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OPINIÓN

Quieren periodistas a modo

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Tercera Instancia, por Modesto Barros González //

Tanto estar esperando verdaderos gobernantes serios y honestos, ahora resultan con una piel muy delgada y quieren que los periodistas sean sumisos y disciplinados para que no les cuestionen en ningún tema de su administración.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, ha declarado que trabajadores de la comunicación inquietan a la población en materia de seguridad y que su gobierno es transparente y con miras de una refundación.

Por su parte el Presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, ahora se queja hasta de los que por mucho tiempo le aplaudían de todo, por cuestionarle la serie de mentiras y pifias cometidas en el desastroso operativo de captura de Ovidio Guzmán López, hijo de Archivaldo Joaquín Guzmán Loera, ocurridos en Culiacán, Sinaloa.

El primer mandatario del país ha tendido un manto protector contra su flamante Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Francisco Alfonso Durazo Montaño, a quien mantiene en el cargo sin importarle las consecuencias por señalar a miembros del ejército mexicano, que contra lo que se diga, ese día cumplieron con la encomienda que fue el arresto de Ovidio Guzmán López, pero las instrucciones de los altos mandos políticos fue dejarlo en libertad, entonces ¿quién o quiénes fueron los verdaderos responsables del fallido operativo?.

En lugar de reconocer los errores se está demostrando la falta de voluntad para capturar a los presuntos delincuentes, o sea que se percibe que el gobierno federal está arrodillado frente a la delincuencia organizada o no organizada, pues los actos delictivos siguen cometiéndose en todo el país, se quiera reconocer o no.

El Presidente del país se sabe y se siente poderoso, como lo es, aunque no se sabe de dónde resultó su comentario que no podrá ser derrocado del cargo.

Hay que esperar cómo se desarrollarán las ruedas de prensa matutinas, con sus seguidores y supuestos reporteros “paleros” y con los que son verdaderos profesionales de la comunicación pero rara vez les permiten preguntar.

AVENTARON LA TOALLA

Con gran tristeza se conoció que los luchadores sociales y valientes defensores del predio El Bajío, se arreglaron con los acaudalados compradores y algunos de los dueños del complejo denominado Villa Panamericana y luego nombrada Villa Bosque.

Tanto el notario público y doctor en derecho Salvador Cosío Gaona, como el ingeniero Alejandro Cárdenas Ochoa, presidente del Parlamento de Colonias y de Conciencia Cívica, el primero de ellos, lograron hacer sus “arreglos” con el socio del complejo Francisco Javier Cornejo Reynoso y algunos funcionarios del gobierno del Estado que preside Enrique Alfaro Ramírez.

Parece que por arte de magia o iluminados por un ser supremo les salió la voluntad de dar por terminada su lucha de defensa para que no se destinara la construcción de la Villa Panamericana en viviendas y desistirse de las acciones legales interpuestas que por muchos años encabezaron.

El abogado que tenían contratado y llevaba el caso desde hace tiempo, Carlos Aldana Ortiz, se ha extrañado por la decisión de sus flamantes clientes que ni le avisaron en su determinación y parece que ni le han pagado por sus servicios.

Afortunadamente parece que no todo está perdido o por lo menos mientras sea Alcalde de Zapopan Pablo Lemos Navarro, quien se sostiene que no permitirá el uso habitacional para viviendas el complejo de la Villa Panamericana, lo que seguramente le ha provocado fuertes fricciones con el gobernador Alfaro Ramírez.

Mientras ya se frotan las manos algunos políticos en el millonario negocio de compra-venta de los más de 600 departamentos, existen algunos grupos civiles que se mantienen firmes en su negativa para que sean habitados los que una vez fueron albergue de atletas y entrenadores de los juegos panamericanos de 2011, de triste memoria.

Se espera que la protección de la zona que pretenden sembrar de viviendas se logre por muchos años, aunque el dinero logra romper las buenas acciones.

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OPINIÓN

Un país lleno de tumbas

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Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

¿Hasta dónde llegará la sangre derramada por todos los confines del país?

