La reforma al Ipejal que piden los jubilados: Acusan saqueo y rechazan subir cuotas; agregan que «no son una carga»

Por Gabriel Ibarra Bourjac.

Los jubilados y pensionados del Ipejal no se reconocen como la carga que el discurso oficial ha convertido en una explicación cómoda del desequilibrio financiero del Instituto. Integrantes del colectivo Pro Defensa del Patrimonio del Ipejal sostienen que el mito de la esperanza de vida —de 60 a 78 años— y el crecimiento de la nómina pensionaria ocultan otra realidad: décadas de corrupción, saqueo y una administración controlada por el Gobierno del Estado, al que la ley señala como único garante del sistema.

Con los mismos números del “Corte de caja” presentado en 2022 por el gobernador Enrique Alfaro, el entonces director Héctor Pizano y los líderes sindicales, el colectivo desmonta el ejemplo hipotético de “Juan”: el ahorro no se agota en siete años si se calculan correctamente las aportaciones y se aplica un rendimiento conservador.

El problema, afirman, no es que falten aportaciones ni que los pensionados sean insostenibles, sino que el capital de los trabajadores ha sido mal administrado, desviado y negociado mediante el Consejo Directivo, fideicomisos, sobreprecios y bienes subvaluados.

Las denuncias recorren varios frentes: ayuntamientos que no afilian a trabajadores eventuales y supernumerarios, pese a la reforma de 2021; deudas millonarias —como la de Guadalajara, superior a 600 millones de pesos durante la administración de Alfaro— cuyos intereses fueron condonados; aportaciones de trabajadores utilizadas para “otras urgencias”; terrenos de donación entregados a sobreprecio, y un patrimonio opaco, tasado en unos 45 mil millones de pesos, del que no se rinden cuentas puntuales sobre préstamos e inversiones.

En el Congreso, la propuesta de una auditoría externa independiente, impulsada por la diputada Candelaria Ochoa, fue rechazada.

Por eso rechazan que la salida inmediata sea aumentar las aportaciones de los trabajadores activos y del Estado o recortar las pensiones. Mientras el costal se llene por arriba y se vacíe por abajo, dicen, ningún incremento alcanzará. Exigen que el Gobierno inyecte recursos en proporción a lo saqueado —hablan de unos 2 mil 500 millones de pesos anuales—, detenga la venta de bienes del Instituto y acepte una reingeniería que no cargue el costo a quienes ya cotizaron.

Sus propuestas de reforma van al gobierno del sistema, no solo a las cuotas: quitar poder al Consejo Directivo, que legaliza lo irregular; poner un tope a las pensiones doradas; excluir del esquema a funcionarios de elección popular y de primer nivel, incorporados después de la creación del Instituto; transparentar fideicomisos e inversiones, y auditar de verdad.

El mensaje con el que cierran es nítido: no son la causa del detrimento. Si hubiera una administración eficaz y se pusiera fin al saqueo, sostienen, el 32 por ciento actual de aportaciones bastaría. El colectivo, advierten, seguirá en las calles y mantendrá sus denuncias.

La entrevista

Gabriel Ibarra Bourjac: El egreso ya supera al ingreso: hay 54 mil pensionados; antes eran 8 mil o 10 mil, y la base de aportantes no crece. El estudio actuarial advierte de un quebranto hacia 2036. ¿Cómo evitarlo sin recurrir a la tesis oficial de solo aumentar las cuotas?

Ernesto Michel Gallardo: ¿Quién es el culpable de que las cosas estén mal? El administrador. ¿Y quién es el administrador? El Estado. La ley establece que el único garante es el Estado. ¿Quién ha robado y saqueado? Los funcionarios que pone el Gobierno del Estado. ¿Quién es el responsable? El Gobierno del Estado.

¿Qué vamos a hacer? ¿Esperar a que haya un déficit enorme? No. El Estado debe inyectar cada año, de acuerdo con lo robado, unos 2 mil 500 millones de pesos para dar oxígeno a las arcas de Pensiones y evitar el colapso.

Alfonso Gamiño: El desequilibrio entre aportantes y jubilados está en alrededor de dos a uno. ¿Quién lo ocasionó? El propio Gobierno. Aunque está reglamentado que los trabajadores del Gobierno del Estado y de los ayuntamientos deben afiliarse a Pensiones, se utiliza como botín político. Llega una administración nueva, entran muchos trabajadores con la etiqueta de eventuales o supernumerarios y no cotizan. Hablamos de miles de plazas.

En 2021 se hizo obligatorio que los ayuntamientos afiliaran a sus trabajadores. Es un derecho de seguridad social. Sin embargo, la mayoría no lo ha hecho.

