JALISCO
La propuesta del Poder Ejecutivo: Descarta Alfaro incidir en la designación de magistrados
Por Mario Ávila //
Propone el gobernador erradicar la reelección de magistrados, que la mitad de los candidatos sean mujeres y que el nombramiento será solo por 10 años; en tanto que se obliga a realizar a jueces y magistrados, electos y en funciones, los exámenes de control de confianza.
Pese a que son ya 23 las entidades del país en donde el titular del Poder Ejecutivo interviene en el proceso de selección de magistrados del Poder Judicial, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez toma la determinación de marginarse de participar en este proceso y mantener a la entidad como uno de los 9 estados que no tienen injerencia en la designación de jueces y magistrados.
Al dar a conocer un resumen del contenido de la iniciativa de reforma a la Constitución Política de Jalisco y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que presentó al Congreso del Estado con la intención de que se efectúe una “limpia” en el Poder Judicial del Estado de Jalisco, Alfaro Ramírez expuso que lo que sí contiene su propuesta es la eliminación de la reelección para magistrados y la aplicación de pruebas de control de confianza a jueces y magistrados.
Así mismo plantea que la mitad de los nuevos nombramientos recaiga en mujeres; sentenció que se les habrá de despojar a jueces y magistrados del beneficio de recibir un “haber de retiro” y se realizaría una evaluación preliminar, para que lleguen los mejores perfiles a la designación final que seguirá haciendo el Poder Legislativo, de acuerdo a la propuesta del gobernador.
Vale la pena mencionar que junto con Jalisco, las entidades en donde el Ejecutivo no participa en la designación de altos funcionaros del Poder Judicial, son: Baja California, Ciudad de México, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro y Sinaloa.
Mientras que los estados en donde el Ejecutivo interviene en el proceso de selección de magistrados del Poder Judicial, son: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
TRAS UNA EVALUACIÓN, LOS EXPEDIENTES VAN AL CPS
Lo primero que se tendría que hacer, según la propuesta de reforma constitucional del gobernador, será el registro de aspirantes y un proceso de evaluación en el que participarán entidades académicas y ya con los resultados de la evaluación técnica, los expedientes de los aspirantes que la aprueben se remitirán al Comité de Participación Social Anticorrupción (CPS) para que realice evaluaciones curriculares, de aptitudes y elabore un informe con sus opiniones técnicas de cada uno de los perfiles.
Posteriormente el CPS turnará al Congreso sus informes y los legisladores tendrían plazo máximo de un mes para aprobar el nombramiento, en donde se deberán elegir de entre los tres aspirantes mejor evaluados en un plazo máximo de 30 días. En caso de que ninguno alcance el voto calificado de las dos terceras partes de la asamblea (26 legisladores) se procederá a la insaculación (sorteo) del cargo.
En la presentación de su iniciativa, el gobernador apunta que espera que haya voluntad de los integrantes del Poder Judicial de sumarse a las medidas, entre las que reiteró la intención de aplicar pruebas de control de confianza a los juzgadores, suprimir el pago de haber de retiro, eliminar la posibilidad de que se reelijan y fijar un solo periodo por diez años.
En concreto a los actuales magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, así como los jueces de primera instancia en funciones o designados; se les da plazo de seis meses para aprobar las evaluaciones de control de confianza, de lo contrario se advierte que serán retirados del cargo.
El mandatario jalisciense explicó que si bien “no tengo interés de ganar espacios de control político; sí tengo la firme determinación de que vamos a limpiar los poderes públicos del estado cueste lo que cueste; no vamos a permitir que siga permaneciendo esta red de complicidades que ha generado profundos daños a la vida de nuestro estado”.
Para elegir magistrados se detalla que será el Congreso Estatal quien emita la convocatoria, luego se deberá solicitar a una institución de educación superior, la elaboración, aplicación y revisión de un examen, se integraría un comité de vigilancia, conformado por representantes de las universidades públicas y privadas del estado, para acompañar este trámite.
En el caso del nombramiento de jueces se mantiene que serán designados por el Consejo de la Judicatura, por periodos de cuatro años, pero se añade que además de una prueba técnica tendrán que someterse a las pruebas de control de confianza. Para aspirar a ser ratificados cada cuatro años deberán volver a evaluarse.
