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Reforma al Poder Judicial de Jalisco: Extinguir la Judicatura y dotar presupuesto de 3%, propuesta de Héctor Pizano

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Por Mario Ávila //

Paralelo a las acciones que los poderes Ejecutivo y Legislativo planean con el visto bueno de las fracciones parlamentarias, para ‘limpiar de corrupción e impunidad al Poder Judicial’, no se descarta que vengan también temas positivos para el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, como es el hecho de que se les regrese la Hacienda Judicial, de la que fueron despojados desde 1995 y que al fin se les asigne un presupuesto constitucional del 3% del total del gasto anual de Jalisco.

Sin embargo, con el fin de que se pueda dar una adecuación presupuestal sin sobresaltos, el incremento del presupuesto sería paulatino, a fin de subir del 1.2% que reciben en el 2019, al 2% para el 2020, luego ascendería al 2.5% en el 2021 y para el 2022 se estaría en condiciones de dotar de una autonomía presupuestal plena al Poder Judicial, asignándole el 3% del total del Presupuesto de Egresos del Gobierno de Jalisco. Vale la pena recordar que en este año el gasto anual asciende a los 116 mil 946 millones de pesos.

De ello habló el diputado Héctor Pizano Ramos, integrante de la fracción parlamentaria de MC y una de las personas más allegadas al gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien además planteó la necesidad de que extinguir al Consejo de la Judicatura, porque ha dejado de cumplir con las funciones para las que fue creado.

Al grado de que una vez que llegó a la LXII Legislatura a través de la primera posición plurinominal del PRI, renunció a su partido y se puso a disposición del mandatario jalisciense y del grupo político naranja en el Congreso del Estado.

Pizano Ramos, quien estuvo al frente de la Secretaría del Trabajo en el gobierno del priista Jorge Aristóteles Sandoval, conoce a la perfección las entrañas del Poder Judicial, agraviado por el Poder Ejecutivo, según dice, desde la llegada del PAN al Gobierno del Estado en 1995.

Para conocer su punto de vista sobre el momento crítico que vive el Poder Judicial, entrevistamos a detalle al legislador Héctor Pizano Ramos, quien así habló para los lectores del semanario Conciencia Pública. 

EL EJECUTIVO HA DEBILITADO AL JUDICIAL

Conciencia. ¿Qué transformación se avecina para el Poder Judicial?

Héctor Pizano. Lo primero que se necesita es fortalecer al Poder Judicial, cada legislatura que ha venido pasando señala deficiencias en el Poder Judicial, pero también se rehúsa a generar las condiciones que le permitan a esta institución, desarrollarse, desenvolverse, blindarse y cohesionarse, sin la intervención del Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Hay que decirlo, desde 1995 el Poder Judicial fue técnicamente atacado desde afuera, siendo despojado de la Hacienda Judicial, pretendiendo que jueces y magistrados renunciaran, y tener desde el Poder Ejecutivo la posibilidad de intervenir de manera directa en designaciones y asignaciones. Fue sometiéndose al Poder Judicial en el esquema presupuestario para después ir interviniendo con acuerdos con algunos partidos políticos, para tener participación en las designaciones de funcionarios que algunos tenían el perfil y otros no.

Conciencia. ¿Ha dañado el reparto de cuotas?

Héctor Pizano. Lo lamentable es que han llegado al Poder Judicial personajes que no tienen el perfil, la trayectoria, ni el conocimiento para desempeñarse y esto va en las diferentes instancias, pero sobre todo se ha visto en algunas magistraturas y en los jueces, lo que no ha abonado a la carrera judicial, a la profesionalización, a la identidad con el Poder Judicial y a la consolidación de un Poder Judicial fuerte, que a su vez hacia adentro también se depure, se cohesiones y con esto que se profesionalice y se distinga.

Conciencia. ¿Qué tan urgente es la limpia al Poder Judicial?

