Doble nacionalidad y patriotismo selectivo

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz.

En tiempos en que el inicio de las elecciones en México está prácticamente a la vuelta de la esquina, los temas relacionados con las generalidades y requisitos de quienes pueden llegar a ser candidatos cobran especial relevancia. De manera recurrente surgirán la elección interna de candidatos y, posteriormente, la que tendremos como ciudadanos al momento de elegir, después de la postulación de un partido. Es una temática que, aunque tiene una evidente carga política, también trasciende al ámbito social, porque lo que finalmente queda marcado en una boleta electoral forma parte de un juego de poderes que no es cualquier cosa.

En este contexto, al defender nuestra Carta Magna, que es la ley suprema del país y el marco que regula y legitima nuestros asuntos públicos, debemos entender que las iniciativas y modificaciones a la Constitución no siempre responden a una necesidad real o a la actualidad de nuestro entorno social. En muchas ocasiones, se impulsan de manera coyuntural y política, dependiendo de quién ostente el poder en México.

Así, el debate sobre la doble nacionalidad evidencia cómo surge la duda de si estamos ante una necesidad constitucional real o ante una modificación que termina siendo políticamente conveniente para quienes hoy detentan el poder, conforme a sus cálculos e intereses electorales, en lugar de atender una problemática social verdaderamente existente.

Y en tiempos de derechos humanos, en los que la apertura está en la pluralidad, la doble nacionalidad no debería ser un estorbo para el partido en el poder; sin embargo, el interés siempre está en cerrar el paso a determinados personajes y buscar una explicación de corte populista que permita convertir la medida en un discurso de campaña, bajo la idea de que un partido representa por sí solo los intereses de todos y debe «salvarnos» de una amenaza presentada como inminente. Bajo el argumento de blindar la soberanía nacional frente a supuestos conflictos de interés o lealtades divididas, esta iniciativa restrictiva evidencia cómo la norma constitucional se instrumentaliza políticamente para excluir a contendientes y polarizar el debate público bajo una narrativa de exclusividad patriótica.

La presidenta Claudia Sheinbaum y Morena han vinculado el debate sobre la doble nacionalidad con algunos personajes políticos; uno de los casos más evidentes es el del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, cuya nacionalidad mexicana y estadounidense ha sido mencionada en documentos y reportes oficiales, sin que la doble nacionalidad constituya, por sí misma, un delito. Sin embargo, pareciera que se pierde de vista una realidad mucho más amplia: México mantiene una relación histórica, social y económica profundamente vinculada con la migración hacia Estados Unidos. Desde la reforma constitucional vigente a partir de 1998, la legislación mexicana permite conservar la nacionalidad mexicana aun cuando se adquiera otra.

Esto significa que millones de mexicanos y personas de origen mexicano pueden tener derecho a ambas nacionalidades, ya sea por haber nacido en Estados Unidos siendo hijos de padre o madre mexicanos, o por haber adquirido posteriormente la ciudadanía estadounidense. La propia Secretaría de Relaciones Exteriores reconoce que tener dos o más nacionalidades es jurídicamente posible y que, por sí misma, esa condición no elimina los derechos como mexicano; otra cosa son los requisitos especiales que la Constitución pueda establecer para ocupar determinados cargos públicos.

La propuesta de la presidenta no plantea eliminar la doble nacionalidad para los mexicanos, sino establecer que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tengan que renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de solicitar su registro como candidatos. El argumento del Gobierno es garantizar que el interés nacional esté por encima de cualquier otro y evitar posibles conflictos de lealtad o injerencia extranjera.

Pero aquí surge una pregunta que no es menor: si el argumento es la defensa de México frente a intereses extranjeros, ¿dónde queda la enorme comunidad de mexicanos que vive, trabaja y construye su vida en Estados Unidos, muchos de ellos con doble nacionalidad? Y más aún, ¿por qué una condición jurídica que durante décadas ha sido reconocida por México tendría que convertirse ahora en un límite para acceder a determinados cargos públicos?

Y aquí aparece otra coincidencia que merece, por lo menos, una reflexión: mientras se discute la doble nacionalidad como un posible riesgo de injerencia extranjera, Estados Unidos ha revocado visas a diversos políticos mexicanos, entre ellos figuras vinculadas con Morena, decisiones que el propio Gobierno mexicano ha cuestionado.

Entonces, la pregunta queda sobre la mesa: ¿estamos ante una discusión estrictamente jurídica o también frente a una confrontación política? ¿Tener una visa estadounidense puede convertirse en sospecha y tener una sola nacionalidad en un certificado de patriotismo? Si es así, habría que preguntar cuántos candidatos de Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y demás partidos cumplen con esa condición. Porque la nacionalidad puede ser un requisito jurídico, pero el patriotismo no puede convertirse en un filtro político.