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REPORTAJES

La lucha jurídica contra de académicos y activistas: ITESO, firme opositor del trasvase de agua a León

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Por Mario Ávila //

Las posiciones no han variado desde hace 15 años que surgió el proyecto de construcción de la presa El Zapotillo, el gobierno ha tenido en los empresarios y los ingenieros a sus mejores aliados; mientras que los académicos de la UdeG y el ITESO, así como los activistas como Manuel Villagómez Rodríguez, han ratificado su postura en contra de la opción de realizar magnas obras de ingeniería hidráulica.

Ellos están contra la construcción de presas y plantean que se debe optar por políticas de gestión integral del agua, como el aprovechamiento del agua de lluvia; o bien que León se surta de agua del río Lerma, vía la presa Solís, la laguna de Yuriria y de ahí a través de un acueducto construido en tierras de Guanajuato, llegue por gravedad a León.

En esta disputa, hasta hoy va ganado la postura de los cuatro gobernadores que han tenido que ver con el proyecto, los panistas Francisco Javier Ramírez Acuña y Emilio González Márquez, el priísta Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y ahora se ha sumado el abanderado de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez.

Los dos últimos gobernadores han cambiado radicalmente su discurso, su postura estaba en contra cuando eran candidatos y cuando ya llegan al poder, muestran otra cara y se manifiestan a favor de la magna obra, a sabiendas de que se requiere para ello un gasto de más de 50 mil millones de pesos (de los que ya se han erogado casi la mitad) y se extingan los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, asentados en tierras de los municipios de Cañadas de Obregón y Mexticacán.

La vía jurídica ha sido la vía más efectiva que han manejado los opositores al trasvase y evitar que el último de los proyectos prospere, esto es, que el trasvase de la presa El Zapotillo se haga efectivo a la ciudad de León.

La corrupción es otro elemento que se ha hecho presente, principalmente con la construcción de la presa de El Zapotillo y que quedó de manifiesto con la contratación de la empresa española Abengoa, a quien se le asignó la construcción y la responsabilidad de la distribución del agua del acueducto que llevará el vital líquido a las tierras de Guanajuato.

Incluso la empresa Abengoa, que previamente se había declarado en estado de quiebra en España, ya se había echado a la bolsa 604 millones de pesos que se sacaron de las finanzas del Instituto de Pensiones del Estado, propiedad de los 150 mil trabajadores jubilados y en activo del Gobierno del Estado, los municipios y los organismos públicos descentralizados, que deberían ser utilizados esencialmente en el sistema de salud y el pago de las pensiones a los jubilados.

A favor de la cortina se eleve a 105 metros de altura y que hace cabeza están los técnicos del Colegio de Ingenieros Civiles, lo mismo que los organismos cúpulas del sector privado que se aglutinaron en el denominado Consejo Consultivo del Agua, A.C. y que recientemente le plantearon al presidente Andrés Manuel López Obrador, en voz de César de Anda Molina, la necesidad de reiniciar el proyecto de la construcción de la presa de El Zapotillo, con una cortina de 105 metros de altura, una vez que paralelamente los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, lograron un nuevo acuerdo de distribución de las aguas del caudal del río Verde.

El ingeniero Enrique Dau Flores, ha sido el técnico y político que ha estado desde hace un cuarto de siglo al frente de este tipo de grandes proyectos y ha encabezado las fallidas inversiones y proyectos de la Presa de Arcediano en el fondo de la barranca de Oblatos, la Presa de San Nicolás en el poblado de San Gaspar de los Reyes en el municipio de Teocaltiche y finalmente en el proyecto de la zona de El Zapotillo, entre los municipios de Cañadas de Obregón y Mexticacán. En todos ellos se ha gastado ya más de 25 mil millones de pesos en 24 años de proyectos, estudios y obras, y le han dado un únicamente un metro cúbico por segundo de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

LA REUNIÓN DE VILLAGÓMEZ CON AMLO

Para uno que madruga, uno que no duerme”. Este refrán aplica a la perfección para el caso de la presa El Zapotillo, ya que mientras en una maniobra conjunta, los 51 empresarios jaliscienses aprovecharon el par de reuniones que les ofreció al presidente Andrés Manuel López Obrador, para pedir la conclusión de la presa a 105 metros; de manera sincronizada los gobernadores de Jalisco y Guanajuato plantearon un nuevo acuerdo de distribución del agua del río Verde 76-24% respectivamente.

Con ello quisieron adelantarse y sorprender cerrando la pinza en el tema, sin contra que desde un año antes, Manuel Villagómez Rodríguez, presidente de la Fundación Lerma-Chapala-Santiago, ya le había dado santo y seña del lado oscuro de la obra El Zapotillo.

Concretamente en la edición del 27 de agosto del 2018 el semanario Conciencia Pública, da cuenta de las reuniones que Villagómez sostuvo con el entonces presidente electo y con el que en ese tiempo jugaba el papel de Jefe de Gabinete, el empresario Alfonso Romo, a quien le entregó todo el expediente de los en ese entonces 13 años de lucha intensa que retrataba todas las anomalías en la construcción de la obra y a la vez planteaba las alternativas de solución.

En concreto, Villagómez Rodríguez plantea que la cortina de la presa quede en los 80 metros como hasta ahora ya está y que el agua que ahí se almacene sirva exclusivamente para atender las necesidades de Jalisco, es decir de los pueblos de Los Altos y de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Pero el agua para la ZMG no sería atendiendo al proyecto original, sino cancelando el pequeño embalse de Purgatorio que será muy costoso por el pago de la electricidad que se necesita para bombear el agua a 500 metros de altura, para que después se distribuya por gravedad desde el extremo Oriente del área conurbada; sino atendiendo al viejo proyecto de trasladar el agua de El Zapotillo a Loma Larga, luego a la presa Calderón de ahí a la ZMG.

Hoy más que nunca el empresario que se ha distinguido por su lucha incansable por aprovechar el agua del río Verde, mantiene vigente su propuesta y abunda que para cumplir con el acuerdo que ya se hizo con Guanajuato, se puede intercambiar el agua del verde por agua del río Lerma, que resultaría 70% más barato captando el agua en la presa Solís, trasladándola luego a la laguna de Yuriria, para de ahí ser enviada a León a través de un colector que se construiría exclusivamente en tierras de Guanajuato.