RECHAZA STJJ LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CONFIANZA
En una reacción inmediata a la propuesta formal del mandatario jalisciense, Enrique Alfaro, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Ricardo Suro Estéves, manifestó su abierta oposición a que se les realice a jueces y magistrados las pruebas de control de confianza.
Como ya lo ha explicado con anterioridad, dice que se trata de una determinación ilegal que ya ha sido sentenciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero recalcó que de nueva cuenta estarán en condiciones de recurrir de nueva cuenta a un amparo o bien podrían interponer nuevamente una controversia constitucional.
“Podemos presumir que en Jalisco hay un respeto entre los tres poderes. Podemos coincidir en muchas cosas, otras no, en lo personal no coincido con los exámenes de control y confianza. No coincido en la idea de que un Poder analice a otro Poder, en la cuestión de los exámenes. Habrá que ver las adecuaciones que se puedan hacer eventualmente a una legislación”, indicó el titular del Poder Judicial.
En contraste, los diputados coordinadores de las bancadas de Movimiento Ciudadano y el PAN, Salvador Caro Cabrera y Gustavo Macías Zambrano, sentenciaron que apoyarán la propuesta de aplicar pruebas de control de confianza a jueces y magistrados.
Establecer en la Constitución estatal como requisito que magistrados y jueces acrediten pruebas de control y confianza implicaría una reforma para crear un centro de evaluación en el Poder Judicial y no incumplir una resolución de la Suprema Corte al respecto, señaló Salvador Caro Cabrera, coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso del Estado.
Recordó que en el 2012 la Suprema Corte emitió una resolución donde confirma que no es constitucional que una entidad ajena al Poder Judicial aplique controles de confianza sobre los magistrados, pero con una enmienda constitucional se podría resarcir este escollo.
Un trámite que podría correr la misma suerte, sería la propuesta de cancelar el bono de “haber de retiro” para jueces y magistrados cuando dejan el cargo, toda vez que en el pasado también la SCJN ya resolvió una controversia en la que avaló la legalidad de la prestación.
Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Gustavo Macías Zambrano, adelantó que están de acuerdo en el planteamiento de aplicar las pruebas de control de confianza a jueces y magistrados, pero a la vez planteó que su propuesta consiste en que la evaluación venga directamente del CPS “y que nos llegue al Congreso y de ahí saquemos las propuestas a designar”.
MORENA PROPONE CREAR EL OBSERVATORIO JUDICIAL DEL PUEBLO
Por su parte la fracción parlamentaria de Morena en la LXII Legislatura, planteó en su iniciativa para transformar el Poder Judicial en Jalisco tres asuntos medulares: 1.- Incrementar el presupuesto del Poder Judicial, 2.- Eliminar el haber de retiro y 3.- Establecer candados que garanticen una impartición de justicia clara y eficiente en Jalisco.
La iniciativa, explicada en voz de la diputada María Esther López Chávez, propone una nueva ley orgánica para ese Poder, que establece principios de celeridad, competencia, austeridad y transparencia, dentro de un sistema que incluye la evaluación permanente para jueces y magistrados.
Entre los principales aspectos que prevé la iniciativa, destaca la eliminación del haber de retiro para jueces y magistrados; programas de capacitación permanente; un sistema claro y transparente de ingreso y promoción dentro de la carrera judicial, y un incremento presupuestal anual para este Poder, que garantice la correcta operación de juzgados.
Se establece además la obligatoriedad de presentar exámenes de honestidad e integridad para magistrados y jueces, así como de someterse a evaluaciones periódicas de desempeño por parte del Consejo de la Judicatura, donde se analice la celeridad en su trabajo judicial, estado de salud, y calidad de atención a usuarios, entre otros aspectos.
«Queremos que Jalisco se renueve y transforme, y empezamos desde las entrañas del Poder Judicial, necesitamos que el Poder Judicial tenga rostro humano, que deje de ser rehén de intereses políticos o públicos, lleno de arbitrariedades e injusticias», explicó López Chávez.
