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REPORTAJES

La lucha jurídica contra de académicos y activistas: ITESO, firme opositor del trasvase de agua a León

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Por Mario Ávila //

Las posiciones no han variado desde hace 15 años que surgió el proyecto de construcción de la presa El Zapotillo, el gobierno ha tenido en los empresarios y los ingenieros a sus mejores aliados; mientras que los académicos de la UdeG y el ITESO, así como los activistas como Manuel Villagómez Rodríguez, han ratificado su postura en contra de la opción de realizar magnas obras de ingeniería hidráulica.

Ellos están contra la construcción de presas y plantean que se debe optar por políticas de gestión integral del agua, como el aprovechamiento del agua de lluvia; o bien que León se surta de agua del río Lerma, vía la presa Solís, la laguna de Yuriria y de ahí a través de un acueducto construido en tierras de Guanajuato, llegue por gravedad a León.

En esta disputa, hasta hoy va ganado la postura de los cuatro gobernadores que han tenido que ver con el proyecto, los panistas Francisco Javier Ramírez Acuña y Emilio González Márquez, el priísta Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y ahora se ha sumado el abanderado de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez.

Los dos últimos gobernadores han cambiado radicalmente su discurso, su postura estaba en contra cuando eran candidatos y cuando ya llegan al poder, muestran otra cara y se manifiestan a favor de la magna obra, a sabiendas de que se requiere para ello un gasto de más de 50 mil millones de pesos (de los que ya se han erogado casi la mitad) y se extingan los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, asentados en tierras de los municipios de Cañadas de Obregón y Mexticacán.

La vía jurídica ha sido la vía más efectiva que han manejado los opositores al trasvase y evitar que el último de los proyectos prospere, esto es, que el trasvase de la presa El Zapotillo se haga efectivo a la ciudad de León.

La corrupción es otro elemento que se ha hecho presente, principalmente con la construcción de la presa de El Zapotillo y que quedó de manifiesto con la contratación de la empresa española Abengoa, a quien se le asignó la construcción y la responsabilidad de la distribución del agua del acueducto que llevará el vital líquido a las tierras de Guanajuato.

Incluso la empresa Abengoa, que previamente se había declarado en estado de quiebra en España, ya se había echado a la bolsa 604 millones de pesos que se sacaron de las finanzas del Instituto de Pensiones del Estado, propiedad de los 150 mil trabajadores jubilados y en activo del Gobierno del Estado, los municipios y los organismos públicos descentralizados, que deberían ser utilizados esencialmente en el sistema de salud y el pago de las pensiones a los jubilados.

A favor de la cortina se eleve a 105 metros de altura y que hace cabeza están los técnicos del Colegio de Ingenieros Civiles, lo mismo que los organismos cúpulas del sector privado que se aglutinaron en el denominado Consejo Consultivo del Agua, A.C. y que recientemente le plantearon al presidente Andrés Manuel López Obrador, en voz de César de Anda Molina, la necesidad de reiniciar el proyecto de la construcción de la presa de El Zapotillo, con una cortina de 105 metros de altura, una vez que paralelamente los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, lograron un nuevo acuerdo de distribución de las aguas del caudal del río Verde.

El ingeniero Enrique Dau Flores, ha sido el técnico y político que ha estado desde hace un cuarto de siglo al frente de este tipo de grandes proyectos y ha encabezado las fallidas inversiones y proyectos de la Presa de Arcediano en el fondo de la barranca de Oblatos, la Presa de San Nicolás en el poblado de San Gaspar de los Reyes en el municipio de Teocaltiche y finalmente en el proyecto de la zona de El Zapotillo, entre los municipios de Cañadas de Obregón y Mexticacán. En todos ellos se ha gastado ya más de 25 mil millones de pesos en 24 años de proyectos, estudios y obras, y le han dado un únicamente un metro cúbico por segundo de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

LA REUNIÓN DE VILLAGÓMEZ CON AMLO

Para uno que madruga, uno que no duerme”. Este refrán aplica a la perfección para el caso de la presa El Zapotillo, ya que mientras en una maniobra conjunta, los 51 empresarios jaliscienses aprovecharon el par de reuniones que les ofreció al presidente Andrés Manuel López Obrador, para pedir la conclusión de la presa a 105 metros; de manera sincronizada los gobernadores de Jalisco y Guanajuato plantearon un nuevo acuerdo de distribución del agua del río Verde 76-24% respectivamente.

Con ello quisieron adelantarse y sorprender cerrando la pinza en el tema, sin contra que desde un año antes, Manuel Villagómez Rodríguez, presidente de la Fundación Lerma-Chapala-Santiago, ya le había dado santo y seña del lado oscuro de la obra El Zapotillo.

Concretamente en la edición del 27 de agosto del 2018 el semanario Conciencia Pública, da cuenta de las reuniones que Villagómez sostuvo con el entonces presidente electo y con el que en ese tiempo jugaba el papel de Jefe de Gabinete, el empresario Alfonso Romo, a quien le entregó todo el expediente de los en ese entonces 13 años de lucha intensa que retrataba todas las anomalías en la construcción de la obra y a la vez planteaba las alternativas de solución.

En concreto, Villagómez Rodríguez plantea que la cortina de la presa quede en los 80 metros como hasta ahora ya está y que el agua que ahí se almacene sirva exclusivamente para atender las necesidades de Jalisco, es decir de los pueblos de Los Altos y de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Pero el agua para la ZMG no sería atendiendo al proyecto original, sino cancelando el pequeño embalse de Purgatorio que será muy costoso por el pago de la electricidad que se necesita para bombear el agua a 500 metros de altura, para que después se distribuya por gravedad desde el extremo Oriente del área conurbada; sino atendiendo al viejo proyecto de trasladar el agua de El Zapotillo a Loma Larga, luego a la presa Calderón de ahí a la ZMG.

Hoy más que nunca el empresario que se ha distinguido por su lucha incansable por aprovechar el agua del río Verde, mantiene vigente su propuesta y abunda que para cumplir con el acuerdo que ya se hizo con Guanajuato, se puede intercambiar el agua del verde por agua del río Lerma, que resultaría 70% más barato captando el agua en la presa Solís, trasladándola luego a la laguna de Yuriria, para de ahí ser enviada a León a través de un colector que se construiría exclusivamente en tierras de Guanajuato.