Hoy día, además de suscribir las propuestas que nos hizo en entrevista un año atrás, Manuel Villagómez, quien fuera diputado local en la Legislatura LVI, donde se caracterizó por su defensa del Lago de Chapala, dijo sin tapujos: “Le deseo éxito al gobernador Enrique Alfaro en su propósito de dotar de agua del río Verde a la ZMG, pero sin que la tenga que compartir con Guanajuato, en particular para León”.

Para eso, insiste en que León puede tomar agua del río Lerma y que consiste en almacenar agua reservada para ello en la presa Solís, bajarla por el río Lerma, pasarla a la laguna de Yuriria y de ahí llevarla a León, Guanajuato.

La infraestructura ya está, solo habrá que construir el acueducto Yuriria-León, de menos kilómetros que desde El Zapotillo, con el 70% de ahorro en energía. Esta propuesta beneficia a Jalisco y Guanajuato, se trata de que Guanajuato ceda a Jalisco los 120 mm3 que tiene reservados de agua en el río Verde, a cambio de 120 mm3 de las aguas del río Lerma.

Con ello se evitaría la necesidad de que AMLO ceda en crecer a 105 metros de altura en la cortina de la presa de El Zapotillo y se salvaría Temacapulín”, expuso el empresario de la industria de la maquinaria para trabajar la masa y la tortilla.

Los que están presionando -dijo-, son los integrantes del Consejo Consultivo del Agua, A.C. integrado por 51 empresarios de Jalisco de todas las actividades económicas, y algunas cúpulas que la ven como “Presa de Oro” por la corrupción y los negocios que han hecho alrededor de ella.

Recordó la evidente corrupción que ha quedado demostrada con el contrato de Abengoa, S.A. de C.V. “y la corrupción alcahueta de las autoridades que le dieron 604 millones de pesos de los fondos de IPEJAL y los 90 millones de pesos que se pagaron a la UNOPS para que le dieran al exgobernador Jorge Aristóteles un dictamen favorable de la cortina a 105 metros”.

Y recalcó: “Ahora viene César de Anda del CCA y le solicita a AMLO que conforme el Acuerdo de Entendimiento entre Jalisco y Guanajuato, apoye con el dinero para construir la presa El Zapotillo a 105 metros y los acueductos, a lo que el presidente remarcó que aún tendría que analizar la situación social de los pueblos afectados.

Por cierto ya hubo una reunión en la Secretaría de Gobernación coordinada por Lázaro Cárdenas Batel y a la que asistió entre otros el padre Gabriel Espinoza con delegados de las comunidades y los titulares de Semarnat y Conagua, quienes confirmaron que las dependencias públicas no daban su aval al acuerdo firmado entre Jalisco y Guanajuato”, expuso con cierto tono de alivio el presidente de la Fundación de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, Benito Manuel Villagómez Rodríguez.

LA LLUVIA DA EL DOBLE DEL AGUA QUE LE SACAMOS A CHAPALA

Para el investigador de la Universidad de Guadalajara, Arturo Gleason, los datos generales de las cantidades de agua que deja el temporal de lluvias en el Área Metropolitana de Guadalajara en lo que se conoce como el Valle de Atemajac, del Cerro del 4 a la Barranca de Oblatos y del Cerro de la Reina al Cerro del Colli, deja casi 300 millones de metros cúbicos cada año, casi dos veces más de lo que le sacamos a Chapala.

Además, de aprovecharse al menos el 60% del agua que se precipita en la ZMG, dejando el 40% que se va al drenaje, se podrían captar alrededor de 5 metros cúbicos por segundo, con lo cual ya no sería necesario construir la presa El Zapotillo que prometer dotar de sólo 3 metros cúbicos por segundo a Guadalajara.

En entrevista para el programa radiofónico Cosa Pública 2.0, el experto en el tema del manejo del agua, Arturo Gleason, explicó cómo aprovechar de manera integral el agua y comentó sobre los impactos que ha tenido el crecimiento urbano y la construcción de obras en las recurrentes inundaciones.

Dijo que las inundaciones son constantes en la zona metropolitana de Guadalajara durante el temporal “y si ese líquido se reutilizara en el marco de un programa de gestión integral, sería suficiente para cubrir la demanda de agua en la ciudad, porque así se podría aprovechar alrededor de 5 metros cúbicos por segundo, de los 9 metros cúbicos por segundo que se registran en precipitaciones durante el temporal de lluvias”.

El agua -dijo-, no solo debe desalojarse, sino aprovecharse por la escasez, que es el caso de Guadalajara; el agua de lluvia debió irse al subsuelo infiltrada y no debemos tirarla a los drenajes como lo estamos haciendo hoy día, quitándosela a nuestros hijos y nietos. Detalló que en un lapso de 15 ó 20 años, los acuíferos que no tienen infiltración regular de agua, se secan, y ese es un programa grave.

Expuso que los parámetros internacionales dicen que en una cuenca urbanizada donde no medimos puntualmente, más del 50% se va al drenaje y solo 40% se quedan en las zonas de recargas, como camellones, casas que captan agua de lluvia, estrategias a nivel urbano con trincheras grandes como la de Moctezuma y Patria y lagunas urbanas; la estrategia para ello es aumentando la masa forestal y luchando hasta el cansancio por la recuperación de zonas como El Bajío.

El crecimiento de la ciudad es desordenado y con los mismos números de la Conagua se advierte una sobreexplotación de los dos acuíferos más importantes de Guadalajara, el de Atemajac y el de Toluquilla, producto de este modelo insaciable de agua que no da abasto a satisfacer la demanda de edificios, casas y avenidas que nos dejan sin agua en el subsuelo”, planteó el investigador Arturo Gleason.

