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JALISCO

La propuesta del Poder Ejecutivo: Descarta Alfaro incidir en la designación de magistrados

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Por Mario Ávila //

Propone el gobernador erradicar la reelección de magistrados, que la mitad de los candidatos sean mujeres y que el nombramiento será solo por 10 años; en tanto que se obliga a realizar a jueces y magistrados, electos y en funciones, los exámenes de control de confianza.

Pese a que son ya 23 las entidades del país en donde el titular del Poder Ejecutivo interviene en el proceso de selección de magistrados del Poder Judicial, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez toma la determinación de marginarse de participar en este proceso y mantener a la entidad como uno de los 9 estados que no tienen injerencia en la designación de jueces y magistrados.

Al dar a conocer un resumen del contenido de la iniciativa de reforma a la Constitución Política de Jalisco y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que presentó al Congreso del Estado con la intención de que se efectúe una “limpia” en el Poder Judicial del Estado de Jalisco, Alfaro Ramírez expuso que lo que sí contiene su propuesta es la eliminación de la reelección para magistrados y la aplicación de pruebas de control de confianza a jueces y magistrados.

Así mismo plantea que la mitad de los nuevos nombramientos recaiga en mujeres; sentenció que se les habrá de despojar a jueces y magistrados del beneficio de recibir un “haber de retiro” y se realizaría una evaluación preliminar, para que lleguen los mejores perfiles a la designación final que seguirá haciendo el Poder Legislativo, de acuerdo a la propuesta del gobernador.

Vale la pena mencionar que junto con Jalisco, las entidades en donde el Ejecutivo no participa en la designación de altos funcionaros del Poder Judicial, son: Baja California, Ciudad de México, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro y Sinaloa.

Mientras que los estados en donde el Ejecutivo interviene en el proceso de selección de magistrados del Poder Judicial, son: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

TRAS UNA EVALUACIÓN, LOS EXPEDIENTES VAN AL CPS

Lo primero que se tendría que hacer, según la propuesta de reforma constitucional del gobernador, será el registro de aspirantes y un proceso de evaluación en el que participarán entidades académicas y ya con los resultados de la evaluación técnica, los expedientes de los aspirantes que la aprueben se remitirán al Comité de Participación Social Anticorrupción (CPS) para que realice evaluaciones curriculares, de aptitudes y elabore un informe con sus opiniones técnicas de cada uno de los perfiles.

Posteriormente el CPS turnará al Congreso sus informes y los legisladores tendrían plazo máximo de un mes para aprobar el nombramiento, en donde se deberán elegir de entre los tres aspirantes mejor evaluados en un plazo máximo de 30 días. En caso de que ninguno alcance el voto calificado de las dos terceras partes de la asamblea (26 legisladores) se procederá a la insaculación (sorteo) del cargo.

En la presentación de su iniciativa, el gobernador apunta que espera que haya voluntad de los integrantes del Poder Judicial de sumarse a las medidas, entre las que reiteró la intención de aplicar pruebas de control de confianza a los juzgadores, suprimir el pago de haber de retiro, eliminar la posibilidad de que se reelijan y fijar un solo periodo por diez años.

En concreto a los actuales magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, así como los jueces de primera instancia en funciones o designados; se les da plazo de seis meses para aprobar las evaluaciones de control de confianza, de lo contrario se advierte que serán retirados del cargo.

El mandatario jalisciense explicó que si bien “no tengo interés de ganar espacios de control político; sí tengo la firme determinación de que vamos a limpiar los poderes públicos del estado cueste lo que cueste; no vamos a permitir que siga permaneciendo esta red de complicidades que ha generado profundos daños a la vida de nuestro estado”.

Para elegir magistrados se detalla que será el Congreso Estatal quien emita la convocatoria, luego se deberá solicitar a una institución de educación superior, la elaboración, aplicación y revisión de un examen, se integraría un comité de vigilancia, conformado por representantes de las universidades públicas y privadas del estado, para acompañar este trámite.

