OPINIÓN
Quieren periodistas a modo
Tercera Instancia, por Modesto Barros González //
Tanto estar esperando verdaderos gobernantes serios y honestos, ahora resultan con una piel muy delgada y quieren que los periodistas sean sumisos y disciplinados para que no les cuestionen en ningún tema de su administración.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, ha declarado que trabajadores de la comunicación inquietan a la población en materia de seguridad y que su gobierno es transparente y con miras de una refundación.
Por su parte el Presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, ahora se queja hasta de los que por mucho tiempo le aplaudían de todo, por cuestionarle la serie de mentiras y pifias cometidas en el desastroso operativo de captura de Ovidio Guzmán López, hijo de Archivaldo Joaquín Guzmán Loera, ocurridos en Culiacán, Sinaloa.
El primer mandatario del país ha tendido un manto protector contra su flamante Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Francisco Alfonso Durazo Montaño, a quien mantiene en el cargo sin importarle las consecuencias por señalar a miembros del ejército mexicano, que contra lo que se diga, ese día cumplieron con la encomienda que fue el arresto de Ovidio Guzmán López, pero las instrucciones de los altos mandos políticos fue dejarlo en libertad, entonces ¿quién o quiénes fueron los verdaderos responsables del fallido operativo?.
En lugar de reconocer los errores se está demostrando la falta de voluntad para capturar a los presuntos delincuentes, o sea que se percibe que el gobierno federal está arrodillado frente a la delincuencia organizada o no organizada, pues los actos delictivos siguen cometiéndose en todo el país, se quiera reconocer o no.
El Presidente del país se sabe y se siente poderoso, como lo es, aunque no se sabe de dónde resultó su comentario que no podrá ser derrocado del cargo.
Hay que esperar cómo se desarrollarán las ruedas de prensa matutinas, con sus seguidores y supuestos reporteros “paleros” y con los que son verdaderos profesionales de la comunicación pero rara vez les permiten preguntar.
AVENTARON LA TOALLA
Con gran tristeza se conoció que los luchadores sociales y valientes defensores del predio El Bajío, se arreglaron con los acaudalados compradores y algunos de los dueños del complejo denominado Villa Panamericana y luego nombrada Villa Bosque.
Tanto el notario público y doctor en derecho Salvador Cosío Gaona, como el ingeniero Alejandro Cárdenas Ochoa, presidente del Parlamento de Colonias y de Conciencia Cívica, el primero de ellos, lograron hacer sus “arreglos” con el socio del complejo Francisco Javier Cornejo Reynoso y algunos funcionarios del gobierno del Estado que preside Enrique Alfaro Ramírez.
Parece que por arte de magia o iluminados por un ser supremo les salió la voluntad de dar por terminada su lucha de defensa para que no se destinara la construcción de la Villa Panamericana en viviendas y desistirse de las acciones legales interpuestas que por muchos años encabezaron.
El abogado que tenían contratado y llevaba el caso desde hace tiempo, Carlos Aldana Ortiz, se ha extrañado por la decisión de sus flamantes clientes que ni le avisaron en su determinación y parece que ni le han pagado por sus servicios.
Afortunadamente parece que no todo está perdido o por lo menos mientras sea Alcalde de Zapopan Pablo Lemos Navarro, quien se sostiene que no permitirá el uso habitacional para viviendas el complejo de la Villa Panamericana, lo que seguramente le ha provocado fuertes fricciones con el gobernador Alfaro Ramírez.
Mientras ya se frotan las manos algunos políticos en el millonario negocio de compra-venta de los más de 600 departamentos, existen algunos grupos civiles que se mantienen firmes en su negativa para que sean habitados los que una vez fueron albergue de atletas y entrenadores de los juegos panamericanos de 2011, de triste memoria.
Se espera que la protección de la zona que pretenden sembrar de viviendas se logre por muchos años, aunque el dinero logra romper las buenas acciones.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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