«Morena abre la puerta del diálogo y consenso, para crear una iniciativa que elimine la impunidad», señaló la legisladora, al tiempo que refrendó la invitación a todas las fuerzas políticas a sumarse a este proyecto, en beneficio de Jalisco.
Sobre las resoluciones emitidas por los jueces y magistrados de manera indebida, la diputada morenista, señaló que parte de la iniciativa alberga la intención de que las víctimas de una mala sentencia, sean indemnizadas.
Finalmente se establece también la creación del Observatorio Judicial del Pueblo, el cual será integrado por representantes ciudadanos y funcionarios de Gobierno, y cuya misión será la realización de diagnósticos y propuestas para mejorar el cumplimiento de los valores que rigen la función judicial.
Expone Alfaro el “caso Jalisco” ante la Suprema Corte
Como parte de la agenda de trabajo que realizó en la Ciudad de México, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se reunió el pasado jueves 9 de mayo con el ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar y con el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, a quienes presentó su propuesta para exponer casos de corrupción en el Poder Judicial de Jalisco, así como un método para erradicar esta problemática en el sistema de justicia local y que podría ser de utilidad para otros estados.
Cierran la pinza con el Senado de la República
En la lucha para que el Poder Judicial de Jalisco y de todos los estados del país transiten hacia una cultura de transparencia, rendición de cuentas y se vuelvan eficientes, el gobernador Enrique Alfaro cierra la pinza y recordó que el senador, Clemente Castañeda Hoeflitch, presentó una iniciativa para que todas las sentencias que dicten jueces y magistrados sean información pública y así, la sociedad pueda saber, vigilar y tener la confianza de que ningún proceso ni delincuente, quedarán impunes o serán liberados por “debajo del agua”.
Entidades donde interviene el gobernador en la designación de magistrados:
– Aguascalientes
– Baja California Sur
– Campeche
– Chiapas
– Chihuahua
– Coahuila
– Colima
– Durango
– Guanajuato
– Guerrero
– Hidalgo
– Nayarit
– Oaxaca
– Puebla
– Quintana Roo
– San Luis Potosí
– Sonora
– Tabasco
– Tamaulipas
– Tlaxcala
– Veracruz
– Yucatán
– Zacatecas.
Entidades donde no interviene el gobernador en la designación de magistrados:
– Jalisco
– Baja California
– Ciudad de México
– México
– Michoacán
– Morelos
– Nuevo León
– Querétaro
– Sinaloa.
DEPORTE/CULTURA
Presentan edición 21 del Torneo de Golf Adolf Horn
Por Diego Morales Heredia //
Con la finalidad de cumplir con su labor social, fomentar el deporte, pero sobre todo para brindar apoyo alimentario a miles de familias jaliscienses, fue presentada la edición 21 del Torneo de Golf Adolf Horn, organizado por American Chamber México Capítulo Guadalajara, CANIETI Occidente, Index Occidente y CADELEC A.C, mismo será en las instalaciones de El Cielo Country Club, con la participación de 144 jugadores, 35 empresas, en un evento a beneficio del Banco de Alimentos de Guadalajara cien por ciento.
En conferencia de prensa donde se anunció el torneo, José Luis González Íñigo, presidente del Banco de Alimentos de Guadalajara, agradeció la generosidad de los empresarios, patrocinadores y todos los involucrados en la organización del evento que lleva el nombre de Adolf Horn, un personaje al cual reconoció su lucha por Jalisco.
“Conocí bien a Don Adolf Horn, sobre todo por la edad, tuve la fortuna de conocerlo mucho tiempo. Fue un hombre excepcional. Hizo mucho por Jalisco, revolucionó la inversión extranjera, dio a conocer al estado poco a poco con su labor diaria, era un incansable apoyando a la juventud y a los empresarios. Ojalá nunca dejemos de recordarlo”.
Con la recaudación que se tendrá del torneo, se prevé que sean 155 familias jaliscienses las que reciban el apoyo de alimentos durante un año completo, una causa loable, por ello, reiteró que ha tenido charlas con el gobernador electo, Pablo Lemus, para que se haga el Día de la Generosidad en Jalisco y estas causas no sean invisibles en todo el estado.