ITESO, FIRME OPOSITOR A TRASVASE Y CORTINA DE PRESA A 105 METROS

Por Mario Ávila //

Que la cortina de la presa El Zapotillo no suba más allá de los 80 metros de altura que ya tiene, y que no se dé paso al trasvase por medio de un acueducto a la ciudad de León, Guanajuato, es la exigencia que plantea institucionalmente el ITESO, la universidad Jesuita de Guadalajara.

Para evidenciar la postura de sus investigadores, que ha sido la misma desde hace más de 10 años, mediante un comunicado oficial, la dirección de Comunicación Institucional del ITESO plantea: “Sin claridad del volumen de agua existente, no hay garantía para la sustentabilidad presente y futura de la región de Los Altos de Jalisco”.

Advierten que no se pueden hacer pronósticos de disponibilidad de agua, “en tanto sigan existiendo dudas serias en torno al agua disponible o balance hídrico existente y se incorporen los escenarios de aumento en la temperatura, así como los impactos múltiples derivados del cambio climático que pueden afectar profundamente a la región alteña que muestra tendencia a la sequía”.

Y abundan: “La comunidad académica del ITESO, desde hace más de una década, ha difundido en diversos medios y espacios públicos su apuesta de conocimiento por una gestión del agua con el enfoque de cuidado de la vida, que favorezca también la justicia, la paz social y la participación democrática. En este proceso la universidad refrenda su compromiso prioritario de estar cerca de organizaciones sociales y comunidades afectadas; de participar en espacios académicos, institucionales y oficiales, y seguir colaborando con organismos locales, nacionales e internacionales que tienen a la sustentabilidad del agua como eje de reflexión en los diferentes usos y servicios que provee a la sociedad y al ambiente”.

Por ello, y en congruencia con sus posturas públicas comprometidas con el cuidado de nuestra casa común, el ITESO reafirma, de forma clara y con fundamento en el principio precautorio, la exigencia de que se respeten, de forma irrestricta, todos los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales firmados por México y los que se establecen en el marco normativo nacional para proteger a las personas, los pueblos, las comunidades y ciudades, quienes pueden ser afectados, directa o indirectamente, por el proyecto hidráulico de la presa El Zapotillo, particularmente las poblaciones de Temacapulín, Acasico y Palmarejo”.

Además exponen: “En el ITESO refrendamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y con la franca disposición a colaborar con los diversos sectores para construir alternativas integrales para una gestión sustentable a largo plazo, teniendo como referente: la regeneración, el cuidado y mantenimiento de los ecosistemas que son fuentes de agua para asegurar su disponibilidad en las cuencas y los acuíferos; la deliberación y toma de decisiones de manera democrática y transparente con la participación de todos los sectores sociales en las decisiones estratégicas de la política hídrica; la distribución equitativa de recursos económicos en los diferentes componentes del ciclo del agua, y la irrestricta observancia del derecho al agua como condición para la vida”.

LAS PROPUESTAS PARA LOS ALTOS Y LA ZMG

Mediante el comunicado oficial, el ITESO advierte que en México la administración del agua, por medio de convenios, concesiones, asignaciones o proyectos hidráulicos, no puede quedarse solamente en un asunto de ingeniería especializada, datos y cálculos hidrológicos.

Plantean que una gestión integral y sustentable del agua se construye incorporando la complejidad de las dimensiones territorial, sociopolítica, jurídica, ambiental, técnica y económica, a fin de garantizar a corto y largo plazo que el uso estratégico del agua superficial, subterránea y atmosférica, no amenace los medios de subsistencia, ni incurra en violentar las instituciones y los derechos de la sociedad.

Además, exponen que las buenas prácticas indican que los proyectos hidráulicos deben ser plenamente socializados y auditables, erradicando toda práctica de simulación. Para ello las presas, los acueductos, plantas tratadoras y sistemas de distribución, así como toda la operación de los servicios de agua deben mantenerse públicos, en manos de un Estado con vocación social y en fuerte relación con las comunidades, a fin de que se contribuya principalmente al bien común y no a la acumulación de la ganancia particular. Sin esta condición pública, que implica el cuidado de lo común, se obstruye la posibilidad de cooperación y construcción colectiva de alternativas para una gestión sustentable del agua.

Por ello plantean que desde el ITESO se proponen las siguientes acciones alternativas para garantizar un uso sustentable del agua en la región alteña y el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG):

  • El cuidado y la recuperación ecológica de las fuentes que integran todo el sistema de abastecimiento. El lago de Chapala debe ser manejado como un lago vivo y no como una represa o cloaca urbana, industrial y agrícola; este cuerpo lacustre podría garantizar, bajo un manejo sustentable, agua sostenida para el AMG como sustituto de la intensiva política de presas. Es necesario el saneamiento responsable del río Lerma, el Verde, todos sus tributarios y los afluentes de los que se extrae agua.

  • Una política de recarga del agua subterránea aprovechando los diversos tipos de suelo existentes, desde los altamente absorbentes, ubicados principalmente en el valle de Tesistán, hasta aquellos que requieren un manejo inteligente de sus fracturas en las que se reserva agua, comenzando por dejar de impermeabilizarlos por medio de la carpeta asfáltica. Se necesita innovar en las tecnologías para una recarga que garantice la viabilidad para las próximas generaciones.

  • Es indispensable robustecer la resiliencia ante todos los efectos que traerá el cambio climático, se requiere avanzar de forma colaborativa y articulada con conocimiento interdisciplinario dispuesto para resolver problemas concretos de la gestión del agua y con una actuación interinstitucional e intersectorial.

  • Establecer tarifas justas y comprensivas con los hogares de menores recursos, que incorporen los costos totales del agua, tanto administrativos como ambientales; que sostengan proyectos de infraestructura bien monitoreados y perdurables, así como la incorporación de tarifas de crisis y periodos especiales relacionados con la escasez.

  • Controlar las fugas de agua en todos los sistemas físicos de infraestructura subterránea y superficial, tanto en el campo como en las ciudades. Las fugas de agua representan una irresponsabilidad pública, pues implican que toda la energía instalada para la potabilización del agua se pierda por fisuras.

