OPINIÓN
Los jueces implacables
Políticamente Correcto, por César Iñiguez //
Vivimos en una sociedad cada vez más difícil, en donde el error es de todos y la culpa es de nadie. Vivimos en una sociedad donde la gente culpa al gobierno y el gobierno culpa a la sociedad en un círculo vicioso sin fin.
Esa culpa, es como la piedra que aventamos para después esconder la mano, y desentendiéndonos de nuestra responsabilidad, señalamos culpables en esta sociedad hiperdemocratizada y fortalecida por las redes.
A través del celular o del monitor lanzamos sentencias implacables, señalando al que muchas veces es la víctima, viendo solo la superficialidad.
El caso de hoy, de Ángel conmocionó al país, el niño de 11 años que armado, disparó en contra de su maestra arrebatándole la vida y dejando a 5 compañeritos más heridos, para después suicidarse.
Dicen, que se había inspirado en otros estudiantes que protagonizaron tiroteos en Estados Unidos, y que su atuendo así lo confirmaba, que era retraído, que estaba enfermo y otros disparates como el que hasta estaba afectado por videojuegos, dijo el inepto del gobernador de Coahuila.
En el transcurso del día, se supo que la mamá del niño recientemente falleció, que vivía con la abuela y que tenía un papá ausente.
Somos buenos para etiquetar y juzgar, pero escapamos de nuestra responsabilidad escondiéndonos en esta sociedad moralina.
Era un niño de 11 años, que tuvo acceso a un arma, que estudiaba en colegio y que difícilmente tenía alguien que lo atendiera como debe atenderse a un niño.
Como padres en esta sociedad ¿realmente estamos al pendiente de nuestros hijos, de sus miedos, de sus frustraciones y de sus conflictos diarios?
Nos vamos por la fácil, renunciando a nuestra corresponsabilidad social, etiquetamos y señalamos al responsable como si se tratara de un adulto y delincuente consumado, cuando se trata de un niño.
Vivimos en una sociedad mecanizada y absorbida en lo banal.
Vivimos en un mundo rapaz en el que nos cuesta ponernos en los zapatos del otro, en tratar de pensar como piensa, de sentir lo que siente y de entender su realidad.
Si eso hiciéramos, podríamos resolver muchos problemas, entenderíamos más de la violencia que nos aqueja, podríamos entender cómo los sicarios y delincuentes viven en un entorno violento desde niños y deciden entrar en ese mundo porque para muchos, nacer y vivir en la pobreza y la desigualdad, es morir en ella.
Estudios revelan que la mayoría de sicarios y delincuentes crecen en entornos violentos con profunda desigualdad y pobreza, tanto sociales como familiares, y que al no ver esperanza de vida deciden entrar en esa vida, en la que de antemano saben, es efímera.
Esos mismos estudios revelan que muchos de ellos crecen con un enorme rencor hacia sus padres y cualquier salida, incluso hacerse delincuentes, es mejor opción que seguir con esa vida condenada a la miseria.
Somos incapaces de entender eso y tenemos gobiernos que quieren enfrentar el problema con sangre y fuego.
Porque entenderíamos que muchos problemas se resolverían al atender a nuestros hijos, en fomentar los valores familiares y quitar los estereotipos violentos, de todo tipo, que inundan nuestra sociedad.
Son problemas que nos tocan a todos y que debemos entender que es nuestra responsabilidad, sin egoísmos, principalmente de nuestros gobiernos, cumpliendo con una obligación histórica, a combatir la pobreza y la desigualdad, pero sobre todo en lo primario, en atender esta obligación con los nuestros.
¿Cuántos padres no pueden con sus hijos sin darse cuenta que lo que necesitan es mayor atención, guía y cuidado?
El caso de Ángel retrata la sociedad palaciega que somos, comodina y juzgadora en exceso, y que rehuye sobre todo, a su responsabilidad de reconstruir desde la propia, la casa común, que es nuestra comunidad.
Facebook: César Iñiguez
Twitter: @CesarIniguezG
E-mail: cesar_iniguez@hotmail.com
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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