“Agradezco en nombre del Banco de Alimentos y de tantas familias el esfuerzo que hacen este grupo de inversionistas, una comunidad activa. Estamos esperando con mucho interés que llegue la fecha, es muy grato informar que serán 155 familias que recibirán alimento durante todo un año con los recursos que nos proporcionará este torneo, son varios años que nos vienen ayudando, extendiendo la familia de bancos, no solo alimentos, sino ropa, calzado, medicamentos, estamos muy contentos con esta noticia que nos ayudarán un año más para seguir adelante”.
Agregó: “El programa se llama uniendo manos, entrega alimento totalmente gratuito a familias con investigación social muy certera para entregar el alimento a quien realmente lo necesita. Agradezco a todos por el esfuerzo conjunto, no entregan despensas, pero entregan buena voluntad con hechos, se expresa cómo la generosidad en Jalisco es variada, grande, por eso nos atrevimos en el Premio a la Generosidad pedirle al gobernador electo Pablo Lemus que considere en su gestión que se establezca el Día de la Generosidad en Jalisco, para que todas estas actividades se den a conocer en todo el estado”.
UNIDOS CON EL MISMO OBJETIVO
Por su parte, Fernando García de Llano, presidente de American Chamber México Capítulo Guadalajara, resaltó a todas las empresas que forman parte del evento, pues todas tienen el mismo objetivo de cumplir con temas de responsabilidad social y abonar a una mejor construcción de comunidad en Jalisco.
“Nos hace estar muy contentos porque es el evento que organizamos juntos las cámaras para cumplir con temas de responsabilidad social. Se han ido sumando y nos hace más fuertes para una causa común. A lo largo de estos 21 años, se han donado más de 4.9 millones de pesos a diferentes asociaciones, siempre buscamos atender causas que tengan un impacto importante en la sociedad y que podamos ir marcando la diferencia, la responsabilidad social es algo fundamental, nuestros objetivos siempre van ligados a ello, nos gusta honrar la memoria de Don Adolf Horn, nuestro fundador”.
También, Jacobo González Torres, director general de Index Occidente, reconoció la nobleza del torneo en el cual al pasar de los años han logrado recaudar cantidades más altas en beneficio de las causas sociales que abanderan.
“Reconocemos la importancia de las causas sociales, nos hemos comprometido a apoyar e impulsarlas. Nos llena de orgullo ser parte de este bloque industrial que se une a estas causas sociales, hemos logrado sumar diferentes montos cercanos a los 2 millones de pesos, queremos superar esta meta, estamos trabajando en conjunto para poder lograrlo”.
En el mismo orden de ideas, Ramón Romero, presidente de CADELEC A.C, espera que este año se sigan superando las cifras de recaudación en el torneo. “En 2022 pudimos recaudar 155 mil pesos, en 2023 esta cifra llegó a 736 mil pesos, la intención es superar esa cifra y tenemos el compromiso de hacerlo así”.
Para cerrar, Dina Grijalva, vicepresidenta de CANIETI Occidente, destacó el rol fundamental de los participantes y patrocinadores. “Su generosidad hace posible este evento, todo lo recaudado será destinado al Banco de Alimentos de Guadalajara, así reafirmamos nuestro compromiso y responsabilidad social”, puntualizó.
JALISCO
La «Ley Hugo Luna» contradice narrativa de Enrique Alfaro: 400 agentes protegen a particulares y políticos
Por Mario Ávila //
Cada vez más desprotegida se encuentra la ciudadanía, luego de que alrededor de 400 elementos de seguridad pública, especialmente de la Fiscalía del Estado de Jalisco, son enviados a realizar tareas de protección a particulares, no sólo para políticos como ahora lo hicieron para Hugo Luna Vázquez, jefe de Gabinete del Gobierno del Estado, sino para deportistas, artistas, empresarios y los familiares de las personas aparentemente más importantes de Jalisco.
Con estos datos y lamentando la reforma el artículo 3 de la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios, que se hizo en días pasados en el Congreso del Estado, para beneficiar a una sola persona, inició la entrevista con el doctor Alfonso Partida Caballero, académico de la Universidad de Guadalajara en la División de Estudios Jurídicos y en particular en el Departamento de Derecho Público, quien plantea: “Esto nos habla, de la pobreza que esta legislatura tuvo para cumplir con su tarea de hacer leyes, en beneficio de todos”, dijo.