En el caso del nombramiento de jueces se mantiene que serán designados por el Consejo de la Judicatura, por periodos de cuatro años, pero se añade que además de una prueba técnica tendrán que someterse a las pruebas de control de confianza. Para aspirar a ser ratificados cada cuatro años deberán volver a evaluarse.

RECHAZA STJJ LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CONFIANZA

En una reacción inmediata a la propuesta formal del mandatario jalisciense, Enrique Alfaro, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Ricardo Suro Estéves, manifestó su abierta oposición a que se les realice a jueces y magistrados las pruebas de control de confianza.

Como ya lo ha explicado con anterioridad, dice que se trata de una determinación ilegal que ya ha sido sentenciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero recalcó que de nueva cuenta estarán en condiciones de recurrir de nueva cuenta a un amparo o bien podrían interponer nuevamente una controversia constitucional.

Podemos presumir que en Jalisco hay un respeto entre los tres poderes. Podemos coincidir en muchas cosas, otras no, en lo personal no coincido con los exámenes de control y confianza. No coincido en la idea de que un Poder analice a otro Poder, en la cuestión de los exámenes. Habrá que ver las adecuaciones que se puedan hacer eventualmente a una legislación”, indicó el titular del Poder Judicial.

En contraste, los diputados coordinadores de las bancadas de Movimiento Ciudadano y el PAN, Salvador Caro Cabrera y Gustavo Macías Zambrano, sentenciaron que apoyarán la propuesta de aplicar pruebas de control de confianza a jueces y magistrados.

Establecer en la Constitución estatal como requisito que magistrados y jueces acrediten pruebas de control y confianza implicaría una reforma para crear un centro de evaluación en el Poder Judicial y no incumplir una resolución de la Suprema Corte al respecto, señaló Salvador Caro Cabrera, coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso del Estado.

Recordó que en el 2012 la Suprema Corte emitió una resolución donde confirma que no es constitucional que una entidad ajena al Poder Judicial aplique controles de confianza sobre los magistrados, pero con una enmienda constitucional se podría resarcir este escollo.

Un trámite que podría correr la misma suerte, sería la propuesta de cancelar el bono de “haber de retiro” para jueces y magistrados cuando dejan el cargo, toda vez que en el pasado también la SCJN ya resolvió una controversia en la que avaló la legalidad de la prestación.

Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Gustavo Macías Zambrano, adelantó que están de acuerdo en el planteamiento de aplicar las pruebas de control de confianza a jueces y magistrados, pero a la vez planteó que su propuesta consiste en que la evaluación venga directamente del CPS “y que nos llegue al Congreso y de ahí saquemos las propuestas a designar”.

MORENA PROPONE CREAR EL OBSERVATORIO JUDICIAL DEL PUEBLO

Por su parte la fracción parlamentaria de Morena en la LXII Legislatura, planteó en su iniciativa para transformar el Poder Judicial en Jalisco tres asuntos medulares: 1.- Incrementar el presupuesto del Poder Judicial, 2.- Eliminar el haber de retiro y 3.- Establecer candados que garanticen una impartición de justicia clara y eficiente en Jalisco.

La iniciativa, explicada en voz de la diputada María Esther López Chávez, propone una nueva ley orgánica para ese Poder, que establece principios de celeridad, competencia, austeridad y transparencia, dentro de un sistema que incluye la evaluación permanente para jueces y magistrados.

Entre los principales aspectos que prevé la iniciativa, destaca la eliminación del haber de retiro para jueces y magistrados; programas de capacitación permanente; un sistema claro y transparente de ingreso y promoción dentro de la carrera judicial, y un incremento presupuestal anual para este Poder, que garantice la correcta operación de juzgados.

Se establece además la obligatoriedad de presentar exámenes de honestidad e integridad para magistrados y jueces, así como de someterse a evaluaciones periódicas de desempeño por parte del Consejo de la Judicatura, donde se analice la celeridad en su trabajo judicial, estado de salud, y calidad de atención a usuarios, entre otros aspectos.

