Crisis del agua: La confianza que se va por el desagüe

A título personal, por Armando Morquecho Camacho:

La confianza es una de esas cosas que casi nunca valoramos mientras la tenemos. Está presente en los pequeños actos de la vida cotidiana, en la certeza de que un servicio funcionará, de que una institución responderá cuando la necesitemos y de que las personas encargadas de tomar decisiones entienden los problemas que enfrentamos. No solemos pensar demasiado en ella hasta que algo comienza a fallar. Y cuando eso ocurre, descubrimos que recuperarla puede ser mucho más complicado que perderla.

En Guadalajara, el agua se convirtió en el símbolo de una inconformidad que venía acumulándose desde antes de que miles de personas salieran a las calles el pasado domingo. La mala calidad del suministro dejó de ser una queja doméstica para convertirse en un asunto público que puso en entredicho la capacidad de las instituciones para garantizar un servicio esencial.

Pero reducir lo ocurrido a una crisis hídrica sería quedarse en la superficie. Lo que quedó expuesto fue algo más difícil de resolver que una tubería, una planta potabilizadora o una red de distribución: el desgaste de la confianza entre la ciudadanía y sus autoridades.

Cuando una persona abre la llave de su casa y encuentra agua turbia, con mal olor o en condiciones que le generan incertidumbre, el problema no termina en el recipiente que tiene enfrente. También aparece una pregunta inevitable: ¿puedo confiar en que alguien está haciendo lo necesario para resolverlo? Esa duda crece cuando las explicaciones no consiguen disipar la preocupación, cuando la información resulta insuficiente o cuando la experiencia cotidiana de las personas parece avanzar por un camino distinto al de los mensajes oficiales. La distancia entre ambas realidades es el lugar donde la confianza comienza a deteriorarse.

Por eso, una protesta de esta naturaleza no debería entenderse únicamente como una expresión de enojo. También puede leerse como una señal de que los mecanismos habituales para procesar las demandas ciudadanas no están consiguiendo ofrecer respuestas convincentes. Salir a la calle implica tiempo, esfuerzo y, en determinadas circunstancias, asumir riesgos.

No todas las personas que se manifiestan comparten las mismas motivaciones ni todas las expresiones de protesta están exentas de cuestionamientos, pero cuando una demanda reúne a ciudadanos de distintos sectores, vale la pena preguntarse qué hay detrás de esa coincidencia.

A veces, el denominador común no es una identidad política, sino la sensación de que las preocupaciones dejaron de encontrar una respuesta satisfactoria.

La manifestación frente a Casa Jalisco añadió otra dimensión a este deterioro. Los enfrentamientos con elementos de seguridad y las detenciones desplazaron parte de la conversación hacia la actuación de las autoridades, el derecho a la protesta y los límites del uso de la fuerza. El gobernador incluso reconoció que el operativo tuvo graves deficiencias, que hubo un uso excesivo de la fuerza y que se realizaron detenciones injustas.

Ese reconocimiento importa y debe valorarse como un primer paso. Sin embargo, la confianza institucional no se recupera únicamente porque una autoridad admita que algo salió mal, sino por lo que hace después para esclarecer los hechos, reparar los daños cuando corresponda y evitar que se repitan.

Las personas detenidas también forman parte de esa discusión. Todas recuperaron su libertad, pero eso no significa que las dudas sobre lo ocurrido deban desaparecer junto con las restricciones a su libertad. Las denuncias sobre posibles agresiones durante las detenciones deben investigarse, al igual que cualquier conducta violenta que se atribuya a participantes de la movilización.

La ley debe aplicarse sin excepciones, pero también sin anticipar culpabilidades ni permitir que el ejercicio de un derecho se convierta, por sí mismo, en motivo de sospecha. La actuación de las instituciones de seguridad tiene consecuencias que van más allá de una jornada: influye en la manera en que las personas perciben a quienes tienen la responsabilidad de protegerlas.

Aquí aparece una dificultad para cualquier gobierno. Una crisis puede tener antecedentes que se remontan a varias administraciones, depender de infraestructura deteriorada o requerir inversiones cuyos resultados no llegarán de inmediato. Gobernar supone enfrentar esas limitaciones y explicar con claridad qué puede resolverse, en cuánto tiempo y bajo qué condiciones.

La ciudadanía no necesita que las autoridades prometan soluciones instantáneas para cada problema; necesita razones para creer que existe un rumbo, que las decisiones tienen sustento y que los compromisos pueden verificarse. La honestidad sobre la dimensión de una crisis puede resultar incómoda en el corto plazo, pero la falta de claridad suele salir más cara cuando las circunstancias terminan contradiciendo el discurso.

Tampoco basta con responder a cada episodio conforme aparece. Cuando la inconformidad se acumula, las autoridades pueden terminar atendiendo las consecuencias visibles de un problema sin recuperar la confianza que se perdió en el camino. Se puede mejorar un servicio, anunciar inversiones, iniciar investigaciones y sancionar conductas indebidas, pero si la ciudadanía percibe que sus preocupaciones solamente adquieren relevancia cuando llegan a las calles, la distancia seguirá ahí. La legitimidad cotidiana se construye antes de la crisis, en la calidad de las respuestas, en la apertura a la crítica y en la disposición para reconocer problemas sin esperar a que se vuelvan imposibles de ignorar.

El agua sucia puede dejar de salir de una llave mediante soluciones técnicas; la desconfianza no tiene una reparación tan sencilla. No existe una obra que la restablezca de inmediato ni un comunicado capaz de devolverla por decreto. Hace falta consistencia entre lo que se dice y lo que se hace, información que pueda comprobarse y una relación con la ciudadanía en la que escuchar no sea una reacción extraordinaria frente a la presión, sino una obligación permanente.

La verdadera dimensión de esta crisis no está solamente en lo que sale de las llaves, sino en lo que se ha ido por el desagüe de la relación entre los ciudadanos y el Gobierno estatal. Por eso, el reto para cualquier gobierno se encuentra también en la capacidad de demostrar, con hechos, que todavía hay razones para confiar.