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REPORTAJES

El Zapotillo aún sin definición: López Obrador pide escuchar a la gente

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Por Mario Ávila //

El contrato concedido a la empresa española Abengoa para llevar el agua de la presa El Zapotillo a la ciudad de León, Guanajuato, es de 1.3 millones de pesos diarios y durante 25 años y como Abengoa está en quiebra, ese es el tamaño del negocio que buscan los empresarios cristalizar, si es que el Gobierno Federal acepta el convenio firmado por los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, Enrique Alfaro Ramírez y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El contrato con vigencia de 25 años en principio en favor de Abengoa, dice que se le venderá a León el agua a 4 pesos por metro cúbico y se le asigna a Guanajuato una cifra de 120 millones de metros cúbicos por año. Ello además del agua que se le venderá a los 14 municipios de la región de Los Altos de Jalisco, a 4.50 pesos el metro cúbico.

Todo esto al margen de que 2006 el costo inicial era de 7 mil 960 millones de pesos, para 2019 su costo ascendió a 35 mil 339 millones de pesos y si se le suma el plan de construir la Presa El Purgatorio y su sistema de bombeo, el costo total rondaría los 70 mil millones de pesos.

Estos negocios multimillonarios por los que se pronuncian los gobernadores, apoyados por el grupo de empresarios de Jalisco y tres colegios de ingenieros y arquitectos, que hoy se quieren hacer llamar también “colectivos” para aparentar mayor legitimidad social, contrastan con las alternativas que plantean los académicos e investigadores de universidades públicas y privadas, por los pobladores de Temacapulín, Acacico y Palmarejo y por activistas defensores del medio ambiente y del recurso del agua.

Para los opositores a la presa El Zapotillo, hay múltiples opciones para dar agua a los municipios de Los Altos y a la Zona Metropolitana de Guadalajara, antes que las mega obras multimillonarias en las que se han tirado a la basura más de 25 mil millones de pesos en los últimos 25 años al fracasar los proyectos de la presa Arcediano en el fondo de la barranca de Huentitán y la presa de San Nicolás, en el poblado de San Gaspar de los Reyes en el municipio de Teocaltiche.

Alimentar los mantos fréaticos, aprovechar el agua de lluvia, reducir el desperdicio y hacer más eficientes a los organismos operadores del agua y apoyar políticas de sustitución de instalaciones hidrosanitarias para bajar el consumo diario de agua por persona, son algunas de las opciones que se han planteado sin que las autoridades hagan eco de las propuestas.

Al margen de estas propuestas, activistas como Manuel Villagómez han propuesto otras soluciones para evitar la puesta en operación de la presa El Zapotillo, como es cambiar el agua a León, Guanajuato, el agua del río Verde por el agua del río Lerma, que llegaría a la presa Solís, se trasladaría a la laguna de Yuriria y de ahí con un mínimo bombeo y ahorrando el 70% del gasto que se prevé desde el Zapotillo, llevar el agua a León, mediante un acueducto que se construyera exclusivamente en tierra guanajuatenses.

A cambio de los 120 millones de metros cúbicos por año del río Lerma para Guanajuato, toda el agua del río Verde sería de nuevo para Jalisco y se podría llevar a hasta la ZMG a través de una presa en Loma Larga II, mientras que para los municipios alteños, se dispondría del agua de la presa El Salto. 

SON OTROS TIEMPOS: AMLO

En la rueda de prensa mañanera del pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una frase que puede ser un indicativo de la determinación que se tome en los próximos días, “ya nos son tiempos en donde deciden solo los gobernantes, hoy se escucha y se atiende también a los ciudadanos”, contestó a pregunta sobre las inconformidades contra la presa El Zapotillo.

Ya se pusieron de acuerdo los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, porque ahí había discrepancia, ahora falta que se tome en cuenta a los pobladores. Hay una resolución de la Corte que habla que la cortina tiene que ser a 80 metros y si es así, los pueblos pueden no inundarse, pero hay quienes sostienen que sería poca agua y no sería suficiente”.

Estamos hablando porque es una obra que se inició desde el gobierno de (Vicente) Fox y está inconclusa (La Presa). Tenemos que llegar a un acuerdo para escuchar a los pobladores; podríamos nosotros ponernos de acuerdo, pero ¿y luego?, ¿y la gente? Ahora se escucha a los ciudadanos en todo”.

Esto significa que la determinación que se tomará estará al margen de los acuerdos a los que pudieron haber llegado los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, Enrique Alfaro Ramírez (PMC) y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (PAN).

López Obrador tiene bastante información sobre la presa El Zapotillo, la primera le llegó en la campaña a la presidencia en el 2012, cuando el propio Manuel Villagómez lo abordó en una gira por el municipio de Yahualica, le planteó el panorama y la respuesta del entonces candidato y hoy presidente de México, fue: “Yo no me veo inundando estas comunidades”.

Seis años más tarde, con los problemas de El Zapotillo en una mayor dimensión, Manuel Villagómez tuvo un acercamiento con su amigo, el empresario Alfonso Romo, a la vez coordinador del gabinete y brazo derecho de AMLO, a quien le planteó la gravedad que había adquirido el problema y a la vez le planteó las distintas alternativas de solución.