Hoy día, además de suscribir las propuestas que nos hizo en entrevista un año atrás, Manuel Villagómez, quien fuera diputado local en la Legislatura LVI, donde se caracterizó por su defensa del Lago de Chapala, dijo sin tapujos: “Le deseo éxito al gobernador Enrique Alfaro en su propósito de dotar de agua del río Verde a la ZMG, pero sin que la tenga que compartir con Guanajuato, en particular para León”.

Para eso, insiste en que León puede tomar agua del río Lerma y que consiste en almacenar agua reservada para ello en la presa Solís, bajarla por el río Lerma, pasarla a la laguna de Yuriria y de ahí llevarla a León, Guanajuato.

La infraestructura ya está, solo habrá que construir el acueducto Yuriria-León, de menos kilómetros que desde El Zapotillo, con el 70% de ahorro en energía. Esta propuesta beneficia a Jalisco y Guanajuato, se trata de que Guanajuato ceda a Jalisco los 120 mm3 que tiene reservados de agua en el río Verde, a cambio de 120 mm3 de las aguas del río Lerma.

Con ello se evitaría la necesidad de que AMLO ceda en crecer a 105 metros de altura en la cortina de la presa de El Zapotillo y se salvaría Temacapulín”, expuso el empresario de la industria de la maquinaria para trabajar la masa y la tortilla.

Los que están presionando -dijo-, son los integrantes del Consejo Consultivo del Agua, A.C. integrado por 51 empresarios de Jalisco de todas las actividades económicas, y algunas cúpulas que la ven como “Presa de Oro” por la corrupción y los negocios que han hecho alrededor de ella.

Recordó la evidente corrupción que ha quedado demostrada con el contrato de Abengoa, S.A. de C.V. “y la corrupción alcahueta de las autoridades que le dieron 604 millones de pesos de los fondos de IPEJAL y los 90 millones de pesos que se pagaron a la UNOPS para que le dieran al exgobernador Jorge Aristóteles un dictamen favorable de la cortina a 105 metros”.

Y recalcó: “Ahora viene César de Anda del CCA y le solicita a AMLO que conforme el Acuerdo de Entendimiento entre Jalisco y Guanajuato, apoye con el dinero para construir la presa El Zapotillo a 105 metros y los acueductos, a lo que el presidente remarcó que aún tendría que analizar la situación social de los pueblos afectados.

Por cierto ya hubo una reunión en la Secretaría de Gobernación coordinada por Lázaro Cárdenas Batel y a la que asistió entre otros el padre Gabriel Espinoza con delegados de las comunidades y los titulares de Semarnat y Conagua, quienes confirmaron que las dependencias públicas no daban su aval al acuerdo firmado entre Jalisco y Guanajuato”, expuso con cierto tono de alivio el presidente de la Fundación de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, Benito Manuel Villagómez Rodríguez.

LA LLUVIA DA EL DOBLE DEL AGUA QUE LE SACAMOS A CHAPALA

Para el investigador de la Universidad de Guadalajara, Arturo Gleason, los datos generales de las cantidades de agua que deja el temporal de lluvias en el Área Metropolitana de Guadalajara en lo que se conoce como el Valle de Atemajac, del Cerro del 4 a la Barranca de Oblatos y del Cerro de la Reina al Cerro del Colli, deja casi 300 millones de metros cúbicos cada año, casi dos veces más de lo que le sacamos a Chapala.

Además, de aprovecharse al menos el 60% del agua que se precipita en la ZMG, dejando el 40% que se va al drenaje, se podrían captar alrededor de 5 metros cúbicos por segundo, con lo cual ya no sería necesario construir la presa El Zapotillo que prometer dotar de sólo 3 metros cúbicos por segundo a Guadalajara.

En entrevista para el programa radiofónico Cosa Pública 2.0, el experto en el tema del manejo del agua, Arturo Gleason, explicó cómo aprovechar de manera integral el agua y comentó sobre los impactos que ha tenido el crecimiento urbano y la construcción de obras en las recurrentes inundaciones.

Dijo que las inundaciones son constantes en la zona metropolitana de Guadalajara durante el temporal “y si ese líquido se reutilizara en el marco de un programa de gestión integral, sería suficiente para cubrir la demanda de agua en la ciudad, porque así se podría aprovechar alrededor de 5 metros cúbicos por segundo, de los 9 metros cúbicos por segundo que se registran en precipitaciones durante el temporal de lluvias”.

El agua -dijo-, no solo debe desalojarse, sino aprovecharse por la escasez, que es el caso de Guadalajara; el agua de lluvia debió irse al subsuelo infiltrada y no debemos tirarla a los drenajes como lo estamos haciendo hoy día, quitándosela a nuestros hijos y nietos. Detalló que en un lapso de 15 ó 20 años, los acuíferos que no tienen infiltración regular de agua, se secan, y ese es un programa grave.

Expuso que los parámetros internacionales dicen que en una cuenca urbanizada donde no medimos puntualmente, más del 50% se va al drenaje y solo 40% se quedan en las zonas de recargas, como camellones, casas que captan agua de lluvia, estrategias a nivel urbano con trincheras grandes como la de Moctezuma y Patria y lagunas urbanas; la estrategia para ello es aumentando la masa forestal y luchando hasta el cansancio por la recuperación de zonas como El Bajío.

El crecimiento de la ciudad es desordenado y con los mismos números de la Conagua se advierte una sobreexplotación de los dos acuíferos más importantes de Guadalajara, el de Atemajac y el de Toluquilla, producto de este modelo insaciable de agua que no da abasto a satisfacer la demanda de edificios, casas y avenidas que nos dejan sin agua en el subsuelo”, planteó el investigador Arturo Gleason.

ITESO, FIRME OPOSITOR A TRASVASE Y CORTINA DE PRESA A 105 METROS

Por Mario Ávila //

Que la cortina de la presa El Zapotillo no suba más allá de los 80 metros de altura que ya tiene, y que no se dé paso al trasvase por medio de un acueducto a la ciudad de León, Guanajuato, es la exigencia que plantea institucionalmente el ITESO, la universidad Jesuita de Guadalajara.

Para evidenciar la postura de sus investigadores, que ha sido la misma desde hace más de 10 años, mediante un comunicado oficial, la dirección de Comunicación Institucional del ITESO plantea: “Sin claridad del volumen de agua existente, no hay garantía para la sustentabilidad presente y futura de la región de Los Altos de Jalisco”.

Advierten que no se pueden hacer pronósticos de disponibilidad de agua, “en tanto sigan existiendo dudas serias en torno al agua disponible o balance hídrico existente y se incorporen los escenarios de aumento en la temperatura, así como los impactos múltiples derivados del cambio climático que pueden afectar profundamente a la región alteña que muestra tendencia a la sequía”.