Héctor Pizano. Hoy se habla de la necesidad de modificar procesos, de selección y elección de funcionarios del Poder Judicial, en lo cual estamos de acuerdo, porque siempre hay una mejor manera de hacerlo, hablamos de buscar los mejores perfiles y para ello se habla de esquemas de evaluación que se pueda valorar la trayectoria y sobre todo que se tenga una hoja limpia en el servicio público o en su trayectoria profesional, pero es importante decirlo que nosotros lo que hoy estamos buscando no solo es modificar el planteamiento de cómo se eligen únicamente los magistrados, sino también los jueces.

Hoy cuando se señala que el Poder Judicial no funciona o que ha tenido errores u omisiones en el desempeño de los jueces, habría que responsabilizar también a quienes los eligieron y a quienes tienen la responsabilidad de supervisar su trabajo, a quien tiene la obligación de sancionarlos, que es el Consejo de la Judicatura.

EL CONSEJO DE LA JUDICATURA HA FALLADO

Conciencia. ¿Ha fallado entonces el Consejo de la Judicatura?

Héctor Pizano. Así es. Esto nos deja muy claro que el Consejo de la Judicatura ha dejado de ser el elemento que nació para darle una buena administración, control, supervisión y vigilancia al Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura últimamente lo que ha hecho es crecer en nómina, en personal, lo que va en detrimento en la impartición de justicia y también va en un esquema de poder, en donde viene la tentación de que el juez que no atiende la indicación de un consejero o de algún funcionario, es sancionado y enviado a un juzgado en un sitio apartado en donde no tiene ninguna raíz ni arraigo. Hoy creo que es momento de modificar de tajo, de una forma integral al Poder Judicial, vamos a hacer una propuesta muy formal desde el equipo que tu servidor encabeza en donde habremos de plantear como parte medular, la independencia y autonomía del Poder Judicial, con autonomía financiera y con presupuesto constitucional del 3%, lo que viene con una serie de medidas y de candados para que haya una buena administración, para efecto de que hay un buen manejo, pero sobre todo para que se logre la solidificación de un Poder Judicial fuerte.

Conciencia. ¿Se prevé entonces un incremento multimillonario para el Poder Judicial?

Héctor Pizano. Al presupuesto constitucional se llegaría con incrementos paulatinos, iniciando en el 2020 con el 2% del total del presupuesto ejercicio en el Estado, 2.5% para el 2021 y del 2022 en adelante ya empezaría a surtir efectos el presupuesto constitucional del 3% para que pudiera haber toda una adecuación presupuestal, un crecimiento y sobre todo una planeación que es necesaria en el crecimiento y el desarrollo del Poder Judicial.

LA HACIENDA PÚBLICA

Conciencia. ¿También se le regresaría al fin la Hacienda Judicial?

Héctor Pizano. En efecto. Se le regresaría también la Hacienda Judicial y el Fondo Auxiliar para tener un manejo especial y sobre todo para tener una proyección de crecimiento y economía. Hoy que vamos a plantear esquemas que le den una depuración y limpieza, lo que necesitamos una vez que hayamos concluido con todo el proceso de implementación de nuevos mecanismos, nuevas formas, nuevos procesos para que el Poder Judicial tenga a los mejores elementos y que la ciudadanía y los organismos que participan como integrantes de un observatorio, también tengamos la tranquilidad de que el Poder Judicial no va a estar de ninguna manera sujeto a las disposiciones de un poder Ejecutivo o Legislativo.

Conciencia. ¿Cuál sería en su opinión, le mejor manera de designar jueces y magistrados?

Héctor Pizano. Lo que se está buscando son los mecanismos para que las designaciones que haga el Poder Legislativo, sea después de una evaluación y revisión preliminar por una serie de instancias académicas, donde especialistas garanticen quienes son los que tienen el mejor perfil y que les de garantías para que cualquiera de ellos sea elegible. Yo creo que culpar al Congreso de algunas deficiencias que se dan en el Poder Judicial sería no del todo correcto, pero se podría llegar incluso al otro extremo de la elección directa de parte de la ciudadanía, de los jueces y magistrados como en Estados Unidos. Hoy hablamos de evaluación, de que se publicite su trayectoria, sus declaraciones patrimoniales, conflicto de intereses para que todos tengamos certeza de quiénes llegan a esos puestos, de la forma en que llegan y si llegan despojados de los intereses que podrían después viciar sus decisiones.