México, oficialmente no está en guerra, pero los saldos de muertes violentas, no tienen fin…no tendrán fin ni a corto ni mediano plazo, todo lo contrario.

En dos sexenios, encabezados por los Presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, entre homicidios y desaparecidos, suman 300 mil vidas apagadas. ¿Qué son 300 mil vidas? Si lo comparamos con un país en guerra como fue el caso de Irak -ocupación de Estados Unidos- entre el 2003 y el 2011 se estima que murieron 601 mil personas directamente por la violencia y de acuerdo a estimaciones realizadas por organizaciones de derechos humanos, de las cuales el 14%, 91,700 fue por atentado suicidas; el 57%, por arma de fuego, más de 373 mil, y un 20%, más de 137 mil, por ataques aéreos.

Durante el primer año del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la violencia no encuentra freno, sino todo lo contrario. Al terminar el 2019 serán cerca de 35 mil los homicidios registrados en el país y si esa constante se mantiene -en los dos sexenios que le han antecedido, tienden a aumentar año con año- llegaríamos al cerrar el 2024 a 210 mil homicidios y que sumados a los 300 mil de los últimos 12 años, llegaríamos a los 500 mil pérdida de vidas en 18 años.

Sí, 500 mil pérdidas de vida. ¡Es una barbaridad!

El sexenio de Peña Nieto cerró con 14% más homicidios que el de Felipe Calderón, conforme a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre enero y noviembre del 2018 fueron asesinados un promedio de 94 personas en México por día, esto es 4 asesinatos por hora.

Los 35 mil homicidios como seguramente cerraremos el año en todo el país vendrá a imponer marca histórica.

El gobierno de la 4T ha señalado que no hará uso de la fuerza del Estado para pacificar el país. El Presidente López Obrador ha señalado que hay que resolver el problema social para que México logre la paz y la reconciliación. Tiene parte de razón, pero el encontrarle solución pueden pasar décadas y hasta siglos, y tal vez no se logre disminuir la desigualdad, porque abatirla, es imposible. Requerimos a un Presidente mas terrenal, más realista.

Ya pasó el primero de seis años de un gobierno y a juzgar por los resultados, esa actitud cristiana de ofrecer la mejilla a los criminales, en vez de combatirlo con la fuerza del gobierno y la ley en la mano, no sirve de nada.

Al mismo tiempo, tenemos el funcionamiento de la Guardia Nacional que en el tercer tercio de este año, empezó su operación, con problemas presupuestales muy críticos, por la premura que se tuvo para que ya se hiciera presente en el país. Esperamos que la Guardia Nacional se asiente en el 2020.

UN AÑO DE PLAZO

¿Qué dice el Presidente sobre la realidad violenta que golpea al país en los tiempos de la 4T?

Tácitamente acepta la magnitud del problema cuando pide un año más de plazo.

Hay dos sucesos que este año han cimbrado a su gobierno por parte de los grupos criminales: por un lado “el culiacanazo”, que vino a exhibir el desorden que traen dentro del gabinete de seguridad que coordina el civil Alfonso Durazo, que se ha convertido en el funcionario más cuestionado de este gabinete, al no convencer su narrativa y justificaciones que ha brindado, no pocas contradictorias, en cuanto al operativo fallido en Sinaloa para detener a Ovidio Guzmán.

El segundo suceso trágico y macabro fue el que se registró en Bavispe, Sonora -en la frontera entre Sonora y Chihuahua- donde fueron asesinados 6 niños y 4 mujeres de la familia LeBarón, noticia que le dio la vuelta al mundo en los espacios estelares de los medios de comunicación.

En esas circunstancias, el Presidente de EEUU Donald Trump se atrevió a proponerle al gobierno de México ayuda para enfrentar la guerra a estos grupos criminales que han arrodillado y humillado al gobierno, lo cual inmediatamente fue rechazado por el Presidente López Obrador.