Y abundan: “La comunidad académica del ITESO, desde hace más de una década, ha difundido en diversos medios y espacios públicos su apuesta de conocimiento por una gestión del agua con el enfoque de cuidado de la vida, que favorezca también la justicia, la paz social y la participación democrática. En este proceso la universidad refrenda su compromiso prioritario de estar cerca de organizaciones sociales y comunidades afectadas; de participar en espacios académicos, institucionales y oficiales, y seguir colaborando con organismos locales, nacionales e internacionales que tienen a la sustentabilidad del agua como eje de reflexión en los diferentes usos y servicios que provee a la sociedad y al ambiente”.

Por ello, y en congruencia con sus posturas públicas comprometidas con el cuidado de nuestra casa común, el ITESO reafirma, de forma clara y con fundamento en el principio precautorio, la exigencia de que se respeten, de forma irrestricta, todos los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales firmados por México y los que se establecen en el marco normativo nacional para proteger a las personas, los pueblos, las comunidades y ciudades, quienes pueden ser afectados, directa o indirectamente, por el proyecto hidráulico de la presa El Zapotillo, particularmente las poblaciones de Temacapulín, Acasico y Palmarejo”.

Además exponen: “En el ITESO refrendamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y con la franca disposición a colaborar con los diversos sectores para construir alternativas integrales para una gestión sustentable a largo plazo, teniendo como referente: la regeneración, el cuidado y mantenimiento de los ecosistemas que son fuentes de agua para asegurar su disponibilidad en las cuencas y los acuíferos; la deliberación y toma de decisiones de manera democrática y transparente con la participación de todos los sectores sociales en las decisiones estratégicas de la política hídrica; la distribución equitativa de recursos económicos en los diferentes componentes del ciclo del agua, y la irrestricta observancia del derecho al agua como condición para la vida”.

LAS PROPUESTAS PARA LOS ALTOS Y LA ZMG

Mediante el comunicado oficial, el ITESO advierte que en México la administración del agua, por medio de convenios, concesiones, asignaciones o proyectos hidráulicos, no puede quedarse solamente en un asunto de ingeniería especializada, datos y cálculos hidrológicos.

Plantean que una gestión integral y sustentable del agua se construye incorporando la complejidad de las dimensiones territorial, sociopolítica, jurídica, ambiental, técnica y económica, a fin de garantizar a corto y largo plazo que el uso estratégico del agua superficial, subterránea y atmosférica, no amenace los medios de subsistencia, ni incurra en violentar las instituciones y los derechos de la sociedad.

Además, exponen que las buenas prácticas indican que los proyectos hidráulicos deben ser plenamente socializados y auditables, erradicando toda práctica de simulación. Para ello las presas, los acueductos, plantas tratadoras y sistemas de distribución, así como toda la operación de los servicios de agua deben mantenerse públicos, en manos de un Estado con vocación social y en fuerte relación con las comunidades, a fin de que se contribuya principalmente al bien común y no a la acumulación de la ganancia particular. Sin esta condición pública, que implica el cuidado de lo común, se obstruye la posibilidad de cooperación y construcción colectiva de alternativas para una gestión sustentable del agua.

Por ello plantean que desde el ITESO se proponen las siguientes acciones alternativas para garantizar un uso sustentable del agua en la región alteña y el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG):

  • El cuidado y la recuperación ecológica de las fuentes que integran todo el sistema de abastecimiento. El lago de Chapala debe ser manejado como un lago vivo y no como una represa o cloaca urbana, industrial y agrícola; este cuerpo lacustre podría garantizar, bajo un manejo sustentable, agua sostenida para el AMG como sustituto de la intensiva política de presas. Es necesario el saneamiento responsable del río Lerma, el Verde, todos sus tributarios y los afluentes de los que se extrae agua.

  • Una política de recarga del agua subterránea aprovechando los diversos tipos de suelo existentes, desde los altamente absorbentes, ubicados principalmente en el valle de Tesistán, hasta aquellos que requieren un manejo inteligente de sus fracturas en las que se reserva agua, comenzando por dejar de impermeabilizarlos por medio de la carpeta asfáltica. Se necesita innovar en las tecnologías para una recarga que garantice la viabilidad para las próximas generaciones.

  • Es indispensable robustecer la resiliencia ante todos los efectos que traerá el cambio climático, se requiere avanzar de forma colaborativa y articulada con conocimiento interdisciplinario dispuesto para resolver problemas concretos de la gestión del agua y con una actuación interinstitucional e intersectorial.

  • Establecer tarifas justas y comprensivas con los hogares de menores recursos, que incorporen los costos totales del agua, tanto administrativos como ambientales; que sostengan proyectos de infraestructura bien monitoreados y perdurables, así como la incorporación de tarifas de crisis y periodos especiales relacionados con la escasez.

  • Controlar las fugas de agua en todos los sistemas físicos de infraestructura subterránea y superficial, tanto en el campo como en las ciudades. Las fugas de agua representan una irresponsabilidad pública, pues implican que toda la energía instalada para la potabilización del agua se pierda por fisuras.

  • Es necesario reducir el consumo per cápita del agua por medio de la promoción del ahorro. El cambio en las prácticas de consumo es tanto cultural como de implementación tecnológica y puede favorecerse con mayores incentivos fiscales para instalar dispositivos que mejoren el manejo de la demanda de agua en hogares, industria, ámbito rural y comunitario.

  • Los sistemas de reutilización del agua son el futuro de las ciudades e incluso del campo. Las plantas tratadoras ecológicas y de bajo consumo de energía, dirigidas a proyectos urbanos, industriales, de agricultura y de ganadería, pueden producir ciclos artificiales humanos ligados con el ciclo natural y generar alternativas basadas en el funcionamiento de la naturaleza.

  • Se deben hacer cada vez más eficientes las tecnologías de riego agrícola y consumo agropecuario. Sabemos que hay muchos esfuerzos que ya se realizan con este fin, pero el escenario cambiante del ciclo hidrológico implica aún más innovación y creatividad en ese sentido. El intercambio de experiencias nacionales e internacionales al respecto debe ser convertido en política pública de primer orden de prioridad, de tal manera que la curva de aprendizaje sea reducida.

