OPINIÓN
Tres temas relevantes de Jalisco

Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Abastecimiento de agua a la zona metropolitana de Guadalajara, transporte público y saneamiento del río Santiago -convertido en la la mayor cloaca del país- son los grandes retos para el Gobierno del Estado, como lo han sido para los gobernantes que le han antecedido al ingeniero Enrique Alfaro Ramírez.
De estos tres grandes temas que destacan en la agenda de Jalisco, forman parte del plan de trabajo del gobernador, cuyo diagnóstico sobre la magnitud de la problemática lo tiene muy claro.
¿Qué avance se puede lograr en estos tres temas en los próximos cinco años? Se trata de tres problemas estructurales y altamente complejos, que por décadas han sido tratados por las administraciones estatales, con muy pobres resultados o incluso ha habido retrocesos, como es el del agua y la contaminación del río Santiago.
En el tema del agua, recuerdo que el ingeniero Alfaro cuando era opositor se oponía a que a la presa de El Zapotillo le crecieran la cortina a 108 metros y se quedara en los 80 metros como se encuentra actualmente. Ya como gobernador cambió de parecer, dejó su posición populista y electorera de cacha votos, pero se ha estrellado con las inercias que los opositores han alimentado, además de chocar con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el principal obstáculo para que el agua que llegue a El Zapotillo proveniente del río Verde, pueda en los próximos cinco años abastecer a la zona metropolitana de Guadalajara.
Los expertos nos indican que El Zapotillo cuando menos en estos próximos cinco años no funcionará. Es de alguna manera el costo para los jaliscienses de tener un gobernador que privilegia la confrontación sobre la política para tratar de lograr sus objetivos.
Sin embargo, como lo propone el ingeniero Enrique Dau, se puede hacer un intercambio de aguas, ya que de la planta del ahogado se tienen 2.5 metros cúbicos del agua residual tratada que dicen es de buena calidad y que bien podría cederse a los agricultores de ese distrito de Atequiza que recibe este líquido del río Verde, haciendo el cambalache.
Todo parece indicar que es el Plan B del gobierno alfarista, el distrito de riego que está asentado en la zona de Atequiza consume al año 120 millones de metros cúbicos, que sería vía compra y vía intercambio con el agua tratada de El Ahogado.
SANEAR EL RÍO SANTIAGO
Para el gobernador Enrique Alfaro el saneamiento del río Santiago representa su gran proyecto de gobierno. Para lograr limpiar esta cuenca requiere la participación del Gobierno Federal, porque el agua que allí llega, viene desde el Alto Lerma y a lo largo de los cientos de kilómetros de longitud se asientan más de 8 mil industrias que arrojan sus desechos a la cuenca. ¿De qué sirve que aquí limpien si al día siguiente nos enviarán agua sucia?
Bien que Alfaro impulse un programa de saneamiento del río Santiago, pero a la par tiene que convencer al Gobierno Federal y a Conagua que le entre al tema. Y el problema vuelve a ser el mismo que con la presa de El Zapotillo. Su mala relación con el Presidente no ayuda. Se podrá decir muchas cosas, de que el Gobierno Federal permite que se contamine la cuenca Lerma-Santiago-Chapala, que no aplica la ley, que hay un desorden y muchas cosas más, pero finalmente para instrumentar un plan integral de saneamiento, se debe llegar a un acuerdo interinstitucional entre Gobierno Federal- Gobiernos de los Estados que forman parte de la cuenca, junto con los gobierno municipales que les toca operar las plantas de tratamiento y los empresarios que son los que contaminan.
En este primer año de gobierno, el programa integral que elaboraron los técnicos del Gobierno del Estado, siguiendo las instrucciones del gobernador, se frenó, hasta definir si habrá o no recursos federales. En este primer año no hubo ni un peso federal y para este segundo año, desconocemos si las gestiones de la bancada de MC en san Lázaro logró etiquetar algún recurso del presupuesto para este 2020.
O sea, para limpiar el Santiago, primero debe entrarle el gobierno federal. Se supone que en este año de parte de Jalisco rehabilitarán las plantas de tratamiento para evitar que sean arrojados al río y a la laguna de Chapala las descargas de drenaje de estas poblaciones. Una película muy vista aquí en Jalisco que se pone en exhibición cada seis años.
EL TRANSPORTE PÚBLICO
Es en el transporte público en el que el actual gobierno puede destacar y avanzar, visto con cuatro acciones estratégicas de fondo que están en operación: 1. La terminación y puesta en operación de la Línea 3 del Tren Ligero. 2. La implementación del Modelo Ruta-Empresa y la renovación de la flota de camiones urbanos casi en su totalidad, cuyo mayor porcentaje sería este año. 3. La construcción del Peribús (Mi Macro Periférico para Diego Monraz y Alfaro), cuya construcción ya está en proceso, fondeado con recursos federales y del Fondo Metropolitano, así como del préstamo al Gobierno del Estado. 4. La construcción de la Línea 4 del Tren Ligero que iría de Guadalajara a Tlajomulco. Aquí es necesaria la voluntad y participación económica del Gobierno Federal.
Creo que en este campo del transporte público sí se logrará un avance significativo. Las condiciones están dadas, después de que se superaron algunos obstáculos para que el Modelo Ruta-Empresa pudiera destrabarse.
Pero en los otros dos temas, la operación de la presa de El Zapotillo y el saneamiento del río Santiago, no basta con la voluntad y las arengas de Alfaro. Se requiera mucha política que en estos tiempos es lo que menos se hace.
Deportes
Atlas, de la gloria reciente al futuro incierto

-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Deportes
Edición 798: El drenaje profundo, un paso hacia el futuro en Guadalajara

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JALISCO
Año de la Mujer Indígena: Promesas vs silencio en la Comunidad Indígena de Mezquitán

-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.