Una señal de que también la determinación final podría estar del lado de los opositores a El Zapotillo, la dio la directora de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, quien en reunión convocada en la Secretaría de Gobernación, por Lázaro Cárdenas Batel, dejó en claro que la dependencia federal a su cargo no avalaba el acuerdo que firmaron los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, “porque se hizo sin datos certeros”.

Blanca Jiménez Cisneros, comentó en particular en esta reunión efectuada el pasado 9 de julio en la capital del país, que los datos sobre los volúmenes de agua del “Acuerdo de Entendimiento” para la distribución del agua del Río Verde, firmados por los gobernadores de Guanajuato y Jalisco el 29 de junio, “no le cuadran”. 

DE RAMÍREZ ACUÑA A ALFARO

Conocedor pleno del tema de El Zapotillo y defensor a ultranza del uso adecuado del agua, el empresario Manuel Villagómez ha resultado una pieza vital en la lucha en contra de las millonarias obras como la presa de Arcediano y la presa de San Nicolás, hizo algunas reflexiones para los lectores de Conciencia Pública.

Tocamos la puerta de la Presidencia de la República en este gobierno, planteando que se tome el agua del Lerma, en lugar del Verde; luego se recibió el citatorio al Padre Gabriel para que se presentara en la Secretaría de Gobernación, a una reunión donde estuvo Lázaro Cárdenas Batel, el secretario de Semarnat, Víctor Manuel Tinoco y la directora de Conagua, Blanca Jiménez, ante quienes el padre planteó un decálogo de argumentos en contra de El Zapotillo.

Sin embargo, entre ellos destacan tres puntos específicos: 1.- La opción de que el trasvase de 120 mmts3 sea con agua del río Lerma, no del río Verde; 2.- Qué harán con los 10 amparos, entre ellos de ejidatarios y ganaderos para dejar pasar el acueducto que llevaría el agua a León, Guanajuato y 3.- El reciente acuerdo de gobernadores, hace referencia a la presa con cuentas alegres, es decir con una cortina de 105 metros, lo que en este momento está eliminado por la SCJN.

Lázaro dice que el presidente está a favor de las comunidades y los funcionarios se comprometen a no avalar el acuerdo que hicieron los gobernadores de Jalisco y Guanajuato”, expuso el empresario del ramo de la maquinaria para la masa y la tortilla, que hoy impulsa en su lucha al Padre Gabriel, como ayer lo hizo con la señora Lupita Lara,  en el caso de la defensa de Arcediano, a quien por cierto el gobierno de Aristóteles Sandoval terminó por pulverizar al despojarla con argucias legaloides orquestadas por el secretario Roberto López Lara, con más de 11 hectáreas que eran de su propiedad, según lo afirma Manuel Villagómez. 

EL “FRAUDE FOXIANO”

Al hacer una reseña de lo que ha sido la historia de  14 años de lucha, Manuel Villagómez recuerda la travesía de lo que él llama “El fraude foxiano” y explica que nace oficialmente el 24 de mayo del 2005, cuando el gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, le escribió una carta a Cristóbal Jaime Jáquez, en ese entonces director general de la CNA, en la que le informa que se cancela el proyecto de San Nicolás, porque existe gran oposición por inundar la iglesia de San Gaspar y le propuso un sitio en donde dijo, que no se inundará ninguna comunidad y tampoco tierra fértil… y plantea El Zapotillo.

Situación nefasta, mentirosa y vil de parte de Ramírez Acuña -dice Villagómez-, ya que son 4 mil 500 hectáreas de tierras de cultivo y ganado y se inundarán las comunidades de Acasico, Palmarejo y Temacapulín, en los municipios de Cañadas de Obregón y Mexticacán”. Justo desde ese momento se conforma el primer comité en defensa de El Zapotillo y a los 92 días de aquel oficio de Ramírez Acuña hace un acuerdo con Semarnat, con la CNA y con el gobierno de Guanajuato, para hacer una presa con una cortina de 80 metros de altura, con lo que se inundan las tres comunidades.

En ese acuerdo -abunda-, Ramírez Acuña omite dar una sola gota de agua para Guadalajara, ahí está el convenio y por eso se dio la gran oposición por la defensa de las comunidades y por la defensa del agua de Chapala que se le había cerrado la llave”.

Recuerda Villagómez Rodríguez que AMLO ha estado en las campañas del 2012 en tres ocasiones y en el 2018 visitó Yahualica, “ahí lo abordé y le presenté al padre Gabriel, que es el que ha dado la cara por la comunidad y ha presentado a título personal uno de los amparos; López Obrador dijo en ese entonces dijo que él en lo personal no se veía tomando una decisión para inundar Temacapulín”.

Nosotros comentamos con él que desde que ese acuerdo se firmó entre Guanajuato y Jalisco, la presa no solo era inviable, sino que era imposible”, recalcó.

Relató Manuel Villagómez que quien convenció a Emilio González de una cortina de 105, después a Aristóteles y ahora a Enrique Alfaro, es el Consejo Consultivo del Agua, conformado por 33 empresarios a nivel nacional, entre ellos los grandes privatizadores del agua, los dueños de las grandes empresas refresqueras, también ricos como Carlos Slim, que ya le entró a temas de infraestructura hidráulica, al grado que compró acciones de una empresa española que está metida en el tema del Zapotillo.