El gobierno de EEUU calificó el suceso en el que murieron ciudadanos americanos, como un acto terrorista y en esa tesitura, la administración se da la potestad de intervenir, de acuerdo a sus leyes imperialistas, justificando esas acciones de perseguir este tipo de actos estén dónde estén.

El Presidente mexicano hace alusión a la soberanía de México que debe ser salvaguardada al rechazar ayuda de Trump. ¿Debe cambiar México está posición que ha mantenido firme por décadas al no permitir la ayuda de un ejército extranjero participe en una acción de defensa del orden público? ¿Debería discutirse este punto? ¿De qué sirve la soberanía cuando el Estado es incapaz de ofrecer seguridad a sus ciudadanos, cuándo se impone la ley de la selva y la ley y el estado de derecho son letra muerta?

Lo cierto es que el gobierno de México por más que se esfuerce ha fracasado en la lucha contra los grupos criminales. 300 mil muertes en dos sexenios y 35 mil en este primer año, son números fríos y muy contundentes. ¿Esperaremos que en estos seis años se acumulen 200 mil más para llegar al medio millón de homicidios?

Ante esta terrible realidad, ¡Dios nos tome confesados!

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OPINIÓN

El triunfo de MC: La crisis en los medios

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De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //

Hace cinco años, un 22 de noviembre, en el Periódico Oficial de El Estado de Jalisco, se publicó la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios. Se trata de una norma vigente que impulsó el partido Movimiento Ciudadano –promovida por el actual senador Clemente Castañeda Hoeflich como presidente del poder legislativo local- y que supuestamente tiene como premisa básica (según lo enuncia su artículo 1 en el Capítulo Primero) lo que sigue: “Esta Ley es de orden e interés público, y tiene por objeto establecer reglas para el ahorro, gasto eficiente, racional y honesto que se deberá poner en práctica en el manejo de los recursos públicos de los sujetos regulados por la presente Ley”.

En ese tiempo yo era secretario general del extinto Cesjal, y fue justo desde las trincheras de ese organismo autónomo, al que por cierto tanto se atacó con falacias desde algunos espacios periodísticos, que se quiso dar la batalla contra la entrada en vigor de dicho mandato jurídico. ¿Por qué? Porque en realidad esta Ley escondía un propósito perverso que en su momento expliqué a algunos amigos columnistas, reporteros y directivos comerciales, pero que nadie se atrevió a denunciarlo.

Y es que la precitada Ley, en el Artículo 13, correspondiente al Capítulo III, mandata de forma textual: “Los gastos en publicidad y comunicación de los sujetos obligados, por concepto de tiempos en radio y televisión, pautas en Internet y redes sociales, así como los espacios en prensa escrita y cualquier otra erogación equivalente de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, no podrán rebasar el cero punto tres por ciento de su presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal correspondiente, con excepción de la difusión en materia de programas de protección civil, salud y seguridad pública. En el caso del Poder Ejecutivo del Estado el porcentaje señalado en el párrafo anterior se aplicará al conjunto de la Administración Pública Centralizada”.

Ya con la mira puesta en la conquista del Gobierno del Estado, con esta redacción era claro (el tiempo me dio la razón) que el quid de la construcción de un marco legal así contemplaba dos objetivos estratégicos para el alfarismo: el primero, mermar las finanzas de los medios de comunicación a través de una drástica reducción en los presupuestos destinados a la compra de publicidad institucional, con el fin de desaparecer los más que se pudiera y así disminuir la carga crítica de su gestión en caso de alcanzar la gubernatura.

El segundo -con un enfoque de negocio personal-, apropiarse de gran parte de dinero del erario destinado a gastos de promoción y difusión, a través de las empresas consultoras en comunicación INDATCOM, Euzen y La Covacha, a las que por la vía de la asignación directa, se les ha otorgado a la fecha cientos de millones de pesos, y de los que nadie conoce su uso y destino, porque en este asunto ni el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) le entra, por temor a que se le quite recursos.