PRUEBAS DE CONTROL DE CONFIANZA

Conciencia. ¿A favor o en contra de la aplicación de las pruebas de control de confianza?

Héctor Pizano. Es un esquema que habrá que revisarlo porque ni siquiera ha sido infalible con el tema de los policías y constitucionalmente también podría ser cuestionable, hoy lo que se puede hacer es que el que publiciten lo que es su declaración patrimonial, su declaración de intereses, es fundamental para saber de quién estamos hablando.

Conciencia. ¿Cuáles son los tiempos para aprobar esta reforma?

Héctor Pizano. La reforma urge que se tenga lista en menos de 30 días para poder proceder a realizar el nombramiento de los 4 magistrados que están pendientes y ver también el tema de la pertinencia de que exista o no el Consejo de la Judicatura.

Conciencia. ¿Y cuándo podría la sociedad notar los beneficios tangibles de este proceso de limpieza?

Héctor Pizano. Nosotros podemos avanzar como poderes y de la mano en un proceso de transformación de la justicia en el Estado, si entendemos la lógica de cada uno de los poderes, porque el respeto a esta división de poderes es fundamental. Pero debemos tener claro que para dar resultados también hay que ver que el nuevo modelo de justicia penal, si bien tiene beneficios también tiene deficiencias y no se ha atendido una parte fundamental que es la actuación de las policías, con capacitación, recursos, tiempo y sobre todo conocimiento y también en la Fiscalía que ha venido actuando de manera deficiente. Por ello hoy se culpa a jueces de las deficiencias que no se cubren y que no las cumple el primer respondiente, que nunca tiene que ver con el Poder Judicial.

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Es hora del drenaje profundo, plantea el CICEJ

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Por Gabriel Ibarra Bourjac //

La solución integral de fondo a los problemas de las inundaciones que enfrenta y sufre la metrópoli cada temporal de lluvias es la implementación de un drenaje profundo, un proyecto de infraestructura magna que manejaría exclusivamente el agua pluvial, aliviando la presión sobre el sistema combinado de drenaje actual.

Este sistema, inspirado en proyectos exitosos como el drenaje profundo de Tokio (proyecto Jikans), requiere una inversión estimada de 20,000 a 25,000 millones de pesos, implementada en etapas durante 12 a 15 años.

La presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), Mirna Avilés, así lo precisa en entrevista con Conciencia Pública y señala que el CICEJ lleva más de dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones específicas, incluyendo ya el pago de estudios de preinversión realizados en 2017 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

Esto no es algo nuevo, el estudio lo hizo en 2017 el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ya hay incluso los análisis de las cuencas, los análisis de dónde podría ser drenaje semiprofundo, en dónde puede ser profundo, ya hay un análisis completo”.

Entonces, lo que hay que hacer es animarse a dar el paso, porque creo que recursos siempre vamos a necesitar, pero alguien se tiene que animar a dar el primer paso. Como sociedad y como ciudad no nos merecemos esta infraestructura, pero también no nos merecemos la falta de toma de decisiones”, precisa Mirna Avilés, experta en temas hidráulicos.

El drenaje profundo, junto con una planificación metropolitana integral, no solo mitigaría las inundaciones, sino que posicionaría a Jalisco como líder en gestión hídrica; no solo descargaría agua hacia destinos como la barranca, sino que también permitiría regenerar parte de este volumen para nuevas fuentes de abastecimiento, promoviendo una economía circular del agua.

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) enfrenta cada temporal de lluvias un desafío recurrente: inundaciones que generan pérdidas humanas, daños al patrimonio y caos en la vida cotidiana de sus más de 5 millones de habitantes.

La combinación de una infraestructura hidráulica obsoleta, con tuberías de hasta 70 años, y un crecimiento urbano desordenado ha convertido el agua de lluvia en una amenaza en lugar de un recurso.