GIB: ¿Cuántos de los 125 ayuntamientos ya afiliaron a sus trabajadores?

Alfonso Gamiño: Unos 80; son pocos. Quizá entren 2 mil o 3 mil trabajadores, pero falta mucho. Zapopan sí está afiliando; Guadalajara no tiene a todos afiliados. Entran con contratos de uno o dos meses y se los van renovando. Este desequilibrio lo provocan los gobiernos y los ayuntamientos al no afiliar, aun cuando es obligatorio. El Gobierno del Estado debería preverlo en el presupuesto para inyectar recursos.

Deudas y enjuagues de los ayuntamientos

GIB: ¿Qué pasa cuando un ayuntamiento no reporta las aportaciones propias ni las de los trabajadores? ¿Qué sanciones hay? ¿A quién han sancionado?

Alfonso Gamiño: A nadie. Históricamente, la deuda más grande de una entidad pública ascendió a más de 600 millones de pesos: la del Ayuntamiento de Guadalajara, con Enrique Alfaro como presidente municipal. Esa deuda con Pensiones la pagó después. Con Ismael del Toro se hizo un convenio con Fidel Armando Ramírez, entonces director de Pensiones, para pagarla en tres años, pero le quitaron los intereses.

En Tlajomulco, una funcionaria reconoció que utilizaron el fondo de pensiones para otras urgencias. Eso es un fraude: recaban las aportaciones de los trabajadores y las desvían. Eso da pie a que los ayuntamientos paguen con terrenos tasados muy alto. En Tlajomulco, algunas eran áreas de donación de fraccionadores.

GIB: ¿Se ha ejercido alguna acción específica contra algún ayuntamiento?

Alfonso Gamiño: Jamás ha sucedido eso.

Fernando Quesada oficialmente aún no está en el Ipejal

GIB: Llegó el nuevo director, Fernando Quesada, financiero proveniente de Santander. ¿Cómo ven que un financiero esté al frente del Ipejal? ¿Con qué actitud ha llegado?

Alfonso Gamiño: Oficialmente, todavía no está, pero ya tuvimos una reunión con él. Nos inquieta por su origen financiero: puede haber intereses y suspicacias de que favorezca a cierta institución. El patrimonio está tasado en alrededor de 45 mil millones de pesos. Hay unos 20 mil millones en préstamos e inversiones, pero no dan una explicación puntual de las instituciones en las que se invierte. Hay hermetismo. Esa opacidad daña la imagen del instituto. La transparencia es necesaria. Hay muchos problemas, sobre todo en los servicios médicos, desde hace más de ocho años.

Con Juan Partida tuvimos que manifestarnos para que nos recibiera. Se establecieron mesas de trabajo; hubo avances y también incumplimientos. Quedó la incertidumbre con el nuevo director. En la reunión nos dijeron que se respetarían los acuerdos y que tendríamos libertad para hablar con cualquier director.

Hay irregularidades en todos lados. Está pendiente el tema de los fideicomisos, uno de los puntos de fuga más fuertes. Pensiones tenía un terreno en Marcelino García Barragán, cerca de la Pila Seca. Aparece entre los bienes inmuebles. Estaba valuado en unos 130 o 135 millones de pesos. Lo metieron en un fideicomiso. Las propiedades de Pensiones no han cambiado de valor catastral desde hace 15 años.

Mauro Alfonso Fuentes: En esos fideicomisos bajan el valor catastral con el que se negocia. El Ayuntamiento se presta a bajarlo sin cobrar los impuestos correspondientes: en lugar de cobrar sobre 80, cobra sobre 40 o 50. Hay un doble fraude: contra el Ayuntamiento y contra Pensiones. Esa es parte de la forma de hacer negocios.

No confían en la Auditoría Superior del Estado

GIB: ¿Ustedes consideran que el aumento de las aportaciones no es la solución? ¿Primero debe hacerse una reingeniería?

Mauro Alfonso Fuentes: Primero debe dar la cara por el descalabro financiero el Gobierno del Estado. Ellos no dicen nada. Quieren cargar todo a los trabajadores y los diputados se prestan a decir que no hay otra opción más que incrementar las aportaciones y disminuir las pensiones. Esa no es la solución. No hay dinero que alcance si tienes un costal de billetes; le echas por arriba y sacas por abajo para metértelo en la bolsa. Jamás se llena.

Pensiones no es auditable por la Federación porque pertenece a los trabajadores. Sí la audita la Auditoría Superior del Estado, pero es una auditoría amañada. Se requiere una auditoría externa e independiente.

