Antropóloga Elena Azaola: Advierte sobre el reclutamiento criminal; urge acuerdo nacional para frenar desaparición de niños y jóvenes

Por Mario Ávila

Más que un llamado a declarar una situación de emergencia nacional o un estado de alerta, lo que México necesita para frenar el grave problema del reclutamiento de menores por parte de los grupos del crimen organizado es convocar a un gran acuerdo nacional para poner un alto a esta problemática, una de las más trágicas a nivel mundial.

Esta fue la idea central planteada por la investigadora Elena Azaola Garrido en entrevista para los lectores del semanario Conciencia Pública, en la que habló de la tragedia que se vive en el país a causa de un círculo fatal que comienza con el reclutamiento forzado de jóvenes, continúa con las desapariciones y los homicidios, y termina con el sepultamiento de las víctimas en fosas clandestinas.

Para entender la dimensión y la gravedad de la problemática, Elena Azaola, antropóloga y psicoanalista, expuso que se estima que actualmente cerca de 40 mil niños, niñas y adolescentes colaboran con grupos del crimen organizado.

Detalló que, entre 2020 y 2024, se registró la desaparición de 7 mil 179 niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, en ese mismo lapso también desaparecieron 46 mil jóvenes de entre 19 y 29 años, de los cuales, se presume, la gran mayoría fue reclutada por grupos delincuenciales.

“No ha habido —dijo— manera de detener esto. Lo que pasa es que, mientras no se cierre el flujo del reclutamiento, esos grupos seguirán captando y matando a más y más jóvenes, además de extender su dominio territorial y diversificar sus actividades delictivas”.

Explicó que el catálogo de delitos es cada vez más amplio. “Ya no son solo las drogas ni la trata de niñas para la explotación sexual. Hoy se habla de extorsión, secuestro, cobro de piso, robo de vehículos de carga y ordeña de ductos de hidrocarburos, entre muchos otros delitos”.

Expuso que se desarrolla una amplia gama de actividades delictivas. “Y, como digo, las autoridades no tienen, en ocasiones, la voluntad o las capacidades para hacer frente a toda esta avalancha de fenómenos delictivos”.

Entre otros datos, la investigadora recordó que durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, de 2013 a 2018, se registraron en el país 51 mil 653 homicidios de personas de entre 19 y 29 años, mientras que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de 2019 a 2024, la cifra escaló a 66 mil 731 homicidios; es decir, se registró un aumento de casi 30 por ciento.

En cuanto a los niños, niñas y adolescentes, con base en cifras del INEGI, Azaola Garrido señaló que también hubo un incremento sustancial entre ambos periodos. Durante el gobierno de Peña Nieto se cometieron 7 mil 458 asesinatos, mientras que en el sexenio de López Obrador la cifra fue de 8 mil 54 homicidios.

Estado líder en desapariciones y fosas clandestinas

La doctora en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Elena Azaola, planteó que esta situación de crisis se padece en todo el país, pero muy especialmente en Jalisco, estado que ocupa el primer lugar en número de personas desaparecidas.

“Tan es así —expuso— que, en distintos momentos, el estado de Jalisco ha dejado de informar porque se incrementa de manera constante el número de personas desaparecidas”.

Aseguró que este fenómeno, particularmente en Jalisco, también está estrechamente relacionado con el reclutamiento por parte de los grupos criminales. “No cesan, no paran de reclutar a jovencitos, porque los van entrenando y a una gran cantidad de ellos los van matando. En el sistema permanecen como desaparecidos porque, una vez reclutados, sus familias desconocen dónde se encuentran”.

Recordó los testimonios que se dieron a conocer en todo el mundo a raíz del caso del Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. “Sabemos que son llevados a campos de entrenamiento como ese y que, desde ahí, o los matan, si creen que no serán útiles para las luchas de los grupos delictivos, o los envían a otros estados, donde muchas veces mueren en enfrentamientos y quedan sepultados en fosas clandestinas. Por eso, en el país y especialmente en Jalisco, existen miles de fosas clandestinas y sus familias permanecen buscándolos”.

