JALISCO
La propuesta del Poder Ejecutivo: Descarta Alfaro incidir en la designación de magistrados
Por Mario Ávila //
Propone el gobernador erradicar la reelección de magistrados, que la mitad de los candidatos sean mujeres y que el nombramiento será solo por 10 años; en tanto que se obliga a realizar a jueces y magistrados, electos y en funciones, los exámenes de control de confianza.
Pese a que son ya 23 las entidades del país en donde el titular del Poder Ejecutivo interviene en el proceso de selección de magistrados del Poder Judicial, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez toma la determinación de marginarse de participar en este proceso y mantener a la entidad como uno de los 9 estados que no tienen injerencia en la designación de jueces y magistrados.
Al dar a conocer un resumen del contenido de la iniciativa de reforma a la Constitución Política de Jalisco y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que presentó al Congreso del Estado con la intención de que se efectúe una “limpia” en el Poder Judicial del Estado de Jalisco, Alfaro Ramírez expuso que lo que sí contiene su propuesta es la eliminación de la reelección para magistrados y la aplicación de pruebas de control de confianza a jueces y magistrados.
Así mismo plantea que la mitad de los nuevos nombramientos recaiga en mujeres; sentenció que se les habrá de despojar a jueces y magistrados del beneficio de recibir un “haber de retiro” y se realizaría una evaluación preliminar, para que lleguen los mejores perfiles a la designación final que seguirá haciendo el Poder Legislativo, de acuerdo a la propuesta del gobernador.
Vale la pena mencionar que junto con Jalisco, las entidades en donde el Ejecutivo no participa en la designación de altos funcionaros del Poder Judicial, son: Baja California, Ciudad de México, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro y Sinaloa.
Mientras que los estados en donde el Ejecutivo interviene en el proceso de selección de magistrados del Poder Judicial, son: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
TRAS UNA EVALUACIÓN, LOS EXPEDIENTES VAN AL CPS
Lo primero que se tendría que hacer, según la propuesta de reforma constitucional del gobernador, será el registro de aspirantes y un proceso de evaluación en el que participarán entidades académicas y ya con los resultados de la evaluación técnica, los expedientes de los aspirantes que la aprueben se remitirán al Comité de Participación Social Anticorrupción (CPS) para que realice evaluaciones curriculares, de aptitudes y elabore un informe con sus opiniones técnicas de cada uno de los perfiles.
Posteriormente el CPS turnará al Congreso sus informes y los legisladores tendrían plazo máximo de un mes para aprobar el nombramiento, en donde se deberán elegir de entre los tres aspirantes mejor evaluados en un plazo máximo de 30 días. En caso de que ninguno alcance el voto calificado de las dos terceras partes de la asamblea (26 legisladores) se procederá a la insaculación (sorteo) del cargo.
En la presentación de su iniciativa, el gobernador apunta que espera que haya voluntad de los integrantes del Poder Judicial de sumarse a las medidas, entre las que reiteró la intención de aplicar pruebas de control de confianza a los juzgadores, suprimir el pago de haber de retiro, eliminar la posibilidad de que se reelijan y fijar un solo periodo por diez años.
En concreto a los actuales magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, así como los jueces de primera instancia en funciones o designados; se les da plazo de seis meses para aprobar las evaluaciones de control de confianza, de lo contrario se advierte que serán retirados del cargo.
El mandatario jalisciense explicó que si bien “no tengo interés de ganar espacios de control político; sí tengo la firme determinación de que vamos a limpiar los poderes públicos del estado cueste lo que cueste; no vamos a permitir que siga permaneciendo esta red de complicidades que ha generado profundos daños a la vida de nuestro estado”.
Para elegir magistrados se detalla que será el Congreso Estatal quien emita la convocatoria, luego se deberá solicitar a una institución de educación superior, la elaboración, aplicación y revisión de un examen, se integraría un comité de vigilancia, conformado por representantes de las universidades públicas y privadas del estado, para acompañar este trámite.
En el caso del nombramiento de jueces se mantiene que serán designados por el Consejo de la Judicatura, por periodos de cuatro años, pero se añade que además de una prueba técnica tendrán que someterse a las pruebas de control de confianza. Para aspirar a ser ratificados cada cuatro años deberán volver a evaluarse.
RECHAZA STJJ LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CONFIANZA
En una reacción inmediata a la propuesta formal del mandatario jalisciense, Enrique Alfaro, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Ricardo Suro Estéves, manifestó su abierta oposición a que se les realice a jueces y magistrados las pruebas de control de confianza.