JALISCO

Alfaro, MC y el PAN endeudarán a Jalisco con 6,200 millones de pesos más: La justificación es la pandemia

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Por Raúl Cantú //

Total manga ancha tiene el Ejecutivo del Estado para manejar el crédito de 6,200 millones de pesos cómo quiera, sin etiqueta, sin disciplina financiera y otros recursos excedentes que tendría el Gobierno del Estado durante el presente año.

Así lo explica la diputada priista Mariana Fernández, quien se convirtió en la voz más crítica que se opuso a la contratación de dicho crédito. Consideró que no había necesidad alguna de contraer una nueva deuda, ya que hay 13,120 millones de pesos disponibles que podrían redirigirse.

En lugar de eso nos presentan una reducción de estimación de ingresos, lo cual les permite ejercer a discreción los excedentes, en caso de faltantes no sujetarse al artículo 15 en la ley de disciplina financiera, todas las ampliaciones se dan en concepto de erogaciones imprevistas que es ejercicio discrecional no etiquetan ni programas de plan COVID19 y tampoco a insumos médicos”.

La realidad es que están usando esta contingencia, el dolor, el miedo y la complicada situación económica de la gente para liberarse de todos los candados que evitan que hagan mal uso del dinero a sus anchas y sin rendición de cuentas”.

LA ARGUMENTACIÓN DEL RECTOR DE LA UDEG

Si alguien conoce de presupuesto y manejo financiero del Gobierno del Eatado es el actual rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, quien en la primera mitad del gobierno que encabezó Aristóteles Sandoval, fue el titular de las finanzas estatales.

Ricardo Villanueva Lomelí en su página de Twitter antes que se diera la aprobación del endeudamiento había dejado clara la posición de esta casa de estudios en torno a contratar más deuda para el Estado de Jalisco.

En muy poco tiempo estoy intentando descifrar las iniciativas de reasignación presupuestal y la de un crédito que se quiere resolver el día de hoy en el Congreso. Hay cosas que no me quedan claras”, escribió.

En el presupuesto 2020, la Universidad de Guadalajara ya tenía asignados 320 millones de pesos para infraestructura educativa y cultural, las cuales, con esta iniciativa, se propone recortar para mandarlos a la compra de consumibles y gasto de operación”.

Pero además, ahora en el crédito solicitado se propone volverlos a colocar. Primera pregunta: ¿para qué quitarles ese dinero a la universidad si de todas formas piensan volver a poner?”.

Segunda pregunta, bajo esa lógica de quitar, reasignar y poner, ¿el crédito sería entonces para obra o para consumibles?”

Tercera interrogante, ¿si no hay crédito entonces la universidad se queda sin esa infraestructura?

LOS INSULTOS DE SALVADOR CARO

El diputado Caro nos dijo vulgares, por debatir con argumentos y cifras su solicitud del endeudamiento”, precisó la diputada Mariana Fernández al subir el viernes a la tribuna del Congreso del Estado para presentar su argumentación sobre el por qué se oponían los legisladores del PRI al nuevo endeudamiento del Gobierno del Estado por 6,200 millones de pesos que solicitó el titular del Poder Ejecutivo, Enrique Alfaro y que a la postre fue aprobado.

Nosotros sabemos que se equivoca, no hay vulgaridad en el disenso, vulgar es desacreditar con insultos a los críticos del gobierno, vulgar es decir que no van a endeudar al Estado, vulgar es burlarse de quienes votaron por ustedes y después meterles la peor deuda que tendrá Jalisco en su historia”, argumentó la legisladora priísta y prima hermana del gobernador Enrique Alfaro.

Ante el avasallamiento impuesto por el Poder Ejecutivo, con la complicidad de las cúpulas del sector privado y el silencio de la mayor parte de los medios de comunicación, desde la tribuna del Congreso del Estado se escuchó la voz de la legisladora Mariana Fernández, se convirtió en la voz crítica pero se estrelló con la aplanadora que permite la alianza entre los diputados de MC y el PAN, que le aprueban todo lo que el gobernador Enrique Alfaro ordena.

Al final se votó la contratación del nuevo crédito con 28 votos a favor y 10 en contra; los votos que se sumaron a los del PAN y MC fueron los de la diputada morenista Patricia Meza y del perredista Quirino Velázquez.

El diputado Enrique Velázquez convertida en la voz del Grupo Universidad, presentó su argumentación de por qué votar en contra de este endeudamiento. “Le están quitando recursos a un fondo de los trabajadores antiguos del Hospital Civil que no entraron al sistema de Pensiones, se está quitando dinero de infraestructura educativa, y si tanto criticamos al Presidente de la República de las formas como toma las decisiones, a veces aquí hacemos lo mismo”.

El legislador Velázquez dijo que no podían aprobar un endeudamiento cuando se desconoce el proyecto, sobre lo que no se dio debate. “Lo que necesitamos aquí es obediencia a pesar de que se vulneren esquemas de equilibrio que deberíamos tener en el Estado, por eso me parece que no se dice toda la verdad”.

LA VOZ DE MC

Al diputado Ricardo Rodríguez, presidente de la Comisión de Hacienda y Coordinador Nacional de MC en Jalisco, le tocó hacer la argumentación para la aprobación del crédito de 6,200 millones de pesos que pidió el Ejecutivo.

Dijo que la contratación del crédito no fue una decisión unilateral del Poder Ejecutivo, toda vez que se elaboró en la mesa de reactivación económica, cuyo secretario técnico es el ex presidente de Coparmex Jalisco, Mauro Garza Marín. Dijo que la crisis actual del coronavirus genera una circunstancia que hace necesario la contratación de un crédito y recordó que en anteriores gobiernos del PRI se respaldó esta medida de contratar créditos sin que hubiera una crisis como la actual.

Ricardo Rodríguez asumió el compromiso que la Secretaría de Hacienda y la de Infraestructura comparecerán periódicamente para informar sobre los gastos.

Nos sentimos satisfechos de haber tenido la capacidad de convencer a diputados y diputadas de seis de siete grupos parlamentarios que tenemos en este Congreso, para votar a favor de las iniciativas que presentó el Gobierno del Estado”.

En sus redes sociales, Ricardo Rodríguez apuntó que con este financiamiento, se busca reactivar la economía de las y los jaliscienses a través de proyectos de obra pública que traerán consigo la creación de miles de empleos.

Recordó que en los meses de abril y marzo, producto de la crisis sanitaria que enfrentamos en Jalisco, se perdieron 44 mil empleos en Jalisco. “Esta es la razón de la importancia del financiamiento de 6,200 millones de pesos para que la economía de los jaliscienses no se siga viendo más afectada y poder reactivar la economía del Estado.