  • Es necesario reducir el consumo per cápita del agua por medio de la promoción del ahorro. El cambio en las prácticas de consumo es tanto cultural como de implementación tecnológica y puede favorecerse con mayores incentivos fiscales para instalar dispositivos que mejoren el manejo de la demanda de agua en hogares, industria, ámbito rural y comunitario.

  • Los sistemas de reutilización del agua son el futuro de las ciudades e incluso del campo. Las plantas tratadoras ecológicas y de bajo consumo de energía, dirigidas a proyectos urbanos, industriales, de agricultura y de ganadería, pueden producir ciclos artificiales humanos ligados con el ciclo natural y generar alternativas basadas en el funcionamiento de la naturaleza.

  • Se deben hacer cada vez más eficientes las tecnologías de riego agrícola y consumo agropecuario. Sabemos que hay muchos esfuerzos que ya se realizan con este fin, pero el escenario cambiante del ciclo hidrológico implica aún más innovación y creatividad en ese sentido. El intercambio de experiencias nacionales e internacionales al respecto debe ser convertido en política pública de primer orden de prioridad, de tal manera que la curva de aprendizaje sea reducida.

REPORTAJES

Jalisco no será adherido al INSABI: Nuevo choque Alfaro vs AMLO

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Por Mario Ávila //

La salud de los jaliscienses está en grave riesgo a consecuencia del nuevo dilema que enfrentará una vez más, al gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy el tema es el nuevo modelo de salud, con la extinción del Seguro Popular, al que estaban inscritos poco más de 2.8 millones de jaliscienses y el nacimiento del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

Sin embargo, lo raro es que el discurso de ambas partes es el mismo, los dos dicen que velarán por garantizar la universalidad y la gratuidad en los servicios de salud. Pero mientras el mandatario jalisciense alude al respeto a la soberanía de Jalisco, el director general del INSABI, Juan Antonio Ferrer, advierte que se debe poner fin a la millonaria corrupción benefició a la iniciativa privada, particularmente en la compra de medicamentos a sobre precio.

La nueva estrategia federal es adherir a los 32 gobiernos estatales a este nuevo modelo, mientras que lo que Enrique Alfaro pretende, es negarse a firmar la adhesión, con el argumento de rechazar la centralización y exigir que la Federación al menos aporte a Jalisco la misma cifra en millones de pesos que se recibieron en el 2019 con el Seguro Popular, es decir más de 7 mil millones de pesos, a razón de 2 mil 603 pesos por cada beneficiario registrado.

El INSABI nació con la llegada de este año y lo que busca es enmendar los errores en los que cayó el Seguro Popular, por ejemplo el elevado índice de muertes de madres durante la gestación, como ocurrió en el 2014 cuando fallecieron por esta causa según el Coneval, 872 mujeres, de las cuales 495 estaban inscritas en el Seguro Popular.

También el Seguro Popular operó con carencia de medicamentos, ya que cuando mucho se alcanzaba una máxima del 60% de abasto, se carecía de personal (médicos y enfermeras), la infraestructura es obsoleta, los insumos carentes y la corrupción excesiva, particularmente en las compras de medicamentos, al grado de que hay denuncias de desfalco por más de 83 mil millones de pesos, presentadas en su oportunidad ante la PGR.

En el caso particular de Jalisco, las denuncias que se han hecho en la operación del Seguro Popular, son en el sentido de que se inflaban los padrones, se registraban a beneficiarios de otros sistemas como el IMSS y el ISSSTE, se cobraban los servicios a sobreprecio, (particularmente las cirugías), se abusaba al beneficiar a los hospitales privados (subrogados) y se mentía de manera recurrente al momento de cobrar servicios, al extremo de poner en las listas de servicios, el nombre de varones que supuestamente eran tratados de partos. Todo ello consta en amplios reportajes publicados en medios de comunicación masiva, en particular uno elaborado hace ya casi una década por la reportera Claudia Rebeca Reynoso para Canal 4 de la televisora local.

En este inicio de año, de entrada en nosocomios como el Hospitalito de Zapopan, en el Hospital de Zoquipan y en los Hospitales Civiles, al quedar extinguido el Seguro Popular, a los usuarios que no tienen ningún tipo de seguridad social se les cobran o se les niegan las consultas, pero se ha llegado el extremo de cancelar las cirugías de alta especialidad, particularmente en los casos de los pacientes que no tiene dinero para pagar lo que se les cobra, como es el caso de Fernando Macías, quien tenía su cita desde hace tres meses para ser operado el pasado 16 de enero de cáncer de colon en el viejo Hospital Civil y sin explicación alguna simplemente se le avisó que la cirugía quedaba cancelada.

En solo dos semanas, el INSABI ha logrado la adhesión de 13 entidades federativas: Tabasco, Yucatán, Ciudad de México, Baja California, Oaxaca, Sonora, Puebla, Chiapas, Veracruz, Colima, Hidalgo, Quintana Roo y San Luis Potosí.

A la vez se trabaja en el proceso de adhesión de: Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas, Aguascalientes.

RATIFICANDO QUE, ¡ADHESIÓN, NO!

La postura del mandatario jalisciense, Enrique Alfaro Ramírez, ha sido de no adhesión al instituto y para ratificarla se ha instalado una mesa permanente en la entidad, con todos los actores involucrados del sector público de salud en Jalisco.

En ella -dijo-, vamos a preparar una propuesta específica que le vamos a presentar y a entregar personalmente al presidente de la República, con un planteamiento que sea en la ruta de un convenio de no adhesión al INSABI, pero con particularidades que nos parece que tienen que tomarse en cuenta por la circunstancia específica del estado de Jalisco. Vamos a presentar la información y el razonamiento que hay detrás de nuestra posición, lo vamos a hacer de manera conjunta, estamos trabajando con los Hospitales Civiles, vamos a escuchar y tomar en cuenta la opinión de los jefes de cada área, de Cancerología, de Cirugía Reconstructiva y de todas las instituciones que tienen que ver con el tercer nivel que vamos a incluir en esta propuesta”.

