CIDH responsabiliza al Estado mexicano por la crisis de desapariciones

Redacción Conciencia Pública

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en Guadalajara el informe “Desapariciones en México”, en el que advierte que la crisis de personas desaparecidas en el país representa una de las problemáticas de derechos humanos más graves del continente y sostiene que el Estado mexicano tiene responsabilidad tanto por acción como por omisión.

Durante la presentación del documento, realizada en la Casa ITESO Clavigero, la relatora para México de la CIDH, Andrea Pochak, afirmó que las desapariciones deben entenderse como una responsabilidad estatal debido a las fallas estructurales en prevención, búsqueda, investigación, identificación forense y acceso a la justicia.

El organismo internacional expuso que actualmente México supera las 130 mil personas desaparecidas, además de enfrentar una severa crisis forense con decenas de miles de cuerpos sin identificar bajo resguardo institucional.

La CIDH aclaró que la responsabilidad del Estado no implica necesariamente participación directa de autoridades en todos los casos, sino también incapacidad para garantizar protección, investigar adecuadamente y evitar la impunidad.

En el informe se reconoce que las desapariciones en México tienen múltiples causas y actores involucrados, entre ellos grupos del crimen organizado, redes de reclutamiento forzado y, en algunos casos, posibles vínculos o tolerancia de funcionarios públicos.

Jalisco fue señalado como la entidad con el mayor número de personas desaparecidas en el país, al acumular más de 16 mil registros oficiales, situación que la CIDH calificó como “alarmante” por el impacto social y humano que representa para miles de familias.

No obstante, el organismo también reconoció avances institucionales impulsados en la entidad, entre ellos la creación de mecanismos especializados de búsqueda, coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de capacidades para identificación humana.

La relatora Andrea Pochak señaló que uno de los principales desafíos continúa siendo la crisis forense, debido al rezago en identificación de restos humanos y la saturación de servicios periciales en distintas regiones del país.

El documento también pone énfasis en la participación de colectivos de familiares, quienes en muchos casos han asumido tareas de búsqueda ante la insuficiencia de resultados por parte de las autoridades.

La CIDH advirtió además sobre el crecimiento de patrones relacionados con reclutamiento forzado de adolescentes y jóvenes por organizaciones criminales, fenómeno que ha sido documentado en distintas entidades, incluido Jalisco.

Durante la presentación del informe se mencionaron casos emblemáticos ocurridos en el estado, entre ellos investigaciones relacionadas con Teuchitlán y presuntos centros de reclutamiento clandestino, asuntos que, señalaron, requieren investigaciones exhaustivas y transparentes.

El organismo internacional emitió alrededor de 40 recomendaciones dirigidas al gobierno mexicano, enfocadas en fortalecer fiscalías, mejorar mecanismos de búsqueda, consolidar bases de datos, atender a víctimas y combatir la impunidad.

Por su parte, representantes del gobierno federal manifestaron disposición para colaborar con organismos internacionales y continuar fortaleciendo las políticas públicas en materia de desaparición de personas y derechos humanos.

La CIDH concluyó que la dimensión de la tragedia obliga a construir una respuesta integral del Estado mexicano, con coordinación entre autoridades, atención a las víctimas y acciones sostenidas que permitan recuperar la confianza ciudadana y garantizar justicia para las familias afectadas.

CIFRAS DURAS DE LA TRAGEDIA DE LAS Y LOS DESAPARECIDOS: