Tercera Instancia, por Modesto Barros González //

Muy preocupado se le ha visto al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por la tragedia que ocurrió en un tramo de la Línea Dorada o Línea 12 del Sistema del Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.

Tal parece que la preocupación no es por las decenas de muertos y lesionados, sino por la zancadilla política que repercutirá entre sus consentidos para que ocupen nuevos cargos; alguno de ellos sería el sucesor en el mandato presidencial.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, están resintiendo las serias críticas por lo ocurrido hace casi una semana en donde han perdido la vida por lo menos 26 personas.

Como el actual gobierno se ha caracterizado por sus “brillantes puntadas” y en algunos aflora su naquez, como decía una comediante, apareció con una “destacada” defensa la senadora, militante del Partido Morena, Lilia Margarita Valdez Martínez, a decir: “Hay gente perversa en México. En un descuido van y le mueven a la ballena para que se caiga”.

Creo que sí hay gente perversa, pero debe haber más gente que no razona lo que dice y por eso apareció en las redes sociales una recomendación que dice: “Se les pide atentamente no andar no andar moviendo las ballenas del Metro porque se cae, atentamente la Unidad de Inteligencia de la 4T”.

Claramente se ve que es una broma, sin embargo la destacada legisladora debe de estar convencida de que se propague la advertencia.

Por otra parte quien también debiera sentir “frío” en su carrera política, con todo y que es el responsable nacional del partido gobernante Morena, es Mario Delgado, quien ocupó el importante cargo de Finanzas en el gobierno del entonces DF con Marcelo Ebrard. Por decisiones de Mario Delgado se cambió la compra de los carros de la Línea 12, que se llevaría a cabo con la empresa Bombardier, y los que se estimaban tendrían un peso 170 toneladas cada uno.

La adquisición de esos carros fue por adjudicación directa y se estimaba un costo de esa época (2012) de 12 mil millones de pesos, pero la decisión del político dirigente de Morena propició que se compraran a otra empresa en arrendamiento, a la española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), con un costo de 18 mil millones de pesos.

En notas periodísticas de la vergonzosa Línea 12 apareció una minuta que se realizó durante la relación de pruebas; se determinó que en esa línea ya se habían registrado un total aproximado de once mil fallas, pero al acercarse el fin de la administración de Marcelo Ebrard y con la insistencia de inaugurar el servicio, el área de normatividad de la Sistema de Transporte Colectivo Metro y el sindicato debían recibir las obras en su totalidad.

Hubo negativa de recibir las obras y unos días antes de la inauguración, el 30 de octubre de 2012, se elaboró una acta-recepción del consorcio español CAF, la cual fue firmada por el director general del Metro, Francisco Bojórquez, y como testigo Marcelo Ebrard.

La siguiente administración, encabezada por Miguel Ángel Mancera, nombró director al político Joel Ortega, quien en los primeros meses se mostró muy crítico por el estado de la línea y cuestionó la validez del acta de recepción del 30 de octubre de ese 2012.

En la actualidad la Jefa de Gobierno parece querer demostrar el gran apoyo que hace su gobierno a los familiares de las personas que fallecieron en el desplome de la trabe cercana a Tláhuac, y hasta como un logro anunció que se indemnizará a deudo con 650 mil pesos, casi el doble de lo que primero quería dar la aseguradora.

Al consultar al catedrático de la carrera de Derecho de la Universidad de Guadalajara, licenciado Saúl Cotero Bernal, me ilustró al decir que el Código Civil de la Ciudad de México establece en su artículo 1913, que: “Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos, vehículos automotores o substancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollan, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser que  demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. En todos los casos, el propietario de los mecanismos, instrumentos, aparatos, vehículos automotores o sustancias peligrosas, será responsable solidario de los daños causados”.

Ahora bien, en el numeral 1915 se señala el pago de daños y perjuicios: “Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad total permanente, parcial permanente, total temporal o parcial temporal, el grado de la reparación se determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo (LFT)”.

Añade que para calcular la indemnización que corresponda se tomará como base el cuádruple del salario mínimo diario más alto que esté en vigor en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y se extenderá al número de días que, para cada una de las incapacidades mencionadas, señala la LFT.