SON 11,500 MILLONES DE DEUDA: MARIANA

Ya me acostumbré en este sexenio a estar de luto con tantas tragedias que le ocurren a Jalisco (…) Hace poco más de 6 años el partido que hoy gobierna se indignaba por la aprobación de una deuda por algo así de 2 mil 500 millones de pesos, decían que se estaba hipotecando el futuro de Jalisco y que eso los ponía muy triste. Hoy están por aprobar un nuevo crédito, el segundo apenas en 531 días de su administración. Esa administración que prometió que no volvería a endeudar a Jalisco, pero claro, eran campañas”, expuso Mariana Fernández.

Aquí los argumentos que esgrimió en el debate:

En total el gobierno de MC habrá solicitado 11 mil 450 millones de pesos. Nos han endeudado con 33 millones de pesos por cada día que han gobernado, eso sin contar con los intereses que estos créditos están generando. Esta nueva propuesta de endeudamiento por 6 mil 200 millones de pesos se colocará en el mercado bursátil, no habrá certeza de la tasa de interés que vamos a estar pagano. El riesgo que se corre es muy grande, una previsión optimista estima que los intereses alcanzarán los 6 mil 537 millones de pesos, es decir, pagaremos más de intereses que lo que se tendrá disponible para gastar. La suma de pagos de capital e intereses al terminar el plazo será de 11 mil 737 millones de pesos, de ese tamaño es el compromiso que están autorizando”.

Ya sabemos que no les interesa mucho, la prueba está en todas las pequeñas deudas que han contratado a través de pagos multianuales. A toda máquina, renta de equipo fotocopiado, renta de autos y vehículos para funcionarios, otros muchos rubros de los que ya hemos hablado. Alguien tal vez, vendrá a decir que así les dejaron el estado, hecho trisas sin oportunidad de manejar adecuadamente las finanzas, luego se va a contradecir porque aseguraban que Jalisco hoy tiene una buena calificación crediticia y finanzas sanas, que por eso aún pueden endeudar el estado por ese monto”.

Vamos haciendo un análisis de lo que está sucediendo. En 2003 los compromisos financieros de Jalisco eran apenas de 2 mil 668 millones de pesos, poco a poco se fueron adquiriendo nuevas deudas entre 2007 y 2012, se pasaron de 4 mil 400 millones de pesos, a 14 mil 362 millones, si recordarán a Emilio González Márquez. Luego vino el PRI, sí, el terrible PRI, ahí se reestructuró la deuda, y para 2016 se creció a 20 mil 186 millones, pero hasta ese momento y el año pasado, los compromisos de Jalisco y la deuda empezaron a descender y se empezaron a pagar. Sí, aunque les parezca terrible el PRI, fue una administración de nuestro partido en la única donde la deuda empezó a bajar, producto de la austeridad, el PRI sí rescató las finanzas del estado”.

En cambio, con el partido que no iba a endeudar a Jalisco, el saldo que se debe el gobierno pasó de 19 mil 761 millones de pesos al comienzo de 2019, ahora la cifra gracias a ustedes llegará a 30 mil 641 millones de pesos, esto quiere decir que más del 68 por ciento de la deuda que deberá Jalisco será gracias a MC. La deuda adquirida por este primer año de gobierno de MC ya es más alta que la de cualquier otro periodo y eso que apenas van empezando”.

Ya dijimos que la deuda se colocará en el mercado bursátil, eso es terrible para nuestra certeza financiera. Aunque haya un apartado donde especifican cantidades destinadas a conceptos abstractos, no especifican las obras a las que destinarán el recurso. Quieren el dinero antes de tener un plan delineado de trabajo, cómo supieron cuánto dinero necesitaban. También piden que se pueda ejercer la deuda hasta 2021, que casualidad, en año electoral, entonces dónde estaba urgencia. Hablan de un boquete de 5 mil millones de pesos y lo que en realidad están haciendo es recortar obras que ya estaban programadas para poder usar discrecionalmente el dinero que iban a usar en ellas y financiarlas como siempre, al doble de su costo”.

También van a argumentar que ya tienen un plan de austeridad que ya es opaco, no señalan qué programas se van a afectar, pero vamos a revisarlo hasta donde nos dejan. En lugar de reducir la publicidad, que solo se redujo el 8 por ciento, claro, no vayan a atentar contra los negocios de sus empresas de publicidad, o reducir en renta de carros, prestaciones extraordinarias o gasto corriente, le están quitando el dinero a áreas que son muy sensibles, particularmente en estos momentos. Reducen en 5 millones de pesos el presupuesto a la Secretaría de Igualdad, escatiman en el rescate a la violencia de mujeres cuando somos más vulnerables por este encierro. Además arrebatan 25 millones de pesos a la fiscalía, 23 millones de pesos al C5 y 96 millones a la Secretaría de Seguridad, como si la seguridad pública en el estado pasara por su mejor momento”.

Debo reconocer que nos escucharon y ajustaron algunos de los recortes en áreas sensibles como les propusimos, pero creemos que sigue prevaleciendo un desbalance presupuestal y que si esto se hiciera correctamente no necesitaríamos la deuda. Dirán que no tienen dinero, pero eso no es cierto, al iniciar el presente ejercicio fiscal, sonaban en la caja 10 mil 600 millones de pesos, de los cuales 5 mil estaban en efectivo y sin compromiso para estar dispuestos a ejecutarlos libremente. Además, durante 2019 se reportaron ingresos adicionales de participaciones por 4 mil 300 millones de pesos y se registró un sub ejercicio de 3 mil 300 millones de pesos. Creo que la mayoría de mis compañeros no están ni siquiera enterados que la SIOP, en el 2019, dejó de ejercer 2 mil 500 millones de pesos en obras, que es para lo que se puede pedir el crédito”.

Por si fuera poco, en lo que va del 2020 el gobierno de Jalisco ha recibido participaciones federales superiores a 17 mil 280 millones de pesos como se habían programado hasta abril pasado. Es muy fácil la narrativa del gobierno federal de que nos está castigando, pues en las participaciones federales crecieron al 2 por ciento, Jalisco recibió 600 millones de pesos más que no tenían contemplados este año. Entonces, la federación no ha castigado y hasta el momento no se sabe que castigará a Jalisco con un solo proyecto, así que terminen con esa narrativa que son mentiras”.

