OPINIÓN
Petróleo a la baja
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
La “CuatroTé” le apostó demasiado al precio del barril de petróleo de la mezcla mexicana de exportación, ya que una parte del presupuesto del año 2020 esta soportada con este producto del que se pensaba podría conservarse en un promedio de $65.00 dólares por barril, sin embargo el precio de este comodity desde el inicio del presente año viene bajando y podemos afirmar que el pasado viernes fue negro para las finanzas del país.
Banco de México, con base en la información proporcionada por PEMEX señala que el el precio de la mezcla mexicana del barril del petróleo de exportación al 6 de marzo bajo a solo $35.75 dólares por barril, lo cual es su peor cotización en mas de tres años y seguirá bajando, se espera llegue a 20 dólares por barril.
Esto viene a descomponer aún mas la economía de nuestro país, y acentúa los graves errores en la conducción económica por parte del presidente Manuel Andres Lopez Obrador (MALO), que no cuentan con planes, acciones concretas y menos proyectos reales para componer la economia.
Solo para que los lectores se den cuenta del grave deterioro, en un solo mes, medido del 6 de febrero al 6 de marzo, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió el 7%; el peso se depreció contra el dólar un 8%, cerrando arriba de la barrera psicológica de los $20.00 pesos ($20.12), y el precio del petróleo ha caído mas del 21.2%
Lo curioso es que los mas afectados somos los consumidores de gasolinas en México, recordemos que la fórmula que determina el precio final de venta de las gasolinas está ligado al precio del petróleo, si éste baja es técnicamente procedente que baje el precio de las gasolinas en nuestro país, sin embargo, ahora el señor López, quien prometió bajar las gasolinas desde el primer día de su mandato, se niega a aplicar la disminución en beneficio de la población, y contrario a lo esperado, aumenta el precio, cuando en los Estados Unidos baja en automático.
¿Qué dirán de esto sus ciegos seguidores? Pero eso sí, una empresa mexicana esta recibiendo petróleo venezolano a cambio de alimentos y camiones cisterna. Yo pensaba que México prohibía la importación de petróleo crudo por ser un país altamente productor de ese insumo.
Una crisis de este tamaño ya la ha sorteado nuestro país, el problema es que esto se da, precisamente cuando se acaba de conocer la quiebra técnica de PEMEX, su grado de endeudamiento y la monumental pérdida sufrida en el año 2019 de casi $35,000 millones de Dólares, que representa casi el 2.7 % del PIB, lo que significa que esta petrolera perdió en un solo año mas de lo que el país en su conjunto creció, a lo cual se debe sumar a la indebida utilización de mas de 120,000 millones de pesos del Fondo de Estabilización, esto es, en resumen, no solo PEMEX está en quiebra sino también las finanzas del país y con las condiciones económicas vislumbradas a corto plazo será aun peor el 2020.
El déficit gubernamental no será posible cubrirlo y menos cuando PEMEX no da un golpe de timón, se conservan los mismos inútiles funcionarios en la Secretaría de Energía como en la dirección de la paraestatal, lo que implica perder diariamente casi mil millones de pesos. Si la calificación de la deuda de Pemex cae, lo mas seguro al no realizar cambios urgentes y querer continuar el proyecto Dos Bocas, es que arrastre la deuda del país con los efectos negativos ya esperados.
El agrónomo, Director de Pemex, sigue cometiendo errores, ahora provoca muertes de sus propios empleados, ya es necesario que el Sindicato de Pemex logre su destitución, y tratar de politizar el asunto solo lo hunde más, resulta que en uno de los hospitales para sus trabajadores, fallecen lamentablemente varios pacientes que recibían tratamiento de Hemodiálisis, y según un escueto comunicado de Pemex se dice que un lote del medicamento “Heparina” necesario en ese tratamiento, está contaminado por la bacteria “Klebsiella Pneumoniae” y de inmediato la COFEPRIS acusa a Laboratorios PISA de ser los culpables, (parece que ahora PISA es el culpable de todos los males junto con Calderón). Como el “Centro Nacional de Farmacovigilancia” de la COFREPRIS no aparece, Laboratorios PISA realiza su propia investigación y con pruebas se deslinda de la responsabilidad, dando a conocer que existían graves anomalías en el producto que aún conservaba Pemex, “consistentes en reúso y adulteración de los frascos de heparina….además de anomalías y variaciones en el volumen de la solución..”
Pues ahora resulta, según publicaciones de prensa especializada, que el lote contaminado lo vendió un proveedor patito, amigo del director del Hospital de Pemex y del propio agrónomo Director de la paraestatal, de nombre José Rocher Pérez, quien lo facturó a Pemex derivado de compras sin licitación alguna de por medio. Aunque investigadores médicos solicitan que sean investigadas de inmediato las maquinas de hemodiálisis, las muertes de los trabajadores ya ocurrieron y eso no tiene solución, solo demuestra que los funcionarios de la “CuatroTé” son corruptos y además ineptos, por lo que, insisto, el Sindicato deberá exigir la inmediata destitución del Director del Hospital así como la del Director de Pemex, y la COFEPRIS haciendo a un lado su animadversión contra PISA (porque los dejó en ridículo), debe realizar una investigación a la altura, para que esto no vuelva a ocurrir, garantizando a los pacientes de todo el sector salud que los medicamentos que están importando sí tienen control de calidad y alta seguridad y que no ocurrirá esto con otros tratamientos. Lo barato sale caro.
De por sí no hay confianza de los inversionistas en el país, y el gobierno del señor Lopez solo podrá componer sus fianzas con mayores impuestos, mayor endeudamiento y además exprimiendo a los contribuyentes. Prepárese.
E-mail: hromerof@lgrrabogados.com
Twitter: hectorromerof2
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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