 de mayo de 2010. El mismo día que, el comandante de la Policía Judicial del Distrito Federal, Andrés Velasco responsable del Operativo Tepito, reportó lo que sucedía en Tepito, y recibió como respuesta por parte de Estado Mayor Policial de la Procuraduría del Distrito Federal, en ese tiempo con Miguel Ángel Mancera al frente, el permanecer “clave 6”, es decir, pendientes en un principio; y después “hacer 14”, es decir, retirarse y por ningún motivo asentar el hecho en ningún informe.
De esa reunión, aproximadamente 20 personas pactaron el nacimiento de la “Unión Tepito” o “La Unión”, entre las paredes derruidas de la calle Hojalateros.
El acuerdo no solo incluía la venta de droga, sino también la implementación del cobro de derecho de piso, es decir, una cuota que comerciantes y empresarios debían pagar como protección para dejarlos trabajar, algo que anteriormente solo los inspectores del gobierno aplicaban.
La invitación a que otras banda o familias se unieran estaba abierta, siempre y cuando se sometieran al liderazgo de los socios fundadores, las que no se sometieran al nuevo orden serían eliminadas. Las ejecuciones, levantones y desapariciones fueron cosa de todos los días en la Ciudad de México, las autoridades lo achacaron a gente de paso que ahí eran ejecutados.
Con la captura de “La Barbie” y la caída de “El Chapo”, “La Unión” empezó a tener fracturas que propiciaron más violencia que las autoridades no supieron parar.
En el expediente FGAM/GAM-2/UI-1C/D/1954/12-2017 iniciado en la PGJ-CDMX, es donde por primera vez se asentó un incidente del CJNG en la Ciudad de México, se trata del secuestro y asesinato del dealer apodado “El Márquez”, en la delegación Gustavo A. Madero. Junto al cuerpo se encontró un mensaje firmado por el CJNG, donde advertían iban a tomar los territorios de las bandas rivales.
Para 2018 los servicios de inteligencia de distintas corporaciones reportaban que el CJNG hacían sentir su poder desde el norte hasta el sur de la Ciudad de México, en el centro y en varios municipios del Estado de México. La violencia se da desde el Penal de Neza-Bordo hasta el reclusorio Oriente y el Penal de Chiconautla.
La lucha de Cárteles ha escalado a tal grado que más de 332 personas han sido asesinadas en la capital mexicana durante el primer trimestre del 2020. Al ritmo de una muerte violenta cada seis horas. Cuatro homicidios por día, como documenta el Observatorio Nacional del Ciudadano.
El armamento para realizar los asesinatos, las extorciones y enfrentar a las autoridades es basto, en el caso del atentado contra Omar García Harfuch, se encontró:
5 Barret, 1 lanzagranadas, 7 granadas, 35 armas largas, 8 pistolas, 39 chalecos, 51 bombas molotov, 96 cargadores, 2800 cartuchos, 1 inhibidor de señales.
El fallido atentado se dio por usar novatos en la acción, si los agresores hubieran sabido utilizar el arsenal que traían, otro hubiera sido el resultado.
El control de la Ciudad de México que tienen los cárteles de la droga, les permite traficar libremente todo tipo de sustancias, ser protegidos por corporaciones policiacas, cobrar plazas por medio de un vigilante en caja de los diferentes comercios y transitar con armento de alto poder sin ser molestados; llegar a este tipo de control o libertad delictiva, no se da de un día a otro, ni se logra por sí solo, se debe corromper autoridades, se debe contar con empresarios que laven las ganancias y con necesidad en las calles que permita contratar personal.
Deportes
Atlas, de la gloria reciente al futuro incierto

-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Deportes
Edición 798: El drenaje profundo, un paso hacia el futuro en Guadalajara

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JALISCO
Año de la Mujer Indígena: Promesas vs silencio en la Comunidad Indígena de Mezquitán

-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.