¿Complicidad o ineficiencia?

Como una parte importante del crecimiento del problema, la psicoanalista expuso que se sabe que existen policías, principalmente municipales, que participan en la retención de los jóvenes para entregarlos al crimen organizado. También se sabe que, en otras ocasiones, se los llevan por la fuerza.

Explicó que otras veces los captan mediante ofertas de empleo falsas, que resultan atractivas para los jóvenes debido también a la inmadurez propia de su edad. “Son jóvenes que quieren creer que esa oferta es real, aunque saben que las condiciones del mercado laboral no corresponden con las que se anuncian y que difícilmente las obtendrían en la mayoría de los empleos”.

Recordó que también se conocen las condiciones en las que permanecen los jóvenes dentro de esos centros de entrenamiento, lugares caracterizados por una crueldad tremenda. “Los golpean, los maltratan, los dejan sin comer y los mantienen con muy poca agua. En fin, son condiciones durísimas las que les imponen para prepararlos para las luchas que van a enfrentar”.

“La verdad —abundó— es que ya se tenían noticias, por lo menos en Jalisco, de otros ranchos similares al Rancho Izaguirre, en Teuchitlán. Lo cierto es que las autoridades o son cómplices o no han hecho lo suficiente para investigar y detener ese fenómeno. Eso es lo verdaderamente lamentable”.

“Por otro lado, sabemos —sentenció— que las fiscalías parecen no tener la voluntad de investigar o están comprometidas, de alguna manera, con esos grupos del crimen organizado”.

Conocedora y estudiosa del sistema penitenciario, especialmente en los casos de jóvenes y mujeres, Elena Azaola afirmó que las fiscalías están rebasadas. Tienen cientos o miles de casos que no alcanzan ni alcanzarán a investigar porque poseen muy pocas capacidades, poco personal y malas condiciones laborales para realizar todas las diligencias necesarias y supervisar los sitios denunciados como campos de entrenamiento.

“Esa es la realidad. La desaparición de personas se explica por los muchachos que pasan por estos campos de entrenamiento y por las chicas, que son reclutadas para la trata y la explotación sexual. Eso pasa en Jalisco, como también ocurre en otras entidades del país”, planteó.

En el caso específico de las jóvenes, dijo que son llevadas para la trata de personas, un problema que, de acuerdo con la estudiosa, existe desde hace muchísimo tiempo. “Ahí sí se observa la complicidad de grandes empresarios dentro de lo que se ha llamado redes de macrocriminalidad, en las que toman parte empresarios, políticos y grupos delictivos. Todos forman parte de esas redes”.

Lamentó que esos grupos continúen operando impunemente después de tantos años. “Por eso también se genera una especie de círculo vicioso, porque, en la medida en que esos delitos no se persigan ni se investiguen, se les invita a seguir proliferando. Mientras tanto, tenemos familias desesperadas buscando a sus hijos, teniendo que investigar por sí mismas y rascar la tierra con sus propias uñas para encontrar los cuerpos. Sí, es una desgracia lo que está viviendo nuestra sociedad”, apuntó.

El heroísmo de las madres buscadoras

Al hablar sobre el papel que les ha tocado desempeñar a las madres buscadoras, la entrevistada, vía telefónica desde Ciudad de México, expuso que, en comparación con otros países, las dimensiones que este drama alcanza en México no se observan en ningún otro lugar del mundo.

Planteó que, en Siria, por ejemplo, existe un número similar de personas desaparecidas, pero aclaró que se trata de un país que vivió durante años un conflicto interno, una guerra.

Mientras tanto, en México no se ha declarado ninguna guerra, aunque, en los hechos, consideró que sí se vive una situación de conflicto. Insistió en que no existe otro país que pueda compararse con el tamaño del drama que enfrenta México.

“Las madres —sentenció— hacen esto precisamente porque las autoridades no lo hacen. Con el deseo de encontrar a sus hijos, se arriesgan y dedican su vida a recorrer los campos para tratar de localizarlos. Como sabemos, esto ya ha sido denunciado por las propias familias, que han acudido a instancias internacionales, como el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, que emitió un informe que habrá de discutirse en la Asamblea General de la ONU”.