Tendremos -abundó-, un borrador de esta propuesta el día miércoles para fijar una posición como estado, que espero que cuente con un amplio consenso, se trata de ir en una propuesta muy sólida que garantice la gratuidad de la salud en Jalisco, pero a partir de un diagnóstico muy preciso y de actuar con los pies en el suelo. No se puede resolver este asunto solamente con discursos, tenemos que hacer una propuesta completa y yo confío que el presidente cuando menos escuche nuestro planteamiento y ojalá y podamos llegar a un acuerdo”.

Detalló el jefe del Ejecutivo en Jalisco, que “originalmente el planteamiento tiene dos opciones, convenio de adhesión y convenio de no adhesión, porque lo menos que establece la ley es recibir el monto del seguro popular del año anterior, entonces lo que nosotros vamos a hacer es plantear de inicio una propuesta de convenio de no adhesión, es decir Jalisco va a mantener su postura de que no vamos a entregar el sistema de salud a la Federación, por razones que vamos a explicar la próxima semana”.

Y no es capricho, quiero que se entienda por qué, no es si quiero o no quiero, imagínense qué fácil para el gobernador de Jalisco, nos desentendemos del tema de salud, ay que lo resuelva el presidente, que lo paguen, que lo arreglen, que lo resuelvan ellos, pues para mí que problema habría en eso. No, el problema es los enfermos que no van a ser atendidos, los doctores que van a estar sin seguridad laboral, las instituciones que no van a tener equipamiento, son de Jalisco y no voy a actuar con irresponsabilidad.

Entonces mi primera decisión es esta, voy a actuar con un alto sentido de responsabilidad, si hay gobernadores que quieran actuar de esa forma, es su asunto. Pero no vamos a dejar a interpretaciones nuestra postura, hay un compromiso del gobernador que quiero dejar muy claro, de que los servicios de salud van a poder garantizar el principio de gratuidad con reglas y con bases claras.

Tuvimos una reunión el pasado miércoles con los mandos en la Ciudad de México, tenemos ya la información, tenemos algunos anexos, tenemos ahora sí cuando menos condiciones para hacer alguna propuesta y esta propuesta la vamos a presentar el día miércoles. Aquí en Jalisco no nos vamos a dejar presionar, esa no es la forma, Jalisco va a actuar con un sentido de responsabilidad histórica; si yo tomara una decisión en función de si me dan mil millones de pesos o no, imagínense qué clase de gobernador sería. Yo no voy a actuar así, yo estoy escuchando a la gente que sabe de tema de salud, estamos incluyendo a todas las instituciones, estamos construyendo una posición como estado y se la vamos a proponer al presidente, no se trata de confrontarse con él, se trata de pedirle al presidente que escuche a un estado libre y soberano de la República Mexicana que tiene mucho que decir en materia de salud”, expuso Alfaro Ramírez.

Sobre el tema del dinero, el gobernador detalló para dar una idea más puntual, que “a este programa, la Federación aporta poco más del 50% de los recursos del sistema, el Estado aporta arriba del 42%, yo creo que es el estado que más aporta de recursos propios de todo el país, tenemos que entender en donde estamos parados porque en la medida que seamos claros en nuestro planteamiento, vamos a poder explicarle mejor a los jaliscienses de qué estamos hablando”.

Yo quiero ser bien claro, no hay discusión, le queremos ayudar al presidente a que los servicios de salud sean gratuitos, pero no es en el camino de colapsar a los sistemas de salud, que se va a lograr este propósito. Jalisco se va a preparar, el miércoles tendremos una propuesta, voy a buscar al presidente para entregársela personalmente y platicar el tema con él y vamos a tratar de encontrar una salida. Tenemos condiciones no hay riesgo en este momento de que deje de operar el sistema”, apuntó el mandatario estatal.

RECUADRO

EL PRD VELA ARMAS EN

DEFENSA DEL HOSPITAL CIVIL

La coordinadora de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados Federal, Verónica Juárez Piña, exhortó al Gobierno Federal a atender la solicitud de apoyo del Hospital Civil de Guadalajara, cuyo director, Jaime Andrade Villanueva, alertó que por la falta de claridad en las reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el nosocomio podría enfrentar una crisis inminente en el cuidado de los pacientes que acuden a recibir atención médica no solamente de Jalisco si no de estados vecinos como Nayarit, Colima y Michoacán. .

Las autoridades del Hospital Civil piden al Gobierno federal “una directriz clara y urgente sobre cómo continuar la prestación de servicios de salud cubiertos por el INSABI, en tanto se firman los acuerdos de colaboración entre las dependencias estatales y la federación y se publican los lineamientos, reglas de operación, y demás normatividad aplicable”.

Juárez Piña coincidió en que la falta de claridad, de presupuesto y de reglas de operación del INSABI ha generado dudas en su instrumentación, en las clínicas y hospitales adscritos; así como molestias de los usuarios que han denunciado falta de medicamentos, cobros por servicios que el Gobierno Federal y la mayoría de Morena prometieron serían gratuitos, así como de insuficiencia de personal.

Es por esa razón, dijo la diputada por Jalisco, el grupo parlamentario del PRD, que preside, solicitó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la comparecencia de los titulares de la Secretaria de Salud (SSA), del Instituto de Salud para el Bienestar, de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Jorge Alcocer, Juan Antonio Ferrer y Arturo Herrera, respectivamente; para que informen detalladamente sobre las reglas de operación y la aplicación del presupuesto asignado para Instituto, así como lo que se están haciendo para atender las innumerables quejas de pacientes y familiares.

Dijo que existe una crisis en el sector salud en el país por el engaño, la mala planeación, la falta de recursos y la pésima instrumentación del INSABI por parte del Gobierno Federal; que han provocado que clínicas y hospitales de gran importancia, como lo es el Hospital Civil de Guadalajara, enfrenten problemas que ponen en riesgo su operación inmediata y que lamentablemente los más afectados son las personas de menores recursos.

PARA SABER:

Adherirse implicaría que la atención médica quedaría en manos de la Federación, así como el control y planeación de las compras de medicamentos y la construcción de hospitales; este esquema de compras y planeación centralizadas, evita que en las entidades puedan lucrar con la salud.