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JALISCO

Acusan de daño moral a Jorge Carlos Ruiz por hacer afirmaciones falsas que dañan imagen de empresa GAP

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Por Diego Corona // 

El contralor ciudadano independiente Jorge Carlos Ruiz Romero deberá responder por la acusación de daño moral que presentó ante la justicia el representante legal de la empresa Distribuidora Química y Hospitalaria GAP y que se cuantifica que podría ascender a un millón de dólares al hacer afirmaciones el hoy acusado de que esta empresa obtuvo contratos irregulares de dependencias del Gobierno del Estado.

Fue el pasado 4 de febrero cuando el contralor ciudadano independiente en una rueda de prensa presentó estas afirmaciones y que pueden ser observadas en internet en la página de la red social de Facebook de Jorge Carlos Ruiz Romero. “Las afirmaciones las hace sin bases legales ni con documentos fehacientes que lo acrediten”, señala el representante legal de la empresa Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, Jesús Ortega Martínez.

En esa rueda de prensa, Ruiz Romero acusó a de la empresa Distribuidora Química y Hospitalaria GAP por contravenir la Ley de Compras Gubernamentales al recibir supuestamente adjudicaciones directas superiores a los 234 millones de pesos y ser además sancionada por supuestas ventas a sobreprecio.

El abogado de la empresa Distribuidora Química y Hospitalaria GAP , José Hidalgo Sánchez, en la demanda que presentó ante la justicia civil considera que estas aseveraciones sin fundamento alguno causan daño moral a la empresa que representa, en su prestigio, en su nombre, en su reputación que sin sustento legal alguno el demandado Jorge Carlos Ruiz Moreno haya afirmado lo siguiente: “encontramos una empresa que fue sancionada, fue retirada este de los contratos que se llama Química Distribuidora Química y Hospitalaria GAP que en el mes de Julio pasado cancela los contratos pero vamos a investigar tiene compras en adjudicaciones directas, escúchenlo bien, por más de 234 millones de pesos”.

El abogado José Hidalgo subraya el que Jorge Carlos Ruiz Romero haya afirmado que su representada “fue sancionada y retirada de los contratos, afirma un hecho falso que no fueron autorizados por mi representada y sin su consentimiento, siendo también que a la postre y derivado de dichas afirmaciones sin sustento, generan un sentimiento de rechazo y desprestigio que afecta a mi representada para no ser invitada a participar en convocatorias públicas a efectos de otorgar los servicios a los que se dedica, puesto como se afirma, y contrario a lo establecido por el demandado, mi representada nunca ha sido sancionada, ni se le ha cancelado contrato alguno, entonces con dicha declaración llena de dolo y falsedad se le infringe un daño moral a mi representada y lesiona sus intereses”.

Asimismo, con la difusión que hizo el demandado al haber subido el video a la Red Social Facebook, toda las personas que lo hayan visto se quedan con una percepción e imagen de que representada es una empresa que ha sido sancionada por contratos irregulares, lo cual no es cierto ni real, pero esa impresión queda en las personas que ven la red social, lo cual perjudica en el aspecto moral y económico a mi representada, en su prestigio y honor.

Las pruebas que presenta Ortega Martínez destaca una certificación de hechos que refiere a un video que fue subido a Facebook que contiene la declaración del contralor ciudadano, acompañada de una nota que se publicó en el portal de mural.com, y en el mismo diario Mural.

Una segunda prueba corresponde al memorándum del 15 de julio de 2019, firmado por el director general de Regiones Sanitarias del OPD Servicios de Salud Jalisco, Emmanuel Hernández Vázquez en que se asevera que GAP, cumplió satisfactoriamente con el servicio integral de Bancos de Sangre para sus unidades.

De igual forma se entregó un oficio con fecha 2 de diciembre de 2019, emitido por el director de área de Responsabilidades y de lo Contencioso, Francisco Javier Islas Godoy de la Contraloría del Estado, en la cual esta dependencia aprobó un convenio entre la empresa GAP y el OPD SSJ, en que se da punto final a las controversias existentes entre las dos partes y deja de existir entre las partes un procedimiento de recisión administrativa vigente.

Con esta documentación se desmiente la afirmación de Jorge Ruiz Romero, que no fue sancionada ni le fueron retirados los contratos.

Respecto al daño moral que ocasionaron las declaraciones de Jorge Ruiz Moreno a la empresa GAP, el abogado de ésta, José Hidalgo Sánchez, señala que su representada ha encontrado rechazo, toda vez que antes de entregar cualquier tipo de documentación para participar en licitaciones públicas, “ya se encuentra estigmatizada como la sancionada, y genera un sentimiento de que no es una empresa que cumpla debidamente con los contratos, lo cual no es cierto, y este rechazo es producto de las imputación falsa y dolosa que hizo el demandado, manifestando que los hechos precisados en el presente punto les consta a los testigos de nombre Alberto Jiménez Martínez y Rogelio Guerra Mármol, los cuales en su momento será presentado su testimonio”.

LA RESPUESTA DE JORGE RUIZ ROMERO

El contralor ciudadano Jorge Ruiz Romero ante estas acusaciones dio su versión y presentó una publicación de la Secretaría de Salud con fecha del 23 de julio del pasado año en la que se informa que la OPD de SSJ rescindió contrato con la empresa Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, S.A de C.V., para el servicio subrogado de pruebas de laboratorio y estudios de gabinete para pacientes del Seguro Popular, Seguro Médico Nueva Generación, Gastos Catastróficos y población abierta de la red de Laboratorios del Estado de Jalisco.

Jorge Ruiz Romero envío un segundo archivo a la redacción de Conciencia en el que se señala que tras señalamientos, Gobierno de Jalisco cancela el proceso de licitación de medicamentos y servicios de salud y ordena reanudarlo bajo un nuevo modelo de máxima exposición pública., de acuerdo a publicación del de noviembre del 2019.

LA EXIGENCIA DE GAP A JORGE RUIZ ROMERO

En la demanda que presentan ante la autoridad civil contra Jorge Carlos Ruiz Romero, Jesús Ortega Martínez en su condición de representante de Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, demanda lo siguiente:

  1. Que el demandado Jorge Carlos Ruiz Romero realice una rueda de prensa en los mismos términos de la que se desprende el daño moral causado a mi representada, y se retracte de que mi mandante nunca ha sido sancionada, ni ha obtenido contratos irregulares ante dependencias del Gobierno del Estado de Jalisco.