«Queremos que Jalisco se renueve y transforme, y empezamos desde las entrañas del Poder Judicial, necesitamos que el Poder Judicial tenga rostro humano, que deje de ser rehén de intereses políticos o públicos, lleno de arbitrariedades e injusticias», explicó López Chávez.

«Morena abre la puerta del diálogo y consenso, para crear una iniciativa que elimine la impunidad», señaló la legisladora, al tiempo que refrendó la invitación a todas las fuerzas políticas a sumarse a este proyecto, en beneficio de Jalisco.

Sobre las resoluciones emitidas por los jueces y magistrados de manera indebida, la diputada morenista, señaló que parte de la iniciativa alberga la intención de que las víctimas de una mala sentencia, sean indemnizadas.

Finalmente se establece también la creación del Observatorio Judicial del Pueblo, el cual será integrado por representantes ciudadanos y funcionarios de Gobierno, y cuya misión será la realización de diagnósticos y propuestas para mejorar el cumplimiento de los valores que rigen la función judicial.

Expone Alfaro el “caso Jalisco” ante la Suprema Corte

Como parte de la agenda de trabajo que realizó en la Ciudad de México, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se reunió el pasado jueves 9 de mayo con el ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar y con el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, a quienes presentó su propuesta para exponer casos de corrupción en el Poder Judicial de Jalisco, así como un método para erradicar esta problemática en el sistema de justicia local y que podría ser de utilidad para otros estados.

Cierran la pinza con el Senado de la República

En la lucha para que el Poder Judicial de Jalisco y de todos los estados del país transiten hacia una cultura de transparencia, rendición de cuentas y se vuelvan eficientes, el gobernador Enrique Alfaro cierra la pinza y recordó que el senador, Clemente Castañeda Hoeflitch, presentó una iniciativa para que todas las sentencias que dicten jueces y magistrados sean información pública y así, la sociedad pueda saber, vigilar y tener la confianza de que ningún proceso ni delincuente, quedarán impunes o serán liberados por “debajo del agua”.

Entidades donde interviene el gobernador en la designación de magistrados:

–      Aguascalientes

–      Baja California Sur

–      Campeche

–      Chiapas

–      Chihuahua

–      Coahuila

–      Colima

–      Durango

–      Guanajuato

–      Guerrero

–      Hidalgo

–      Nayarit

–      Oaxaca

–      Puebla

–      Quintana Roo

–      San Luis Potosí

–      Sonora

–      Tabasco

–      Tamaulipas

–      Tlaxcala

–      Veracruz

–      Yucatán

–      Zacatecas. 

Entidades donde no interviene el gobernador en la designación de magistrados:

–      Jalisco

–      Baja California

–      Ciudad de México

–      México

–      Michoacán

–      Morelos

–      Nuevo León

–      Querétaro

–      Sinaloa.

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JALISCO

Nuevo acuerdo entre Jalisco y Guanajuato carece del aval de CONAGUA

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Por Mario Ávila //

Para la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), están vigentes las posibilidades de elevar la cortina a 105 metros de altura o desmantelar la presa; según lo expuso su directora en reunión sostenida con representantes de “Salvemos Temaca”.

Los habitantes de los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, mantienen vivas las esperanzas de que sus comunidades se salven de ser inundadas, ya que no se ha tomado una determinación y por tanto están vigentes las dos posibilidades extremas: que la cortina de la presa El Zapotillo se eleve a los 105 metros de altura o bien que se desmantele el proyecto de la construcción de la presa en la región de Los Altos de Jalisco.

Esto quedó en claro para los representantes del Colectivo “Salvemos Temaca” y abogados defensores de los derechos de los pobladores de estas tres comunidades en riesgo, luego de tomar parte en una reunión efectuada el pasado martes, en la que estuvo presente la directora de CONAGUA, Blanca Jiménez Cisneros, el jefe de Asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador, Lázaro Cárdenas Batel y representantes del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario.

En el encuentro, la directora de CONAGUA, Blanca Jiménez aseguró que no hay hasta ahora una decisión tomada, según lo refieren versiones de los asistentes, vertidas a algunos medios de comunicación digitales como Zona Docs y Somos el Medio.