Así pues, mientras que hoy vemos con pena la crisis económica por la que atraviesan algunas empresas de comunicación, en Casa Jalisco presumen el control editorial que se ejerce sobre algunos “líderes de opinión” y festejan el despido de profesionales del periodismo que no quisieron alinearse a la Refundación.

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Estructuras ocupacionales II

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Metástasis, por Flavio Mendoza //

Terminó Recrea Academy, evento que impulsó el Gobierno del Estado, particularmente el Secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, en el que se planteó sólo una cara de la moneda, la del ideal de lo que se quisiera para las escuelas de educación básica en el estado. Sin embargo, la otra cara que no se vio en ese evento son las más de 11 mil escuelas cuya realidad es el contraste de lo que se abordó ahí.

Las escuelas de educación básica en Jalisco, en su mayoría, tienen carencias en infraestructura física, de materiales didácticos o personal, sin duda el tema de las estructuras ocupacionales es un elemento fundamental para el buen funcionamiento de las escuelas y el cumplimiento de sus objetivos, pero para la autoridad educativa parece ser un tema sin importancia o relevancia, en Recrea Academy no se dio una sola conferencia dedicada a este tema o bien en los planes de desarrollo y proyectos ejecutivos del gobierno y la propia dependencia estatal.

Un claro ejemplo es la incongruencia para la prestación del servicio educativo, una obligación del estado para garantizar el derecho a la niñez de recibir educación pública, que derivado de los planes de expansión 2019 – 2020, la Secretaría de Educación Jalisco autoriza la creación y apertura de turnos vespertinos para la oferta del servicio en el nivel de Educación Secundaria, estableciendo incluso el número de grupos por grado que debe de atender en dicho nuevo turno para el plantel educativo, sin embargo no resuelve nada sobre la plantilla de personal que deberá atender la matricula correspondiente.

Es tanta la indiferencia, frivolidad e insensatez de la SEJ, que a través de oficios dirigidos a los Directores de las Escuelas, les dan la indicación de aperturar el servicio a la comunidad que demanda un derecho en las localidades, pero en el mismo oficio, del que tengo copia, le informan al directivo que “en cuanto al personal para atender dicho servicio, se atenderá en la medida de lo posible y de no ser así, será considerado en la programación detallada, sujeta a disponibilidad de recursos y a la priorización de necesidades del Estado”. Además de no definir la situación del directivo que les es útil para la apertura del turno vespertino, pero sin garantizar su situación laboral, pues le avisan que la dirección de dicho turno estará sujeta a la convocatoria que emita la propia Secretaría con base a la normatividad vigente.

El oficio muestra la crudeza con la que desde los escritorios la autoridad educativa toma las decisiones, sin importar prácticamente ni la educación de los niños ni las garantías laborales del profesorado, además de la seguridad y el buen funcionamiento del nuevo turno en el plantel escolar, la frivolidad de los funcionarios promueve y profundiza la crisis en materia educativa por la que atraviesa el país y estado, mientras en Recrea Academy se habla de escuelas con tecnología, personal suficiente y especializado, capacitación profesional de primer nivel e infraestructura física acorde, mientras la realidad de las escuelas todos los días mete en aprietos a los directivos que deben resolver con lo que pueden para no interrumpir el servicio y los procesos educativos a millones de educandos.

El Secretario de Educación en la entidad debe conocer la realidad de las escuelas, para que comience Recrea con el cumplimiento de lo que ya está establecido en la norma vigente del Sistema Educativo, para que, considerando ésta, pueda tener el verdadero diagnóstico que permita avanzar en materia educativa, antes de gastar millones en eventos de relumbrón, cuyo recurso podrían resolver sueldos anuales de personal que falta en las escuelas, ante este escenario, son pocas las voces que se atreven a denunciarlo, excluyendo incluso a la representación sindical, porque además este tema para directivos y supervisores se vuelve un problema dentro de su función en las que generalmente enfrenta sólos la insensibilidad de las autoridades educativas.

Twitter: @FlavioMendoza_

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