Deuda y pago de intereses presionan las finanzas de Sheinbaum; alertan sobre riesgos para las empresas

Resumen editorial:

• El CEESP proyecta un aumento de 4.2 billones de pesos de la deuda en tres años.
• El costo financiero y las pensiones reducen el margen para la inversión y los servicios públicos.
• El organismo advierte riesgos para el crédito empresarial; Hacienda defiende una consolidación fiscal gradual.

Por Redacción Conciencia Pública:

El crecimiento de la deuda pública y el costo de sus intereses amenazan con reducir el margen financiero del gobierno de Claudia Sheinbaum y dificultar el acceso de las empresas al crédito, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). El organismo estima que el endeudamiento neto aumentaría 4.2 billones de pesos durante los primeros tres años de la administración, un incremento que considera cercano al doble del registrado en el periodo equivalente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La advertencia requiere una precisión: se trata de una proyección que incorpora al año 2027, no de un resultado consumado ni de una duplicación del saldo total de la deuda mexicana. La comparación del organismo corresponde al aumento del endeudamiento entre dos periodos presidenciales, por lo que no equivale a afirmar que Sheinbaum ya duplicó toda la deuda acumulada del país.

En su Análisis Económico Ejecutivo del 28 de septiembre, el CEESP señala que la reducción prevista del déficit resulta insuficiente para eliminar la necesidad de financiamiento adicional. El escenario contempla requerimientos financieros del sector público de 4.1% del producto interno bruto (PIB) en 2026 y de 3.9% en 2027; la deuda en su medición más amplia llegaría a representar 55% del PIB el próximo año.

“En este sentido, se plantea la necesidad de un déficit público total del orden de 4.1% para el presente año y de 3.9% para el siguiente, lo que significa que la deuda total llegaría a representar el 55% del PIB”, expuso el centro. El señalamiento ilustra que disminuir el faltante anual no significa dejar de contratar deuda: el gobierno todavía necesitaría recursos adicionales para cubrir sus compromisos.

La diferencia entre el saldo acumulado y su incremento permite dimensionar el debate. Hacienda reportó una deuda amplia de aproximadamente 17.426 billones de pesos al cierre de 2024, mientras que las evaluaciones del Paquete Económico 2027 la sitúan alrededor de 21.666 billones. Entre ambos montos existe un aumento nominal cercano a 4.24 millones de millones (billones), equivalente a 24.3%, una variación considerable.

La comparación con López Obrador también depende del indicador utilizado. La deuda neta del Sector Público Federal pasó de aproximadamente 10.830 billones de pesos en diciembre de 2018 a 13.060 billones en diciembre de 2021, un aumento de 2.230 billones. Frente a esa diferencia, los 4.2 billones estimados por el CEESP representan alrededor de 1.88 veces; sin embargo, son cantidades nominales de distintos años, sin descontar la inflación.

El boletín empresarial no presenta una tabla con los saldos y cortes exactos empleados para reproducir completamente su comparación. Además, medir ejercicios presupuestarios completos no equivale a contabilizar los primeros 36 meses de una presidencia: Sheinbaum asumió el 1 de octubre de 2024, por lo que tomar diciembre de ese año como punto de partida deja fuera sus primeros tres meses de gobierno.

Una de las mayores presiones financieras identificadas es el pago de intereses y otros costos asociados al endeudamiento. El CEESP calcula que el costo financiero aumentaría 11.8% y representaría 4% del PIB en 2027. Ese peso limita los recursos disponibles para otras prioridades y vuelve más difícil ajustar el presupuesto sin afectar programas, servicios o inversión.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) coincide en que persisten restricciones importantes. En su evaluación del Paquete Económico 2027 calcula que alrededor de 80% del presupuesto sería obligatorio y que las pensiones y el costo financiero sumarían 3.9 billones de pesos, frente a aproximadamente 1.1 billones destinados a inversión. Esta composición reduce la capacidad de responder a nuevas necesidades públicas.

Para las empresas, el riesgo señalado es el desplazamiento del financiamiento privado. Cuando el gobierno demanda más recursos para cubrir sus faltantes, puede competir con los negocios por el ahorro disponible. “El sector privado podría enfrentar una disminución en la disponibilidad de recursos para financiamiento o tasas más elevadas debido a que los acapararía el sector público vía deuda para financiar sus faltantes”, advirtió el CEESP.

El mecanismo ha sido estudiado por el Banco de México, aunque sus efectos dependen de las fuentes de financiamiento y de las condiciones del sistema financiero. Por ello, la advertencia no demuestra por sí misma que el crédito empresarial ya se haya encarecido por esa causa. Para establecerlo es necesario revisar tasas, disponibilidad de préstamos, demanda de crédito y participación del sector público en la captación de recursos.

El organismo empresarial sostiene que debe aumentar la recaudación de impuestos, y debe ir acompañada de una revisión de los resultados del gasto. Adicionalmente, propone modificar o eliminar asignaciones a programas poco eficientes y cuestiona que el crecimiento de los recursos ejercidos no se traduzca en mejoras suficientes en salud, educación, seguridad y bienestar. Su planteamiento coloca la calidad del gasto junto al tamaño del déficit como parte central de la discusión fiscal.

Hacienda, por su parte, defiende una reducción gradual del desequilibrio presupuestario. En un comunicado de septiembre informó que Fitch consideró más creíble el Paquete Económico 2027 por sus supuestos macroeconómicos y las medidas para fortalecer los ingresos. La dependencia había reportado que, a julio de 2026, la deuda amplia representaba 51.5% del PIB, un dato observado que debe distinguirse del 55% proyectado para el próximo año.

El desafío para el gobierno de Sheinbaum será reducir sus necesidades de financiamiento sin debilitar la inversión ni la prestación de servicios públicos. El CIEP advierte que la trayectoria prevista llevaría la deuda amplia a 56.5% del PIB en 2032, pese al ajuste fiscal planteado. El debate presupuestario tendrá que atender tanto la capacidad de pago del país como el espacio que queda para financiar su desarrollo.