Blanca Jiménez aseguró que hasta el momento, la CONAGUA se encuentra analizando todas las opciones que van desde construir la cortina de la presa El Zapotillo a 105 metros de altura, hasta de desmantelarla; sin embargo, reafirmó que no se ha tomado ninguna decisión.

Con el objetivo de solucionar el conflicto que tiene detenida la construcción de la Presa El Zapotillo que se inició desde hace 13 años e impedir que los pueblos sean inundados, la CONAGUA, el Gobierno Federal y la representación legal del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, acordaron reunirse a finales del mes de julio para analizar la situación jurídica del caso.

La primera de las dos opciones (levantar la cortina a 105 metros), maduró a raíz de la presión que ejercieron los empresarios de Jalisco en reunión sostenida con el presidente Andrés Manuel López Obrador el mes pasado, y aumentó, una vez que los gobernadores Enrique Alfaro Ramírez y Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, de Jalisco y Guanajuato, respectivamente, desconocieron los acuerdos de distribución del agua del Río Verde firmados en el 2006 cuando prácticamente el presidente de la República, Vicente Fox Quezada, presionó y obligó al entonces mandatario jalisciense, Francisco Javier Ramírez Acuña, quien se había defendido diciendo con firmeza que “Jalisco no se vendía por un plato de lentejas”.

NO CUADRAN LOS DATOS

Para Blanca Jiménez Cisneros, directora general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), los porcentajes manejados en el Acuerdo de Entendimiento firmado, el pasado 29 de junio, por los gobernadores Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y Enrique Alfaro Ramírez: “No le cuadran”, ya que los datos de disponibilidad de agua con los que cuenta la CONAGUA, no corresponden a los datos manejados en el Acuerdo de Entendimiento firmado por los funcionarios.

Lo anterior fue explicado por la Directora de CONAGUA durante la reunión que sostuvo, el pasado martes 9 de julio, en la Secretaría de Gobernación, el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y el Colectivo de Abogados de las comunidades; en dicha reunión también estuvo presente Lázaro Cárdenas Batel, jefe de Asesores del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Respecto a los 500 millones de pesos, destinados dentro del Presupuesto de Egresos Federal 2019, la titular de la CONAGUA señaló que, por órdenes de López Obrador, sólo se usaron 270 millones de pesos para realizar trabajos de seguridad en El Zapotillo, tales como instalar unos diques que impidan que ramas, basura, piedras o cualquier otro elemento lleguen a obstruir las compuertas de presas, lo cual podría ocasionar un desastre.

Jiménez Cisneros resaltó que su administración se encuentra enfocada en tener toda la información del proyecto Presa El Zapotillo- Acueducto Zapotillo-León; no obstante, no han revisado toda la documentación que se encontraba en las oficinas de CONAGUA Jalisco y que recientemente ha sido trasladado a sus oficinas en la Ciudad de México.

Hemos encontrado irregularidades -dijo-, por lo que ya tenemos la información en la Ciudad de México donde la estamos analizando, pero ha sido un dolor de cabeza analizar el expediente, precisó.

Respecto a la millonaria demanda de la empresa española Abengoa contra el Gobierno de México por el pago de una indemnización por la inversión que realizó en el proyecto Acueducto Zapotillo-León, Blanca Jiménez resaltó que no pagarán lo que exige la empresa española: “No lo vamos a pagar: ¿De dónde saldría eso? Esto con los abogados de CONAGUA ya lo estamos judicializando”.

Por su parte, Lázaro Cárdenas Batel se comprometió a agendar una reunión en las próximas semanas con el presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró a las comunidades que Obrador no tomará ninguna decisión “en lo oscurito”.

No tengan preocupación de que se enteren de la decisión del Gobierno Federal no fue consensuada con ustedes, que no fue platicada o que, simplemente, se tomó en lo oscurito y que ustedes se enteraron por los medios… tengan la absoluta certeza de que eso no va ocurrir”.

