OPINIÓN
¿Tendremos a un Alfaro más conciliador y menos de confrontación?
Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Un año de gobierno está por cumplir Enrique Alfaro y el escenario con los resultados, de acuerdo a lo que proyectaron después del triunfo contundente en las elecciones del 1 de julio del 2018, es muy distinto a lo que esperaban, cuando han descubierto que el ejercicio de gobierno es muy complejo, con problemas de años y décadas que se han ido acumulando o que se vuelven cada vez más críticos.
El estilo de Alfaro como político de oposición fue siempre ir hacia adelante como el boxeador fajador que echa golpes y que se gana los aplausos del respetable, enfrentándose o creando villanos favoritos, primero Raúl Padilla, después el PRI, que en esa etapa le dio buenos réditos, después enderezó sus baterías contra el doctor Carlos Lomelí, el super delegado, al que no lo soltó hasta lograr que dejara la representación federal. En el arranque de gobierno, con su política de confrontación, Alfaro el Gobernador se enfrentó al poder Presidencial, pero allí encontró roca de granito. No pudo y tuvo que recular. Si no puedes con el enemigo, te lo haces amigo.
DIÁLOGO, CONCENSOS O CONFRONTACIÓN
Al terminar el primer tramo de seis que le corresponde correr al gobernador emecista, es oportunidad para la reflexión serena. La principal característica de Alfaro en estos once meses ha sido el de la confrontación. ¿Hay ánimo y actitud para la serena reflexión? Está por verse.
Pero la realidad, no la que le dicen al oído sus cortesanos, podrían ubicar a Alfaro. Tirios y troyanos -menos sus aduladores- están convencidos que el líder de MC se ha desgastado prematuramente en este primer tramo. ¿Las decisiones del desgaste han valido la pena? ¿Son las que requiere Jalisco para su transformación?
LA IMPOSICIÓN MISÓGINA
La primera fue tratar de imponer a las feministas y activistas su visión para impulsar programas y políticas públicas para enfrentar los problemas que las agobian. Con una actitud misógina, impositiva e intolerante el gobernador descalificó las críticas de las feminisas y hasta las tildó de conservadoras y falsas progresistas. Sus palabras se las tendría que tragar y dar marcha atrás a todo lo que aseveró. La perdió.
Otra decisión polémica tomada fue el arrendamiento financiero que se le otorgó a uno de sus amigos ricos con el contrato multianual “A toda máquina” de 3,600 millones de pesos y que ha sido severamente cuestionado por la opinión pública, en el que se cometieron serias irregularidades a decir de la Contraloría del Estado, golpeando así el discurso alfarista de la honestidad y de lucha contra la corrupción. Lo mismo ha sucedido en la Secretaría de Salud donde las adjudicaciones directas o con muchas dudas, para favorecer a familiares de las jefaturas de estas dependencias o a empresas de los cuates.
LA CONFRONTACIÓN CON LA PRENSA
Producto de ese estilo de confrontación ha sido el estar permanentemente descalificando a los medios de comunicación y al periodismo crítico, a quienes culpa de la percepción negativa que tienen los ciudadanos de la seguridad pública al estar convencido que éstos no reflejan la realidad y mal informan.
LOS PROBLEMAS REALES
Si bien es cierto que Alfaro ha enfrentado los grandes problemas de Jalisco, y algunos otros heredados por los gobiernos anteriores (Villas Panamericanas), los resultados no son los esperados, mientras que otros le han explotado en las manos (seguridad y dengue).
En el tema de la seguridad han sido los delitos de altos impacto lo que lo han avasallado y son los que más golpean mediáticamente a su gobierno. En este primer año los homicidios dolosos podrían llegar a los 2,500, para imponer record histórico.
Y otro problema que lo sorprendió y cuyo manejo ha sido terrible, es el problema del dengue y la crisis epidemiológica que llevan a Jalisco a ser líder en el problema. Se ha demostrado que empezaron a fumigar tardíamente, además de haber utilizado insecticida caduco. El gobernador lo rechaza y más que ver si hay fallas humanas de parte de los titulares de la Secretaría de Salud y la OPD de Salud, prefiere culpar al cambio climático. Y de allí no lo podemos sacar.
Realmente, más allá de la retórica, hay muy poco que presumir de logros en este primer año, todos son planes en papel, como lo es en Educación con el proyecto llamado “Educar para la vida”, que ha iniciado con un plan piloto en 50 escuelas de 14 mil que hay, habrá que ver si los indicadores que se apliquen nos demuestran que la propuesta permite que la educación mejore, cuando Jalisco se encuentra en el lugar 28 en cuanto a calidad educativa en el país.
¿Qué debemos de esperar en este próximo año de Alfaro el gobernador? ¿Un gobernante que privilegie el diálogo, que sume, que genere consensos o un gobernador que utilice la fuerza para imponerse, en constante confrontación? ¿Está Alfaro en el camino de la rectificación, convencido que la pérdida de apoyo ciudadanos no es invento de sus malquerientes o se esperará a que sean las urnas las que le digan lo que no ha querido ver?
Habrá que ver si ese tono conciliador que mostró con la oposición en el Congreso del Estado es el cambio en el ejercicio de gobierno o fue nada más de un día.
Dicen los que saben que genio y figura hasta la sepultura. Pero damos el beneficio de la duda en este caso particular de gobierno. No hay que ser pesimista.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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