En caso de muerte la indemnización corresponderá a los herederos de la víctima. Cuando la víctima fuere un asalariado son intransferibles, se cubrirán preferentemente en una sola exhibición, salvo convenio entre las partes.

Según lo previsto por el Artículo Tercero del decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación, la mención salario mínimo debe calcularse en Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Es decir, la UMA del 2021 es igual a 89.62 pesos, que multiplicados por cuatro resulta en 358.48 pesos, que conforme a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo (artículos 500 y 502) por causa de muerte se debe multiplicar por cinco mil y resultan un millón 792 mil 400 pesos, sin dejar de observar que se deben cubrir los gastos de hospitalización y médicos.

Así que parece que les pretenden dar migajas a los familiares y deudos de los afectados, pero ya veremos si los llegan a defender algunos abogados o los dejan desprotegido.

Deporte Rey, por Gabriel Ibarra Bourjac //

La noticia de la semana en el mundo beisbolero jalisciense fue la intervención sorpresiva del Gobierno de Jalisco a través del CODE al asumir el control y administración del Estadio Panamericano y que la prensa local de entrada lo calificó de desalojo.

El tema no alcanzó mayor ruido mediático luego que la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado a través de su titular José Luis Tostado, informó que se trata de una acción de control y administración del inmueble y que quedó establecido en el contrato de comodato firmado en el 2014, en el que se acordó que la operación y ocupación del Estadio Panamericano por parte de la directiva del Club de Beisbol Charros, sería únicamente durante el tiempo que comprende la temporada de béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, entre tres y cuatro meses, de octubre a enero.

Esta acción de asumir el Gobierno de Jalisco la administración del estadio a través del CODE no lo habían hecho antes, explicó José Luis Tostado, por alguna razón y que luego se hizo costumbre, que todo el año el estadio estuviera en manos de la empresa propietaria de Charros, lo que nunca estuvo estipulado en el convenio de comodato.

La forma como el CODE tomó el control del estadio no fue precisamente una forma ortodoxa de asumir una facultad, pues se utilizó a la fuerza pública para que los abogados de la Consejería Jurídica del Ejecutivo asumieran el control del inmueble, sin que hubiera resistencia del personal de Charros que allí venía laborando, tanto administrativo como el encargado de darle mantenimiento al estadio. Personal de la Consejería madrugó la mañana del 5 de mayo y cuando el personal de Charros arribó se encontraron con la sorpresa de que el estadio ya no sería el espacio laboral.

Los directivos de Charros hasta este fin de semana se han abstenido de emitir alguna opinión al respecto.

EL CONFLICTO ENTRE ACCIONISTAS

Previo a esta acción el Gobierno de Jalisco, a través del titular de la Secretaría General de Gobierno, Enrique Ibarra, buscó mediar entre los accionistas en conflicto, encabezados por un lado por Salvador Quirarte Villaseñor y por la otra por Armando Navarro Peña, con acusaciones mutuas de malos manejos administrativos, lo que ha trascendido a la opinión pública y que se ventila en los tribunales.

Obvio que las autoridades locales están preocupadas por este conflicto y quieren que se llegue a un arreglo para que la empresa y el equipo puedan seguir adelante, sin que se vea afectado el espectáculo deportivo que ofrecen para deleite de los amantes del béisbol, siga adelante.

En ese sentido hubo una especie de manotazo de la autoridad estatal para que se ponga fin al conflicto, cuya solución más viable es que unos compren a otros, pero el problema estriba en que los principales accionistas -Quirarte y Navarro- alegan incumplimientos, engaños y fraudes, lo que ya llegó al campo civil, mercantil y penal.

Y fue en ese punto cuando el Gobierno de Jalisco intervino con la petición de resolver de fondo el problema, sin los abogados y el ces de las declaraciones de descalificación mutuas a los medios. Y el primer mensaje fue este del pasado miércoles 5 de mayo cuando se le quitó a la empresa de Charros la administración del estadio, asumiéndola el CODE.

¿Qué puede pasar en el futuro? ¿Peligra la permanencia de Charros en la Liga Mexicana del Pacífico y que este espectáculo ya no sea disfrutado por los amantes del béisbol? La intención y posición del gobernador Enrique Alfaro es que el béisbol continúe, pero su deseo es que el conflicto sea superado.