En su versión Jalisco el Consejo Consultivo lo dirige Francisco Mayorga y está integrado por 51 empresarios, entre ellos varios de ellos tienen que ver de manera directa con la construcción de la presa El Zapotillo, como el arquitecto José Manuel Gómez Vázquez Aldana; fuera de esa lista en calidad de asesor, pero como una figura central, se encuentra Enrique Dau Flores, así como los tres colegios de ingenieros y arquitectos que hoy se autonombran colectivos.

Ellos -dice Manuel Villagómez-, se han reunido en dos ocasiones con el presidente Andrés Manuel López Obrador y en la segunda el mandatario les confirmó que antes de tomar una determinación, se reuniría con los habitantes de las comunidades y después con los ambientalistas opositores. Ante ello, Gómez Vázquez Aldana mostró su molestia en una columna que escribe para un medio local, recriminando el “cambio de postura del presidente” en las dos reuniones que sostuvo con los empresarios jaliscienses. 

EL ZAPOTILLLO A 60 METROS

Producto de esa instrucción dada por el Presidente de la República, el titular de la Semarnat, Víctor Manuel Tinoco, realizó el pasado martes una visita a Temacapulín, se encontró con los opositores a la presa por más de 3 horas, escuchó más de 25 discursos y le concedió la palabra hasta en tres ocasiones a Manuel Villagómez.

Y fue ahí, caminando por Temacapulín, cuando el secretario de Semarnat dijo que a los 15 minutos de haber pisado ese suelo, confirmó su postura de que sería insensato inundarlo.

Al término de la reunión, Manuel Villagómez expuso: “Ahora al titular de la Semarnat se le ha pedido con todo comedimiento que le exprese al presidente lo que ha escuchado y confiamos en que el presidente le dé la instrucción de que debe hacer lo adecuado, y quizá para él lo adecuado sea demoler la presa”.

Pero la presa ya está construida y está en tierras de Jalisco, déjenla, pero para beneficio de Jalisco, operando solo a 60 metros; se debe hacer otra presa en Temara o en Loma Larga II para quedarnos con toda el agua del río Verde como debe de ser y que Guanajuato o acepte ese convenio o que busque su propia agua por otras vías.

Incluso el acueducto para distribuirles agua a los 14 municipios de Los Altos ya está diseñado y se puede partir de la presa de El Salto que tiene 80 millones de metros cúbicos abandonados disponibles anualmente, la mejor ubicada y la que está a mejor altura, de ahí se llevaría el agua con un costo mínimo de bombeo.

El Zapotillo serviría como una presa para sanear naturalmente el agua, ya que acumularía basura, tierra y otros sólidos, mientras que la otra presa que se deba construir para enviar el agua a Guadalajara, habrá de tener el mínimo mantenimiento, solo de servicio”, planteó el activista Manuel Villagómez.

 

REPORTAJES

Jalisco no será adherido al INSABI: Nuevo choque Alfaro vs AMLO

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Por Mario Ávila //

La salud de los jaliscienses está en grave riesgo a consecuencia del nuevo dilema que enfrentará una vez más, al gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy el tema es el nuevo modelo de salud, con la extinción del Seguro Popular, al que estaban inscritos poco más de 2.8 millones de jaliscienses y el nacimiento del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

Sin embargo, lo raro es que el discurso de ambas partes es el mismo, los dos dicen que velarán por garantizar la universalidad y la gratuidad en los servicios de salud. Pero mientras el mandatario jalisciense alude al respeto a la soberanía de Jalisco, el director general del INSABI, Juan Antonio Ferrer, advierte que se debe poner fin a la millonaria corrupción benefició a la iniciativa privada, particularmente en la compra de medicamentos a sobre precio.

La nueva estrategia federal es adherir a los 32 gobiernos estatales a este nuevo modelo, mientras que lo que Enrique Alfaro pretende, es negarse a firmar la adhesión, con el argumento de rechazar la centralización y exigir que la Federación al menos aporte a Jalisco la misma cifra en millones de pesos que se recibieron en el 2019 con el Seguro Popular, es decir más de 7 mil millones de pesos, a razón de 2 mil 603 pesos por cada beneficiario registrado.

El INSABI nació con la llegada de este año y lo que busca es enmendar los errores en los que cayó el Seguro Popular, por ejemplo el elevado índice de muertes de madres durante la gestación, como ocurrió en el 2014 cuando fallecieron por esta causa según el Coneval, 872 mujeres, de las cuales 495 estaban inscritas en el Seguro Popular.

También el Seguro Popular operó con carencia de medicamentos, ya que cuando mucho se alcanzaba una máxima del 60% de abasto, se carecía de personal (médicos y enfermeras), la infraestructura es obsoleta, los insumos carentes y la corrupción excesiva, particularmente en las compras de medicamentos, al grado de que hay denuncias de desfalco por más de 83 mil millones de pesos, presentadas en su oportunidad ante la PGR.

En el caso particular de Jalisco, las denuncias que se han hecho en la operación del Seguro Popular, son en el sentido de que se inflaban los padrones, se registraban a beneficiarios de otros sistemas como el IMSS y el ISSSTE, se cobraban los servicios a sobreprecio, (particularmente las cirugías), se abusaba al beneficiar a los hospitales privados (subrogados) y se mentía de manera recurrente al momento de cobrar servicios, al extremo de poner en las listas de servicios, el nombre de varones que supuestamente eran tratados de partos. Todo ello consta en amplios reportajes publicados en medios de comunicación masiva, en particular uno elaborado hace ya casi una década por la reportera Claudia Rebeca Reynoso para Canal 4 de la televisora local.