LAS PRESAS ‘NO SON LA OPCIÓN’

El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo acompañados del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), el Colectivo de Abogados, y representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas también se reunieron con Víctor Manuel Toledo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien al iniciar la reunión recordó el caso de la presa Miguel Alemán, en Oaxaca, que inundó 47 mil hectáreas dejando bajo el agua pueblos, cultura, y tradiciones ancestrales.

Refieren los medios de comunicación digitales Zona Docs y Somos el Medio, en el material periodístico firmado por Mario Merlo, que en los resultados del encuentro destaca la aportación de titular de Semarnat: “Recuerdo muy bien el caso donde gente mayor mazateca, se suicidó después de ver a su pueblo inundado… porque estaban inundando, su historia y pueblo mazateco.”

Por ello, Víctor Manuel Toledo celebró que a diferencia de los mazatecos: Temacapulín, Acasico y Palmarejo sean un frente de resistencia que se organiza y lucha por defender sus derechos.

La novedad que yo veo ahora y que me da mucho gusto es que ustedes se organizan, y que tienen 14 años luchando y hasta ahora tienen detenida la presa. Aquí la pregunta es qué tanto un proyecto de escala federal tiene derecho a irrumpir la vida a nivel local y municipal, esto en un modelo de civilización donde prevalece la ciudad y la industria como mecanismos de destrucción y depredación de los pueblos.”

Después de escuchar a las comunidades, el secretario de la Semarnat, propuso visitar a la comunidad a finales del mes de julio con la intención de conocer el territorio y buscar soluciones para: “la gestión integral del agua” y “la resistencia de las comunidades contra el proyecto Presa El Zapotillo-Acueducto Zapotillo-León”.

A modo de conclusión, Toledo comentó a los pueblos que actualmente: “las presas no son la opción”, y que en el caso de las hidroeléctricas, la solución es mil pequeñas micro-hidroeléctricas, manejadas por la gente de las comunidades o mediante un modelo de cooperativas donde no predomine el gigantismo ni la concentración de energía que imita las prácticas del poder económico y político.

ALCALDES DE LOS ALTOS, AVALAN ACUERDO

Mediante un desplegado, alcaldes de 16 municipios de la región de Los Altos de Jalisco, sin el aval de sus respetivos cabildos, manifestaron su respaldo al nuevo proyecto de distribución de agua entre Jalisco y Guanajuato firmado el pasado 29 de junio por los gobernadores Enrique Alfaro Ramírez y Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

No tenemos duda -exponen-, que el acuerdo es un hecho histórico que permite a los jaliscienses recuperar el agua que se había perdido en los convenios de 2005 y 2007, y a la vez respetar los acuerdos de distribución de agua de 1995 y 1997 donde corresponden a Jalisco 76% del agua de la cuenca del Río Verde y a Guanajuato el 24%”.

El desplegado lo firman los alcaldes de Arandas, Encarnación de Díaz, Jalostotitlán, Lagos de Moreno, Mexticacán, Ojuelos, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, San Julián, San Miguel el Alto, Teocaltiche, Tepatitlán, Unión de San Antonio, Valle de Guadalupe, Villa Hidalgo y Yahualica.

En la publicación los munícipes advierten: “El acuerdo permitirá además evitar prácticas como la sobreexplotación de los manos acuíferos, garantizar la vida de las fuentes de abastecimiento del Estado y que se cumpla plenamente el derecho al agua, tanto de la región de Los Altos, como del Área Metropolitana de Guadalajara”.

Dicen entender la importancia que tienen los recursos hídricos para el desarrollo de las comunidades y señalan: “Este histórico acuerdo es una gran noticia porque permite garantizar el abasto de agua para uso humano para los ciudadanos de Los Altos de Jalisco, lo que traerá grandes beneficios a sus habitantes. Pero también garantiza el agua para actividades ganaderas y de cultivo, en una de las regiones más prósperas del país en esta materia”.

