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REPORTAJE

El infierno que heredó López Obrador: 300 mil vidas perdidas en 13 años

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Por Raúl Cantú //

¿Es México un estado fallido? ¿Qué tan cerca estamos? La situación de violencia en México cada vez se torna más preocupante. Las estrategias de los últimos dos presidentes han fracasado rotundamente y los números fríos así lo sustentan.

Un estudio realizado por la ONG mexicana Seguridad, Justicia y Paz del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC, 43 ciudades de América Latina forman parte del ránking de las ciudades más peligrosas del mundo.

La selección se realizó en base a la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes y quedan fuera de este cuadro escalofriante ciudades en conflicto como Siria, Irak, Afganistan, entre otras, toda vez que sus bajas dependen de actividades de guerra y no a homicidios.

Este estudio refleja la violencia que golpea a México al aparecer en el primer lugar con el número de ciudades más violentas del mundo. Primero, en el top ten aparecen 5 ciudades y el cuadro lo encabezan en los dos primeros lugares Tijuana y Acapulco con 138 y 110 homicidios por cada 100 mil habitantes. En ese top ten están de la misma forma Ciudad Victoria, cuarto lugar con 86 homicidios por cada 100 mil habitantes; Ciudad Juárez, quinto lugar con 85 homicidios por cada 100 mil habitantes e Irapuato, sexto lugar con 81.

En la lista aparecen también Cancún, lugar 13 con 64 homicidios por cada 100 mil habitantes; Culiacán en lugar 16 con 60 homicidios; Uruapan en lugar 18 con 54 homicidios; Ciudad Obregón, Sonora con 52 homicidios; Coatzacoalcos con 48 homicidios por cada 100 mil habitantes; Celaya en lugar 32 con 46.67 homicidios por cada 100 mil habitantes; Ensenada lugar 34 con 46.60; zona metropolitana de Tepic en lugar 36 con 44.89; Reynosa en lugar 42 con 41 homicidios por cada 100 mil habitantes; Chihuahua en 49 con 37.50 homicidios por cada 100 mil habitantes.

NOVEDADES EN EL RANKING DE 2018

Entre los aspectos relevantes de este estudio resalta lo siguiente: México, el país con la mayor violencia urbana.

El ranking 2018 revela seis características de México que resumen la gravedad de la violencia en el país:

  1. Al igual que en 2017 la ciudad más violenta del mundo es mexicana, en este caso se trata de Tijuana.

  2. La segunda ciudad más violenta también es mexicana: Acapulco.

  3. De las 5 ciudades más violentas, 4 son mexicanas: Tijuana, Acapulco, Juárez y Victoria.

  4. De las diez ciudades más violentas 5 son mexicanas. Además de las ya mencionadas figura Irapuato.

  5. México es el país con el mayor número de ciudades entre las 50 más violentas del mundo: 15. De este modo desplaza a Brasil, que durante varios años presentaba el mayor número de ciudades. Es de destacar que Brasil tiene una población 67% mayor a la de México y presenta un mayor número de urbes, diferencias que acentúan la gravedad de la violencia urbana en México.

En 2010 México alcanzó el máximo de ciudades dentro del ranking: 13. En los siguientes años el número bajó hasta alcanzar 5 en 2015. Después las cifras volvieron a elevarse hasta pasar de 12 en 2017 a 15 en 2018.

Ciertamente del ranking 2018 salieron tres ciudades mexicanas que habían figurado en el de 2017: Mazatlán, Los Cabos (en el primer lugar) y La Paz.

Cabe recordar que Los Cabos y La Paz nunca habían figurado en el ranking y en 2017 ingresaron en los primeros lugares, debido a un súbito aumento de la violencia, producto de las disputas entre grupos criminales.

En 2018 las tasas de homicidio de Los Cabos y La Paz se desplomaron, pero no gracias a alguna política pública, sino al hecho simple de que un grupo criminal se impuso a sus rivales y los desplazó de las “plazas”.