En este inicio de año, de entrada en nosocomios como el Hospitalito de Zapopan, en el Hospital de Zoquipan y en los Hospitales Civiles, al quedar extinguido el Seguro Popular, a los usuarios que no tienen ningún tipo de seguridad social se les cobran o se les niegan las consultas, pero se ha llegado el extremo de cancelar las cirugías de alta especialidad, particularmente en los casos de los pacientes que no tiene dinero para pagar lo que se les cobra, como es el caso de Fernando Macías, quien tenía su cita desde hace tres meses para ser operado el pasado 16 de enero de cáncer de colon en el viejo Hospital Civil y sin explicación alguna simplemente se le avisó que la cirugía quedaba cancelada.

En solo dos semanas, el INSABI ha logrado la adhesión de 13 entidades federativas: Tabasco, Yucatán, Ciudad de México, Baja California, Oaxaca, Sonora, Puebla, Chiapas, Veracruz, Colima, Hidalgo, Quintana Roo y San Luis Potosí.

A la vez se trabaja en el proceso de adhesión de: Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas, Aguascalientes.

RATIFICANDO QUE, ¡ADHESIÓN, NO!

La postura del mandatario jalisciense, Enrique Alfaro Ramírez, ha sido de no adhesión al instituto y para ratificarla se ha instalado una mesa permanente en la entidad, con todos los actores involucrados del sector público de salud en Jalisco.

En ella -dijo-, vamos a preparar una propuesta específica que le vamos a presentar y a entregar personalmente al presidente de la República, con un planteamiento que sea en la ruta de un convenio de no adhesión al INSABI, pero con particularidades que nos parece que tienen que tomarse en cuenta por la circunstancia específica del estado de Jalisco. Vamos a presentar la información y el razonamiento que hay detrás de nuestra posición, lo vamos a hacer de manera conjunta, estamos trabajando con los Hospitales Civiles, vamos a escuchar y tomar en cuenta la opinión de los jefes de cada área, de Cancerología, de Cirugía Reconstructiva y de todas las instituciones que tienen que ver con el tercer nivel que vamos a incluir en esta propuesta”.

Tendremos -abundó-, un borrador de esta propuesta el día miércoles para fijar una posición como estado, que espero que cuente con un amplio consenso, se trata de ir en una propuesta muy sólida que garantice la gratuidad de la salud en Jalisco, pero a partir de un diagnóstico muy preciso y de actuar con los pies en el suelo. No se puede resolver este asunto solamente con discursos, tenemos que hacer una propuesta completa y yo confío que el presidente cuando menos escuche nuestro planteamiento y ojalá y podamos llegar a un acuerdo”.

Detalló el jefe del Ejecutivo en Jalisco, que “originalmente el planteamiento tiene dos opciones, convenio de adhesión y convenio de no adhesión, porque lo menos que establece la ley es recibir el monto del seguro popular del año anterior, entonces lo que nosotros vamos a hacer es plantear de inicio una propuesta de convenio de no adhesión, es decir Jalisco va a mantener su postura de que no vamos a entregar el sistema de salud a la Federación, por razones que vamos a explicar la próxima semana”.

Y no es capricho, quiero que se entienda por qué, no es si quiero o no quiero, imagínense qué fácil para el gobernador de Jalisco, nos desentendemos del tema de salud, ay que lo resuelva el presidente, que lo paguen, que lo arreglen, que lo resuelvan ellos, pues para mí que problema habría en eso. No, el problema es los enfermos que no van a ser atendidos, los doctores que van a estar sin seguridad laboral, las instituciones que no van a tener equipamiento, son de Jalisco y no voy a actuar con irresponsabilidad.

Entonces mi primera decisión es esta, voy a actuar con un alto sentido de responsabilidad, si hay gobernadores que quieran actuar de esa forma, es su asunto. Pero no vamos a dejar a interpretaciones nuestra postura, hay un compromiso del gobernador que quiero dejar muy claro, de que los servicios de salud van a poder garantizar el principio de gratuidad con reglas y con bases claras.

Tuvimos una reunión el pasado miércoles con los mandos en la Ciudad de México, tenemos ya la información, tenemos algunos anexos, tenemos ahora sí cuando menos condiciones para hacer alguna propuesta y esta propuesta la vamos a presentar el día miércoles. Aquí en Jalisco no nos vamos a dejar presionar, esa no es la forma, Jalisco va a actuar con un sentido de responsabilidad histórica; si yo tomara una decisión en función de si me dan mil millones de pesos o no, imagínense qué clase de gobernador sería. Yo no voy a actuar así, yo estoy escuchando a la gente que sabe de tema de salud, estamos incluyendo a todas las instituciones, estamos construyendo una posición como estado y se la vamos a proponer al presidente, no se trata de confrontarse con él, se trata de pedirle al presidente que escuche a un estado libre y soberano de la República Mexicana que tiene mucho que decir en materia de salud”, expuso Alfaro Ramírez.

Sobre el tema del dinero, el gobernador detalló para dar una idea más puntual, que “a este programa, la Federación aporta poco más del 50% de los recursos del sistema, el Estado aporta arriba del 42%, yo creo que es el estado que más aporta de recursos propios de todo el país, tenemos que entender en donde estamos parados porque en la medida que seamos claros en nuestro planteamiento, vamos a poder explicarle mejor a los jaliscienses de qué estamos hablando”.

