¿Y si platicamos… de la ley antimemes?

– Otra vez la libertad de expresión en la mira

Opinión, por Francisco Junco:

Porque cada cierto tiempo aparece desde el poder una iniciativa que, con distintos nombres y argumentos, termina provocando la misma pregunta, ¿hasta dónde puede llegar el Estado cuando pretende regular lo que los ciudadanos dicen, publican, caricaturizan o comparten en internet?

Las reales intenciones de censura fueron embozadas ahora en la iniciativa de la llamada “Ley Anti-Memes”. La iniciativa enviada por la presidente Claudia Sheinbaum busca modificar, entre otras disposiciones, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para combatir la piratería y el uso indebido de elementos de identidad institucional. El problema apareció en el artículo 403 Bis, que originalmente contemplaba penas de prisión para quien utilizara o reprodujera, a escala comercial, la identidad gráfica gubernamental.

Y ahí comenzó el escándalo. Porque una cosa es perseguir a quien utiliza logotipos oficiales para montar una página falsa, engañar a ciudadanos y cometer un fraude, y otra muy distinta es que una redacción ambigua pueda terminar alcanzando a un caricaturista, un creador de contenido, un periodista o cualquier ciudadano que utilice elementos gráficos del gobierno para hacer una parodia. Esa preocupación no salió solamente de las redes sociales. La plantearon públicamente legisladores de oposición y también caricaturistas como Vampipe, Chavo del Toro, Paco Calderón y Rictus, consultados por Latinus.

Vampipe lo resumió desde el terreno de los creadores y dijo el problema, es que las elecciones están cerca y la inteligencia artificial está democratizando la posibilidad de que cualquiera produzca contenido y lo haga viral. Chavo del Toro advirtió que muchas reformas aparentemente dirigidas a otros objetivos terminan teniendo efectos sobre periodistas, caricaturistas y ciudadanos. Paco Calderón habló del temor del poder a la crítica. Y Rictus puso el dedo en una cuestión elemental, de que quienes cuestionan al gobierno no deberían terminar convertidos en los transgresores de la ley.

Del otro lado apareció Javier Corral. El senador de Morena sostuvo que aquí no se pretende encarcelar a quien haga memes o parodias, sino combatir la utilización de la identidad gráfica oficial para engañar y cometer ilícitos. Y propuso modificar el 403 Bis para dejar claro que la conducta sancionada tendría que estar vinculada con un engaño sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma o servicio y con la intención de cometer un ilícito. La nueva redacción, aseguró, redujo además la pena máxima de siete a cinco años.

Pero la oposición no quedó convencida. PRI y PAN sostuvieron que la modificación era insuficiente y pidieron una exclusión expresa para actividades periodísticas, informativas, artísticas, humorísticas, satíricas, de parodia y crítica. Movimiento Ciudadano también cuestionó que quedaran cabos sueltos y se abstuvo en la votación de comisiones, una posición que llamó la atención porque en otras discusiones legislativas la bancada naranja ha optado por votar directamente en contra. El dictamen, finalmente, avanzó en comisiones con una mayoría de Morena y sus aliados, y si gracias a la abstención de los naranjas.

Y aquí está el punto que me parece más importante. No se trata solamente de saber si Morena quiere o no prohibir los memes. El texto aprobado dice que busca combatir la suplantación de identidad institucional y los fraudes cometidos mediante páginas, documentos o plataformas que aparentan ser oficiales. El propio Corral puso como ejemplo páginas falsas que utilizan logotipos gubernamentales para engañar a ciudadanos.

Pero cuando se legisla sobre libertad de expresión, la intención declarada no siempre basta. También importa la redacción, el alcance de la norma y, sobre todo, quién tendrá la facultad de interpretarla. Esa es precisamente la discusión que sigue abierta. Morena asegura que no se pretende tocar la crítica, la sátira ni los memes; la oposición sostiene que, mientras no exista una protección explícita, queda una zona gris que puede convertirse en riesgo para la libertad de expresión.

Y quizá por eso vale la pena platicarlo. Porque un gobierno democrático debe poder soportar la crítica, incluso cuando viene en forma de caricatura, meme, parodia o video que se burla del poder. Y también porque una sociedad democrática necesita combatir el fraude y la suplantación de identidad sin convertir esa lucha en una herramienta contra quienes incomodan al gobierno.

La reforma todavía tendrá que discutirse en el Pleno del Senado. Ahí estará la verdadera prueba, si realmente quieren proteger al ciudadano del fraude, que lo hagan; si quieren proteger al poder de la crítica, entonces el debate será otro.