La iniciativa de reforma a la Ley del Servicio de Protección se presentó por la bancada de Movimiento Ciudadano, apenas el pasado 30 de septiembre del 2024 y en semana y media ya se había dictaminado y presentado al pleno de la LXIII Legislatura local para su votación y aprobación, que finalmente se dio en el pleno por unanimidad.
La enmienda legal a juicio de la opinión pública, se hizo con el objetivo de brindar protección al jefe de Gabinete estatal, Hugo Luna Vázquez, y para el fiscal anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar. Además, se busca que la custodia se amplíe y sume todos los años que duró en la función pública.
Hasta antes de la reforma, la legislación contemplaba que la asignación del personal permanente para la protección continua de funcionarios, como el gobernador, el secretario general de gobierno, el fiscal estatal, el coordinador general estratégico de seguridad, el secretario de seguridad, el fiscal regional, el encargado de la reinserción social, el secretario de transporte y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia o quienes realicen sus funciones.
Sin embargo, en las modificaciones se propuso incluir a las personas «titulares de las Fiscalías Especializadas (como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción) y Especiales y al jefe de Gabinete Estatal».
Por otro lado, la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios establece que el otorgamiento de protección se determina para tres clasificaciones de sujetos protegidos: funcionarios, ex funcionarios y sujetos preponderantes.
Menciona así mismo que si algún servidor público desempeña o desempeñó dos o más cargos, únicamente se le asignará el número de personas que requieran el de mayor protección. «La asignación de personal se realizará de conformidad al dictamen técnico que así lo sustente, debiéndose aprobar en los términos de la presente ley», se indica.
La propuesta es que los ex funcionarios, «tendrán derecho a la asignación del servicio de protección, en dicha calidad, con el número de personas que correspondan al nivel máximo de protección que se le hubiera asignado, por el plazo que corresponda a la suma de los encargos desempeñados».
Los únicos legisladores que estaban en desacuerdo con la aprobación de la polémica reforma, eran los tres legisladores que le quedan al grupo parlamentario de Morena, quienes en voz de su coordinador, José María Martínez, exigieron que a la lista de nuevos beneficiados con la protección se incluyera a las “personas buscadoras”.
Tras el debate en tribuna y las negociaciones entre los coordinadores de las fracciones parlamentarias, se determinó incluir a las “personas buscadoras” y por lo tanto la aprobación final de la reforma naranja se dio de manera unánime y eso sirvió para que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez asegurara que la iniciativa no tenía un destinatario personal.
“HUGO LUNA NO HA HECHO NADA POR JALISCO”, AFIRMA PARTIDA CABALLERO
Después de la aprobación de la ley, la primera pregunta que se hace el doctor Alfonso Partida Caballero, académico e integrante del Observatorio de Seguridad Pública, Justicia y Derechos Humanos de la UdeG, qué ha hecho Hugo Luna por Jalisco, como para merecer que Jalisco destine recursos materiales y humanos en su seguridad y en menoscabo de la seguridad pública de todos los jaliscienses.
“La realidad es que ha hecho nada para merecerlo”, se contestó así mismo maestro Partida Caballero y abundó: “Yo ya hice el ejercicio de concreción y no tengo absolutamente detectada una acción que haya hecho en favor de Jalisco, una sola”, planteó.
Y abundó: “Hugo Luna, a lo mucho a lo que llegó fue a hacer negocios en el cargo público, a estar amagando a magistrados, a contrincantes políticos, eso fue lo más que hizo; que me diga una sola de las acciones que hizo por Jalisco y que los jaliscienses le debemos a este señor. Se debe de exigir que ese señor explique por qué él debe tener seguridad y qué fue lo que hizo para el estado de Jalisco y que sea transparente, por qué tiene que recibir seguridad durante los siguientes 12 años”.
Lamentó a la vez Partida caballero, que la gente que se utiliza para cuidar a particulares, son los elementos que tienen cierta calidad en la Fiscalía de Jalisco “y así, le van a seguir quitando elementos, que ya de por sí son cerca de 400 elementos los que están al servicio particular de personajes que van desde artistas, deportistas (en especial futbolistas), empresarios y políticos, así como a sus familias.