Yo quiero ser bien claro, no hay discusión, le queremos ayudar al presidente a que los servicios de salud sean gratuitos, pero no es en el camino de colapsar a los sistemas de salud, que se va a lograr este propósito. Jalisco se va a preparar, el miércoles tendremos una propuesta, voy a buscar al presidente para entregársela personalmente y platicar el tema con él y vamos a tratar de encontrar una salida. Tenemos condiciones no hay riesgo en este momento de que deje de operar el sistema”, apuntó el mandatario estatal.

RECUADRO

EL PRD VELA ARMAS EN

DEFENSA DEL HOSPITAL CIVIL

La coordinadora de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados Federal, Verónica Juárez Piña, exhortó al Gobierno Federal a atender la solicitud de apoyo del Hospital Civil de Guadalajara, cuyo director, Jaime Andrade Villanueva, alertó que por la falta de claridad en las reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el nosocomio podría enfrentar una crisis inminente en el cuidado de los pacientes que acuden a recibir atención médica no solamente de Jalisco si no de estados vecinos como Nayarit, Colima y Michoacán. .

Las autoridades del Hospital Civil piden al Gobierno federal “una directriz clara y urgente sobre cómo continuar la prestación de servicios de salud cubiertos por el INSABI, en tanto se firman los acuerdos de colaboración entre las dependencias estatales y la federación y se publican los lineamientos, reglas de operación, y demás normatividad aplicable”.

Juárez Piña coincidió en que la falta de claridad, de presupuesto y de reglas de operación del INSABI ha generado dudas en su instrumentación, en las clínicas y hospitales adscritos; así como molestias de los usuarios que han denunciado falta de medicamentos, cobros por servicios que el Gobierno Federal y la mayoría de Morena prometieron serían gratuitos, así como de insuficiencia de personal.

Es por esa razón, dijo la diputada por Jalisco, el grupo parlamentario del PRD, que preside, solicitó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la comparecencia de los titulares de la Secretaria de Salud (SSA), del Instituto de Salud para el Bienestar, de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Jorge Alcocer, Juan Antonio Ferrer y Arturo Herrera, respectivamente; para que informen detalladamente sobre las reglas de operación y la aplicación del presupuesto asignado para Instituto, así como lo que se están haciendo para atender las innumerables quejas de pacientes y familiares.

Dijo que existe una crisis en el sector salud en el país por el engaño, la mala planeación, la falta de recursos y la pésima instrumentación del INSABI por parte del Gobierno Federal; que han provocado que clínicas y hospitales de gran importancia, como lo es el Hospital Civil de Guadalajara, enfrenten problemas que ponen en riesgo su operación inmediata y que lamentablemente los más afectados son las personas de menores recursos.

PARA SABER:

Adherirse implicaría que la atención médica quedaría en manos de la Federación, así como el control y planeación de las compras de medicamentos y la construcción de hospitales; este esquema de compras y planeación centralizadas, evita que en las entidades puedan lucrar con la salud.

Para Jalisco esto es muy importante, pues implicaría que Enrique Alfaro ya no podría beneficiar a DIMESA, farmacéutica que ha favorecido desde el Gobierno del Estado a pesar de estar vetada por el Gobierno Federal para participar en licitaciones públicas.

DIMESA ha sido una farmacéutica muy polémica en Jalisco, pues un familiar de Fernando Petersen Aranguren, Secretario de Salud Estatal, es socio accionista de la empresa, lo cual representa un posible conflicto de interés en el sector salud.

 

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REPORTAJES

Detrás de la aparente inconformidad ven boicot y sabotaje contra el INSABI: Juan Ferrer

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Por Mario Ávila //

Para Juan Antonio Ferrer Aguilar, director general del INSABI, queda claro que con el nacimiento del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), se brindarán servicios de salud en los 32 estados de la República, siempre y cuando se adhieran los estados de manera voluntaria a esta modificación a la Ley General de Salud, es decir nunca será una adhesión obligatoria.

Pero hay confianza en el funcionario federal: “A partir de que entró en vigor el Insabi me reuní con los 32 secretarios de Salud y con su equipo y platicamos todo sobre el nuevo modelo de salud y del esquema de financiamiento. Los 32 secretarios vieron que el modelo y el esquema de financiamiento es muy bueno para que se implemente en México, como una opción del modelo de salud nacional”.

No obstante, admitió que hay ciertas expresiones de molestia, pero puntualizó que a su juicio “detrás de toda esta aparente inconformidad, hay un boicot de quienes surten los medicamentos y que se ven perjudicados; hay también una campaña de desinformación como un acto de sabotaje en contra del gobierno”.

Vimos -dijo-, que los medicamentos estaban empleándose en el país, aunque no todos, tenían un precio desmedido, no era un precio justo y lo que hizo el presidente fue ordenarle a la Secretaría de Hacienda que dirigiera los concursos de compra consolidada, con lo que claro que benefició el porcentaje de abasto de los medicamentos en favor de la gente”.

Y abundó: “Un dato más, cuando acusan de que no hay presupuesto, les digo que estamos manejando 72 mil millones de pesos, cada estado de este país aporta entre 4 mil a 6 mil millones de pesos y este año el presidente ordenó recursos adicionales de 40 mil millones de pesos más, es decir ya se cuenta con una cifra cercana a los 200 mil millones de pesos y nos dicen que no hay dinero, pues porque ese dinero iba a parar a la iniciativa privada o un alto porcentaje en lugar de ir a la gente, iba a las empresas privadas”.