Cabe destacar que la Asamblea de la LMP reconoce a la directiva que preside Armando Navarro Peña y que desde septiembre hasta este momento tiene el control y manejo del equipo de béisbol, luego que se desautorizó que Salvador Quirarte represente los intereses de la empresa, quien desde entonces dejó de ser convocado a estas asambleas donde se toman las decisiones fundamentales.

Sin embargo, Quirarte que se siente vulnerado en sus derechos y denuncia que Armando Navarro lo quiere despojar de sus acciones, pelea en los tribunales; las decisiones de la justicia podrían afectar la marcha del equipo, un escenario posible que tenemos que considerar, después de que no lograron ponerse de acuerdo en la liquidación entre unos y otros.

Lo mejor para Jalisco y el béisbol es que los grupos de accionistas en conflicto lleguen a un acuerdo de compra-venta, pero el atorón está en el alegato de que se tiene mayor número de acciones a las que uno y otro se reconocen.

¿Y MARIACHIS?

Respecto al uso del Estadio Panamericano por parte de Mariachis que esta temporada ingresa a la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) que es la de verano, me comentó José Luis Tostado que jurídicamente este tema no ha llegado a su área, tal vez en el tema deportivo se haya tratado con las autoridades del CODE, pero hasta el momento no existe procedimiento alguno para la firma del convenio para que el inmueble pueda ser utilizado.

La temporada 2021 de la LMB inicia el 20 de mayo y finaliza el 5 de agosto con un total de 66 juegos. Trascendió que el Presidente López Obrador le trató el tema al gobernador Alfaro para que facilitara la utilización del inmueble por parte de Mariachis, a lo que el mandatario jalisciense accedió. Lo extraño es que a 10 días de que se cante playball no se haya establecido un acuerdo al respecto.

¿Dónde jugarán los mariachis? Pues en el Estadio Panamericano, pero no han enviado señales al respecto.

La crónica de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

Dicen que desde el viernes hay un desplazamiento forzado de habitantes de varias rancherías en Teocaltiche; dicen que, en Mechoacanejo reportan 270 desplazados, más de 50 familias, dicen que, unos 214 están albergados en la parroquia de El Divino Salvador.

Dicen que, en redes sociales, con la imagen de una hoja con logos del municipio de Teocaltiche, Jalisco, se avisa a los ciudadanos de Teocaltiche y sus comunidades:

“Que dado los lamentables acontecimientos recientes en nuestro municipio, la Administración de Teocaltiche Jalisco, se encuentra trabajando desde el primer momento, de la mano con el Gobierno del Estado y las dependencias responsables en Materia de Seguridad Publica”.

Aquí es donde yo empiezo a dudar de lo que dicen en redes sociales, porque el Gobierno de Jalisco no ha dado ninguna información hasta este medio día del domingo, entonces uno empieza a dudar, porque no creo que el Gobernador de Jalisco, acostumbrado a hablar de frente y dar la cara, por medio de sus redes sociales pues, pero entrón como es, no creo que de ser verdad que, en Jalisco los enfrentamientos entre grupos armados originan ya el desplazamiento forzado de jaliscienses, Enrique Alfaro desaparezca y no enfrente tan delicada realidad, una realidad que de ser cierta, pone al estado en una situación de desgobierno terrible y más cuando se podría recibir apoyo del Gobierno Federal si tan solo se hiciera pública la voz de alerta, la necesidad.

Claro, pedir ayuda, hacer público un desplazamiento forzado en Jalisco, es reconocer la imposibilidad como gobierno estatal de dar la mínima seguridad a los ciudadanos que atrapados en medio de la violencia tienen que salir huyendo de sus casas, y cuyo único resguardo es: la parroquia de El Divino Salvador y no una institución de rescate o beneficencia estatal.

Sin embargo, ayer, la Comisión Estatal de Derechos Humanos exhortó al Gobierno de Jalisco a auxiliar a los desplazados y a atender la violencia en Los Altos de Jalisco, entonces, ya no sé qué creer, porque si la CEDH hizo ese exhorto, ¡Entonces es verdad! Hay desplazamiento forzado de jaliscienses a causa de enfrentamientos armados de grupos dedicados al narcotráfico, ¡Y la Fiscalía del Estado no ha informado nada! ¡El Gobernador de Jalisco no ha salido a explicar la situación!