Algunas ciudades mexicanas más, por sus tasas, podrían haber sido incluidas, pero por no tener 300 mil habitantes o más no figuraron. Pero de mantenerse la Metodología del ranking 50 de las ciudades más violentas del mundo (2018) – CCSPJP AC la tendencia creciente de la violencia en próximos años podrían incluirse también las ciudades de Salamanca y Chilpancingo, entre otras.

PRECISIONES DEL ESTUDIO

En la exposición de motivos los autores explican que desde hace 10 años en forma consecutiva y octavo vienen realizando este tipo de estudios en que se incluyen 50 urbes, presentando el ranking de las ciudades de más de 300 mil habitantes con las tasas de homicidio más elevadas del mundo.

“Hacemos este ranking con el manifiesto objetivo político ciudadano de llamar la atención sobre la violencia en las urbes, particularmente en América Latina, para que los gobernantes se vean presionados a cumplir con su deber de proteger a los gobernados, de garantizar su derecho a la seguridad pública”.

“Lo que buscamos también es que nadie, ni gobernantes ni gobernados de un país o jurisdicción subnacional, quieran que su ciudad o ciudades figuren en este ranking y que si su urbe o sus urbes ya están, hagan el máximo esfuerzo para que salgan lo antes posible. Nos complace grandemente tener noticias de la reducción de los homicidios y sobre todo que ciudades salgan del ranking”.

“El que persigamos un objetivo político con este estudio periódico, no significa que prescindamos del mayor rigor académico que sea posible”.

“Un esfuerzo de medición como éste sólo puede hacerse con honestidad intelectual, con apego a la verdad. No puede haber lugar para las medias verdades o las exageraciones”.

“No nos mueve el interés de incluir o excluir ciudades o de torcer los datos para atribuirles tasas superiores o inferiores de homicidios y sus posiciones en el ranking, conforme a alguna agenda política o ideológica. Nuestro interés es simplemente conocer la verdad”.

“El propósito de exponer la metodología del ranking es transparentar, tanto como sea posible, la forma en que llegamos a los resultados aquí expuestos. Si las operaciones de un ranking o cualquier otro ejercicio de medición no son transparentes, verificables y replicables, entonces sus resultados no pueden ser tomados por verídicos y creíbles”.

“Por supuesto no estamos exentos de errores, en los que incurrimos siempre de buena fe. El ranking no es 100% exacto y si lo fuera perdería su sentido principal de la oportunidad. El ejercicio quizás sería 100% exacto si se realizara dentro de 10 o 20 años. Para entonces tendría un valor para la investigación histórica, pero no para ejercer presión ciudadana y producir cambios”.

MÉXICO COMO UN PAÍS EN GUERRA

La ex presidenta de Chile y alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizó visita oficial a México de cinco días en la segunda semana de este mes de abril DE 2019 y las cifras que encontró sobre el nivel de la violencia le sorprendió.

Michelle Bachelet tuvo oportunidad de comparar con la violencia criminal que vive México con la violencia de Estado que vivió Chile con la dictadura militar entre 1973 y 1990 que dejó en aquel país del cono sur 3,065 personas desaparecidas y 40 mil víctimas afectadas, de acuerdo al informe presentado por la Comisión Valech, un estudio que duró 18 meses y que operó desde finales del gobierno de la presidenta Bachelet (2006-2010) y que siguió operando durante la administración de derecha del presidente Sebastián Piñeira.

Al término de su visita a México, a invitación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ofreció una conferencia de prensa en la que afirmó que México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra: Son 252.538 personas asesinadas desde 2006. En suma, cabe recordar que, en 2018, se cometieron 33.341 homicidios, lo que le convirtió en el año más sangriento de la historia de la lucha contra el narcotráfico, conflicto activo desde 2006 y principal causa de muerte violenta en el país.

“Debo señalar que tan trascendental como resolver los casos de abusos y violaciones del pasado es evitar que se reproduzcan nuevas atrocidades. México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra: 252.538 desde 2006. Un país con enormes recursos humanos y económicos como México debería poder revertir esta situación sin recurrir a falsos atajos”.

