Festival por la Cultura de la Paz de Somos Manos Tapatías: Jesús Salazar denuncia represión política por tema del agua

Por Francisco Junco

La cancelación del «Festival por la Cultura de la Paz», organizado por la Fundación Somos Manos Tapatías en el Parque de los Bochos de la colonia Santa Cecilia, se ha convertido en un episodio emblemático de las tensiones entre la administración municipal de Guadalajara y la organización civil Somos Manos Tapatías, que preside el abogado Jesús Salazar.

Lo que estaba proyectado como un punto de encuentro para la convivencia familiar, la música y el diálogo ciudadano fue truncado por un despliegue de autoridad que ha sido ampliamente cuestionado.

El evento, que buscaba ofrecer talleres, presentaciones artísticas y foros de participación, tenía como objetivo central transformar el espacio público en un laboratorio de ciudadanía activa: una necesidad urgente en una ciudad fragmentada por la inseguridad y la falta de servicios básicos.

Sin embargo, la respuesta institucional no fue de colaboración, sino de contención. Los organizadores y testigos presenciales describieron un cerco administrativo compuesto por inspectores municipales y patrullas que impidieron el montaje de escenarios y la recepción de las familias que llegaban al lugar con la expectativa de una jornada recreativa.

José de Jesús Salazar Zazueta, líder de la Fundación Somos Manos Tapatías, ha sostenido que la interrupción del evento careció de una justificación administrativa formal y por escrito. Según su lectura, la medida no respondió a normas de uso de suelo ni a reglamentos municipales, sino que se trató de una represalia política directa orquestada por la administración de la presidenta municipal Verónica Delgadillo.

Salazar Zazueta vincula esta intervención con la labor de denuncia que su fundación ha encabezado respecto a la gestión de la crisis del agua en Guadalajara, señalando que la autoridad busca amordazar a quienes cuestionan la transparencia, los costos y la eficiencia de las políticas gubernamentales.

El episodio en el Parque de los Bochos ha dejado al descubierto una ironía notable: mientras se desplegaba fuerza preventiva para impedir un festival pacífico, en la zona de Talpita se registraban hechos violentos que requerían de atención inmediata por parte de las autoridades. Para los críticos y observadores, esta priorización de recursos refleja una intención de contener la disidencia política por encima del bienestar colectivo y la seguridad real de la ciudadanía.

A pesar del cerco, la Fundación Somos Manos Tapatías optó por la perseverancia y logró trasladar la jornada festiva al Lienzo Charro Margarito Yáñez, demostrando una capacidad de resiliencia frente a los obstáculos administrativos.

La reflexión de fondo que deja este conflicto es sobre el derecho al espacio público y la salud democrática de Guadalajara. Los parques y plazas son propiedad de la ciudadanía, no de los gobiernos. Cuando una autoridad decide impedir actividades culturales o sociales bajo criterios arbitrarios, erosiona el tejido democrático y envía un mensaje peligroso: que la libertad de expresión está sujeta a una prueba de lealtad política.

En última instancia, el incidente del Parque de los Bochos se suma a la memoria colectiva de una ciudad que debate sobre sus prioridades. Para la Fundación Somos Manos Tapatías, este conflicto no ha supuesto un freno, sino un fortalecimiento de su postura. El líder de la fundación ha manifestado apertura al diálogo con el gobierno municipal, pero ha lanzado una advertencia clara: la labor de denuncia y las actividades sociales continuarán.