Y hoy, el gran cambio es que estamos privilegiando que participe la iniciativa privada, sí, pero con precio justo y con producto de calidad. Y para eso está interviniendo la Cofepris, para que vigile que todo lo que se compra, las vacunas y los medicamentos, sean con la calidad requerida. No hay simulación, si la hubiera simplemente hubiéramos dejado que se siguiera haciendo lo que siempre habían hecho, estafar en todos los rubros el dinero de los mexicanos”, expuso el titular del Insabi.

En entrevista a través de Radio Fórmula, el funcionario federal respondió a quienes acusan de que el Insabi carece de sustento normativo, financiero y operativo: “Ya el Insabi está creado por la Ley General de Salud, hay instrumentos jurídicos como el estatuto orgánico que tiene 60 días para crearse, la Junta de Gobierno por ley tiene 30 días para instalarse, las reglas de operación se emiten a través del Fondo de Salud y el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, que se va a modificar, cuenta con 180 días y lo que hemos estado haciendo por instrucción del presidente, es acortar esos tiempos”.

Se va a cumplir la palabra del presidente, se va a cumplir el artículo cuarto de la Constitución, se va a cumplir el artículo 77 bis de la Ley General de Salud que estable que tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de los servicios públicos de salud, toda persona que se encuentre en el país y que no cuente con seguridad social.

Hay una Ley de los Institutos Nacionales de Salud que en el artículo 54 se reformó el 26 de mayo del año 2000 para que se implementaran los cobros en la atención de ciertos padecimientos. A qué presidente (Vicente Fox Quezada) se le ocurrió cobrarle a las personas que no tenían seguridad social”, se preguntó.

Y precisó: “Lo que estamos cambiando fue lo que hicieron ellos mal, hoy salen a denostar y a decir que todo está mal, hoy estamos cambiando en favor de la gente, en favor de 69 millones de mexicanos que carecen de seguridad social. Ahora sí coincidimos con los conservadores de que la salud es un derecho humano de las personas y que nadie debe cobrar, así que les vamos a demostrar que la palabra de López Obrador se cumple, no vamos a cobrar por los servicios de salud a las personas sin seguridad social.

La misma ley en el artículo 77 bis segundo párrafo, establece que las condiciones que permitan bridar el acceso gratuito, van a ser efectivo, oportuno, de calidad y progresivo, es decir, los que quieran ver que un modelo de salud tan desastroso como era el de este país, fragmentado en 32 entidades de la República, se componga en 14 días, deben tener claro que nadie lo hace, el mismo Seguro Popular que inventaron esos señores debió haber iniciado en 1994 y en el 2005 se adhiere el último estado y nace oficialmente el Seguro Popular, esto quiere decir que pasaron más de 10 años para que estos suscribieran los convenios de descentralización y hoy quieren que en 15 días esto ya esté instrumentado”, planteó.

Sobre la propuesta que anunciaron harán los gobernadores del PAN, Ferrer Aguilar, anticipó: “Escucharemos las propuestas, aunque ya me reuní con los 32 secretarios de salud de los estados, los oí y los temé en cuenta, estamos para ver que funcione el modelo de salud en favor de los mexicanos y si en algo tienen que aportar, se va a tomar en consideración, pero lo que sí puedo decir es que el modelo que estaban utilizando, es un modelo que no funcionaba, no es por ahí.

Y doy ejemplos, cómo me dicen que el Seguro Popular funcionaba cuando en el 2014 que era su mejor momento, por cada mil niños nacidos vivos, se morían 36.6 mujeres, es decir que en ese año fallecieron 872 mujeres y de ellas 495 estaban inscritas en el Seguro Popular, lo que quiere decir que más del 56.8% estaban afiliadas al Seguro Popular y eso no lo digo yo, lo dice el Coneval en su indicador denominado ‘razón de mortalidad materna’.

No es posible que estemos viviendo todo esto y digamos que estaba muy bien el modelo de salud en el pasado; el abastecimiento de medicamento en todo el país era del 60% como un máximo; no hay doctores y pasan hasta 5 o 6 meses para programar una intervención quirúrgica”, planteó el director general del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar.

NEGROS ANTECEDENTES DEL SEGURO POPULAR

Dentro de los negros antecedentes del Seguro Popular destacan las 36 denuncias penales en contra funcionarios en 18 estados de la República, entre ellos Jalisco, por un desfalco de más de 83 mil millones de pesos, que tendrían que ser destinados para servicios médicos de la población que carece de seguridad social.

El daño a las finanzas públicas del Seguro Popular, asciende puntualmente a 83 mil 250 millones 576 mil 40 pesos e involucra a funcionarios de 18 estados de la República, de acuerdo con las 22 denuncias interpuestas por ciudadanos ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Jacqueline Peschard, Federico Reyes Heroles y Luis Pérez de Acha, de las organizaciones Justicia Justa e Impunidad Cero, interpusieron nuevas por corrupción en el manejo de recursos destinados al Seguro Popular y al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) entre 2012 a 2016, con lo que suman 36 denuncias interpuestas contra funcionarios y exfuncionarios de estas entidades.