Nuestra propuesta, presentada por la diputada Candelaria Ochoa, se votó en el Congreso y la mayoría rechazó autorizar una auditoría externa. No quieren que se audite.

Mientras haya corrupción, saqueo y beneficios para particulares y políticos, Pensiones no saldrá adelante. Esa es la razón principal.

Alfonso Gamiño: En 2021, en el Congreso, Estudios Actuariales del Norte preguntaba: “¿Cuánto se ha perdido por corrupción? ¿4 mil millones? ¿5 mil? Pónganle 10 mil. Alcanza para dos años”. Parecía merolico. Esa corrupción no es de un momento: es de toda la vida. No son 10 mil millones. La descapitalización es de decenas de miles de millones. Por eso decimos: no le muevan. El 11.5 y el 20.5 por ciento, que suman 32 por ciento, son suficientes.

Piden detener la venta de bienes del Ipejal

GIB: A corto plazo, ¿qué ven? ¿Qué acciones deben realizarse?

Alfonso Gamiño: Primero, debe detenerse la venta de los bienes de Pensiones del Estado. Es urgentísima una reforma a la Ley de Pensiones, pero no como la tienen planeada, cargándola a los trabajadores activos. En el penúltimo y en el último estudio actuarial ya se menciona que los jubilados hagamos una aportación para los servicios médicos. No hay una propuesta concreta, pero cuando el río suena… Ya empezaron a surgir propuestas porque es tema de campañas.

El diputado Enrique Velázquez declaró que, para una pensión nueva, se deben promediar diez años de sueldo. Pero, para funcionarios de elección popular y de primer nivel, solo se toma el penúltimo año. Ellos se protegen.

Nuestra propuesta es que todos los funcionarios de elección popular y de primer nivel no entren al esquema de jubilación. En el origen de Pensiones no estaban contemplados; se incorporaron después, en una reunión de diputados.

GIB: En la reforma que ustedes plantean, ¿qué sí debería considerarse?

Alfonso Gamiño: Quitarle poder al Consejo Directivo. La corrupción se da a través de él: lo ilegal lo hacen legal. Sobreprecios: “Te lo vendo en mil pesos” y Pensiones lo compra. Como en el caso del edificio de El Informador, en el centro de la ciudad. El Comité de Compras lo legaliza. Deben evitarse las pensiones doradas o VIP. El Gobierno federal ya lo hizo. Está establecido en la Constitución que no deben rebasar cierta cantidad. Es una ofensa tener pensiones de 180 mil, 190 mil o 200 mil pesos, mientras hay otras de 2 mil o 3 mil. Estamos de acuerdo en establecer un tope.

GIB: ¿Cómo cerramos la entrevista?

Ernesto Michel Gallardo: Que los pensionados y jubilados no somos la causa del detrimento financiero del Ipejal. No es necesario incrementar las aportaciones de los trabajadores y del Gobierno del Estado si hay buenos manejos y una administración eficaz.

Alfonso Gamiño: Por lo que está pasando y por lo que viene, el colectivo sigue en pie de lucha. Vamos a continuar manifestándonos, alzando la voz, denunciando y visibilizando el problema de Pensiones.

El problema de fondo es la corrupción sistémica en la administración de los recursos

Ernesto Michel Gallardo, integrante del colectivo Pro Defensa del Patrimonio del Ipejal, rechaza categóricamente que el incremento en la esperanza de vida sea la causa de la crisis financiera del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Contrario a la narrativa oficial, que utiliza estudios como el “Corte de caja” de 2022 para etiquetar a los jubilados como una carga presupuestal, el colectivo sostiene que los cálculos gubernamentales son falaces.

Michel Gallardo presenta una contrapropuesta basada en los mismos datos oficiales: con una gestión adecuada y rendimientos conservadores del 7 por ciento, un fondo de jubilación podría sostenerse durante más de dos décadas sin agotar el capital original. Según el representante, el verdadero problema no es la inviabilidad del sistema, sino la corrupción sistémica en la administración de los recursos.

Para el colectivo, la narrativa de la “quiebra inevitable” es una cortina de humo. Al ser el Gobierno del Estado el único garante legal y responsable de designar a los directivos, debe asumir las consecuencias de las pérdidas. La solución planteada no es incrementar las cuotas de los trabajadores o jubilados —una medida inviable y socialmente costosa—, sino una inyección anual de 2 mil 500 millones de pesos por parte del Estado para reponer los recursos desviados. En conclusión, el Ipejal no requiere más aportaciones de sus derechohabientes, sino una administración transparente, auditorías independientes y la responsabilidad total del Estado ante el saqueo histórico.