2).- Por el pago de los daños morales que el juez determine, de acuerdo a los derechos lesionados, el deshonor y el desprestigio que causaron a mi representada, por las indebidas e falsas afirmaciones que causo el demandado en contra de mi representada, mismas que solicito se cuantifiquen en ejecucion de sentencia.

3).- Por el pago de gastos y costas judiciales que se originen con motivo de la tramitación del presente Juicio, ya que me veo en la necesidad de requerir judicialmente al demandado las acciones que se le reclaman.

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JALISCO

Que María Elena Limón se someta a la revocación de mandato: Hugo Villavicencio, presidente de Intepro Contigo

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Por Mario Ávila //

Con el inicio del mes de mayo, los alcaldes de Jalisco llegan a la mitad de su trienio y con ello se abre la posibilidad de que los ciudadanos puedan exigir, que se les someta a un proceso de evaluación popular, a fin de determinar si siguen en el cargo o son removidos.

La primera que podría ser sentada en el “banquillo de los acusados”, aprovechando el contenido ya vigente de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco, particularmente en lo que se refiere a la Revocación de Mandato, podría ser la presidenta municipal de Tlaquepaque, María Elena Limón.

Ello luego de que Hugo Villavicencio Gallardo, presidente de Intepro Contigo, A.C., encabezando a medio centenar de ciudadanos habitantes de Tlaquepaque, que se dicen líderes de igual número de colonias, considera que la presidenta ha fallado en brindarle a los habitantes de su municipio las condiciones mínimas para salir de la pobreza extrema, protegerlos de la inseguridad, superar el grave desempleo y brindarle los servicios de salud.

Para ello ya turnó una carta de intención con la firma de 50 personas a la autoridad electoral en la entidad, es decir el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, anunciando su intención de cumplir con los requisitos de recabar el 3% de las formas de ciudadanos registrados en el Padrón Electoral del Municipio, es decir, para formalizar la petición tendría que conseguir el visto bueno de alrededor de 6 mil tlaquepaquenses.

Sin embargo, si todo el trámite administrativo prospera, la autoridad electoral organizaría la consulta en la que para que se pueda cumplir la exigencia de los ciudadanos convocantes, de que la alcaldesa sea separada del cargo, se debe alcanzar al menos un voto más de los que votaron por ella en la elección inmediata anterior.

Vale la pena recordar que en la elección 2018, en pro de María Elena Limón votaron 86 mil 370 ciudadanos, y por lo tanto esa sería la barrera que tendrían que superar los ciudadanos inconformes. A este número de votos llegó María Elena Limón, gracias a la alianza que realizó MC con el PAN y el PRD en este municipio, ya que si la alcaldesa hubiera representado solo a MC, solo habría superado con escasos 58 votos a Morena. En el cómputo final MC obtuvo 58 mil 697 sufragios, Morena 58 mil 639, PAN 21 mil 812 la alianza recibió 3 mil 657 y el PRD 2 mil 204 votos.

Hugo Villavicencio, activista y líder de los quejosos, ya le turnó incluso una carta la alcaldesa el pasado 27 de abril, para exhortarla a que sea ella quien ofrezca voluntariamente ser sometida a la herramienta democrática que ofrece la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco, en su capítulo VIII, artículo 82, referente de la Revocación de Mandato.

Ello para que en los 120 días posteriores, una vez cumpliendo el requisito de juntar las firmas del 3% del Padrón Electoral en el municipio, tal como lo marca el ordenamiento legal, sea el IEyPC el que lleve a cabo este ejercicio democrática de participación ciudadana.

Luego de que se formalice la petición, en los cuatro meses posteriores se habrá de efectuar un proceso de consulta a la ciudadanía, en el que para prosperar el rechazo a que la alcaldesa siga en el cargo, se debe obtener un voto más del total de los votos que conquistó en la elección inmediata anterior en la que resultó electa”, dice la misiva.

Y abunda: “Sin embargo en contra parte, si es el deseo de los ciudadanos de Tlaquepaque, el seguir gobernados bajo sus directrices, los ciudadanos promoventes de esta herramienta, habremos de reconocer su valor democrático, su profesionalismo, pero sobre todo su interés en mantener la credibilidad de su pueblo”.

EVALUAR A ALCALDES

Tal como se anticipó en Tlaquepaque, también ya se dieron muestras en Zapopan de iniciar con un procedimiento similar en contra del alcalde Pablo Lemus, particularmente iniciado por los trabajadores del DIF Zapopan (SideDIF) y apuntalado por los sindicatos adheridos a la Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco (FEDETJAL), que lidera Martha Elia Naranjo Sánchez.

Por cierto ambos alcaldes se encuentran en su segundo período de gobierno, es decir triunfaron en la elección del 2015 y aprovechando las reformas a la ley electoral se reeligieron en el 2018, lo que significa que algo muy diferente hicieron en este segundo período, que no ha gustado a los gobernados que incluso es muy probable que hasta hayan votado por el munícipe en turno.

De ahí que no debe resultar extraño que entre los meses de mayo y agosto se sumen los habitantes de otros municipios, solicitando que su alcalde sea sometido al escrutinio social, para determinar si continúa su gobierno de 3 años o es separado del cargo.

Vale la pena mencionar que en los casos de María Elena Limón y Pablo Lemus, ambos ya fueron sometidos a un procedimiento similar a la mitad de su primer período de gobierno, solo que con las grandes diferencias de que en aquellos casos se llamada “Ratificación de Mandato” y el escrutinio y cómputo era organizado por la propia autoridad municipal, no por el órgano electoral del Estado, por lo que los resultados fueron ampliamente satisfactorios para los munícipes cuyo desempeño hoy es puesto en tela de duda.

Hoy lo que no queremos –dijo Hugo Villavicencio Gallardo, presidente de INTEPRO Contigo, A.C.-, es que el procedimiento lo hagan ellos mismos, en donde ellos lo organizan, ellos lo ejecutan, ellos lo coordinan, ellos cuentan los votos y salen abiertamente victoriosos. Hoy queremos que sea la autoridad electoral la que haga el procedimiento”.

Tenemos que juntar las formas del 3% del padrón electoral en el municipio –abundó-, que calculamos nosotros que es de cerca de 6 mil firmas. Lo primero que presentamos al IEyPC un documento con la firma de 50 líderes de diferentes colonias del municipio y estamos preparando ya en la siguiente semana una reunión con 100 líderes para empezar a poner módulos para que la gente, obviamente tomando las precauciones necesarias para evitar riesgos de contagio, pueda asistir a firmar. Y ya con los 100 líderes, será muy fácil llegar a estas 100 colonias de donde creo que fácilmente saldrán las 6 mil firmas, para que el Instituto nos pueda avalar el primer documento de Revocación de Mandato. Ya tenemos la luz verde de la autoridad electoral”.

