Convoca IMDEC a pasar del reclamo a la construcción de acuerdos público-comunitarios en el tema del agua

Por Mario Ávila

Considerando que el agua no es una mercancía, sino un derecho humano, un bien común y una responsabilidad colectiva, los dirigentes de organizaciones y grupos sociales como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), manifestaron una vez más su inconformidad por el agua insalubre que llega a los hogares de los habitantes de la Zona Metropolitana y el riesgo de privatización del SIAPA.

El planteamiento lo hicieron los miembros de una veintena de organizaciones sociales en la Plaza de Armas, justo frente al Palacio de Gobierno, en donde además se convocó a la realización de un festival y una megamarcha por el agua, el próximo domingo 23 de agosto, partiendo del Parque Rojo para llegar a la Plaza de la Liberación.

Durante la rueda de prensa, la doctora María González Valencia, presidenta de IMDEC, A. C., explicó que los acuerdos público-comunitarios “son la mejor alternativa ante la amenaza de la privatización de nuestra agua y frente a la falsa disyuntiva entre una administración estatal cerrada y burocrática o la privatización del servicio”.

Dijo que existen experiencias latinoamericanas que ofrecen otro camino: los acuerdos público-comunitarios, un modelo que parte de una definición de lo público que no se limita exclusivamente al aparato estatal, sino que incorpora lo colectivo y lo común.

Y en el caso de la gestión del agua —dijo—, debe realizarse sin fines de lucro, bajo mecanismos de participación, transparencia y control social.

Planteó que los acuerdos público-comunitarios buscan fortalecer la gestión pública y comunitaria mediante la colaboración entre instituciones, comunidades, organizaciones sociales, movimientos, trabajadores y sindicatos, bajo principios de solidaridad y horizontalidad.

Explicó que estos acuerdos pueden involucrar empresas públicas, asociaciones autogestionarias, organizaciones comunitarias y profesionales del sector, siempre en condiciones de igualdad, reciprocidad y respeto mutuo, dado que el propio modelo establece que los acuerdos deben carecer de fines de lucro y rechazar cualquier forma de mercantilización, comercialización o privatización del agua.

Por ello —recalcó—, “proponemos abrir en Jalisco una discusión pública sobre la construcción de acuerdos público-comunitarios para la gestión del agua, donde el SIAPA, las comunidades, organizaciones vecinales, universidades, trabajadores, sindicatos y especialistas puedan compartir conocimientos y capacidades para mejorar el servicio sin entregar su control al capital privado”.

Y aclaró: “Defender el carácter público del SIAPA no significa defender el organismo tal como funciona actualmente; la crisis demuestra la necesidad de transformar profundamente su estructura, sus mecanismos de toma de decisiones y su relación con la sociedad”.

Y finalizó diciendo: “La alternativa a un SIAPA ineficiente no es un SIAPA privatizado; la alternativa debe ser un SIAPA público, transparente, eficiente, territorialmente responsable y sometido al control democrático de la sociedad”.