“Y esta ha sido precisamente la desalentadora realidad en los últimos lustros, en los que los distintos cuerpos de seguridad del país no solo fueron incapaces de reducir los alarmantes niveles de crímenes y abusos, sino que ellos mismos fueron protagonistas de vejaciones inconcebibles en una democracia. Cabe destacar que seis de las diez sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano están relacionados con violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas”.

La señora Bachellet calificó de aterradoras estas cifras que muestran el grado de violencia que envuelve a México: 40 mil personas desaparecidas, los 26 mil cadáveres sin identificar que reposan en las morgues estatales y el cerca de un millar de fosas clandestinas descubiertas en la última década.

Bachelet hizo especial hincapié sobre otra serie de problemas que sufre el país: en primer lugar, el feminicidio, pues según datos de la Oficina de Naciones Unidas, solo en 2019 se han registrado 568 mujeres asesinadas, lo que implica una tasa de 10 feminicidios al día, un valor que se ha triplicado en la última década. Del mismo modo, dos tercios de las mujeres en el país han sufrido algún tipo de violencia de género, lo que se suma a los problemas de pobreza, exclusión y discriminación, sobre todo acrecentados en el caso de las mujeres indígenas.

La ex presidenta chilena señala que en segundo lugar, la violencia que sufren los trabajadores de la información y los activistas en defensa de los derechos humanos. La ONU ha documentado que 26 periodistas fueron asesinados entre 2016 y 2017, mientras que en 2018 la cifra ha bajado a 9. No obstante, en estos primeros meses de 2019, Bachelet ha explicado que 4 periodistas y 9 defensores de los derechos humanos han sido asesinados en México. En total, desde el año 2000, 124 personas habrían sido asesinadas en relación con su labor periodística, como denuncia la organización Artículo 19.

En tercer lugar, los problemas relativos al hacinamiento en las cárceles y los episodios de torturas que se suceden en los centros de detención. En esta línea, Bachelet alerta de que tres cuartas partes de las personas detenidas han sufrido malos tratos y violencia durante su estancia en las prisiones y/o durante el proceso judicial.

En cuarto lugar, los retos del desarrollo socioeconómico que debe afrontar la nación latinoamericana, pues Bachelet ha alertado de que el 46.3% de la población vive en la pobreza, tasa que se incrementa hasta el 85% entre la población indígena.

Sin embargo, la alta comisionada de Derechos Humanos, ha reconocido los avances que está experimentado el gobierno de López-Obrador en la corrección y subsanación de estas crisis que afectan al país. Bachelet ha aplaudido la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, que aumenta la capacidad y la efectividad del sistema judicial en la persecución e investigación de los delitos que suponen graves violaciones de derechos humanos.

También ha expresado su admiración por las más de 7200 investigaciones iniciadas en los tres primeros meses de mandato de AMLO por casos de homicidios y feminicidios.

La estrategia del gobierno del Presidente López Obrador es diferente a sus antecesores al lograr la legalización de la participación militar en actividades de seguridad pública con la creación de la Guardia Nacional y ahora todos los agentes que participen en este organismo serán instruidos en materia de derechos humanos por la ONU, que fue el acuerdo establecido entre la ONU y el Gobierno de México con la visita oficial de Michelle Bachelet al Presidente López Obrador.

REPORTAJE

Padecen jubilados de Ipejal el peor inicio de administraciones: Nuevos directivos llegaron y se aumentaron sueldos

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Por Mario Ávila //

Para los casi 800 miembros de la Unión de Jubilados y Pensionados de Ipejal, hoy se padece el peor inicio de las administraciones de los últimos sexenios, toda vez que en los ya casi 7 meses que llevan en el cargo, las nuevas autoridades lo único que han hecho es aumentarse el sueldo, pero no atinan a resolver el grave problema de la prestación de servicios de salud.

El servicio médico está, no en crisis, sino que está paralizado, alrededor de 3 mil cirugías pendientes y para las áreas de trauma, cáncer, hemodiálisis e hipertensión, los medicamentos no existen, los que pueden los compran, pero los que no, se agravan y quizá algunos se mueren.