Sobre ese informe, que fue rechazado por el Gobierno federal, la investigadora Elena Azaola explicó que no se trata de condenar a México, sino de recibir ayuda de la comunidad internacional, “porque a México no le alcanzan sus propias capacidades”.

Aseguró que existen más de 70 mil cuerpos que requieren identificación y dejó claro que, si esos restos hubieran sido identificados, ya se habría logrado un avance considerable en la localización de las personas desaparecidas. “Pero esos cuerpos se siguen acumulando tanto en las instituciones forenses, en manos del Estado, como en las fosas clandestinas. Ahí está la otra mitad de los cuerpos que faltan”.

Enlistados en los cárteles en México

Nuevamente, la entrevistada recurrió a los datos duros, en este caso a las cifras que los investigadores Rafael Prieto-Curiel y Alejandro Hope dieron a conocer mediante un artículo publicado en la revista Science, en el que se expone que, para 2022, los entre 160 y 180 cárteles existentes en México contaban con un ejército de 175 mil miembros activos.

La investigación refiere también que, debido a que 120 de sus integrantes morían cada semana, los grupos criminales necesitaban reclutar a 350 jóvenes semanalmente. Los investigadores estimaron que, de mantenerse esta tendencia, para 2027 contarían con un ejército de 220 mil miembros y morirían 170 jóvenes cada semana, por lo que tendrían que reclutar al menos a 500 muchachos semanalmente.

La investigadora Elena Azaola planteó que el modelo abordado en la revista Science demostró que una estrategia de prevención sería mucho más efectiva para reducir el reclutamiento y la violencia que incrementar el número de personas encarceladas, pues con ello no se resolvería el problema.

Se necesita más que becas y nuevas universidades

Elena Azaola Garrido, quien ha llevado a cabo investigaciones enfocadas principalmente en niños, niñas y jóvenes en situación de calle o víctimas de violencia y explotación sexual, lamentó un dato que resulta demoledor desde el momento de escucharlo: “Un joven que es reclutado tiene una probabilidad más de 100 veces mayor de ser víctima de homicidio”.

Detalló las consecuencias que genera una desaparición: “Sí, es una situación que deja un gran dolor, porque, cuando un ser querido desaparece, la vida de esas personas se detiene y queda marcada para siempre. Ya no puede seguir su curso normal de desarrollo; su economía se deteriora. Los niños pequeños también lo sufren porque son descuidados: su madre se va a buscar a su hermano o hermana, y ellos quedan en manos de abuelas o tías. En fin, es verdaderamente un drama muy complejo”.

A manera de conclusión, la investigadora señaló que, para comenzar a detener el crecimiento del problema y aspirar después a reducirlo poco a poco, tendría que existir una mayor voluntad política, más sensibilidad y un mayor sentido humano para encontrar a tantas personas desaparecidas y evitar que otras continúen desapareciendo.

“Creo que son muchas las políticas que se requieren en distintos ámbitos —expuso—, comenzando por la prevención. Hay que informar a las familias, en las escuelas y en las comunidades, sobre la gravedad de lo que está pasando, para que los jóvenes dejen de aceptar esas ofertas de empleo falsas. Se les debe informar que son una mentira y que los están enviando a morir”.

“Pero, lamentablemente —abundó—, nada de eso se está haciendo. El gobierno cree que basta con continuar sus políticas tradicionales, que consisten únicamente en otorgar más becas y abrir universidades. No se dan cuenta de que eso no es lo que están requiriendo los jóvenes o, al menos, de que no es suficiente para frenar el reclutamiento”.

La antropóloga y psicoanalista del CIESAS Elena Azaola Garrido cerró señalando que tendría que alcanzarse un gran acuerdo nacional para poner un alto a esta problemática, más que declarar un estado de alerta: “Un acuerdo nacional con un programa y una serie de políticas que pudieran llevarse a cabo, en el que se establezcan compromisos y responsabilidades para cada uno de los tres niveles de gobierno”.