Y entonces, las familias desplazadas dependen únicamente del trabajo y apoyo de la parroquia de El Divino Salvador, porque, tal parece, en el Gobierno del Estado nadie se ha dado por enterado. Aunque también aquí, imagino, el Fiscal del Estado dirá que no ha comunicado nada porque no quiere afectar el debido proceso, como ha justificado mucha de la inacción en su administración.

Ahora recuerdo que, el 25 de marzo de este año, el Tercer Visitador de Comisión Estatal de Derechos Humanos, Aldo Reynoso, denunció los problemas de inseguridad en los límites territoriales, en el municipio de Mezquitic iniciados dos semanas antes de la denuncia, y que dejó como resultado, sin médicos a los centros de salud de la comunidad indígena de San Andrés Cohamiata del municipio de Mezquitic. ¿Ese problema ya se resolvió? ¿Se envió policía Estatal? ¿Inicio la Fiscalía del Estado las carpetas de investigación? ¿Hay detenidos? ¿Por qué de esto no ha hablado el Gobernador de Jalisco en sus redes sociales? ¿Ya hicieron una mesa para atender este tipo de problemas?

El escrito que corre por redes sociales dice:

“Toda vez que, al tratarse de un asunto de suma delicadeza, se hace un llamado a la ciudadanía a no hacer caso a rumores ni caer en falsa información. Se hace énfasis en que se trata de un asunto tan delicado, por lo que el tema NO PUEDE tratarse de forma oficial y aún peor en redes sociales, invitamos a la población a no difundir información que no provenga de fuentes oficiales para evitar crear pánico en la sociedad. Este es un momento en que se debe actuar con cautela, responsabilidad, serenidad y unidad de parte de todos los Teocaltichenses, además que se podría entorpecer el trabajo de las autoridades e instituciones que trabajan respecto al tema”.

Y precisamente es lo que no ha hecho el Gobierno del Estado, “actuar con cautela, responsabilidad, serenidad y unidad”, y por lo que se sabe por medio de las redes sociales y no por una comunicación oficial, “las autoridades e instituciones que trabajan respecto al tema”, han sido incapaces de resolver la situación violenta en la zona y por eso es que han sido desplazadas unas 110 familias.

El escrito hace un exhorto que sería muy pertinente:

“Por lo anterior se exhorta al Pueblo de Teocaltiche y sus comunidades a guardar la calma y estar atentos a las indicaciones, e INFORMACIÓN OFICIAL que Las autoridades responsables haremos de su conocimiento a la brevedad”.

El problema es que, no hay información oficial y a nivel estatal no aparecen las autoridades responsables, mucho menos hay indicaciones para las familias desplazadas de sus trabajos, de sus casas, de su forma de vida.

Remata el escrito:

“La población que se ha visto afectada no está sola. En la delegación de Mechoacanejo, se les está apoyando con víveres y se habilitan más albergues temporales en conjunto con la Parroquia del Divino Salvador. Si alguien requiere ayuda puede acercarse a las oficinas de la delegación a solicitarla”.

El problema es que de ser cierto lo que este domingo dan a conocer los periódicos MURAL y El Informador, las 110 familias que fueron desplazadas por la fuerza de sus casas no recibieron la ayuda que en su momento requerían: SEGURIDAD

Y ahora, en albergues improvisados, dependientes de una Parroquia religiosa, los jaliscienses desplazados tendrán que esperar que los violentos que dominan en este momento la zona, se vayan, porque no se ve que una autoridad está interesada en poner orden en la zona, la otra opción, y es la que marcaria la derrota final para esos jaliscienses, es empezar a buscar otro lugar donde vivir, porque la autoridad municipal, estatal y federal, ha sido rebasada.

Todo lo anterior, me parece increíble que se pudiera estar dando, sin que las autoridades responsables del Estado de Jalisco hasta hoy hallan salido a dar la cara.

¿Dónde está el Gobernador de Jalisco que no sale a desmentir o enfrentar la situación en Teocaltiche?… Porque me imagino la situación en Mezquitic ya se solucionó, ¿verdad?