OPINIÓN
REFLEXIONES /// Los veneros del diablo
Por Sócrates Campos Lemus ///
No hay dudas de que en la tragedia de Primitivo Tlahuelilpan, Estado de Hidalgo, hay algo más que un simple accidente y todo parece pensado y actuado para tratar de culpar a AMLO y a los soldados y mostrar a las redes sociales que los huachituberos siguen operando con total impunidad en muchas partes del país.
Es muy curioso que hayan tomado video a donde inexplicablemente aparece una “reportera” que va narrando paso a paso todos los acontecimientos y, previamente, después de la perforación del ducto, alguien da aviso a la población que previamente está adoctrinada y con garrafones grandes de plástico, que se ven nuevos y son caros, se vuelcan en embestida en contra de los soldados que tienen instrucciones de no confrontarse con la sociedad y así, con niños, mujeres y hombres, armados con garrafones nuevos de cuarenta litros, comienzan a bañarse, dice la “reportera” y hasta hacen bromas para llenar los garrafones y se bañan en gasolina, después se ve que el video sigue corriendo y, explica la “reportera” que de pronto, ante el olor de la gasolina ella se sintió mal y vomitaba al igual que muchas mujeres de la zona y se retiraron de ahí y, cuando vio que llegaban soldados al punto, decidió regresar y se sigue grabando desde lejos para esperar, como si supieran, el estallido del ducto y de la quema de decenas de gentes que quedan muertas y quemada en la zona e incluso se ve, en otro video, que hay gentes que siguen grabando y que aclaran en plan de reto que ellos siguen ahí por si pensaban que ya no estarían.
POR EL BIEN DEL PAÍS, UNIDOS, DEBEMOS ACTUAR Y APOYAR AL PRESIDENTE PORQUE YA BASTA DE TENER TEMOR O SER INDIFERENTES ANTE LO QUE SUCEDE, SI QUEREMOS UN PAÍS DISTINTO DEBEMOS DE LIMPIARLO DE LA CORRUPCIÓN.
La explicación que me digo es que los huachituberos y mafiosos de la región, a lo mejor, querían grabar una toma clandestina y mostrarla a las redes sociales para demostrar que la estrategia de AMLO no funcionaba y que seguían en las zonas y que no importaba que los soldados llegaran ya que no podían detener a la gente a menos que generaran una confrontación y eso no está en el esquema de la lucha contra los huachicoleros y así, alentar a las poblaciones marginadas y empobrecidas a que no les tengan respeto ni temor y que seguirían actuando como lo venían haciendo. Esa es mi primera hipótesis y, algo, les salió mal.
La segunda hipótesis es que después de hacer esa parte inicial, alguien de ellos, porque los que graban ya no están cercanos sino lejos, se propicia para ver el estallido como si hubieran planeado una brutal acción terrorista con esos resultados de muertos y heridos para pretender culpar a los soldados y que estos fueran retirados de esas operaciones y desprestigiar al presidente y a la estrategia contra el huachicoleo.
La tercera es que como van descubriendo nuevas instalaciones desviadas y tomas clandestinas que surten a flotillas de camioneros y particulares dentro de las zonas urbanas, ahí se podrán encontrar muchas evidencias y ligas con los grandes huachicoleros de cuello blanco al igual que como se van descubriendo los robos de combustibles y petróleo en los buque tanques que mueven miles de barriles todos los días o de los robos que se hacen directamente en las plataformas y boyas marinas.
Sin duda, el descubrimiento de la compra de 700 pipas en el gobierno de Peña Nieto donde se adelantaron 400 millones de los 1 400 que costarían las pipas y que jamás se entregaron, descubriría unas nuevas rutas que conducen a los saqueadores de Pemex y mejor empiezan a generar actos terroristas que obliguen al gobierno a investigar por otros rumbos en actos de sabotaje inmediatos y espectaculares como este que explicamos con el agregado que casi a la misma hora hicieron explotar otro ducto en Querétaro sin consecuencias, pero con el escándalo publicitario para pretender desprestigiar al presidente, culpar a los encargados de esta lucha y mostrar que no es posible evitar las tomas clandestinas y que no se siga investigando los saqueos y robos desde el huachicoleo de cuello blanco e institucional.
En otra de las hipótesis podríamos pensar que en Hidalgo están muchos datos de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa y así se desviaría la atención de este caso para enfocar las investigaciones en otro inmediato, en fin, la situación, sin duda, es explosiva y difícil pero hay que continuar apoyando al presidente que sabe de los peligros y no cederá cobardemente ante estos atentados terroristas de las mafias del huachicol: las del cuellos blanco y la de los huachituberos. Por el bien del país, unidos, debemos actuar y apoyar al presidente porque ya basta de tener temor o ser indiferentes ante lo que sucede, si queremos un país distinto debemos de limpiarlo de la corrupción, el saqueo y la vendimia en que nos sumieron los tecnócratas del neoliberalismo…
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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