Obvio, las peores consecuencias son para el grueso de los 35 mil jubilados y pensionados de Ipejal, entre los que destacan los más de 2 mil trabajadores que perciben pensiones que no rebasan un salario mínimo, situación muy diferente al grupo de los 70 jubilados que perciben más de 100 mil pesos mensuales, “a los que seguramente no les duele ni un callo”.

La inconformidad fue expuesta en voz de su secretaria general, Martha Elba Castellanos Razo, quien después de tres lustros al frente de esta agrupación, lamenta: “Es la primera vez que pido un favor y no se hace, porque en las otras administraciones llegaban un lunes y si el miércoles se me ofrecía algún problema de mis compañeros, inmediatamente me atendían y me resolvían los problemas”.

No teníamos el problema de desabasto de medicamentos -dijo-, lo hubo en la administración pasada, pero después se regularizó y ahorita que entraron estos y no se ve que puedan solucionarlo”.

Y a mí me tienen atada de manos -abundó, no puedo hacer nada. La única oportunidad que tuve de platicar con Iván Argüelles fue antes de que tomara posesión, aquí vinieron y su respuesta fue muy positiva, pero ya después de que tomaron posesión, solo nos citó una vez a una junta donde nos dieron cátedra de matemáticas y de literatura, porque en realidad no sirvió para solucionar ningún problema con las personas que nos iban a atender, él llegó y no estuvo ni 5 minutos y se retiró porque tenía muchas cosas más importantes que hacer”.

NO HAY NINGUNA ATENCIÓN PARA NOSOTROS”

A los jubilados les preocupa que no se hayan podido recuperar tantos millones de pesos mal invertidos y hacen esta reflexión: “Cuando pregunté, me dijeron que ese era problema de la Fiscalía, por lo que yo les dije que entonces para que teníamos una oficina de Dirección Jurídica, si ya tienen localizados a todos los que se llevaron el dinero y lo digo sin miedo de equivocarme, hasta los gobernadores han sacado dinero de aquí”, comentó sin tapujos la dirigente de la Unión de Jubilados, Martha Elba Castellanos Razo.

Espero que nuestras autoridades abran su corazón y su mente para que puedan atender a todo aquel que necesita de los servicios que presta Ipejal; que con el mismo entusiasmo con el que llegaron y se aumentaron el sueldo, con ese mismo entusiasmo trabajen y sirvan al jubilado”, planteó la jubilada, entrevista en la sede del Cadip.

Sobre lo que espera como reacción de las autoridades de Ipejal, Castellanos Razo expuso: “Soluciones, y sobre todo en los servicios médicos, como yo les he dicho a ellos, a los funcionarios por whatsaap que en 7 meses están solucionando apenas uno que otro problemita en servicios médicos y yo creo que si ellos aceptaron ese puesto de ser servidores públicos están obligados a servir no a servirse, como hicieron luego luego, aumentándose el sueldo; vienes a ayudarnos, a resolver las deficiencias que dejaron los anteriores y no están solucionado nada”.

La Unión de Jubilados es una agrupación establecida desde 1974 a iniciativa de Isabel Sendis y Delia Guadalupe Rodríguez Ramírez, con registro en la notaría 4, agrupa a casi 800 trabajadores jubilados y pensionados que habitan en la Zona Metropolitana de Guadalajara preferentemente.

Hoy nos han hecho a un lado, no nos permiten trabajar. Editábamos un boletín bimestral para informar a los jubilados, incluso hasta los detalles de la mutualidad, donde se registran las defunciones y aportamos un peso por cada compañero muerto. En esta administración ya se suspendió el boletín, tres números debimos haber tenido en lo que va de este gobierno, y nada”, denunció la dirigente de los jubilados.

JUBILADOS PROMEDIO DE 1,500 PESOS MENSUALES

Todo lo que ve usted aquí son regalos para Navidad, nos adelantamos con compras y obsequios”, dijo Martha Castellanos señalando a su alrededor, una gran sala que más parecía una bodega, con un escritorio arrinconado.