Para Jalisco esto es muy importante, pues implicaría que Enrique Alfaro ya no podría beneficiar a DIMESA, farmacéutica que ha favorecido desde el Gobierno del Estado a pesar de estar vetada por el Gobierno Federal para participar en licitaciones públicas.

DIMESA ha sido una farmacéutica muy polémica en Jalisco, pues un familiar de Fernando Petersen Aranguren, Secretario de Salud Estatal, es socio accionista de la empresa, lo cual representa un posible conflicto de interés en el sector salud.

 

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REPORTAJES

Detrás de la aparente inconformidad ven boicot y sabotaje contra el INSABI: Juan Ferrer

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Por Mario Ávila //

Para Juan Antonio Ferrer Aguilar, director general del INSABI, queda claro que con el nacimiento del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), se brindarán servicios de salud en los 32 estados de la República, siempre y cuando se adhieran los estados de manera voluntaria a esta modificación a la Ley General de Salud, es decir nunca será una adhesión obligatoria.

Pero hay confianza en el funcionario federal: “A partir de que entró en vigor el Insabi me reuní con los 32 secretarios de Salud y con su equipo y platicamos todo sobre el nuevo modelo de salud y del esquema de financiamiento. Los 32 secretarios vieron que el modelo y el esquema de financiamiento es muy bueno para que se implemente en México, como una opción del modelo de salud nacional”.

No obstante, admitió que hay ciertas expresiones de molestia, pero puntualizó que a su juicio “detrás de toda esta aparente inconformidad, hay un boicot de quienes surten los medicamentos y que se ven perjudicados; hay también una campaña de desinformación como un acto de sabotaje en contra del gobierno”.

Vimos -dijo-, que los medicamentos estaban empleándose en el país, aunque no todos, tenían un precio desmedido, no era un precio justo y lo que hizo el presidente fue ordenarle a la Secretaría de Hacienda que dirigiera los concursos de compra consolidada, con lo que claro que benefició el porcentaje de abasto de los medicamentos en favor de la gente”.

Y abundó: “Un dato más, cuando acusan de que no hay presupuesto, les digo que estamos manejando 72 mil millones de pesos, cada estado de este país aporta entre 4 mil a 6 mil millones de pesos y este año el presidente ordenó recursos adicionales de 40 mil millones de pesos más, es decir ya se cuenta con una cifra cercana a los 200 mil millones de pesos y nos dicen que no hay dinero, pues porque ese dinero iba a parar a la iniciativa privada o un alto porcentaje en lugar de ir a la gente, iba a las empresas privadas”.

Y hoy, el gran cambio es que estamos privilegiando que participe la iniciativa privada, sí, pero con precio justo y con producto de calidad. Y para eso está interviniendo la Cofepris, para que vigile que todo lo que se compra, las vacunas y los medicamentos, sean con la calidad requerida. No hay simulación, si la hubiera simplemente hubiéramos dejado que se siguiera haciendo lo que siempre habían hecho, estafar en todos los rubros el dinero de los mexicanos”, expuso el titular del Insabi.

En entrevista a través de Radio Fórmula, el funcionario federal respondió a quienes acusan de que el Insabi carece de sustento normativo, financiero y operativo: “Ya el Insabi está creado por la Ley General de Salud, hay instrumentos jurídicos como el estatuto orgánico que tiene 60 días para crearse, la Junta de Gobierno por ley tiene 30 días para instalarse, las reglas de operación se emiten a través del Fondo de Salud y el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, que se va a modificar, cuenta con 180 días y lo que hemos estado haciendo por instrucción del presidente, es acortar esos tiempos”.

Se va a cumplir la palabra del presidente, se va a cumplir el artículo cuarto de la Constitución, se va a cumplir el artículo 77 bis de la Ley General de Salud que estable que tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de los servicios públicos de salud, toda persona que se encuentre en el país y que no cuente con seguridad social.

Hay una Ley de los Institutos Nacionales de Salud que en el artículo 54 se reformó el 26 de mayo del año 2000 para que se implementaran los cobros en la atención de ciertos padecimientos. A qué presidente (Vicente Fox Quezada) se le ocurrió cobrarle a las personas que no tenían seguridad social”, se preguntó.

Y precisó: “Lo que estamos cambiando fue lo que hicieron ellos mal, hoy salen a denostar y a decir que todo está mal, hoy estamos cambiando en favor de la gente, en favor de 69 millones de mexicanos que carecen de seguridad social. Ahora sí coincidimos con los conservadores de que la salud es un derecho humano de las personas y que nadie debe cobrar, así que les vamos a demostrar que la palabra de López Obrador se cumple, no vamos a cobrar por los servicios de salud a las personas sin seguridad social.

La misma ley en el artículo 77 bis segundo párrafo, establece que las condiciones que permitan bridar el acceso gratuito, van a ser efectivo, oportuno, de calidad y progresivo, es decir, los que quieran ver que un modelo de salud tan desastroso como era el de este país, fragmentado en 32 entidades de la República, se componga en 14 días, deben tener claro que nadie lo hace, el mismo Seguro Popular que inventaron esos señores debió haber iniciado en 1994 y en el 2005 se adhiere el último estado y nace oficialmente el Seguro Popular, esto quiere decir que pasaron más de 10 años para que estos suscribieran los convenios de descentralización y hoy quieren que en 15 días esto ya esté instrumentado”, planteó.

Sobre la propuesta que anunciaron harán los gobernadores del PAN, Ferrer Aguilar, anticipó: “Escucharemos las propuestas, aunque ya me reuní con los 32 secretarios de salud de los estados, los oí y los temé en cuenta, estamos para ver que funcione el modelo de salud en favor de los mexicanos y si en algo tienen que aportar, se va a tomar en consideración, pero lo que sí puedo decir es que el modelo que estaban utilizando, es un modelo que no funcionaba, no es por ahí.

Y doy ejemplos, cómo me dicen que el Seguro Popular funcionaba cuando en el 2014 que era su mejor momento, por cada mil niños nacidos vivos, se morían 36.6 mujeres, es decir que en ese año fallecieron 872 mujeres y de ellas 495 estaban inscritas en el Seguro Popular, lo que quiere decir que más del 56.8% estaban afiliadas al Seguro Popular y eso no lo digo yo, lo dice el Coneval en su indicador denominado ‘razón de mortalidad materna’.