Y cuando prendemos investigar a la protección de quiénes y cuántos elementos están asignados -dijo-, en la Unidad de Transparencia nos argumentan que por ‘cuestiones de seguridad’ no se puede dar detalles de la información; pero lo que sí sabemos es que en el caso del presidente del STJJ, trae asignados 12 elementos a su custodia, el fiscal trae otros tantos, el gobernador no se diga y la familia de cada uno de ellos, así como empresarios de igual manera y funcionarios de los organismos públicos desconcentrados, de los Opds y cada elemento trae seguridad hasta por tres turnos, es decir por la mañana, en la tarde y por la noche.
Es un punto ciego en transparencia -abundó-, y ahora resulta que le tienen que dar seguridad también al jefe de Gabinete y al que viene también le tendrán que otorgar otro tanto, por los términos de la nueva ley y el problema es que se van con vehículos, se van con armamento, se van con salario, e incluso con equipos de comunicación. ¿Cuánto es lo que nos cuesta a los jaliscienses?
LA FISCALÍA DE JALISCO, LA MÁS INEFICAZ DEL PAÍS: ENVIPE 2024
El académico, Alfonso Partida Caballero, expuso que además las reformas a la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios, contrastan con el clima de percepción y del índice delictivo a la baja con el que está terminando su administración, según argumenta el mandatario jalisciense, Enrique Alfaro Ramírez.
El gobernador -expuso-, nos está queriendo vender datos que no son para presumir, sino que son para preocuparse y además se esconden los datos en la Fiscalía; tú vas y denuncias y muchos de los sucesos no tienen datos de prueba, por ejemplo me robaron mi casa, preguntan quién fue y si no hay datos, no hay cámaras y no hay mayor información, esos casos los guardan y los desechan, son casos que sí se cometen, pero no se investigan y así te puedes ir en los robos a transeúntes, robos a casas habitación y ahí están las discrepancias.
Planteó además que el de Enrique Alfaro, es un discurso falso, porque según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2024), en Jalisco solamente se está denunciando el 6% de los delitos que se cometen, según lo dice el INEGI; mientras que Alfaro dice que está bajando es la incidencia criminal, cuando en realidad lo que está bajando son las denuncias presentadas, por la ineficacia y la falta de credibilidad en la Fiscalía.
Y ahora -abundó-, con esto, le están quitando más elementos a la Fiscalía y ojalá y fuera que se llevaran a uno que otro policía; pero no, el problema es que se llevan a los buenos, han desarticulado las áreas de homicidios, de secuestros, porque los privilegiados piden ‘mándame al mejor’ y te mandan al que resuelve, al que sí sabe, al que sí trabaja y a la hora que se quiere hacer una investigación pues no pueden resolver nada.
JALISCO
Encuesta ENVIPE 2024 del INEGI: Gobierno rebasado por la criminalidad; sufre Jalisco más de 2 millones de delitos en 2023
Por Mario Ávila //
Como una muestra del impacto que ha causado en Jalisco la incidencia delictiva, el doctor Alfonso Partida Caballero, académico de la UdeG, se refirió a los recientes resultados que ha expuesto el INEGI a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2024), en la que se revela que en el año inmediato anterior uno de cada tres hogares fueron víctimas de más de 2 millones de delitos cometidos y que ocasionaron una afectación estimada en 26 mil millones de pesos, arriba de dos veces el presupuesto anual del ayuntamiento de Guadalajara.
Refirió el maestro universitario, integrante del Observatorio de Seguridad Pública, Justicia y Derechos Humanos de la UdeG, que los resultados de ENVIPE 2024 revelan la justa dimensión de la situación crítica en la que se encuentra la entidad en materia de seguridad, lo que contradice el recurrente discurso del mandatario jalisciense, Enrique Alfaro Ramírez, que a menos dos meses de que termine su sexenio, se empeña en asegurar que en la entidad han ido a la baja permanente los índices delictivos y la percepción de inseguridad.
