OPINIÓN
TERCERA INSTANCIA /// ¡La ley del embudo!

Por Modesto Barros González ///
El estilo del nuevo gobierno federal se aplica como la llamada “ley del embudo”, el hoyito chiquito para algunos y el grandote para los consentidos”, así lo ordena el primer mandatario del país Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Las acciones de gobierno para todo el país por parte del Señor Presidente de la República, han provocado malestar para muchos y sobre todo en los últimos días al quitar de un plumazo las aportaciones para las conocidas guarderías públicas.
En repetidas ocasiones y en diferentes hechos ha dicho con todas sus fuerzas y de “voz en cuello” que la corrupción está por todos lados y sin embargo la pretende acabar con declaraciones o cerrando el flujo de recursos para algunos apoyos que durante años se daban.
La danza de los millones de pesos se notan diariamente al destinar grandes cantidades a la compra de camiones cisterna o para “el tren maya” o la remodelación del aeropuerto de Santa Lucía, el de Toluca y el de la Ciudad de México.
Para lo anterior y otras cosas como apoyo económico a los llamados “ninis” si tiene a la mano dinero y no le duele que le sigan robando cientos de miles de litros de carburantes a Pemex por parte de los huachicoleros, pero el seguir apoyando las guarderías ya le molestó mucho y levantó la canasta.
EL QUE SE VOLÓ LA BARDA FUE EL FLAMANTE SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CARLOS MANUEL URZÚA MACÍAS, AL SUGERIR QUE LOS ABUELOS CUIDEN A LOS NIÑOS DE CORTA EDAD Y SUS PADRES LES ENTREGUEN EL RECURSO QUE EL GOBIERNO LES DARÁ DE $ 800.00 AL MES, COMO SI TODOS TUVIERAN LOS CONOCIMIENTO Y FACULTADES FÍSICAS Y MENTALES PARA CUIDAR A LOS PEQUEÑOS.
El Señor Presidente casi todas las mañanas acusa a las pasadas administraciones del saqueo que hicieron por años, pero no hace el señalamiento directo de quién o quiénes son esos malos empleados o personas que se robaron el dinero y mejor decide disminuir $ 150.00 el subsidio en guarderías, como si eso fuera un gran ahorro económico para el gobierno de la república.
A quienes sí ha perjudicado esa quita de apoyo es a los padres de familia, principalmente a las madres de familia que tienen que trabajar y no pueden cuidar a sus hijos.
El que se voló la barda fue el flamante Secretario de Hacienda y Crédito Público Carlos Manuel Urzúa Macías, al sugerir que los abuelos cuiden a los niños de corta edad y sus padres les entreguen el recurso que el gobierno les dará de $ 800.00 al mes, como si todos tuvieran los conocimiento y facultades físicas y mentales para cuidar a los pequeños.
Eso es no tener sensibilidad y demostrar el poco valor civil para los menores y los padres de ellos.
Ahora bien si se estima que son alrededor de 300 mil los niños que se apoya a sus padres con $ 950.00 pesos al mes resultaba que se erogaban 285 millones de pesos y ahora serán 800 pesos por niño o sea quedará en 240 millones de pesos, por lo tanto el gran ahorro que tendrá el flamante gobierno de la república será de 45 millones de pesos.
Si se ahorrarán cada mes aproximadamente 45 millones de pesos es una cantidad irrisoria y en cambio no se fijan en los millones de pesos que está costando tener el avión presidencial en Estados Unidos y sin poderlo vender, o los errores que han tenido en la liquidación de accionistas del que sería el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México o como ya señalé el “boquete” constante que le hacen de hidrocarburos y que sigue sin terminar.
Con una ligereza como se ha hecho en casi todas las administraciones del gobierno federal sin ton ni son ordenan movilizar personal del ejército y marina para combatir a la delincuencia organizada, sin tomar en cuenta a los gobernadores de cada entidad.
Tal parece que el pasado viernes quedó en claro que el Señor Presidente sabe querer y más sabe odiar ya que estuvo en el vecino estado de Michoacán y en el estrado se sentó retiradito del gobernador Silvano Aureoles Conejo y horas después no tuvo empacho que en el estado de Guerrero le sentaran a su diestra al gobernador local Héctor Astudillo Flores, del de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez, ni se diga y mejor ni ha venido a la entidad en las 14 semanas que lleva de gobierno.
Todavía hay que esperar hasta cuando se terminan las ocurrencias del Señor Presidente y las de su flamante gabinete.
Deportes
Atlas, de la gloria reciente al futuro incierto

-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Deportes
Edición 798: El drenaje profundo, un paso hacia el futuro en Guadalajara

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JALISCO
Año de la Mujer Indígena: Promesas vs silencio en la Comunidad Indígena de Mezquitán

-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.