Como ya lo ha explicado con anterioridad, dice que se trata de una determinación ilegal que ya ha sido sentenciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero recalcó que de nueva cuenta estarán en condiciones de recurrir de nueva cuenta a un amparo o bien podrían interponer nuevamente una controversia constitucional.
“Podemos presumir que en Jalisco hay un respeto entre los tres poderes. Podemos coincidir en muchas cosas, otras no, en lo personal no coincido con los exámenes de control y confianza. No coincido en la idea de que un Poder analice a otro Poder, en la cuestión de los exámenes. Habrá que ver las adecuaciones que se puedan hacer eventualmente a una legislación”, indicó el titular del Poder Judicial.
En contraste, los diputados coordinadores de las bancadas de Movimiento Ciudadano y el PAN, Salvador Caro Cabrera y Gustavo Macías Zambrano, sentenciaron que apoyarán la propuesta de aplicar pruebas de control de confianza a jueces y magistrados.
Establecer en la Constitución estatal como requisito que magistrados y jueces acrediten pruebas de control y confianza implicaría una reforma para crear un centro de evaluación en el Poder Judicial y no incumplir una resolución de la Suprema Corte al respecto, señaló Salvador Caro Cabrera, coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso del Estado.
Recordó que en el 2012 la Suprema Corte emitió una resolución donde confirma que no es constitucional que una entidad ajena al Poder Judicial aplique controles de confianza sobre los magistrados, pero con una enmienda constitucional se podría resarcir este escollo.
Un trámite que podría correr la misma suerte, sería la propuesta de cancelar el bono de “haber de retiro” para jueces y magistrados cuando dejan el cargo, toda vez que en el pasado también la SCJN ya resolvió una controversia en la que avaló la legalidad de la prestación.
Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Gustavo Macías Zambrano, adelantó que están de acuerdo en el planteamiento de aplicar las pruebas de control de confianza a jueces y magistrados, pero a la vez planteó que su propuesta consiste en que la evaluación venga directamente del CPS “y que nos llegue al Congreso y de ahí saquemos las propuestas a designar”.
MORENA PROPONE CREAR EL OBSERVATORIO JUDICIAL DEL PUEBLO
Por su parte la fracción parlamentaria de Morena en la LXII Legislatura, planteó en su iniciativa para transformar el Poder Judicial en Jalisco tres asuntos medulares: 1.- Incrementar el presupuesto del Poder Judicial, 2.- Eliminar el haber de retiro y 3.- Establecer candados que garanticen una impartición de justicia clara y eficiente en Jalisco.
La iniciativa, explicada en voz de la diputada María Esther López Chávez, propone una nueva ley orgánica para ese Poder, que establece principios de celeridad, competencia, austeridad y transparencia, dentro de un sistema que incluye la evaluación permanente para jueces y magistrados.
Entre los principales aspectos que prevé la iniciativa, destaca la eliminación del haber de retiro para jueces y magistrados; programas de capacitación permanente; un sistema claro y transparente de ingreso y promoción dentro de la carrera judicial, y un incremento presupuestal anual para este Poder, que garantice la correcta operación de juzgados.
Se establece además la obligatoriedad de presentar exámenes de honestidad e integridad para magistrados y jueces, así como de someterse a evaluaciones periódicas de desempeño por parte del Consejo de la Judicatura, donde se analice la celeridad en su trabajo judicial, estado de salud, y calidad de atención a usuarios, entre otros aspectos.
«Queremos que Jalisco se renueve y transforme, y empezamos desde las entrañas del Poder Judicial, necesitamos que el Poder Judicial tenga rostro humano, que deje de ser rehén de intereses políticos o públicos, lleno de arbitrariedades e injusticias», explicó López Chávez.
«Morena abre la puerta del diálogo y consenso, para crear una iniciativa que elimine la impunidad», señaló la legisladora, al tiempo que refrendó la invitación a todas las fuerzas políticas a sumarse a este proyecto, en beneficio de Jalisco.
Sobre las resoluciones emitidas por los jueces y magistrados de manera indebida, la diputada morenista, señaló que parte de la iniciativa alberga la intención de que las víctimas de una mala sentencia, sean indemnizadas.
Finalmente se establece también la creación del Observatorio Judicial del Pueblo, el cual será integrado por representantes ciudadanos y funcionarios de Gobierno, y cuya misión será la realización de diagnósticos y propuestas para mejorar el cumplimiento de los valores que rigen la función judicial.