La ingeniera Mirna Avilés, ha señalado que este problema no radica en la escasez del agua, sino en una gestión deficiente que requiere soluciones integrales y de largo plazo.

La normalización de las inundaciones, con 570 puntos críticos identificados por la Universidad de Guadalajara y 363 por el Imeplan, evidencia la urgencia de actuar para evitar que la ciudad colapse ante lluvias atípicas agravadas por el cambio climático.

El CICEJ, bajo el liderazgo de Avilés, propone un enfoque transformador que trasciende las soluciones parciales, como los vasos reguladores de El Dean y San Rafael, que, a pesar de inversiones millonarias, no han resuelto el problema de raíz.

La solución del CICEJ no se limita a la infraestructura. Avilés aboga por una gestión hídrica integral que combine infraestructura verde, como jardines de lluvia y superficies permeables, con la rehabilitación de colectores obsoletos y la regulación del crecimiento urbano.

La urbanización descontrolada, que ha eliminado áreas verdes esenciales para la infiltración, ha aumentado la velocidad de los escurrimientos, saturando los drenajes.

El CICEJ propone incorporar soluciones basadas en la naturaleza, priorizando al ciudadano y al medio ambiente, para recuperar el equilibrio del ciclo urbano del agua. Este enfoque requiere una visión metropolitana, ya que las acciones aisladas por municipio no abordan la interconexión de las cuencas y subcuencas de la ZMG.

El CICEJ lleva más de dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones específicas, incluyendo estudios de preinversión realizados en 2017 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

Este modelo, desarrollado en colaboración con gobiernos, universidades y organismos operadores, busca superar la falta de continuidad en las políticas hídricas, que reinician cada sexenio o trienio. Avilés destaca la necesidad de personal técnico en la toma de decisiones y la búsqueda de financiamiento internacional, dado que los temas hídricos son prioritarios a nivel global.

La ZMG, como la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural, no puede seguir postergando decisiones que garanticen su resiliencia frente a las lluvias.

La propuesta del CICEJ, encabezada por Mirna Avilés, representa una oportunidad histórica para transformar la ZMG en una ciudad preparada para los retos del cambio climático y el crecimiento demográfico.

El drenaje profundo, junto con una planificación metropolitana integral, no solo mitigaría las inundaciones, sino que posicionaría a Jalisco como líder en gestión hídrica. Con el respaldo del gobierno estatal, federal, municipal y fondos internacionales, este proyecto podría garantizar agua, seguridad y desarrollo sostenible, evitando que las lluvias sigan siendo una amenaza para los ciudadanos. El CICEJ, comprometido con esta visión, no quitará el dedo del renglón hasta que estas soluciones se materialicen.

¿Qué plan integral a mediano y largo plazo proponen los expertos para enfrentar esta problemática y evitar que el caos se agudice?

CICEJ lleva dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones, incluyendo la continuidad de estudios para un drenaje profundo.

En 2017, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó estudios de preinversión que analizaron cuencas y sugirieron drenajes semi-profundos y profundos.

El CICEJ ha trabajado con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, universidades y organismos operadores en mesas de trabajo para diseñar soluciones basadas en conocimiento existente.

Se requieren recursos internacionales para proyectos hídricos, dado que la ZMG es la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural (mariachi, tequila). La falta de acción no es aceptable para una metrópoli cercana a los 6 millones de habitantes.

¿Se tiene estimado cuánto sería la inversión?
En 2017, el estudio del IMTA estimó una inversión de 18,000 millones de pesos, pero debe actualizarse debido a la urbanización de zonas verdes y cambios en subcuencas. La inversión podría alcanzar 20,000-25,000 millones de pesos, implementada en etapas durante 12-15 años, similar a proyectos internacionales como el drenaje profundo de Tokio (proyecto Jikans, 18-20 años).

Mirna Avilés precisa con plena convicción: “Es esencial iniciar, aunque sea por fases, para evitar soluciones aisladas que no resuelven el problema estructural”.

