Tres cunas vacías: Cuando un hospital tiene que hacerse preguntas

A título personal, por Armando Morquecho Camacho:

Hay noticias que uno lee con preocupación. Y hay otras que, por la naturaleza de lo que cuentan, obligan a detenerse. La muerte de tres recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente pertenece a esa segunda categoría.

No solamente porque hablamos de tres vidas que apenas comenzaban, sino porque hablamos de un espacio cuya razón de existir es, precisamente, protegerlas.

De acuerdo con la información disponible hasta ahora, las autoridades investigan los fallecimientos y la posible relación con infecciones por Klebsiella pneumoniae y Candida albicans. Las familias presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República y tanto el IMSS como las autoridades sanitarias han iniciado investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Y quizá aquí convenga hacer una pausa.

Porque, en casos así, es muy fácil que la conversación pública se precipite hacia la sentencia. Que, antes de conocer los resultados de una investigación, aparezcan culpables, explicaciones definitivas y conclusiones construidas a partir de versiones parciales.

Pero también sería un error caer en el extremo contrario: pensar que, mientras exista una investigación abierta, la sociedad simplemente debe guardar silencio.

No. Cuestionar también es una forma de cuidar.

Y quizá también haya que recordar algo: cuestionar lo ocurrido no significa desconocer el trabajo de quienes todos los días sostienen los servicios de salud. Al contrario, significa reconocer su importancia y exigir que quienes los integran cuenten con las condiciones, herramientas y procesos necesarios para cumplir una responsabilidad tan delicada.

Por eso mismo, un hospital, especialmente uno de la dimensión y relevancia del Centro Médico Nacional de Occidente, tiene que ser capaz de hacerse preguntas difíciles.

¿Qué ocurrió? ¿En qué momento ocurrió? ¿Pudo evitarse? ¿Funcionaron correctamente los protocolos? ¿Las alertas fueron identificadas oportunamente? ¿La información llegó a quien tenía que llegar?

Y, sobre todo, ¿qué debe cambiar para que una familia que llega buscando salvar a su hijo pueda tener la certeza de que se están haciendo todos los esfuerzos posibles para protegerlo?

Son preguntas incómodas, pero indispensables.

Que el caso haya llegado hasta Palacio Nacional también dice algo sobre la dimensión que ha adquirido. La presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado que la investigación debe llegar hasta donde tenga que llegar y que se conozca con precisión qué ocurrió.

A su vez, Zoé Robledo informó que el Instituto realizará una auditoría clínica independiente. No se trata de anticipar culpables, sino de asumir que, ante una tragedia así, la obligación institucional es llegar al fondo, con rigor y sin excepciones. Eso importa. Una institución pública también se fortalece cuando es capaz de revisar críticamente su propio funcionamiento.

No existe institución humana que sea perfecta. Mucho menos una institución sanitaria que atiende todos los días situaciones de enorme complejidad, muchas de ellas entre la vida y la muerte.

Precisamente por eso, los sistemas de salud requieren una revisión permanente de sus procesos: protocolos claros, vigilancia epidemiológica, coordinación entre áreas, comunicación oportuna y mecanismos capaces de detectar cualquier situación de riesgo antes de que pueda convertirse en una tragedia.

Y necesitan, quizá por encima de todo, una cultura institucional en la que señalar un problema no sea visto como una amenaza, sino como una oportunidad para corregirlo antes de que se convierta en una tragedia.

Porque un error detectado a tiempo puede ser solamente un problema, mientras que un error que nadie quiso mirar puede convertirse en una tragedia.

Y aquí hay algo que no deberíamos perder de vista: detrás de cada expediente hay una familia. Detrás de cada número hay un nombre. Detrás de cada cama de terapia intensiva hay padres que probablemente llegaron a un hospital con miedo, pero también con esperanza. Eso es lo que hace particularmente dolorosos estos casos.

Para una institución, una investigación puede tener folios, dictámenes, cultivos, expedientes clínicos, protocolos y conclusiones. Pero, para una familia, la historia tiene otro lenguaje: tiene una cuna que quedó vacía, ropa que ya no se usará, una habitación preparada para alguien que no regresó a casa, pero, sobre todo, tiene preguntas que probablemente permanecerán durante mucho tiempo.

Por eso, cuando hablamos de responsabilidad institucional, no deberíamos confundirla con la búsqueda apresurada de culpables.

Responsabilidad también significa esclarecer, explicar, escuchar, corregir cuando corresponda y garantizar que una tragedia no se convierta simplemente en una noticia que, unos días después, desaparezca de la conversación pública.

El IMSS es una institución enorme y compleja. Atiende a millones de personas y concentra algunas de las especialidades médicas más importantes del país. Precisamente por eso, cuando ocurre un hecho de esta naturaleza, la respuesta institucional tiene que estar a la altura de la confianza que millones de mexicanos depositan diariamente en ella.

No se trata de golpear a una institución. Se trata de exigirle algo que, en realidad, cualquier institución pública debería exigirse a sí misma: aprender de lo que ocurre dentro de sus propias paredes.

Por el momento, habrá que esperar los resultados y, cuando lleguen, habrá que tener la madurez suficiente para leerlos sin prejuicios: ni para condenar antes de tiempo ni para proteger a nadie si se acredita que hubo responsabilidades.

Porque una investigación verdaderamente útil no debería servir únicamente para responder quién tuvo la culpa. Debería responder también qué falló, por qué falló y qué se hará para que no vuelva a ocurrir.

Tal vez esa sea la diferencia entre administrar una crisis y aprender de ella.

Por ello, frente a la muerte de tres recién nacidos, lo mínimo que podemos pedir no es una respuesta políticamente conveniente ni una explicación apresurada. Es la verdad, tanto para sus familias como para los trabajadores que todos los días hacen su labor dentro de esos hospitales.

Pero, sobre todo, la verdad que permita que de una tragedia pueda surgir algo que ningún padre debería tener que pedir: la certeza de que el sistema aprendió.