Y sentencian: “Tanto el Gobierno del Estado como los alcaldes de los municipios de Los Altos, estaremos al pendiente de los pasos a seguir por parte del gobierno Federal, a través de la Conagua, para llevar a cabo los estudios, proyectos y obras de infraestructura para trasladar el agua a la población.”

Y remata el desplegado: “Estaremos atentos también a proyectos como el de la presa El Zapotillo, sobre el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador ya anunció hace unos días, que se retomarán los trabajos con recursos federales”.

RECHAZAN REGIDORES DAR AGUA A LEÓN

En tanto que, para los regidores de oposición en algunos de los municipios alteños, el nuevo acuerdo de distribución del agua del Río Verde, firmado entre Jalisco y Guanajuato, pone en evidencia que el mandatario jalisciense, Enrique Alfaro, “le da la espalda a los Altos de Jalisco”.

Particularmente regidores priistas de la región criticaron la decisión del gobernador que prevé entregar el agua a Guanajuato de una cuenca deficitaria que pertenece solamente a Jalisco y manifestaron su rechazo a la decisión del gobierno de Jalisco, que pretende entregar el agua de la cuenca del Verde al estado de Guanajuato y con ello afectar la economía y desarrollo de toda la región alteña.

Hugo René Ruiz Esparza, regidor del municipio de Lagos de Moreno, explicó que el acuerdo signado por ambos gobiernos afecta a toda la zona de Los Altos de Jalisco, “pero sobre todo muestra una incongruencia del actual gobernador quien durante su campaña aseguró que no permitiría el trasvase para entregar el agua a Guanajuato”.

Los Altos de Jalisco -dijo-, están perdiendo en este acuerdo que el gobernador de Jalisco está teniendo con el gobernador de Guanajuato. Es un acuerdo que nos lesiona y nos afecta porque está entregando nuestra agua, a todas luces salimos perdiendo. Él prometió que no se haría el trasvase, pero tan pronto como llegó a ser gobernador, nos dio la espalda a los alteños”.

Reunidos en las oficinas del Comité Directivo del PRI, ediles de la región alteña junto con el presidente del partido Ramiro Hernández García, explicaron que la posición de los habitantes de la zona es que el agua de la región se quede para la región.

Pareciera -expuso por su parte Ramiro Hernández-, que se da un discurso para llegar al gobierno y otro diferente cuando se llega. Y esto en términos reales es demagogia. Lo que estamos viendo es que el gobernador está finiquitando un acuerdo. Es por eso que respaldamos la propuesta que los regidores de la región de Los Altos, que plantean que sea un porcentaje más alto lo que se quede en Los Altos con relación a lo que se otorga al estado de Guanajuato”.

En rueda de prensa, los ediles aseguraron que el acuerdo que se publicó este martes con la firma de alcaldes de la región de Los Altos avalando el acuerdo, fue una decisión unilateral que nunca pasó por el pleno del cabildo y que los regidores desconocen completamente.

Finalmente, plantearon que esperarán a que el acuerdo que otorga ventaja al gobierno de Guanajuato llegue al Congreso de Jalisco, para cerrar filas con la fracción parlamentaria y evitar que se apruebe este convenio con los términos actuales.

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JALISCO

El Ministerio Público y el modelo de justicia penal en Jalisco

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Por Alfonso Partida Caballero //

El proceso de reforma del sistema de seguridad y justicia en Jalisco -en transcurso desde 2008-, ha impactado de manera decisiva al ente persecutor del delito, el Ministerio Público. Ésta figura esencial para el funcionamiento del modelo acusatorio, no ha sido -por una falta de visión- objeto de un análisis serio que incluya estudios de gran calado que desemboquen en un correcto funcionamiento, estructura y organización para dar la respuesta puntual que los tiempos modernos exigen, no resulta lógico que en nuestro estado esta figura continúe funcionando con criterios del sistema anterior (inquisitivo mixto), esta parálisis ha causado una preocupante crisis de impunidad y desorden, a pesar de ello resulta imperioso resaltar que esta institución constituye un garante imprescindible en el funcionamiento de toda la estructura legal y administrativa del sistema acusatorio adversarial, por lo que es necesario darle coherencia y articulación para conseguir mayor eficacia.

