Enrique Velázquez: «Si no hacemos algo hoy, Pensiones se va a acabar»

– Un problema estructural que ya no admite aplazamientos.

Por Francisco Junco.

El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) enfrenta una situación que obliga a tomar decisiones difíciles, incluso aquellas que pueden resultar políticamente impopulares, advirtió el diputado local de Hagamos, Enrique Velázquez González, quien sostuvo que mantener las condiciones actuales terminará por poner en riesgo las jubilaciones de miles de trabajadores.

“Si no hacemos algo hoy, el Instituto de Pensiones se va a acabar. O sea, vamos a quedarnos sin nada porque nadie quiere ceder”, sentenció en entrevista con Conciencia Pública.

El legislador reconoció que cualquier modificación al sistema necesariamente encontrará resistencia porque están de por medio derechos adquiridos y expectativas laborales construidas durante décadas; sin embargo, consideró que la discusión debe partir de la viabilidad financiera y no únicamente de posiciones inamovibles.

“En la política, cuando la gente va por todo o nada, casi siempre se queda sin nada. Entonces, los trabajadores deben ceder algunas cosas, sí. El Gobierno del Estado debe aportar más, sí”, expresó, al insistir en que el costo de rescatar al Instituto no puede recaer solamente en una de las partes.

La advertencia del legislador se sustenta en un deterioro que, asegura, viene documentándose desde hace por lo menos una década. Los estudios actuariales muestran que el gasto ya es superior al ingreso y que comienza a utilizarse la reserva del Instituto; además, la relación entre trabajadores activos y pensionados cayó 42.82 por ciento en diez años, al pasar de 4.51 afiliados por pensionado en 2015 a solamente 2.58 en 2024.

A ello se suman aproximadamente 4 mil 231 millones de pesos colocados en inversiones que no han logrado una recuperación efectiva ni rendimientos acordes con los objetivos actuariales, de acuerdo con la ficha técnica de la iniciativa.

Enrique Velázquez recurrió a una explicación sencilla para dimensionar el problema: el sistema está sacando más dinero del que recibe. “Es como si quisieras llenar una alcancía: le metes 99 y le sacas 100”, ejemplificó. Incluso recuperar los recursos de las inversiones fallidas, señaló, sería insuficiente para resolver por sí solo el déficit estructural, porque las aportaciones de los trabajadores activos ya no alcanzan para cubrir las obligaciones con los jubilados.

Por ello, el legislador puso sobre la mesa una propuesta que reconoce que será controvertida: generar mayores aportaciones, revisar las condiciones de jubilación y buscar incentivos para que quienes ya pueden pensionarse permanezcan algunos años más en activo. Entre las posibilidades mencionó establecer un bono de permanencia equivalente a un 15 o 20 por ciento adicional al salario. Su planteamiento es que mantener a esos trabajadores en servicio permitiría conservar sus aportaciones y, simultáneamente, retrasar el momento en que el Instituto tenga que comenzar a pagarles una pensión.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa consiste en modificar la manera de calcular determinadas jubilaciones para impedir incrementos salariales de última hora que terminen convirtiéndose en pensiones considerablemente mayores que las aportaciones realizadas durante la vida laboral.

El diputado de Hagamos propone utilizar como referencia el promedio salarial de los últimos diez años, además de establecer una base mensual máxima de cotización de 70 mil pesos. Para funcionarios de primer nivel o de elección popular, la referencia sería el salario efectivamente cotizado antes de asumir esos cargos. La propuesta también plantea revisar las pensiones que superen los límites establecidos en el artículo 127 constitucional.

“Si alguien tiene un sueldo mayor, que no le cobren la pensión sobre todo el sueldo, sino hasta 70 mil pesos. ¿Para qué? Porque, si yo te sigo cobrando sobre todo el sueldo, te estoy generando un derecho y ya no te puedo decir que no, porque tú ya aportaste”, explicó.

El legislador sostuvo, además, que debe abrirse una discusión específica sobre los puestos de confianza, pues considera cuestionable que una persona pueda elevar considerablemente su jubilación por haber ocupado, durante un periodo relativamente corto, una posición directiva o política.

La iniciativa también pretende modificar la conducción del Ipejal. Propone reconfigurar el Consejo Directivo para incrementar la representación de trabajadores y pensionados; crear un Comité de Inversiones y Riesgos integrado por especialistas independientes, y obligar al organismo a presentar ante el Congreso sus estudios actuariales anuales, su anteproyecto de Presupuesto de Egresos, su plan anual de inversiones y su informe financiero. Además, cualquier venta del patrimonio inmobiliario del Instituto requeriría la autorización del Poder Legislativo.

Velázquez González fue más allá al abordar los cuestionamientos sobre las inversiones fallidas y el manejo que históricamente se ha dado a los recursos. “Hay que meter a la cárcel a todo el que haga una daga en cualquier lado, particularmente en Pensiones, en el dinero de la gente”, sostuvo.

A su juicio, el Instituto debería tener una participación mucho mayor de los propios trabajadores en su administración, porque las aportaciones que integran el fondo pensionario les pertenecen y no deberían convertirse en una fuente disponible para financiar decisiones gubernamentales.

Sin embargo, también marcó distancia respecto a la idea de que recuperar los recursos comprometidos en inversiones cuestionadas resolvería el problema financiero.

Durante una rueda de prensa, señaló que deben investigarse y perseguirse las responsabilidades correspondientes y aseguró que no protegería “absolutamente a nadie”, pero recordó que, aun recuperando entre 3 mil y 4 mil millones de pesos, persistiría el desequilibrio estructural. Algunas inversiones, reconoció, podrían generar rendimientos con el tiempo, mientras que calificó otras como “realmente ridículas”. El punto de fondo, insistió, es encontrar cómo garantizar mayores ingresos permanentes para el Instituto.

El coordinador parlamentario de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, respaldó la apertura de una discusión que, anticipó, difícilmente producirá unanimidad. Señaló que el problema de viabilidad y sustentabilidad del Ipejal es conocido desde hace años, pero no ha sido enfrentado de fondo, pese a las manifestaciones de pensionados, sindicatos y representaciones municipales.

Advirtió, además, que una ruptura del equilibrio financiero tendría consecuencias directas para las finanzas estatales, porque cualquier insuficiencia de recursos terminaría repercutiendo en el Presupuesto de Egresos de Jalisco.

Enrique Velázquez aseguró que la propuesta comienza a encontrar condiciones políticas para avanzar. Los tres integrantes de Hagamos la respaldan y existen posibilidades de sumar votos de Morena, Futuro y algunos diputados del PAN, mientras que todavía será necesario dialogar con el PRI, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde. Al tratarse de una reforma que no requiere mayoría constitucional, calculó que podría prosperar con 20 votos. “El atorón está en quienes no quieren mover nada, en quienes quieren que las cosas sigan igual”, respondió cuando se le preguntó dónde podría frenarse la iniciativa.

Advirtió que deben abandonarse las posiciones absolutas y asumirse que salvar Pensiones del Estado tendrá un costo político, financiero y laboral. “Los tomadores de decisiones a quienes nos corresponde actuar desde el Congreso tenemos que hacer un esfuerzo”, señaló a Conciencia Pública, y cuestionó las posturas construidas únicamente alrededor del “ni un paso atrás” o el “no lo vamos a permitir”.