No es posible que estemos viviendo todo esto y digamos que estaba muy bien el modelo de salud en el pasado; el abastecimiento de medicamento en todo el país era del 60% como un máximo; no hay doctores y pasan hasta 5 o 6 meses para programar una intervención quirúrgica”, planteó el director general del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar.

NEGROS ANTECEDENTES DEL SEGURO POPULAR

Dentro de los negros antecedentes del Seguro Popular destacan las 36 denuncias penales en contra funcionarios en 18 estados de la República, entre ellos Jalisco, por un desfalco de más de 83 mil millones de pesos, que tendrían que ser destinados para servicios médicos de la población que carece de seguridad social.

El daño a las finanzas públicas del Seguro Popular, asciende puntualmente a 83 mil 250 millones 576 mil 40 pesos e involucra a funcionarios de 18 estados de la República, de acuerdo con las 22 denuncias interpuestas por ciudadanos ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Jacqueline Peschard, Federico Reyes Heroles y Luis Pérez de Acha, de las organizaciones Justicia Justa e Impunidad Cero, interpusieron nuevas por corrupción en el manejo de recursos destinados al Seguro Popular y al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) entre 2012 a 2016, con lo que suman 36 denuncias interpuestas contra funcionarios y exfuncionarios de estas entidades.

La última serie de demandas interpuestas ante la PGR contra funcionarios y exfuncionarios del Seguro Popular son por los delitos de peculado, cohecho y uso indebido de atribuciones y facultades en 11 estados: Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco.

Entre las irregularidades detectadas en los informes de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que fueron la base para las denuncias, se encuentran: contratos celebrados con empresas fantasma, pagos carentes de documentación comprobatoria, sobreprecios pagados por los estados y no enterar el ISR retenido a los trabajadores del sector salud.

Esta es la segunda ola de denuncias contra funcionarios y exfuncionarios del Seguro Popular por parte de Federico Reyes Heroles y Luis Pérez de Acha. El martes 16 de octubre, interpusieron 14 denuncias penales contra secretarios de Hacienda y Salud, así como tesoreros de siete estados: Chiapas, Estado de México, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa. En esta primera demanda, la cantidad demandada por irregularidades alcanzaba los 47 mil 345 millones 794 mil 169 pesos.

Y para tener una referencia del impacto global del dinero malversado, vale la pena recordar que en 2017, el Seguro Popular contaba con 53.5 millones de beneficiarios a nivel nacional y de acuerdo al anexo estadístico del Sexto Informe de Gobierno presentado por Enrique Peña Nieto, el gobierno federal reportó que en 2017 la Comisión Nacional de Protección Social en Salud ejerció un total de 54 mil 046 millones de pesos que se transfirieron a las 32 entidades federativas.

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JALISCO

Mensaje del gobernador: Desaparecidos y homicidios, tarea del gobierno federal

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Por Diego Morales //

A través de las redes el pasado el pasado viernes 10 de enero el gobernador Enrique Alfaro subió el siguiente mensaje a propósito del tema de inseguridad y violencia que golpea a Jalisco, argumentando que su gobierno está haciendo su tarea con resultados positivos, conforme a estadísticas que dio a conocer.

Tenemos el mensaje completo del gobernador donde le responde al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que las estadísticas proporcionadas por la autoridad federal únicamente consideran información de 12 estados y que por lo tanto no puede tratarse de un informe nacional sobre desaparecidos.

De la misma forma el gobernador Alfaro Ramírez anuncia que se reunirá este martes 14 de enero con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y le pedirá respeto para Jalisco.

Liga al video de su mensaje en YouTube: https://youtu.be/hFOuAzRhehU

Texto de la misiva:

Quiero decirles cuáles fueron los resultados en materia de seguridad en este primer año de gobierno. Porque es muy curioso cómo lo que vemos permanentemente es una descalificación sistemática al trabajo del gobierno, como si nada hiciéramos. Trabajamos todo el año, todos los días, estamos atendiendo la agenda de seguridad y para mí es motivo de orgullo poder decir que en el primer año de gobierno, en los promedios mensuales que teníamos en enero y a los que tuvimos en diciembre, la reducción de la incidencia total de los delitos fue del 28 por ciento. Más de una cuarta parte de los delitos en el primer año de gobierno, y sigue haciendo quien piensa que no se está haciendo nada”.

Particularmente, en los delitos que definimos como prioritarios en la acción local del gobierno del estado y de los gobiernos municipales, los delitos patrimoniales que afectan el patrimonio de las personas, porque fue una estrategia definida y valga el espacio para recordarlo, con el gobierno de la república, por eso hoy extraña la actitud que algunos toman. Quedamos con toda claridad que estos iban a ser los delitos, los que voy a mencionar, en los que íbamos a responsabilizarnos como gobierno del estado y los gobiernos municipales en el trabajo de este año. Los robos a persona, los robos a negocio, los robos a casa habitación, a bancos, a transporte de carga. Estos delitos fueron los que asumimos como responsabilidad directa el estado con los municipios”.

En el comportamiento mensual, la reducción en este grupo de delitos, de enero a diciembre es del 37 por ciento, y son las cifras del Sistema Nacional de Seguridad, no son las cifras de Jalisco, son las cifras oficiales, que además por cierto están revisadas, evaluadas y con un seguimiento puntual por parte de organismos ciudadanos y por universidades muy prestigiadas de Jalisco. 37 por ciento de reducción debería ser motivo para que todos entendiéramos que aunque no hay soluciones mágicas se está trabajando en el camino correcto, y sin embargo, pareciera que hay quienes lo que quieren es generar otra percepción. Basta solamente darles algunos datos específicos de lo que bajó en total para que no sea nada más comparar, porque hay que buscar varios frentes, porque si no luego dicen que presentamos los datos como nos conviene.