En Jalisco los continuados errores del Legislativo, la manipulación y la dominación que ha ejercido el Ejecutivo han frustrado y entorpecido las funciones de este importante organismo, pues no le han permitido un pleno desarrollo y la fluidez necesaria a la hora de representar los intereses de la sociedad mediante el ejercicio de las facultades de dirección de la investigación autónoma contra los hechos que revisten las conductas delictivas, con su intervención, el Ejecutivo ha complicado la protección a víctimas, testigos, esclarecimiento de los hechos delictivos y el sustento de la acción penal ante la autoridad judicial.

Se vislumbran sólo fracasos a la vista con el camino seguido hasta ahora, y las pocas voces discordantes parecen no tener cabida en el proceso, pero no existe alternativa, como sociedad debemos exigir diálogo, se acabaron los tiempos de monólogos autoritarios, es momento de tranformaciones con base en el conocimiento y no en los intereses políticos.

Como ciudadanos debemos tener claro cuáles son las funciones y funcionarios que requiere el Ministerio Público moderno y el rol que debe cumplir en el sistema acusatorio. Si no se comprende esta nueva concepción, la reforma puede verse reconducida hacia antiguos conceptos, en la inocua tarea de intentar -sin éxito- adecuar lo “moderno” dentro de lo “antiguo”, no sólo en lo normativo sino también en lo estructural y operativo.

El riesgo, es el de reproducir el sistema anterior -que duró más de 100 años dando tumbos entre violaciones a los Derechos Humanos, manipulación política, tortura y utilización facciosa en el nivel de sus prácticas y aplicación- bajo el manto de nuevas normas cancelando así las expectativas generadas por la reforma constitucional que pretendía transparencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas, para establecer criterios viables y resultados de la política criminal efectiva.

El sistema acusatorio en Jalisco demanda que las acciones del Ministerio Público se someta a los principios de legalidad, objetividad y dinamismo en el proceso de investigación criminal, dotándolo de mayor independencia, fortaleza y profesionalización, así como un diseño coherente de cargas de trabajo que le permitan funcionar con parámetros laborales claros y transparentes, sin un volúmen excesivo de trabajo y coordinando de manera eficiente la función policial y pericial, éstas acciones formarán parte de su naturaleza institucional y deben ser el parámetro que oriente su conformación orgánica.

Esto implica que esté organizado, pueda tomar y ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas sobre los casos, sin presión y amenazas de los otros poderes estatales -o grupos políticos y económicos- y que estos mismos se conduzcan únicamente con fidelidad a la ley y a las pruebas que posean. Esto implica revisar la forma en que se regula su gestión administrativa, financiera, disciplinaria, los métodos para nombrar, designar, promover y remover a sus empleados; esto se conoce en cualquier latitud que se jacte de respetar el estado de derecho como “Autonomía”. Hay que precisar que existen cuatro directrices o condiciones insoslayables para hacer realidad este principio a) inexistencia de superior jerárquico sobre la institución del MP; b) exclusión de influencias externas en la toma de decisiones; c) potestad reglamentaria propia, y d) libertad de ejecución presupuestaria. 

Resulta imperioso precisar con criterios de eficiencia las funciones del Ministerio Público, fijar políticas, dictar criterios, lineamientos efectivos, reorganizar a la institución, preparar a los operadores con el perfil adecuado para darle coherencia y funcionalidad. Esta visión cumple con la realización de las exigencias ciudadanas, fortalecer la institución e inhibir la violencia social y, con base en estos objetivos, configurar una política de persecución penal que haga frente de forma efectiva a la criminalidad, le de certeza al ciudadano y revalorice la función del Estado.

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JALISCO

Lo que el gobernador Enrique Alfaro y MC opinaban sobre El Zapotillo cuando eran oposición

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VIDEO: Postura de Enrique Alfaro y MC sobre la presa El Zapotillo cuando eran oposición

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