Un hecho que además también contradice su propio discurso, fue que la bancada naranja en el Congreso del Estado haya presentado y aprobado por la vía “fast track”, una reforma a la ley con el objetivo de brindar protección, por los mismos años que duraron en la función pública, al jefe de Gabinete estatal, Hugo Luna Vázquez, y para el fiscal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, misma que fue conocida como la “Ley Hugo Luna”.
Es decir, por un lado, pretende sembrar en la ciudadanía una falsa percepción de un clima cada día más seguro, y a la vez, el mandatario jalisciense y su bancada en el Poder legislativo impulsa la creación de leyes para que se brinde protección a sus amigos y colaboradores cercanos.
ENVIPE 2024 de INEGI estimó en sus resultados que uno de cada tres hogares en el Estrado sufrió el impacto de algún tipo de delito en el año 2023, al grado que uno de los resultados más relevantes de la encuesta, fue el hecho de que el 29.1% de los hogares en Jalisco tuvo al menos una víctima del delito en el año. Es decir, en el año 2023 se registraron 757 mil 379 hogares víctima, de un total de 2 millones 600 mil hogares estimados en el Estado.
Con relación a los tipos de delito, desca en Jalisco la extorsión, robo o asalto en calle o transporte público, robo total o parcial de vehículo, amenazas y robo en casa habitación.
Un detalle importante que revela ENVIPE 2024 son los costos del delito, en donde el INEGI estima que para el 2023 el costo total de las consecuencias de la inseguridad y el delito en hogares, representó un monto de 26 mil 500 millones de pesos, lo cual equivale a un promedio de 9 mil 325 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito.
Vale la pena mencionar que este monto representa más de dos veces el presupuesto anual del ayuntamiento de Guadalajara, que percibe para su presupuesto de egresos poco más de 11 mil millones de pesos por año.
Estos costos, de acuerdo a la encuesta del INEGI, se distribuyeron porcentualmente por el tipo de impacto económico a consecuencia del delito, en un 1.6% para el pago de gastos a consecuencia de daños a la salud; 73.9% en pérdidas económicas a consecuencia del delito y 24.5% en gastos efectuados en medidas preventivas.
Un dato adicional de la incidencia delictiva, se encuentra en el hecho de que, de los 2 millones de delitos cometidos en Jalisco en un solo año, en 84.3% de los casos, la víctima manifestó haber sufrido un daño económico, emocional o psicológico, físico o laboral o de alguna otra índole.
LA CIFRA NEGRA EN JALISCO ES DEL 91.6%
La ineficacia de la Fiscalía del Estado lo revela la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2024) efectuada por el INEGI, se calcula como la razón de los delitos no denunciados, más los delitos denunciados y de los que no se abrió carpeta de investigación, más aquellos en los cuales no fue especificado si se denunció o si se inició carpeta de investigación, en el estado de Jalisco existe una cifra negra de 91.6% de delitos cometidos, en los cuales no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación.
Y la mejor explicación del por qué de la cifra negra tan alta en Jalisco, se encuentra en el resultado que en la encuesta se obtuvo sobre el resultado de las carpetas de investigación de los delitos denunciados. Es decir, del 11.9% de los delitos denunciados ante el Ministerio Público de la Fiscalía Estatal, en 70.2% de los casos se inició una carpeta de investigación, pero los resultados son alarmantes: En el 43.8% de los casos no pasó nada y solo en el 2.5% de las denuncias se puso a disposición del juez al delincuente.
Un dato relevante también que explica la cifra negra, está en las razones que los ciudadanos encuestados por el INEGI esgrimieron para no denunciar, entre las que destacan: Miedo al agresor, delitos de poca importancia, no tenía pruebas, temor a que la autoridad lo extorsionara, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza en la autoridad y por actitud hostil de la propia autoridad.
En el tema de la percepción de desempeño de las instituciones o la percepción de confianza en las autoridades, es notoria y abismal la confianza que la sociedad tiene entre unas y otras autoridades que se dedican a brindar seguridad a la ciudadanía. Por ejemplo, el nivel de confianza que los jaliscienses le tiene a La Marina es del 89.2%; mientras que a las autoridades de seguridad pública del nivel estatal, es apenas del 47.3%.
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