La última serie de demandas interpuestas ante la PGR contra funcionarios y exfuncionarios del Seguro Popular son por los delitos de peculado, cohecho y uso indebido de atribuciones y facultades en 11 estados: Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco.

Entre las irregularidades detectadas en los informes de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que fueron la base para las denuncias, se encuentran: contratos celebrados con empresas fantasma, pagos carentes de documentación comprobatoria, sobreprecios pagados por los estados y no enterar el ISR retenido a los trabajadores del sector salud.

Esta es la segunda ola de denuncias contra funcionarios y exfuncionarios del Seguro Popular por parte de Federico Reyes Heroles y Luis Pérez de Acha. El martes 16 de octubre, interpusieron 14 denuncias penales contra secretarios de Hacienda y Salud, así como tesoreros de siete estados: Chiapas, Estado de México, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa. En esta primera demanda, la cantidad demandada por irregularidades alcanzaba los 47 mil 345 millones 794 mil 169 pesos.

Y para tener una referencia del impacto global del dinero malversado, vale la pena recordar que en 2017, el Seguro Popular contaba con 53.5 millones de beneficiarios a nivel nacional y de acuerdo al anexo estadístico del Sexto Informe de Gobierno presentado por Enrique Peña Nieto, el gobierno federal reportó que en 2017 la Comisión Nacional de Protección Social en Salud ejerció un total de 54 mil 046 millones de pesos que se transfirieron a las 32 entidades federativas.

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JALISCO

Mensaje del gobernador: Desaparecidos y homicidios, tarea del gobierno federal

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Por Diego Morales //

A través de las redes el pasado el pasado viernes 10 de enero el gobernador Enrique Alfaro subió el siguiente mensaje a propósito del tema de inseguridad y violencia que golpea a Jalisco, argumentando que su gobierno está haciendo su tarea con resultados positivos, conforme a estadísticas que dio a conocer.

Tenemos el mensaje completo del gobernador donde le responde al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que las estadísticas proporcionadas por la autoridad federal únicamente consideran información de 12 estados y que por lo tanto no puede tratarse de un informe nacional sobre desaparecidos.

De la misma forma el gobernador Alfaro Ramírez anuncia que se reunirá este martes 14 de enero con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y le pedirá respeto para Jalisco.

Liga al video de su mensaje en YouTube: https://youtu.be/hFOuAzRhehU

Texto de la misiva:

Quiero decirles cuáles fueron los resultados en materia de seguridad en este primer año de gobierno. Porque es muy curioso cómo lo que vemos permanentemente es una descalificación sistemática al trabajo del gobierno, como si nada hiciéramos. Trabajamos todo el año, todos los días, estamos atendiendo la agenda de seguridad y para mí es motivo de orgullo poder decir que en el primer año de gobierno, en los promedios mensuales que teníamos en enero y a los que tuvimos en diciembre, la reducción de la incidencia total de los delitos fue del 28 por ciento. Más de una cuarta parte de los delitos en el primer año de gobierno, y sigue haciendo quien piensa que no se está haciendo nada”.

Particularmente, en los delitos que definimos como prioritarios en la acción local del gobierno del estado y de los gobiernos municipales, los delitos patrimoniales que afectan el patrimonio de las personas, porque fue una estrategia definida y valga el espacio para recordarlo, con el gobierno de la república, por eso hoy extraña la actitud que algunos toman. Quedamos con toda claridad que estos iban a ser los delitos, los que voy a mencionar, en los que íbamos a responsabilizarnos como gobierno del estado y los gobiernos municipales en el trabajo de este año. Los robos a persona, los robos a negocio, los robos a casa habitación, a bancos, a transporte de carga. Estos delitos fueron los que asumimos como responsabilidad directa el estado con los municipios”.

En el comportamiento mensual, la reducción en este grupo de delitos, de enero a diciembre es del 37 por ciento, y son las cifras del Sistema Nacional de Seguridad, no son las cifras de Jalisco, son las cifras oficiales, que además por cierto están revisadas, evaluadas y con un seguimiento puntual por parte de organismos ciudadanos y por universidades muy prestigiadas de Jalisco. 37 por ciento de reducción debería ser motivo para que todos entendiéramos que aunque no hay soluciones mágicas se está trabajando en el camino correcto, y sin embargo, pareciera que hay quienes lo que quieren es generar otra percepción. Basta solamente darles algunos datos específicos de lo que bajó en total para que no sea nada más comparar, porque hay que buscar varios frentes, porque si no luego dicen que presentamos los datos como nos conviene.

Otra cifra, si comparamos 2018, todo el 2018 con 2019, la reducción en robo a vehículos es del 19 por ciento, la de robo a negocio es del 11.68 por ciento, la de casa habitación es del 18.7 por ciento, la de robo a persona 4 por ciento, robo a bancos con 34 por ciento menos, vehículo de carga con 54 por ciento menos, robo a cuentahabiente 25 por ciento menos”.

¿Y LOS HOMICIDIOS?

No podemos cantar victoria ni levantar los brazos en señal de triunfo, pero tenemos la obligación moral de informarle a los jaliscienses la realidad en la que estamos, y los medios de comunicación tendrían que tener también esa obligación moral. Creo que el reto es entender en dónde está la otra parte del problema, porque luego la respuesta a lo que decimos es, ¿Y los homicidios?, Nada más que pequeño problema, en este acuerdo que tuvimos con el gobierno de la república, la agenda del crimen organizado recae como una responsabilidad directa del gobierno federal.