Nuestro principal servicio es que somos un enlace entre el jubilado, Ipejal, Cadip y servicios médicos, ahorita me tienen atada de manos, pido algo para los jubilados y no me atienden, no me escuchan, no tengo las puertas abiertas en Ipejal”.

Cada mes vamos a darle la bienvenida a los nuevos jubilados y ahí les decimos que todo esto que ve usted aquí, tanto la casa hogar como el Cadip, es gracias a la unión que gestionó desde hace 18 años, se trabajó para que todos los desamparados tuvieran donde vivir y hubiera también una zona con talleres recreativos, deportivos, culturales, artísticos, para quienes tener una actividad durante el día”.

En la casa hogar hay casi 60 jubilados, pero por desgracia en el servicio médico sobre todo en trauma, cáncer, hemodiálisis e hipertensión, los medicamentos no hay, los que pueden los compran, los que no, se mueren.

Me tienen atada, no me escuchan en servicios médicos de Ipejal, solicité para un jubilado con piedras en la vejiga y está programado para cirugía desde febrero y nada. Simplemente los de trauma, que necesitan cirugías urgentes y no se ha hecho nada”.

Las nuevas autoridades van a cumplir 7 meses y no se ha hecho nada, no puede ser que todo el gremio de los jubilados esté desamparado, es un servicio por el que ya pagamos, trabajamos más de 30 años, todos los que estuvimos en activo manteníamos a los jubilados de antes, por eso los que están activos hoy, son los que deben aportar para nosotros”.

A los jubilados que tienen pensiones muy altas, a esos no les duele ni un callo, pero a todos los demás, ahí sí. El promedio de las pensiones para los jubilados aquí, es de 1,500 pesos, pero hay hasta de 200 mil pesos, claro que todo mundo estudiamos para obtener algo, pero aquí en esta área en la Unión de Jubilados es lo mismo el que barrió las calles, el jardinero, el de aseo hasta el más alto funcionario porque aquí se pierden jerarquías, aquí somos todos jubilados”, dijo Martha Elba Castellanos Razo, secretaria general de la Unión de Jubilados y Pensionados de Ipejal.

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JALISCO

Juan José Hernández se apunta para relevar a Juan Pelayo en Ipejal: El tope de pensiones podría ser de 70 mil pesos

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Por Mario Ávila //

Con un trabajo efectivo de apenas 48 días, Juan José Hernández Rodríguez, líder de la Federación de Sindicatos Independientes de Jalisco (Fesijal), levanta la mano y pide al Congreso del Estado modificar la ley para que se de un relevo en la representación de los trabajadores en el Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado y lo designe a él en sustitución de Juan Pelayo Ruelas, quien desde el año 2000 ha representado a los servidores públicos al servicio del Estado, los municipios y los organismos públicos descentralizados.

Esta federación -dijo-, tiene 48 días de vida, nos tardamos más de dos años en hacer que esto sucediera, pero legalmente nosotros tomamos protesta el 30 de abril de este año y ya somos la federación mayoritaria en Jalisco.

Y abundó. “Hemos platicado con diputados de todos los colores, esta federación por eso se caracteriza por entrarle al diálogo y así le entraremos a las mesas de trabajo y le entraríamos hasta con recurso económico para hacer un estudio actuarial y que sean las personas que tengan el expertiz las que entren al tema y definan cuál debe ser el tope de las pensiones, aunque nosotros creemos que el límite máximo podrían ser los 70 mil pesos mensuales”.

Una enmienda que además sugirió a los legisladores el también líder de los trabajadores de los hospitales civiles, fue en el sentido de que se modifique el artículo 151 fracción tercera, “en donde se pone con nombre y apellido a la federación que encabeza Juan Pelayo, para que diga que sea la federación mayoritaria la que tome decisiones, para sacar a Pelayo de Pensiones del Estado y llegue una federación que sí abogue por los servidores públicos”.