¿Cómo se implementaría un proyecto integral para abordar las inundaciones recurrentes en la ZMG, considerando los más de 500 puntos críticos identificados por la UdeG y los más de 300 por el Imeplan?

La solución debe ser integral, analizando los flujos de agua en la cuenca metropolitana, identificando trayectorias, puntos de captación y desahogo. Las discrepancias entre los 570 puntos críticos (UdeG) y 363 (Imeplan) reflejan enfoques municipales fragmentados, lo que requiere un plan unificado.

La presidenta de CICEJ, explica que muchos puntos críticos no solo son por escurrimientos, sino por fallas en la infraestructura actual (fugas, socavones por reblandecimiento de suelos).

Las lluvias atípicas por el cambio climático podrían colapsar la ciudad si no se actúa. Un plan metropolitano debe priorizar la rehabilitación de infraestructura y la gestión integral de cuencas.

La ZMG debe equilibrar el ciclo urbano, evitando desechar el agua de lluvia rápidamente y promoviendo su infiltración local para mantener el ciclo natural, afectado por la urbanización y el cambio climático.

¿Por qué se ha priorizado el transporte, como el Macrobús, sobre la infraestructura hídrica en la ZMG, y cómo pueden las autoridades darle mayor atención a la problemática del agua, que ha sido relegada frente a otros temas?

La infraestructura hídrica ha sido relegada porque no es visible y “no da votos”, a diferencia de proyectos como el Macrobús. Sin embargo, la falta de soluciones ahora “quitan votos” al poner en riesgo vidas y patrimonios.

Las lluvias se han convertido en una amenaza para la ciudadanía, lo que exige decisiones a largo plazo, aunque impliquen un costo político.

El gobierno estatal, con líderes como Pablo Lemus, Ernesto Marroquín, Antonio Juárez Trueva y Mario López, muestra disposición a escuchar y entender el problema, lo que representa una oportunidad para actuar.

¿Quién debe dar el primer paso para implementar estas soluciones?

El gobierno estatal debe liderar, con apoyo federal, municipal, de la academia y asociaciones civiles. Los temas hídricos son prioritarios a nivel mundial, y Jalisco puede acceder a fondos internacionales para financiar proyectos de gran escala.

El CICEJ participa en un plan estatal hídrico 2024-2030 con visión a 25 años, que evitará reiniciar cada sexenio o trienio, marcando una ruta clara.

¿Espera que las autoridades tomen decisiones pronto, especialmente ante eventos como el Mundial?
Se espera que las autoridades diseñen un plan integral, no solo paliativos para el Mundial, sino una infraestructura duradera que beneficie a la ciudadanía a largo plazo.

El CICEJ no cejará en su labor de impulsar soluciones, trabajando con gobiernos y ciudadanos, ya que los profesionistas, como ciudadanos, también viven estas problemáticas.

PUNTOS FUNDAMENTALES:  SOLUCIONES INTEGRALES A MEDIANO Y LARGO PLAZO

  • Modelo de gestión hídrica: El CICEJ lleva dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones, incluyendo la continuidad de estudios para un drenaje profundo.
  • Estudios previos: En 2017, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó estudios de preinversión que analizaron cuencas y propusieron drenajes semi-profundos y profundos.
  • Toma de decisiones: Es urgente que las autoridades den el primer paso, respaldadas por personal técnico que entienda las necesidades y soluciones.
  • Colaboración intersectorial: El CICEJ ha trabajado con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, universidades y organismos operadores en mesas de trabajo para diseñar soluciones basadas en conocimiento existente.
  • Financiamiento: Se requieren recursos internacionales para proyectos hídricos, dado que la ZMG es la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural (mariachi, tequila). La falta de acción no es aceptable para una metrópoli de 6 millones de habitantes.
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Clemente Castañeda: Con la nueva Ley de Telecomunicaciones está intacta la libertad de expresión

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Por Mario Ávila //

Para el senador jalisciense, Clemente Castañeda Hoeflitch, la nueva Ley de Telecomunicaciones tuvo cambios importantes con relación a la propuesta original; por ello, y porque no toca a la libertad de expresión, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, votó a favor junto con Morena y sus aliados PVEM y PT.