Nosotros estamos dispuestos y comprometidos a cooperar con el gobierno de la república en este tarea, pero no hay que olvidar la naturaleza de este tipo de fenómenos delictivos. Y detrás del número de homicidios, detrás del número de desaparecidos, está el crimen organizado. La pregunta es, ¿Y el gobierno de la república dónde está?, aparte de echando culpas y quitándole dinero y quitándole dinero a Jalisco. Porque déjenme decir, que se acaban de publicar los números del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el FASP, y se confirmó que Jalisco hubo una reducción de 15 millones de pesos menos que el año pasado. En un estado que el gobierno de la república dice que es prioritario en materia de seguridad”.

MENSAJE A ALEJANDRO ENCINAS

Hace unos días salió el subsecretario Encinas a según él presentar un informe nacional de desaparecidos, hay algunos datos curiosos. Resulta que el informe nacional omitió decir que 20 fiscalías estatales, o sea 20 estados, no mandaron información o mandaron información parcial. Entonces presentan un informe, dizque nacional, con información de solo 12 estados.

Hay joyas en ese informe, como por ejemplo, que en el Estado de México en todo el año hubo 28 desaparecidos, es decir, el .5 de los desaparecidos del país, cuando históricamente el Estado de México tiene el 12 por ciento de los desaparecidos del país. O por ejemplo, un estado como Veracruz, que tiene el 12 por ciento de las fosas del país, resulta que tuvieron 13 desaparecidos. Dicen, que en Sonora que había históricamente 2 mil 264, ahora hubo 6, que en Sinaloa que había 3 mil 103, ahora hay 34.

Entonces la realidad y lo que quiero decir, porque Alejandro Encinas sabe que tiene mi respeto y aprecio personal, pero le mando un mensaje claro y sencillo, con el tema de los desaparecidos no se juega a la política, si alguien lo mando atacar al Gobierno de Jalisco, con sus cifras, se está equivocando, porque Jalisco está haciendo su trabajo, porque nos duele el tema de desaparecidos, porque lo he atendido personalmente, he dado la cara, he estado con los familiares de las víctimas, porque estamos dando cifras, no necesitamos un informe nacional para decir cuál es la realidad, y por supuesto, que para nosotros es igual de importante que explicar el tamaño del fenómeno y visibilizarlo, el decir que es algo que debería estar presente en el debate público el hecho que en Jalisco se hayan reportado 2 mil 100 desaparecidos, pareciera olvidar que hemos encontrado a 2 mil 318, encontramos a más personas de las que desaparecen al año, eso es un trabajo que vamos a sostener”.

LAS DESAPARICIONES

No estamos diciendo que sea un tema menor la cuestión de las desapariciones, pero alguien necesita que le expliquemos que detrás de estas desapariciones, en muchísimos casos está la delincuencia organizada. Yo creo que todos lo entendemos, se necesita simplemente sentido común. No están desapareciendo personas para robarles dinero, ni para extorsionarlas, están desapareciendo personas para matarlas. Esa es la realidad y la pregunta es, y el gobierno de la república aparte de dedicarse a atacar políticamente a gobernadores, ¿cuándo le va a entrar en serio contra el crimen organizado?, ¿cuándo nos vamos a dejar de los mensajes que no llevan a ningún lado?, ¿cuándo vamos a lograr entender que este es un trabajo que nos necesita a todos? Lamento profundamente lo que hizo Alejandro Encinas, veré al presidente de la república y le pediré con respeto, como siempre hemos hablado, que se entienda que esta no es la ruta”.

JALISCO CUMPLE

Jalisco está cumpliendo con su trabajo, está dando resultados, lo está haciendo de la mano y gracias a la coordinación que hemos tenido con el Ejército Mexicano, con la Marina, con la Guardia Nacional, con las fuerzas federales que se la están jugando con nosotros, pero mientras eso sucede, desde un escritorio en la Ciudad de México creen que tienen el derecho de quitarnos dinero para la seguridad y seguir emitiendo juicios a la ligera con informes parciales, Jalisco no acepta esa dinámica, Jalisco le dice a la federación, aquí nos la estamos jugando todos los días y no vamos a dejar de hacerlo, es nuestro compromiso moral, nuestro compromiso básico, no le vamos a fallar al pueblo de Jalisco, estamos dando resultados y lo vamos a seguir haciendo a pesar de aquellos que quieren descarrilar a nuestro estado, porque mientras unos se dedican a hablar todos los días mal de Jalisco, a decir y querer pintar un panorama negro y terrible, la realidad contrasta con esa visión, la realidad es la de un estado pilar de la economía nacional, la de un estado que sigue siendo orgullo nacional, que está recuperando su grandeza, que está trabajando todos los días, en eso nos vamos a concentrar”.

Por eso, para mí, el trabajo que se está haciendo en nuestro Sistema de Reinserción Social es muy importante, por eso, la decisión que ha tomado el Gobierno de Jalisco es que ante esta circunstancia, la realidad en la que vivimos, la política de seguridad del gobierno se basa en un principio fundamental, hablar con la verdad, aquí no escondemos cifras, pero sí vamos a decirle al pueblo de Jalisco en dónde estamos parados y cómo estamos trabajando”, puntualizó.

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