Expuso Juan José Hernández que fue justamente el hecho de que no se sentían representados por Juan Pelayo, el motivo por el que tomaron la determinación de crear la nueva Federación y detalla: “La Fesijal empieza a gestarse hace más de dos años, iniciamos con el doctor Carlos Ortiz, representante en el Hospitalito de Zapopan, platicamos también con Ángel Rodríguez y Arturo Cruz Lara en el Siapa, con Larios en los bomberos de Guadalajara, porque no nos sentíamos representados”.

Y abundó. “Recientemente se dio la reestructuración de Ipejal en las cuatro modalidades de préstamo, con el aval de los representantes de los trabajadores, uno de ellos el hipotecario en donde baja el 23.8% en el alcance, si antes del 3 de junio por ejemplo pedías 500 mil pesos, hoy solo te prestan 380 mil por la reestructuración en el Ipejal”.

“La lectura que nosotros le damos es que Pensiones del Estado, ante las malas inversiones con dinero de los trabajadores como Chalacatepec, es que no hay un representante de los trabajadores que se oponga o que al menos diga que no es correcto lo que se está haciendo. Hoy con la Fesijal se les habrá de decir que no estamos de acuerdo, al menos tendremos voz, aunque sabemos que solo somos un voto digno que represente a los 117 mil trabajadores que cotizamos en el Instituto.

“Es decir, la federación nace porque no nos sentimos representados, porque así como autorizó y fue omiso en decirle a los trabajadores lo que estaba ocurriendo, también fue omiso con las Villas Panamericanas, Chalacatepec, Abengoa, TMM y con las pensiones VIP, todos esos temas son los que nos han venido afectando a los trabajadores”, expuso Juan José Hernández Rodríguez, mejor conocido como “El Choco”, en entrevista realizada en el programa radiofónico “Tela de Juicio”.

TOPE DE 70 MIL PESOS A LAS PENSIONES VIP

Sobre el tema de las 70 pensiones que otorga mensualmente el IPEJAL y que rebasan los 100 mil pesos, Juan José Hernández garantizó: “Hoy el talento sindical se organiza y a través de la Fesijal no seremos omisos a lo que está pasando en el Estado. El ser omiso también es ser corrupto, si tú no lo dices o lo señalas, te vuelve parte de”.

Puso como ejemplo el caso de Leonel Sandoval, el papá del exgobernador, Jorge Aristóteles Sandoval, que se retira con una pensión cercana a los 200 mil pesos, cuando lo que él aporta a Pensiones en toda su vida laboral, se lo va a terminar en 2 años como jubilado “y lo vamos a tener que mantener en los años siguientes y se le pagará con las aportaciones de entre 20 y 30 trabajadores en activo”.

Para topar las pensiones -dijo-, se debe hacer un estudio actuarial en donde le entren los expertos a revisar con lupa sobre lo que se debe hacer. Incluso anticipó que como Federación, la propuesta sería en un límite máximo de los 70 mil pesos.

Comentó que del 2009 hacia atrás las aportaciones de los trabajadores era de 5% y con la reforma llega al 11.5% más una parte similar como aportación del patrón.

SUS ORÍGENES EN EL SINDICALISMO

Juan José Hernández nació a la lucha sindical en esta misma década y así recuerda sus orígenes en las disputas presupuestales con la Secretaría de Salud: “Cuando creíamos que con Carranza habíamos tocado fondo, llega Antonio Cruces Mada y nos obliga a salir a la calle 6 veces, porque él le tenía una fobia a los hospitales civiles, desconozco si fue porque nunca tuvo el intelecto para estar dentro de nuestra casa de estudios, pero por ahí va el tema”.

“Nosotros nos manifestamos y presentamos las denuncias, ya quedó el seguimiento en manos de la autoridad; como sindicato y como ciudadanos hicimos lo que nos correspondía, no nos pagaba, había un contrato por 846 millones de pesos y salía con cada señalamiento infundado hasta que las batas blancas, las cofias y los estetos salimos a las calles para informarle a la ciudadanía de que no había ni siquiera isodine ni guantes para obstetricia”.

