Advierten sobre salida de personal en Fiscalía de Jalisco: En tres años, 525 bajas que impactan la procuración de justicia 

Por Francisco Junco

La salida de al menos 525 trabajadores de la Fiscalía del Estado de Jalisco en los últimos tres años representa una cifra atípica y evidencia, desde la perspectiva del presidente de Unidos por la Seguridad, A.C., Rubén Ortega Montes, un problema en la administración de los recursos humanos que termina repercutiendo directamente en la capacidad de investigación y en la atención que reciben las víctimas de un delito.

El especialista en seguridad sostuvo, en entrevista con Conciencia Pública, que detrás de una parte de las bajas reportadas como renuncias voluntarias existirían también casos en los que simplemente no se renovaron nombramientos temporales, además de trabajadores que decidieron retirarse ante las cargas excesivas de trabajo, el estrés y los problemas con sus superiores.

A su juicio, mantener nombramientos de uno, dos o tres meses genera incertidumbre permanente entre quienes tienen bajo su responsabilidad tareas vinculadas con la procuración de justicia.

“Es atípica y es sintomática de un mal manejo del recurso humano”, afirmó Ortega Montes al dimensionar las bajas. Incluso planteó que, tomando como referencia equipos de aproximadamente cuatro servidores públicos para integrar una agencia del Ministerio Público, la cantidad de personal que ha dejado la institución equivaldría numéricamente a cerca de 59 equipos de trabajo, aunque precisó que las funciones y los cargos de quienes salieron pueden ser distintos.

Ortega Montes consideró particularmente grave que la Fiscalía pierda servidores públicos que ya fueron capacitados y que adquirieron experiencia en áreas especializadas. Cada agente del Ministerio Público, policía investigador, auxiliar o trabajador administrativo que abandona la institución, explicó, representa conocimientos acumulados que no necesariamente pueden sustituirse de manera inmediata con la llegada de nuevo personal.

“Todo ese recurso humano, que se supone que es un gran capital humano, se está perdiendo, se está desperdiciando por una falta de política y de un proyecto de vida para estos empleados de la procuración de justicia”, señaló. Agregó que la incertidumbre se profundiza cuando existen nombramientos temporales, pues los trabajadores llegan al término de cada periodo sin saber si continuarán dentro de la institución.

El presidente de Unidos por la Seguridad fue más allá y aseguró haber recibido testimonios sobre presiones y malos tratos dentro de la Fiscalía. Según su versión, algunos trabajadores enfrentan gritos, degradaciones, cargas excesivas y la amenaza de que no les sea renovado su nombramiento cuando entran en conflicto con sus superiores. Estos señalamientos corresponden al testimonio del entrevistado y requerirían la postura de la Fiscalía para ser contrastados.

“La coacción viene, te digo, por los malos tratos: les gritan, los degradan, los ningunean. Violan sus derechos humanos, en pocas palabras, y esa violación sistemática a los derechos humanos trae como consecuencia, en definitiva, las renuncias”, sostuvo Ortega Montes, quien aseguró que esta situación genera lo que calificó como un ambiente de “terror laboral” entre algunos servidores públicos.

Pero el problema, advirtió, trasciende las condiciones internas de los trabajadores. La constante rotación de personal puede afectar directamente la continuidad de las carpetas de investigación, porque quien recibe un expediente debe conocer nuevamente las diligencias realizadas, los datos de prueba obtenidos y las líneas de investigación pendientes. Ortega Montes estimó que existen agencias del Ministerio Público que enfrentan cargas superiores a 500 asuntos, lo que complica todavía más la sustitución de personal experimentado.

“Totalmente”, respondió al ser cuestionado sobre si estas bajas repercuten en las investigaciones. Explicó que “una carpeta de investigación se va estructurando” y el auxiliar o agente que trabaja cotidianamente con ella conoce las diligencias pendientes; cuando esa persona sale de la institución, quien llega debe revisar nuevamente el expediente y reconstruir parte del conocimiento acumulado sobre el caso.

Para Ortega Montes, la consecuencia final recae en las víctimas, que enfrentan una procuración de justicia más lenta y un posible incremento del rezago. Señaló que la falta de resultados puede convertirse, además, en un factor criminógeno, al generar entre quienes cometen delitos una percepción de baja posibilidad de ser investigados, detenidos y sancionados. Por ello, consideró que la estabilidad del personal no debe verse únicamente como un asunto administrativo interno.

“Es un efecto dominó en donde una falla llega hasta todos los sujetos del derecho procesal penal”, expresó. Ortega Montes sostuvo que otorgar nombramientos con mayor estabilidad permitiría que agentes, auxiliares y demás servidores públicos desarrollaran un proyecto profesional, adquirieran experiencia y dieran continuidad a las investigaciones, en lugar de enfrentar cada mes o cada quincena la incertidumbre sobre su permanencia.

El presidente de Unidos por la Seguridad hizo un llamado al gobernador de Jalisco para revisar lo que ocurre dentro de la Fiscalía y pidió cambios en la conducción de la institución. Incluso planteó la sustitución del fiscal y de los vicefiscales, una posición que atribuyó a lo que considera falta de sensibilidad y capacidad en el manejo del personal. “Lo que falta es capacidad, así te lo digo: capacidad por parte de los mandos, desde el fiscal hasta los vicefiscales, para tener realmente una visión objetiva de lo que es la procuración de justicia”, concluyó.

Acumula Fiscalía de Jalisco más de 500 bajas en tres años

La salida de personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco no es un fenómeno aislado. Cifras difundidas por medios de comunicación muestran que durante los últimos tres años se ha registrado una constante pérdida de trabajadores de la institución, con al menos 525 bajas acumuladas entre 2024 y agosto de 2026, aunque las causas de las salidas no son necesariamente las mismas en todos los casos.

Durante 2024 se reportaron 182 bajas, mientras que 2025 cerró con 238, convirtiéndose en el año con el mayor número registrado desde 2020, de acuerdo con información difundida por medios de comunicación locales.

Para 2026, el corte periodístico disponible hasta agosto contabiliza 105 renuncias, por lo que resulta importante diferenciar esta cantidad de las 238 registradas durante todo 2025.

Los antecedentes de inconformidad entre los trabajadores tampoco son nuevos. Desde finales de 2024 surgieron públicamente testimonios de servidores de la Fiscalía que denunciaron presiones para presentar su renuncia ante el cambio de administración.

Sin embargo, esas denuncias deben diferenciarse de las cifras oficiales de bajas, pues no existe evidencia pública que permita establecer que todas las salidas hayan sido producto de coacciones.

En números acumulados, las 182 bajas de 2024, las 238 de 2025 y las 105 registradas hasta agosto de 2026 suman al menos 525 salidas en menos de tres años. Se trata de un volumen que cobra relevancia por corresponder a una institución encargada de investigar delitos y atender a víctimas, y que abre el debate sobre la rotación, la permanencia y las condiciones laborales del personal responsable de la procuración de justicia en Jalisco.