Desde la tribuna en su momento, a través de sus redes sociales y en entrevista con diferentes medios de comunicación, el coordinador de MC en el Senado, se congratuló de que algunas de esas modificaciones que registró el proyecto de ley, se lograron gracias a la presión de la sociedad civil.

Uno de los cambios más significativos fue la eliminación, en su totalidad, del artículo 109 mediante el que el grupo parlamentario de Morena quería para bloquear plataformas digitales.

Castañeda Hoeflitich, también se refirió a la sustitución de la que pretendió ser una “súper Agencia de Transformación Digital que quería el oficialismo, por un órgano colegiado y con independencia de la Secretaría de Economía”.

Adicionalmente, el senador por Jalisco dio cuenta de que previo a la aprobación final de la nueva Ley de Telecomunicaciones, se retiró la facultad de la Secretaría de Gobernación, de aprobar cualquier material proveniente del extranjero.

Lamentó además que, con argumentos falsos y engañosos, actores políticos del PRI y del PAN, “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites y un marco para la localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos conservados”.

LOS ABSURDOS DE LAS CAMPAÑAS LEY CENSURA” Y “LEY ESPÍA”

Una de las férreas defensoras de la última de las leyes secundarias que se aprobaron en este período extraordinario de sesiones de la LXVI Legislatura federal, fue la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde la tribuna de la ya tradicional “Conferencia Matutina”, explicó los absurdos e las campañas lanzadas por la oposición acusando la aprobación de una “Ley Censura” y una “Ley Espía”.

La llaman ahora la ‘Ley Espía’ -dijo-, esa es su propaganda y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la ley, no se modificó nada, señala que es a solicitud de un juez como se puede tener información de un teléfono, que eso existe ahora y existía desde que se aprobó la ley en su momento en el año 2014.

No cambia nada de la ley anterior -abundó-, a esta, y le llaman que te estamos espiando, pues cómo vamos a espiar; primero, es un asunto que tiene que ver con el mejor funcionamiento del sistema de telecomunicaciones en nuestro país y que en caso de temas de seguridad, pueda haber información de las empresas telefónicas igual que estaba antes, nada más que ellos creen que como le ponen un nombre, entonces la gente se va a ir con la finta, pues no hay que informar, nada cambió en la ley de lo que ellos argumentan que ahora el gobierno va a espiar a las personas… no cambió absolutamente nada en esa ley que tuviera que ver con algún espionaje.

Y sobre la llamada “Ley Censura”, Sheinbaum Pardo explicó que ahora resulta que las audiencias tienen derechos, y detalló: “Quiénes son las audiencias, todos nosotros, los que escuchamos la radio y vemos la televisión y que si nos sentimos ofendidos porque hubo algo que sabemos que es mentira, o que no debería de haber salido al aire por agraviar a menores de edad, pues podemos ahora sí reclamarle a la televisora, a la estación de radio y ellos tienen obligación de aceptar ese reclamo”.

Eso dicen -explica-, no es censura, sino un derecho ciudadano a reclamar información falsa o inapropiada en medios, antes inexistente. La ciudadanía ahora puede exigir veracidad, amparada en el derecho constitucional a la información.

Incluso la presidenta de México planteó que la nueva ley debería llamarse “Ley de Seguridad y Apoyo a la Población”, porque en su opinión no tiene nada que ver con el espionaje, “es falso de toda falsedad que en esas leyes hay alguna capacidad que le den al Estado mexicano, fuera de la Constitución, capacidad para vigilar a las personas”.

Aseguró que se trata de una campaña estrictamente política, en la que se trata de criticar al gobierno, “sin importar que ley hubiéramos propuesto, no importa el contenido de la ley, hay algunos personajes que todo será en contra nuestra, pero el problema es que se lanzan contra nosotros diciendo mentiras”.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que los periodistas tienen libertad para criticar al gobierno, pero se pide no mentir. Los ciudadanos ahora pueden exigir su derecho a la información mediante un ombudsman, sin coartar la libertad de expresión.