“Fue el Jurídico del Hospital Civil quien le da seguimiento a la denuncia, aunque vemos tristemente que muy probablemente no va a pasar nada, creemos que en México todo es permisible, pero tenemos que cambiar eso”.

“Yo vengo de ser afanador en el Hospital Civil, mi papá fue pintor de brocha gorda durante 41 años también en el Hospital Civil. Soy ingeniero biomédico por la Universidad de Guadalajara, tengo una maestría en gerencia en salud y quiero ser doctor en salud ocupacional”.

“Lo primero que tenemos que hacer es salvaguardar nuestra fuente de empleo, porque sin empleo no hay trabajadores y sin trabajadores no hay sindicato. Fortalecer las instituciones lo primero que tenemos que hacer”.

“Competí en el 2010 por primera vez por la dirigencia del sindicato y perdí por 154 votos; en el 2014 los trabajadores me buscan de nuevo, competí y gané con una diferencia de más de 1,300 votos, después de lo cual me quería retirar a mis negocios, porque tengo una empresa de venta de equipo médico y doy servicio a equipo de ventilación de anestesia”.

“Pero se hace un balance de la gestión y detectan que tuvimos 684 bases en el período, conseguimos con las movilizaciones 294 millones de pesos, el 10.2% en capítulo 1000 al irreductible para el Hospital Civil de Guadalajara; hubo 277 procesos escalafonarios durante cuatro años donde más de mil trabajadores cambiaron de categoría y lo más interesante fue el acercamiento con IPEJAL para que aceptara a todos los trabajadores que no son de base, hicimos un buen acuerdo y desde el 1 de noviembre del 2017 las personas que entran al hospital Civil tienen garantizada su seguridad social aportando al IPEJAL”. En estos párrafos se resumen las acciones más relevantes del líder sindical, Juan José Hernández Rodríguez, alias “El Choco”.

 

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REPORTAJE

Reforma alfarista al Poder Judicial, libra aduana del legislativo, pero es impugnable

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Por Mario Ávila //

Ya sea por la vía de los amparos o incluso de una controversia constitucional, jueces y magistrados del Poder Judicial podrán combatir e impugnar la reforma que recientemente hizo el Congreso del Estado, sin el aval de la fracción parlamentaria de Morena.

Entre los temas más polémicos, que no contaron con el apoyo total de jueces y magistrados, fue la eliminación del bono que perciben al separarse del cargo por concepto de “haber de retiro”, las evaluaciones de control de confianza sobre la que ya se ha pronunciado previamente la SCJN y el período único de 12 años sin la opción de la reelección para los magistrados.

El Congreso del Estado aprobó la semana pasada las reformas a diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco que modifican las atribuciones del Poder Judicial y la forma en que este Poder Legislativo elige a jueces y magistrados.

La reforma se deriva de diversas iniciativas: una de ellas presentada por el Titular del Poder Ejecutivo y otras con autoría de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Morena y del legislador Salvador Caro Cabrera, así como la realización de foros de consulta realizados por el perredista, Enrique Velázquez.

El dictamen se aprobó con los votos en contra de los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena, quienes manifestaron a través de la diputada María Esther López Chávez, que era una reforma “inconstitucional” y que no contribuía a la independencia y eficiencia del Poder Judicial.

En contraparte, los legisladores Enrique Velázquez González del PRD; Mariana Fernández Ramírez del PRI; Irma de Anda Licea del PAN; Héctor Pizano Ramos de Movimiento Ciudadano y José de Jesús Hurtado Torres, también de Acción Nacional, elogiaron el proceso y los acuerdos alcanzados.

La reforma considera un procedimiento con mecanismos novedosos y que elimina las designaciones políticas o de grupo, dando prioridad a perfiles técnicos y probos contribuyendo a garantizar a elegir a los mejores aspirantes, así como la eliminación del haber de retiro.

Se robustece el servicio civil de carrera y la estabilidad judicial con periodos certeros en las designaciones, que incluyen evaluaciones de control de confianza; participará activamente el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, realizando evaluaciones curriculares, de aptitud e idoneidad de los aspirantes, además de aplicarles entrevistas para conocerlos más a fondo.