Otra cifra, si comparamos 2018, todo el 2018 con 2019, la reducción en robo a vehículos es del 19 por ciento, la de robo a negocio es del 11.68 por ciento, la de casa habitación es del 18.7 por ciento, la de robo a persona 4 por ciento, robo a bancos con 34 por ciento menos, vehículo de carga con 54 por ciento menos, robo a cuentahabiente 25 por ciento menos”.

¿Y LOS HOMICIDIOS?

No podemos cantar victoria ni levantar los brazos en señal de triunfo, pero tenemos la obligación moral de informarle a los jaliscienses la realidad en la que estamos, y los medios de comunicación tendrían que tener también esa obligación moral. Creo que el reto es entender en dónde está la otra parte del problema, porque luego la respuesta a lo que decimos es, ¿Y los homicidios?, Nada más que pequeño problema, en este acuerdo que tuvimos con el gobierno de la república, la agenda del crimen organizado recae como una responsabilidad directa del gobierno federal.

Nosotros estamos dispuestos y comprometidos a cooperar con el gobierno de la república en este tarea, pero no hay que olvidar la naturaleza de este tipo de fenómenos delictivos. Y detrás del número de homicidios, detrás del número de desaparecidos, está el crimen organizado. La pregunta es, ¿Y el gobierno de la república dónde está?, aparte de echando culpas y quitándole dinero y quitándole dinero a Jalisco. Porque déjenme decir, que se acaban de publicar los números del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el FASP, y se confirmó que Jalisco hubo una reducción de 15 millones de pesos menos que el año pasado. En un estado que el gobierno de la república dice que es prioritario en materia de seguridad”.

MENSAJE A ALEJANDRO ENCINAS

Hace unos días salió el subsecretario Encinas a según él presentar un informe nacional de desaparecidos, hay algunos datos curiosos. Resulta que el informe nacional omitió decir que 20 fiscalías estatales, o sea 20 estados, no mandaron información o mandaron información parcial. Entonces presentan un informe, dizque nacional, con información de solo 12 estados.

Hay joyas en ese informe, como por ejemplo, que en el Estado de México en todo el año hubo 28 desaparecidos, es decir, el .5 de los desaparecidos del país, cuando históricamente el Estado de México tiene el 12 por ciento de los desaparecidos del país. O por ejemplo, un estado como Veracruz, que tiene el 12 por ciento de las fosas del país, resulta que tuvieron 13 desaparecidos. Dicen, que en Sonora que había históricamente 2 mil 264, ahora hubo 6, que en Sinaloa que había 3 mil 103, ahora hay 34.

Entonces la realidad y lo que quiero decir, porque Alejandro Encinas sabe que tiene mi respeto y aprecio personal, pero le mando un mensaje claro y sencillo, con el tema de los desaparecidos no se juega a la política, si alguien lo mando atacar al Gobierno de Jalisco, con sus cifras, se está equivocando, porque Jalisco está haciendo su trabajo, porque nos duele el tema de desaparecidos, porque lo he atendido personalmente, he dado la cara, he estado con los familiares de las víctimas, porque estamos dando cifras, no necesitamos un informe nacional para decir cuál es la realidad, y por supuesto, que para nosotros es igual de importante que explicar el tamaño del fenómeno y visibilizarlo, el decir que es algo que debería estar presente en el debate público el hecho que en Jalisco se hayan reportado 2 mil 100 desaparecidos, pareciera olvidar que hemos encontrado a 2 mil 318, encontramos a más personas de las que desaparecen al año, eso es un trabajo que vamos a sostener”.

LAS DESAPARICIONES

No estamos diciendo que sea un tema menor la cuestión de las desapariciones, pero alguien necesita que le expliquemos que detrás de estas desapariciones, en muchísimos casos está la delincuencia organizada. Yo creo que todos lo entendemos, se necesita simplemente sentido común. No están desapareciendo personas para robarles dinero, ni para extorsionarlas, están desapareciendo personas para matarlas. Esa es la realidad y la pregunta es, y el gobierno de la república aparte de dedicarse a atacar políticamente a gobernadores, ¿cuándo le va a entrar en serio contra el crimen organizado?, ¿cuándo nos vamos a dejar de los mensajes que no llevan a ningún lado?, ¿cuándo vamos a lograr entender que este es un trabajo que nos necesita a todos? Lamento profundamente lo que hizo Alejandro Encinas, veré al presidente de la república y le pediré con respeto, como siempre hemos hablado, que se entienda que esta no es la ruta”.

JALISCO CUMPLE

Jalisco está cumpliendo con su trabajo, está dando resultados, lo está haciendo de la mano y gracias a la coordinación que hemos tenido con el Ejército Mexicano, con la Marina, con la Guardia Nacional, con las fuerzas federales que se la están jugando con nosotros, pero mientras eso sucede, desde un escritorio en la Ciudad de México creen que tienen el derecho de quitarnos dinero para la seguridad y seguir emitiendo juicios a la ligera con informes parciales, Jalisco no acepta esa dinámica, Jalisco le dice a la federación, aquí nos la estamos jugando todos los días y no vamos a dejar de hacerlo, es nuestro compromiso moral, nuestro compromiso básico, no le vamos a fallar al pueblo de Jalisco, estamos dando resultados y lo vamos a seguir haciendo a pesar de aquellos que quieren descarrilar a nuestro estado, porque mientras unos se dedican a hablar todos los días mal de Jalisco, a decir y querer pintar un panorama negro y terrible, la realidad contrasta con esa visión, la realidad es la de un estado pilar de la economía nacional, la de un estado que sigue siendo orgullo nacional, que está recuperando su grandeza, que está trabajando todos los días, en eso nos vamos a concentrar”.

Por eso, para mí, el trabajo que se está haciendo en nuestro Sistema de Reinserción Social es muy importante, por eso, la decisión que ha tomado el Gobierno de Jalisco es que ante esta circunstancia, la realidad en la que vivimos, la política de seguridad del gobierno se basa en un principio fundamental, hablar con la verdad, aquí no escondemos cifras, pero sí vamos a decirle al pueblo de Jalisco en dónde estamos parados y cómo estamos trabajando”, puntualizó.

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