A la pregunta de si el primer periodo de gobierno de María Elena Limón fue bueno, o a qué adjudicaba que haya logrado su reelección, planteó: “No, fue un mal gobierno pero tuvo a su favor dos cosas, primero que aprovechó muy bien el presupuesto y la nómina para controlar a un gran equipo, movilizar gente y operar con lo que sea necesario. Esa posibilidad ya no la tendrá ahora porque ya no puede intentar este mismo procedimiento. Y la segunda opción que tuvo a su favor fue que no había grandes opciones compitiendo por la alcaldía y la gente por supuesto tenía pánico de que existiera la posibilidad de que regresaran los Barba”.

A sabiendas de que la aduana seria no son las 6 mil firmas, sino conseguir después 86 mil 370 más 1, Hugo Villavicencio Gallardo planteó: “Sé que es complejo, sé que está complicado, pero queremos jugárnosla, queremos ver hasta dónde llega el nivel de hartazgo de la gente y lo tenemos claro, sabemos que con los 6 mil firmas, nos dará el impulso para conseguir los votos que se necesiten, uno más de con los que ganó en la elección inmediata anterior. No es fácil, pero tampoco queremos que esto se quede aquí, a lo que tengamos que apostarle, creo que sí podemos lograrlo”, expuso.

LA SALUD, TEMA QUE DOMINA VILLAVICENCIO

Uno de los principales motivos es porque Villavicencio Gallardo ha estado recorriendo las calles de Tlaquepaque, desde hace tiempo, es porque tiene una asociación civil que está apoyando a la gente. “Intepro Contigo, A.C., con ella me dedico al tema de salud, apoyamos con atención médica a la gente más necesitada, principalmente ambulatoria, nada de hospitalización, por ejemplo hemodiálisis, rehabilitación física, medicamentos, aplicación de medicamentos, somos un centro oncológico, trabajamos mucho para aseguradoras y para algunas instituciones de gobierno que subrogan el servicio privado a empresas como la nuestra, como el IPEJAL, Banrural e inclusive tenemos un contrato con la Fiscalía del Estado para tener una unidad de hemodiálisis dentro del penal de Puente Grande. Aquí está el único penal del país y de Latinoamérica, que tiene dentro de sus instalaciones una unidad médica para brindar el tratamiento a los reos.

Hemos ayudado, soy de Tlaquepaque, he conocido algunas colonias y he visto un rezago importantísimo en el 70% de las colonias. Fuera del primer cuadro, que es lo que todo mundo conoce como la parte bonita de Tlaquepaque, hay un rezago impresionante, no hay calles, no hay alumbrado público, la inseguridad es el pan de cada día, balaceras por todos lados, lo mismo en el primer cuadro de la ciudad y en la colonia Las Huertas.

Ahora con la contingencia por el COVID-19 implementamos un programa que se llama ‘Apoyo a mil familias’ y consiste en entregar alimentos; estamos a punto de terminar la entrega de las primeras mil despensas, y digo las primeras mil porque no podemos dejar el apoyo en una sola despensa, tendremos que repetirlo porque empezamos cuando estaba la fase dos, pero obviamente esto va a tardar aún más”, planteó el líder social que ahora se ha echado a cuestas una tarea política, que tiene que ver con la intención de sacar a María Elena Limón de la Presidencia de Tlaquepaque”.

Y conocedor del tema de salud, Hugo Villavicencio advierte con pleno conocimiento de causa, que en Tlaquepaque “no tienes una población sana porque no tienen unidades de salud que sean efectivas, tienes una Cruz Verde ‘Marcos Montero’, que está rebasada y que es solo para atenciones de primer nivel, no hay un hospital en el municipio”.

Por ejemplo, es más eficiente la Cruz Ámbar, que no depende del municipio, está apoyada y subsidiada, a mí me tocó regalarle a través de la asociación civil, un carrito rojo, un equipo de choque y una ambulancia; este equipo se lo había estado pidiendo al municipio durante 8 años y nunca pudieron apoyarla y hoy la Cruz Ámbar atiende a casi 15 mil pacientes por año de diferentes colonias, está en Parques de la Victoria, las consultas les cuentan entre 30 y 40 pesos”, comentó con orgullo el líder social.

LAS CUATRO DEFICIENCIAS DEL GOBIERNO DE LIMÓN

Y finalmente, al enunciar los cuatro pecados principales que ha cometido la alcaldesa de Tlaquepaque y que han sido el motivo suficiente para pedir que se someta a la Revocación de Mandato, Hugo Villavicencio enlistó: Pobreza, inseguridad, marginación y salud.

Si ya de por sí había pobreza –dijo-, inseguridad y marginación en Tlaquepaque, hoy con este tema se ha complicado aún más, la gente no puede salir a la calle, hay muchos despedidos de sus trabajos, no tienen manera de salir a buscar empleo o a ganarse la vida día a día, la situación se ha vuelto más compleja”.

Los apoyos económicos que se prometieron desde el ayuntamiento para mil familias y por 4 mil pesos, no llegan, no hay una sola persona que pudiera constatar que haya recibido el apoyo, la mayoría de la gente dice que en los teléfonos que dieron, nunca contestaron y a la gente que iba personalmente al ayuntamiento, se les decía que ya se habían entregado”.

En esta tarea asistencial –abundó-, he visitado dos colonias por día, en donde celebro reuniones con entre 50 y 100 personas y al día de hoy no he podido constatar un solo apoyo. María Elena Limón desde 2015 ha cometido miles de anomalías, temas de corrupción se documentan día a día. Eliminó el sistema anticorrupción en el municipio porque no le conviene que le estén vigilando el uso que le da al de recursos públicos. Sabemos que arregló su casa con personal y presupuesto público.

Las colonias no tienen cercanía con ninguna autoridad -sentenció-, no los visitan y cuando los colonos van a buscar a sus gobernantes a sus oficinas, no los atienden, prefieren hacer obra solo en el centro, en el Pueblo Mágico, removieron las banquetas del primer cuadro dizque para meter una tubería o no sé qué diablos inventaron y a qué precio pagaron las obras. Hacen obra solo en la parte del municipio que la gente más ve, pero el centro no es todo Tlaquepaque, el municipio son las 240 colonias que están en la marginación total.

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