ÉNFASIS EN LOS DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS: PEÑA MERINO

Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y uno de los principales redactores de la nueva Ley de Telecomunicaciones, hizo saber que en el tema de la geolocalización, planteado en el artículo 183, sostiene lo mismo que sostenía la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en el 2014 con la mayoría del PRI y del PAN.

Básicamente -dijo-, la redacción es la misma, con un cambio menor, en términos la ley anterior decía vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa; y la nueva ley habla de vigilar el cumplimiento de los lineamientos en materia de los derechos de las audiencias.

Detalló que contrario a la censura, el espíritu de esta nueva ley, es dar a las audiencias mecanismos de expresión y queja, ante cualquier contenido en medios que violen los derechos de las propias audiencias, pero no se trata ni de censura ni de espionaje.

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Miguel Monraz: Peligrosa la Ley de Telecomunicaciones

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Por Mario Ávila //

El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, expresó preocupaciones sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, particularmente por la falta de autonomía del Consejo Regulador de Telecomunicaciones, que reemplazó a la Agencia de Transformación Digital como órgano rector.

Según Monraz, los cinco consejeros, nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificados por la mayoría de Morena en el Senado, carecerán de independencia. La fracción 1 del artículo 23 permite su remoción por decisión presidencial sin un despido justificado, lo que, en su opinión, genera miedo e inseguridad.

“Trabajarán con la guillotina en el cuello”, afirmó, cuestionando si podrán actuar libremente o si los apercibimientos por incumplir derechos de audiencias serán usados para silenciar críticas al gobierno.

Monraz criticó que esta falta de autonomía no garantiza equilibrios entre lo público y privado ni equidad para inversionistas en telecomunicaciones, lo que podría incumplir requisitos del T-MEC.

Comparó el consejo regulador con la Cofetel de 1995, considerando la ley un retroceso de 30 años, aunque evitó un mayor retroceso al descartarse la Agencia de Transformación Digital propuesta originalmente.

En cuanto al polémico tema de la geolocalización, Monraz propuso una reserva, desechada en tribuna, para exigir una orden judicial clara para su uso. El artículo actual remite a lineamientos del consejo, lo que genera ambigüedad y riesgos de espionaje.

“Si no te espía esta ley, lo hará la de la Guardia Nacional o la de Inteligencia”, advirtió, cuestionando la seguridad de los datos biométricos de los ciudadanos y recordando el hackeo al sistema del Ejército como ejemplo de vulnerabilidad.

A pesar de reconocer que el 90% de la ley retoma la legislación de 2014, Monraz destacó enmiendas positivas, como la eliminación del artículo 109, que calificó de “ridículo y agresivo” contra portales digitales, y los artículos 201 y 202 sobre censura previa, gracias a la presión de periodistas, sociedad civil y legisladores.

Sin embargo, advirtió que persisten normas que permiten controlar y vigilar a medios y ciudadanos, limitando la libertad de expresión. Monraz expresó preocupación por la intolerancia de Morena, citando casos como la sanción económica y la obligación de disculparse impuesta a una ciudadana en Sonora por criticar al presidente del Congreso en redes sociales, la detención de un periodista en Tequila por hacer su trabajo, el hostigamiento a un periodista en Campeche por parte de la gobernadora, y la “Ley Censura” en Puebla.

También mencionó el caso de un ciudadano que enfrentó a un diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y fue obligado a disculparse tras un proceso judicial. “Todos esos son de Morena”, sentenció, señalando un patrón de represión.

El legislador subrayó que, aunque la ley incluye avances, los riesgos de control y vigilancia persisten. Los ciudadanos y medios enfrentan un entorno donde las críticas al gobierno pueden ser castigadas, y la falta de claridad en regulaciones como la geolocalización amenaza la privacidad. Monraz llamó a garantizar un equilibrio que proteja tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión, sin permitir que el gobierno utilice la ley para intimidar o espiar a la ciudadanía.

 

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