Jalisco busca blindar el patrimonio ante fraudes inmobiliarios

– Alerta Registral avisa a propietarios sobre movimientos en sus inmuebles

Por Francisco Junco

El Gobierno de Jalisco presentó la Alerta Registral, una herramienta tecnológica diseñada para prevenir fraudes inmobiliarios y reducir el tiempo de reacción de los propietarios ante movimientos no reconocidos sobre sus bienes.

El servicio funciona mediante notificaciones por correo electrónico cada vez que se pretende realizar un acto registral relacionado con un inmueble, como una compraventa, hipoteca, transmisión de propiedad, donación o gravamen.

La estrategia busca que los ciudadanos puedan detectar oportunamente operaciones que no hayan autorizado y acudir ante el Registro Público de la Propiedad para solicitar su revisión.

La dimensión del problema explica la apuesta por esta herramienta. De acuerdo con las cifras presentadas por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, entre 2019 y el 10 de agosto de 2026 se presentaron mil 197 denuncias ante la Fiscalía por posibles fraudes e irregularidades: 865 por fraude inmobiliario, 264 por posibles falsificaciones de documentos y 68 por suplantación de identidad.

A ello se suman más de 5 mil 760 casos de despojo registrados en la Zona Metropolitana, Zapotlanejo y Tlajomulco de Zúñiga. Desde 2023 se han activado 2 mil alertas registrales, que permitieron identificar alrededor de 40 posibles irregularidades.

Tatiana Anaya Zúñiga, consejera jurídica del Poder Ejecutivo, sostuvo que la herramienta pretende convertirse en un mecanismo de prevención frente a una problemática que, dijo, no distingue entre propiedades de alto valor y viviendas, terrenos o departamentos de menor dimensión.

La funcionaria explicó que la alerta opera de manera semejante a las notificaciones de una institución bancaria: el propietario recibe un aviso cuando existe un movimiento registral y tiene la posibilidad de reconocerlo o reportarlo como no autorizado. En caso de detectar una irregularidad, el ciudadano puede acudir al Registro Público de la Propiedad y promover las acciones correspondientes.

“La tecnología es un medio, no un fin. El verdadero propósito de la Alerta Registral es proteger a las personas, a las familias, a los ciudadanos que han depositado su confianza en el patrimonio que construyeron con esfuerzo y trabajo”, señaló Tatiana Anaya Zúñiga.

La Alerta Registral tiene un costo anual de mil 66 pesos por inmueble durante 2026, mientras que las viviendas clasificadas legalmente como populares y unifamiliares cuentan con un descuento de 50 por ciento. El servicio puede solicitarse de manera presencial en las instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y requiere que el inmueble cuente con folio registral; la solicitud se resuelve en un plazo máximo de tres días hábiles. El mecanismo, sin embargo, no suspende automáticamente una inscripción ni sustituye las acciones legales, sino que busca reducir el tiempo entre la detección de un movimiento y la intervención del propietario.

Como segunda vertiente de la estrategia, la Consejería Jurídica trabaja en una iniciativa para modificar la regulación del sector inmobiliario y establecer la obligatoriedad de la certificación de los asesores.

Actualmente, explicó Anaya Zúñiga, la capacitación y certificación son una recomendación, pero no una obligación. La propuesta se encuentra en análisis y contempla que el gobernador pueda presentarla ante el Congreso de Jalisco, tomando como referencia legislaciones de otras entidades que ya establecen mecanismos de certificación obligatoria para quienes participan en operaciones inmobiliarias.

La funcionaria explicó que esta propuesta responde también a prácticas fraudulentas que han sido detectadas en redes sociales, donde personas pueden hacerse pasar por asesores inmobiliarios, publicar propiedades que no están a la venta o incluso solicitar anticipos por inmuebles que no les pertenecen. La intención, dijo, es combinar tecnología con mecanismos legales y de regulación para cerrar espacios a nuevas modalidades de fraude. En paralelo, se han realizado reuniones con agentes inmobiliarios, notarios, corredores públicos y autoridades de la Fiscalía para analizar reformas y mecanismos de prevención.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de contender en las elecciones de 2027 y sobre las versiones que colocan su nombre entre quienes podrían buscar la candidatura a la Presidencia Municipal de Zapopan, Anaya Zúñiga evitó confirmar una aspiración. Señaló que actualmente se encuentra concentrada en la Consejería Jurídica y en la responsabilidad que asumió dentro de la administración estatal.

Dijo estar agradecida por ser considerada entre los perfiles mencionados, pero marcó distancia de cualquier definición electoral.

“Insisto, pues agradecida porque el nombre y el trabajo de alguien que tiene experiencia como yo anda en eso, pero yo ahorita estoy bien focalizada en mi Consejería Jurídica”, respondió la funcionaria al ser cuestionada sobre sus aspiraciones políticas.

Por ahora, la posición pública de Anaya Zúñiga es mantener el foco en su responsabilidad como consejera jurídica del Ejecutivo estatal. La funcionaria fue cuestionada directamente sobre qué le decía “su corazoncito” respecto a una eventual candidatura y respondió, de manera breve: “Mi corazón, que trabaje un montón”. Así, mientras su nombre comienza a aparecer en las conversaciones políticas rumbo a 2027, su respuesta mantiene la definición electoral en el terreno de la especulación y coloca su actividad actual en la defensa jurídica de los intereses del Gobierno de Jalisco.