Gobernadores en capilla: Acusaciones, soberanía y presión de EU

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos

No de ahora, sino de siempre, México tiene que navegar ante los agraviantes intereses de los vecinos del norte. Aun teniendo un tratado mercantil vigente y siendo el principal socio comercial de la potencia septentrional, nuestro país debe sortear la actitud agresiva del gobierno gringo, que ya contra los productos nacionales —con aranceles abusivos—, ya contra los esforzados mexicanos que trabajan la tierra del Tío Sam —sufriendo persecuciones de la arbitraria migra—, a diario busca perjudicarnos.

Solo la hábil conducción de las relaciones del gobierno azteca frente al buscabullas Donald Trump ha sabido salir avante, ante la admiración de casi todo el mundo, excepto los entreguistas miembros de la oposición que auspician una abominable intervención yanqui en la República.

Tras los ilegales procederes del tiránico estadounidense pelinaranja, secuestrando al mandatario venezolano Nicolás Maduro o coadyuvando para que triunfaran en comicios los nuevos gobernantes de Chile y Honduras, se advirtieron sus diferencias con el régimen de la Cuarta Transformación. En el caso del chileno José Antonio Kast, publicó Chilevisión el 8 de marzo reciente en Florida: “El gobierno de Kast ha mostrado sintonía con la política exterior de EE. UU., apoyando posturas contra el gobierno de Venezuela”.

Por su lado, el presidente catracho Nasry “Tito” Asfura, luego de su triunfo electoral, reconoció el respaldo de Trump “a la confianza del mandatario estadounidense en su trayectoria política, misma a la que adjudica haber obtenido la mayor cantidad de votos” (CNN en Español, 25-dic-2025). Luego vino el affaire del bloqueo a Cuba, que bajo serios amagos —velados, desde luego— hacia México, obligó a no enviar apoyos petrolíferos a la isla.

Y seguiríamos anotando otros eventos que prueban cómo existen discrepancias entre nuestra patria y Washington; pero ahora nos interesa el nuevo conflicto, en el cual se involucra a los gobernantes de los estados de Chihuahua y de Sinaloa: María Eugenia Campos Galván, conocida como Maru Campos, de extracción panista, y el morenista Rubén Rocha Moya, mandatario sinaloense que el Día del Trabajo pidió licencia a su cargo.

Los cargos para ambos políticos son delicados: a la exalcaldesa de Chihuahua, y ahora gobernadora de esa gran entidad federativa, se le señala como principal responsable de una operación antinarcotráfico hecha por autoridades chihuahuenses —ayudadas por al menos cuatro elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), o según alguna fuente, del FBI— entre el 16 y 19 de abril recientes, arrojando la muerte de dos de esos extranjeros, además del director de la Agencia Estatal de Investigación y un oficial encargado de su custodia. Todos viajaban en el mismo vehículo, y el hecho ocurrió a la una cincuenta de la madrugada del domingo 19, en las inmediaciones del caserío Polanco, municipio de Batopilas.

Este lamentable acontecimiento es el que irradió que en el estado chihuahuense actúan —se presume desde que Maru Campos es su gobernante, el 8 de septiembre de 2021— extranjeros en acciones antinarcóticos, lo cual es una flagrante irregularidad, pues los delitos por narcotráfico son de competencia federal. En este caso, además, se vio agravado el asunto, porque solo la autoridad nacional puede autorizar la participación de agentes extranjeros en ese tipo de averiguaciones.

El fiscal chihuahuense, César Jáuregui Moreno, desde hace años colaborador de Maru Campos, hizo declaraciones contradictorias: primero señaló que los involucrados ejecutaban una operación para descubrir narcolaboratorios; luego se desdijo para precisar que los extranjeros eran civiles, no agentes de la CIA o el FBI, sin mencionar a la DEA, que es la oficina especializada estadounidense contra las drogas. Los medios periodísticos aclararon que sí eran empleados norteamericanos.

Lo anterior hundió a Maru Campos, por lo que, luego de una fallida llamada telefónica de la presidenta Claudia Sheinbaum, la entrevistó el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, quien le informó de la gravedad de la infracción cometida, y ella se exculpó alegando que no sabía nada de esos operativos.

Al respecto escribió el senador Javier Corral, exgobernador chihuahuense: “Maru Campos miente como respira; basta ver las diversas versiones y declaraciones que en una semana ha realizado el Gobierno del Estado de Chihuahua para conocer cómo ha institucionalizado la mentira como la principal respuesta al conjunto de irresponsabilidades que ha realizado…”.

El Senado de la República despachó el 22 de abril una invitación para que asistiera la mandataria norteña —junto a su fiscal estatal— y explicara lo sucedido. Campos declinó asistir a la reunión programada para el 28 de abril, argumentando, a través de un oficio, que no era posible atender la invitación en los términos planteados y que el caso ya estaba bajo investigación.

Con esa misma fecha —28 de abril—, Jáuregui renunció a la Fiscalía de Chihuahua, en medio de la controversia por la acción antidrogas; desde un día antes, Maru Campos había designado a Francisco Sáenz Soto como encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado.

El movimiento, fundamentado en las facultades constitucionales de la mandataria, ocurrió de manera inmediata mientras se define quién será el titular definitivo. Aclaramos que, aun cuando deberían ser autónomas, las fiscalías en Chihuahua dependen del Ejecutivo, lo cual también resulta excepcional. A la par, Campos creó una comisión para aclarar los hechos, encabezada por Wendy Paola Chávez Villanueva, con el evidente objetivo de deslindarse de responsabilidades.

La titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, subrayó que, en el caso de Chihuahua, no se cumplió lo previsto por la Constitución, por lo que envió un oficio a todos los gobernadores de las entidades federativas, precisando lo que se debe hacer en casos como el de los agentes extranjeros. A su vez, la Fiscalía General de la República abrió las carpetas de investigación correspondientes.

Los partidos políticos tomaron posiciones sobre lo anterior. Las oposiciones, especialmente los panistas, afirmaron que Maru Campos es una valiente que ahora sufre persecución política. Alejandro “Alito” Moreno aseguró que el PRI elogia la inteligencia y el carácter de la gobernadora. El PT, en cambio, pidió que se le juzgara por traición a la patria. De igual manera, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados dio a conocer que buscará un juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, tras el ingreso de agentes estadounidenses.

Ante esa situación, el 27 de abril, sorpresivamente Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, además de otros nueve funcionarios de esa entidad, por vínculos con el narcotráfico. La solicitud, en un breve pliego del gobierno de Trump, pidió la extradición de todos los señalados. México respondió asegurando que la Fiscalía estadounidense no cuenta con pruebas suficientes de su culpabilidad y advirtió que varios de los enlistados tienen fuero constitucional.

Sobre este paso que dio Washington, el diario El País difundió: “Estados Unidos dio el miércoles 27 el golpe de gracia a las relaciones bilaterales con México al acusar formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de tener vínculos con el narcotráfico…”.

Sobre este tema, desde luego, Rocha Moya negó totalmente su participación en hechos ilícitos, y Morena lo respaldó. Maru Campos, por su parte, criticó al partido guinda por ese apoyo. La presidenta Claudia Sheinbaum fue rotunda: “Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.

Como dijimos al principio, hay dos gobernadores en capilla: uno ya pidió licencia; la otra resiste. Y en el fondo del tablero, Donald Trump presiona, buscando debilitar a su vecino del sur.

Por ello debemos tener presente lo que este uno de mayo expresó la presidenta: que no haya dudas, “ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio… porque aquí habemos mexicanos y mexicanas que defendemos la Patria”.