Las valoraciones de control y confianza que se realizarán a los jueces y magistrados habrán de aplicarse cada cuatro años, señala el Artículo 61, mismas que deberán ser incluidas en su expediente laboral, que será de carácter reservado, a excepción de la evaluación patrimonial.

Los jueces de primera instancia, menores y de paz, será electos por el Consejo de la Judicatura por un periodo de cuatro años, al vencimiento del cual podrán ser reelectos previa acreditación de las evaluaciones de control de confianza, y en dichas selecciones prevalecerá el principio de paridad de género.

Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa durarán en el ejercicio de su encargo 12 años improrrogables, contados a partir de la fecha en que rindan protesta de ley. Sin embargo, lo anterior no será aplicable a aquellos que se encuentren en funciones al momento de la entrada en vigor del presente decreto.

Se establece como causa de retiro forzoso no aprobar las evaluaciones de control de confianza. Cabe destacar que el Tribunal de Justicia Administrativa contará con un sistema de evaluación de control de confianza el cual se regirá conforme a los lineamientos que establezca la ley.

El Poder Judicial y el Tribunal de Justicia Administrativa dispondrán de un plazo de noventa días naturales a partir de la aprobación de las adecuaciones en sus respectivas leyes orgánicas, para crear el sistema de evaluación de control de confianza al que se refieren respectivamente los artículos 56 y 65 de esta Constitución.

ES REFORMA INCONSTITUCIONAL, SEÑALA MORENA

Tras anticipar su rechazo y el voto en contra de su fracción, la diputada de Morena, María Esther López Chávez, lamentó “la obstinación de un gobernador por someter al Poder Judicial a sus caprichos y que viola la Constitución Federal, así como lo mencionamos en todos los foros en donde estuvimos presentes”.

Recordó que la SCJN declaró inconstitucional los procesos de evaluación y control de confianza aplicables a los servidores públicos de la administración de justicia, por lo que Morena propuso un nombre diferente, con otros elementos diferentes y una autoridad evaluadora distinta para evitar judicializar esta reforma.

Sugerimos -dijo-, evaluar a los aspirantes a magistrados, mediante exámenes teóricos y prácticos, entrevista, evaluación de curriculum y probidad pública, entre otros aspectos, sin embargo, por segunda ocasión el PAN vende su cariñito.

Son tan burdos -abundó-, que proponen aplicar los exámenes de control de confianza de manera retroactiva a los actuales funcionarios judiciales, qué cinismo o qué ignorantes, sólo las purgas estalinistas fueron tan soeces y absurdas.

Ante ello López Chávez advirtió que lo que se puede esperar, es que el examen sea un instrumento de manipulación del Poder Ejecutivo, para echar a la calle al buen juzgador que actúe con rectitud pero en contra de intereses mezquinos del todopoderoso, que impedirá el acceso social a la justicia.

Insistió en que la reforma no sólo es inconstitucional, es aberrante y para ello estableció que se niega el derecho de ratificación o reelección de magistrados cuando existen criterios judiciales clarísimos, tan claros como el texto del artículo 116 de la Constitución Federal.

Propusimos el respeto a la autonomía del Poder Judicial, mediante el fortalecimiento del Consejo de la Judicatura y la manera de elección de los magistrados, “hoy nos alarma ver que sus cómplices chicos y grandes, le entregan sin miramiento y sin vergüenza el control absoluto del Poder Judicial”.

En síntesis -planteó la legisladora-, el grupo parlamentario de Morena, preocupado por fortalecer al Poder Judicial, presentó oportunamente dos iniciativas para reformarlo de fondo con el propósito de recuperar la paz y seguridad de Jalisco. Basta de “los tableros” en el poder judicial, basta del avasallamiento del gobernador sobre el Poder Judicial, basta de la simulación y el engaño, basta ya de pasar factura al pueblo.

Los temas que se pueden ir a amparo o controversia:

  • El haber de retiro

  • Los exámenes de control de confianza

  • El período único de 12 años a magistrados

 

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