Expone Alfaro el “caso Jalisco” ante la Suprema Corte
Como parte de la agenda de trabajo que realizó en la Ciudad de México, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se reunió el pasado jueves 9 de mayo con el ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar y con el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, a quienes presentó su propuesta para exponer casos de corrupción en el Poder Judicial de Jalisco, así como un método para erradicar esta problemática en el sistema de justicia local y que podría ser de utilidad para otros estados.
Cierran la pinza con el Senado de la República
En la lucha para que el Poder Judicial de Jalisco y de todos los estados del país transiten hacia una cultura de transparencia, rendición de cuentas y se vuelvan eficientes, el gobernador Enrique Alfaro cierra la pinza y recordó que el senador, Clemente Castañeda Hoeflitch, presentó una iniciativa para que todas las sentencias que dicten jueces y magistrados sean información pública y así, la sociedad pueda saber, vigilar y tener la confianza de que ningún proceso ni delincuente, quedarán impunes o serán liberados por “debajo del agua”.
Entidades donde interviene el gobernador en la designación de magistrados:
– Aguascalientes
– Baja California Sur
– Campeche
– Chiapas
– Chihuahua
– Coahuila
– Colima
– Durango
– Guanajuato
– Guerrero
– Hidalgo
– Nayarit
– Oaxaca
– Puebla
– Quintana Roo
– San Luis Potosí
– Sonora
– Tabasco
– Tamaulipas
– Tlaxcala
– Veracruz
– Yucatán
– Zacatecas.
Entidades donde no interviene el gobernador en la designación de magistrados:
– Jalisco
– Baja California
– Ciudad de México
– México
– Michoacán
– Morelos
– Nuevo León
– Querétaro
– Sinaloa.
ENTREVISTAS
Iniciativa de César Madrigal: Unánime respaldo en el Congreso de Jalisco al drenaje profundo
-Por Mario Ávila
En un gesto de unidad histórica, los diputados de las ocho fracciones políticas de la LIV Legislatura local aprobaron por unanimidad la iniciativa del diputado César Madrigal, del Partido Acción Nacional (PAN), para exhortar al gobernador de Jalisco a incluir el diseño e implementación de un drenaje profundo en el Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030.
Esta propuesta busca abordar el grave problema de inundaciones y socavones en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), un desafío que se agudizó tras el torrencial aguacero del 24 de junio, Día de San Juan, que paralizó la movilidad regional.
Presentada el 23 de junio y aprobada el jueves 10 de julio, la iniciativa marca un paso significativo hacia una solución estructural, inspirada en proyectos exitosos como el túnel emisor de la Ciudad de México.
UN PROYECTO CON RAÍCES Y VISIÓN
César Octavio Madrigal Díaz destacó que el drenaje profundo, con túneles de 80 a 100 metros de profundidad y un diámetro de 7 metros, no interferiría con el tráfico ni las redes hidrosanitarias, a diferencia de los actuales drenajes de 2.5 metros que colapsan, como se vio en los recientes socavones del Bethel.
“Es como la tuneladora de la Línea 3 del Tren Ligero: obras subterráneas que resuelven sin afectar la vialidad”, explicó.
A diferencia del sistema de la Ciudad de México, que mezcla aguas pluviales y residuales y las desvía a Hidalgo, la propuesta para la ZMG sería innovadora al enfocarse exclusivamente en captar agua de lluvia. Esto permitiría almacenarla la zona del Dean o San Rafael, desviarla a plantas potabilizadoras, recargar mantos freáticos o incluso dirigirla al río Santiago y la Barranca de Huentitán, contribuyendo al ciclo hidrológico.
Madrigal subrayó el potencial hídrico de la obra: la ZMG consume alrededor de 13 metros cúbicos por segundo (m³/s), y el sistema podría captar hasta 5 m³/s de agua más limpia que la del lago de Chapala, contaminada por químicos industriales, agropecuarios y descargas residuales.
Esta agua reutilizable representaría un avance nacional, transformando un problema de inundaciones en una oportunidad de sostenibilidad.
La iniciativa tiene antecedentes en Jalisco. En los primeros años del siglo XXI, el gobierno de Guadalajara diseñó un plan de drenaje profundo para la ciudad, mientras que en 2008 el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) propuso el Programa de Manejo Integral de Aguas Pluviales, que incluye desazolves y pozos de captación, pero también sugiere a largo plazo dos túneles emisores por Gobernador Curiel y Calzada Independencia, destinando el agua a la Barranca de Huentitán.
En 2017, el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua (IMTA) elaboró un proyecto conceptual para toda la ZMG, retomado en 2023 por el Colegio de Ingenieros de Jalisco. Su entonces presidente, Luis Barbosa Niño, estimó una inversión de 30 mil millones de pesos en 12 años, con una erogación anual de 2,500 millones de pesos.
Además, particulares han propuesto un sistema en el sur de la ZMG que llevaría agua a la presa Atotonilquillo en Villa Corona para su potabilización y retorno al Acuaférico, enriqueciendo el debate.
SALVAGUARDAR VIDAS
Para Madrigal, el objetivo principal es salvar vidas. Hasta ahora, el temporal de lluvias de 2025 ha cobrado seis vidas, un recordatorio doloroso de la urgencia del proyecto. “No podemos postergarlo más”, insistió, lamentando que obras como esta, al ser “dinero enterrado”, a menudo se descartan por falta de rédito político.
Sin embargo, como legislador responsable, enfatizó la necesidad de infraestructura básica en una metrópoli que alberga a casi 5 millones de habitantes, una de las más pobladas de América Latina.
“Es una inversión esencial, no un lujo”, afirmó, subrayando que los socavones y las inundaciones no solo dañan la economía, sino que ponen en riesgo la seguridad ciudadana.
La aprobación unánime refleja un consenso raro en un Congreso a menudo dividido. Madrigal recordó el ejemplo de la Ciudad de México, donde el túnel emisor central se inauguró en 1975, seguido por el poniente en 2000 y el oriente en 2021, demostrando que un enfoque por etapas es viable.
En la ZMG, el proyecto podría dividirse en fases, priorizando las zonas más vulnerables como el oriente y el centro, donde las redes actuales colapsan con lluvias moderadas.
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
Aunque el respaldo político es un avance, la ejecución enfrenta retos. El costo de 30 mil millones de pesos requiere financiamiento mixto, posiblemente con aportaciones federales, estatales y privadas, además de un estudio detallado de impacto ambiental y geológico.
El SIAPA, criticado por su manejo ineficiente, deberá desempeñar un rol clave, pero su historial de retrasos plantea dudas. Madrigal sugirió involucrar a expertos del IMTA y el Colegio de Ingenieros para garantizar transparencia y eficiencia.
La propuesta también abre oportunidades. El agua captada podría aliviar la dependencia de Chapala, cuya calidad ha decaído, y apoyar la recarga de acuíferos, un tema crítico en una región afectada por sequías.
Además, la obra generaría empleos y fortalecería la resiliencia urbana frente al cambio climático, cuyos efectos, como lluvias más intensas, ya son evidentes.
El diputado César Madrigal cerró, señalando que “la mesa está servida. Este es un tema grave, agravado por socavones causados por inundaciones y tuberías de drenaje insuficientes. Es hora de actuar, tras años de olvido, para resolver este problema crítico en la Zona Metropolitana.”
VISTO BUENO DEL SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
Durante la segunda reunión de trabajo en la que los funcionarios del Poder Ejecutivo, presentaron al legislativo el resultado del Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030, el ingeniero Ernesto Marroquín, secretario de Gestión Integral del Agua, dio su visto bueno a la propuesta del diputado César madrigal sobre el drenaje profundo.
“Diputado, César Madrigal, en el tema de las inundaciones, coincido completamente con usted lo mismo que en el tema del drenaje profundo y en este año también estamos trabajando en la actualización para el registro en cartera, que ya tenía un registro en cartera pero se perdió y vamos a trabajar en la actualización de este registro en cartera, para retomar todos estos proyectos contra las inundaciones y yo en lo personal y creo que el equipo técnico estamos de acuerdo en que una buena solución es el drenaje profundo”.
“Obviamente, eso tiene que ir de la mano de otras acciones que se tienen que tomar como usted ya bien mencionó, el Promiat que habla del control en el origen de las aguas pluviales, que esto significa que cada desarrollo debe tener una descarga cero, esto quiere decir que se haga un tanque de retención que permita almacenar el agua mientras ocurre la lluvia y después, cuando los colectores ya estén menos saturados, permitan desalojar esta agua porque en realidad en la ciudad no contamos con colectores pluviales, eran colectores que estaban hechos para aguas residuales, sin embargo al no contar con colectores pluviales se hicieron combinados y no tienen la capacidad necesaria para atender el problema del exceso de agua en tiempos de lluvias”.
Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el pago el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinado al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 Planes de Justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuri en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío, el gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario. Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
Chelsea, el orgullo de Londres
Edición 798: El drenaje profundo, un paso hacia el futuro en Guadalajara
Iniciativa de César Madrigal: Unánime respaldo en el Congreso de Jalisco al drenaje profundo
Año de la Mujer Indígena: Promesas vs silencio en la Comunidad Indígena de Mezquitán
